Apuntes sobre la popularidad de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- De manera cada vez más recurrente los detractores de Andrés Manuel López Obrador, e incluso los analistas que guardan distancia del presidente sin que ésta se desprenda necesariamente de un agravio, generan mensajes con una mezcla de realidad y de mentira: la llamada posverdad.

Esos núcleos críticos ponen el acento en las debilidades reales o aparentes del discurso y de las acciones del nuevo régimen. Todo ello, empero, no ha podido minar la popularidad de AMLO en los grandes grupos de la población. Si este fenómeno se analizara desde la lógica racional sería un sinsentido. En teoría, una narrativa con dosis mayores o menores de realidad debería tener efectos en el comportamiento, en las actitudes conductuales de la sociedad. Así pues, la pregunta central es dilucidar: ¿Por qué no los hay? ¿Por qué AMLO sigue teniendo una ascendencia en por lo menos las dos terceras partes de la población, incluso si se dan por buenos los estudios de opinión de sus propios detractores, aun cuando lo hicieran por consigna o por ejercer un periodismo que pueda verse como independiente? Esa proporción sería incluso mayor si el mismo ejercicio se hiciera de manera aséptica, sin agenda alguna.

La respuesta reside, desde mi punto de vista, en el hecho de que la mayor parte de la sociedad mexicana no actúa en función de la lógica racional; es decir, del conocimiento basado en la comprobación (o percepción de que así es la realidad) empírica de un conjunto de datos que pudieran tener un impacto en su calidad objetivable de vida: inseguridad, falta de oportunidades y muchos otros datos que nutren una narrativa que da vida a la posverdad y forma las denominadas fakes news o mentiras que se presentan como si fueran noticias veraces.

El mexicano lato sensu abreva de la lógica emocional, que es mucho más compleja que la racional. En grandes líneas, la primera está integrada, entre otros, por sentimientos, datos cognitivos, ideas de referencia y actitudes comportamentales. Este conjunto de ingredientes del pensamiento requiere de un trabajo de psiquiatras, neurocientíficos, psicólogos y sociólogos, entre otros especialistas, para su debida comprensión. Pero este es otro tema…

De ninguna manera considero que AMLO haya provocado una mutación del pueblo de la lógica racional a la emocional. En cambio, sí estoy convencido de que el presidente ha sabido aprovechar de manera brillante esa peculiaridad emocional que mueve a la gran mayoría de los mexicanos.

La organización WSA, con sede en Viena, Austria, que congrega a un equipo científico interdisciplinario internacional, lleva a cabo encuestas agregadas por quinquenios que le dan mayor valor a las llamadas “fotos de momentos” de las encuestas, que difícilmente podrían sustentar hábitos de pensamiento y percepción en el tiempo.

En el estudio más reciente de esa organización, correspondiente al periodo 2010-2014, hay un dato que sería un despropósito si se analiza desde la lógica racional. A la pregunta de cuál es el sentimiento de felicidad –con cuatro respuestas posibles: muy feliz, razonablemente feliz, poco feliz y nada feliz– México ocupa el primer lugar en el mundo al responder 67.5% de los encuestados que son muy felices.

Racionalmente sería poco menos que imposible aceptar que con la inseguridad, la falta de empleos, los trabajos mal pagados y un largo etcétera exista esa respuesta durante cinco años consecutivos.

En datos completamente diferentes, sólo 23.1% de los ciudadanos de Alemania dice ser muy feliz, y estamos hablando de la primera potencia europea, cuya calidad de vida es infinitamente mejor que la mexicana. Ese mismo sentimiento declara 36.1% de los ciudadanos de Estados Unidos, la primera potencia mundial que, se supone, es el atractivo de millones de personas para migrar.

Por el contrario, sólo 0.4% de los mexicanos dijo ser nada feliz o infeliz, la misma cifra que, nada más y nada menos, se registró en Suecia, considerado el país con mayor equidad y desarrollo del mundo (Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. [eds].), 2014, World Values Survey: Round Six-Country-Pooled Datafile Version: www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp. Madrid: JD Systems Institute).

Hay, como es evidente en estos esfuerzos, márgenes de error, pero así fueran de más de 10%, algo improbable científicamente, los datos muestran de qué manera el pueblo mexicano procesa la realidad percibida y cómo la internaliza para activar sus pautas comportamentales. Un buen texto, clásico en el estudio de este tema, es el del psiquiatra Luc Ciompi: The psyche and schizophrenia. The bond between affect and logic, Harvard University Press, 1986.

Lo anterior pone de relieve que falta muchísimo más que datos comprobables para que la confianza de la gran mayoría de los mexicanos en el presidente de la República encuentre asideros sólo apelando a la parte cognitiva. Hasta ahora todas las estrategias en este sentido han fallado, como ocurrió en el caso de la guerra entre Vietnam y Estados Unidos, país este último que resultó perdedor pese a sus operaciones psicológicas, consideradas de vanguardia en su momento pero que no cumplieron sus objetivos.

En conclusión, si las tendencias en México se mantienen como ahora, tendremos presidente de la República para rato, aun cuando los grandes expertos internacionales en datos duros pongan frente a su electorado pedazos de realidad negativa. Ese alto valor reclama al mismo tiempo que AMLO tenga la mayor seguridad posible por el bien de todos.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com





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Documental analiza el escándalo de Cambridge Analytica

zuckerberg - Documental analiza el escándalo de Cambridge Analytica


Redacción Colima Noticias

zuckerberg 696x379 - Documental analiza el escándalo de Cambridge Analytica

CN COLIMANOTICIAS

México.- Netflix publicó el trailer del documental basado en el escándalo de Cambridge Analytica, que lleva por nombre ‘El gran hackeo’.

‘El gran hackeo’ analizará cómo Cambridge
Analytica rastreó los datos de 87 millones de usuarios de Facebook para
orientar la publicidad de la campaña electoral de 2016 de Donald Trump.

Toma mucha relevancia en este documental la
periodista Carole Cadwalladr, la periodista de The Guardian que
publicó la historia sobre Cambridge Analytica, además de Christopher Wylie, y
Brittany Kaiser, quienes también son informantes.

‘El gran hackeo’ estará disponible a partir
del próximo 24 de julio.

Sinopsis de ‘El gran hackeo’

El manejo de la «información» se ha convertido en el activo más importante del mercado pese a que, desgraciadamente, es controlado y empleado como arma para manejar a los usuarios y para librar toda clase de guerras políticas. Este documental trata de exponer información referida al uso de la explotación de la información personal empleando el sucesos de Cambridge Analytica/Facebook, en el que se desvelaron datos de cientos de miles de cuentas personales sin autorización previa, como telón de fondo.

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Fuente: PARENTSIS





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Grandeza de la capitana Rackete frente a mezquindad y racismo

sea - Grandeza de la capitana Rackete frente a mezquindad y racismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La detención de la capitana de un barco que rescató en el mar a migrantes que huían del infierno libio, y ciertas declaraciones sobre la muerte de los dos migrantes salvadoreños ahogados en el río Bravo, y sobre la política migratoria de Estados Unidos y México, son motivo de un diálogo imaginario entre Frido Aliotti Kyan y Miguel Villoro Toranzo, filósofo del derecho, mexicano, jesuita, varón ejemplar.

El desprecio por el migrante pobre, la intimidación y criminalización de quienes defienden los derechos de migrantes en desgracia, son actos de la peor corrupción, atentados a la razón, a la honradez moral e intelectual. Hace unos días, Amnistía Internacional acusó a Estados Unidos y a México, de tal intimidación. Tiempos de iniquidad.

Frido: Padre Villoro, gracias por aceptar la invitación. Me gustaría que me diera su opinión sobre acontecimientos que involucran conductas humanas perturbadoras a la luz de ética y derecho. Permítame relatarle de manera resumida dichas conductas.

Comienzo con el muy reciente caso del arresto en una isla italiana, de Carola Rackete, alemana, capitana de un barco de rescate humanitario, el SeaWatch 3. Un bote improvisado, impropio para travesías marítimas, zarpó de tierras africanas -Libia- con medio centenar de migrantes a bordo. Fueron ellos rescatados en el mar por la capitana Carola Rackete y su tripulación. Salvados los migrantes, al desembarcar el barco en la isla de Lampedusa, Italia, después de pasados 17 días del rescate, la capitana fue arrestada por la policía migratoria de Italia y acusada de cometer delitos.

Villoro: Pues qué acción tan reprochable la de su arresto y acusación, y qué noble la de ella al rescatar seres humanos en peligro de muerte, que huyen de la barbarie que se vive en Libia devastada por las fuerzas “democráticas” de un Occidente hipócrita, y donde anteayer ¡murieron 44 refugiados en un centro migratorio libio bombardeado! Y bueno Frido, ¿por qué la arrestaron?

Frido: La capitana solicitó permiso a las autoridades italianas para desembarcar en Lampedusa con los migrantes rescatados. Tales autoridades condicionaron el permiso a que países de Europa aceptaran el acogerlos, no obstante que como regla, la Unión Europea tiene una política antimigratoria muy parecida a la del trumpismo, salvo excepciones.

Pero el tiempo corría implacable y el permiso no se daba, según prohibición artera del ministro del interior italiano; entonces, ante la grave situación de los migrantes, frente al riesgo inminente de que por desesperación, se suicidaran arrojándose a las aguas del mar sin saber nadar, Rackete decidió no esperar más y atracar. Al dirigirse al puerto, el barco embistió accidental y levemente al bote de la policía migratoria que bloqueaba el paso del barco humanitario.

Los lugareños de la isla que presenciaron el desembarco, según información de prensa, iracundos, gritaron de inmediato, carentes de corazón, que esposaran a la capitana. Los migrantes, en cambio, besaron el suelo italiano. Como jurista y filósofo, ¿qué le parece todo ello padre Villoro?

Villoro: Aberrante la conducta de los lugareños al lanzar ese grito de tribu, y la de las autoridades italianas al condicionar el permiso, dada la odisea y el grave estado físico y emocional de los refugiados rescatados, y arrestar a quien había salvado vidas en acatamiento del derecho del mar. Éste tiene prioridad sobre el derecho interno de Italia en casos como el presente de solución inaplazable para salvaguardar bienes superiores, sobre la mezquina política migratoria del ministro del interior.

Violaron esas autoridades italianas las leyes ancestrales del mar que obligan a rescatar a los que se encuentran en peligro, a los náufragos como Ulises, a los que van en botes improvisados y que huyen de la barbarie provocada por Occidente. Leyes y tratados internacionales en la materia, obligan después del recate de migrantes en el mar, a desembarcarlos en el puerto más a la mano para que ellos encuentren asilo, refugio.

La capitana cumplió con las leyes del mar, con un deber sagrado, el de salvaguardar vidas humanas en peligro. Las justas y por ende, imperecederas normas del derecho penal, implícitas en dicho derecho del mar, establecen que en los casos de estado de necesidad, queda excluida toda culpabilidad del sujeto cuando éste al salvaguardar bienes superiores, afecta bienes de terceros de menor jerarquía.

Frido: Según recuerdo desde hace milenios, en estos casos, prevalece el principio de derecho romano: “necesitas non habet legem”, la necesidad no tiene ley.

Villoro: Efectivamente Frido, así es. El estado de necesidad como excluyente de responsabilidad del sujeto, se da cuando en una acción hay conflicto entre dos bienes y se opta por salvaguardar el de mayor valor. En tales acciones, la persona se ve constreñida a desacatar una norma, a afectar un bien de tercero sin desearlo, con el fin de salvaguardar un bien superior, evitando en el caso que nos ocupa, que los migrantes se echaran al mar, desesperados.

Aristóteles, llama mixtas a estas conductas por ser una mezcla de acciones voluntarias e involuntarias que eximen de culpa al que las ejecuta, a raíz de ese estado de necesidad y de cumplimiento de un deber. La capitana estaba en suma, ante la necesidad imperiosa de cumplir un deber, salvar vidas, no obstante la prohibición de las leyes internas de Italia y haber chocado ligeramente con el bote de la policía costera.

Frido: Incluso algunos de los migrantes habían comenzado ya a autolesionarse en su desesperación, comentó la capitana. Ella fue muy valiente al decir después de arrestada y acusada penalmente: “yo estoy dispuesta a afrontar las consecuencias de mis decisiones, tal y como se espera de un capitán. ¿Y el señor Salvini?”.

Villoro: ¡Qué gallardía de ella, qué palabras esas de una mujer de verdad, de grandeza, ejemplares, dignas de encomio y reconocimiento! El derecho y la costumbre del mar protegen a Rackete, la amparan, no así a las autoridades italianas. ¡Qué reprobable que leyes internas de países dizque civilizados, dejen sin protección a los migrantes en situación de peligro y vulneren sus derechos reconocidos por la constitución de los océanos!

Por fortuna, gracias seguramente a la presión alemana e internacional contra la política antimigratoria del ministro del interior, y a la resolución justa de un juez italiano, la capitana salió libre el martes pasado.

Frido: Ahora padre Villoro, le comento otro caso que se relaciona con el anterior, pues trata de migración forzada. El encargado interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos, en respuesta a pregunta de un entrevistador, culpó al padre de Valeria, la pequeña niña ahogada, de la muerte de la pequeña y de la propia de Óscar, al cruzar el Río Bravo. ¿Qué opina padre Villoro?

Villoro: Declaración esa desalmada, sin fundamento, ni moral ni jurídico. Óscar se vio forzado a cruzar el río por la situación de su país, donde con frecuencia inusitada, las pandillas roban y violan a niñas y jovencitas; además, se vio él en esa necesidad por las políticas migratorias de México y Estados Unidos, con sus interminables trámites, diseñados para hacer inoperante el derecho de asilo, redadas, detenciones en lugares que remedan cárceles, malos tratos y deportaciones, al margen del derecho internacional de refugiados.

Quienes actúan al margen de las leyes, no son los refugiados, son las autoridades con sus abusos.

En este caso, como en el de la capitana del barco de rescate de migrantes, nos hallamos, en el terreno del derecho, ante una excluyente de culpabilidad por miedo grave: no es responsable quien afecta un bien propio o ajeno, tratando de escapar de un peligro, de un mal grave que produce zozobra y una especie de automatismo, de trastorno emocional transitorio que hace inimputable la conducta.

En caso de haber sobrevivido Óscar, no se le podría haber imputado conducta penal alguna, precisamente por esa excluyente de responsabilidad, nacida de la justicia, de la equidad.

Frido: Y para terminar, el ejecutivo ruso, a raíz de la reunión del G20, felicitó al trumpismo por su política migratoria, y éste a México calurosamente por la eficaz labor de detener y deportar masiva e implacablemente a hermanos nuestros, migrantes pobres centroamericanos. Para las conciencias libres, tarea vergonzosa, humillante en grado sumo.

¿Con qué autoridad moral podemos defender de la ignominia a nuestros hermanos mexicanos que emigran a los Estados Unidos, y cuyos niños son enjaulados, separados de sus mamás, y a los cuales el trumpismo comenzará a deportar en masa, según anuncio de hace días?

Y en este contexto, ¡qué cinismo de un senador de Morena, decir en artículo periodístico reciente, que la relación de México con Estados Unidos es digna! Insolencia pura auspiciada por la “hybris”, la saciedad de poder.

Villoro: Esas felicitaciones rusas y estadounidenses, son repulsivas por inhumanas. ¡Qué época ésta en que se denigra a quien protege migrantes en desgracia, y en que se exalta la inhumanidad, el desprecio al refugiado, vulnerable, necesitado de ayuda solidaria, ciego o paralítico en materia económica, y que forzado, arriesga su vida en aras de vida digna y de salvar a hijas y esposa de la brutalidad pandillera.

Equivale esa exaltación al elogio del mal, una derrota de la razón, del decoro, del derecho que tiende a desaparecer del horizonte frente al auge de un nuevo despotismo sin ilustración, pragmático, sin escrúpulo alguno. Esas felicitaciones son besos del diablo.

¿Hasta cuándo se aceptará esto? Hasta que la antorcha del honor pase a manos de una nueva generación de mexicanos, con otra educación, con conciencia histórica, con un sentido superior de la vida. Hasta que el amor a la libertad triunfe sobre el apego a la servidumbre de tantos, a la rebautizada militarización, al racismo, soñolencia, discordia como método. El apego a la servidumbre, la peor de las corrupciones; y al racismo antimigrante en que subyace la soberbia, la peor de las calamidades en palabras de Karol Wojtyla.

Alientan las excepciones que confirman la regla, como la conducta valiente de Óscar, de la capitana, como la lucha zapatista, la de Huexca con el testimonio de Samir Flores, la resistencia de indígenas y mestizos, defendiendo sus tierras, y otros casos inéditos de resistencia a las imposiciones e insultos. Grandeza humana ante mezquindad inhumana.

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Fin del diálogo. Dedico este artículo con admiración y respeto a la capitana de barco, Carola Rackete, por su determinación de salvar vidas de migrantes, al gobierno actual de su país, Alemania, por la solidaridad mostrada a millones de migrantes acogidos; y con agradecimiento y afecto, a la memoria de mi maestro y director de la tesis sobre el hombre y la batalla por la justicia, en la Escuela Libre de Derecho, en el ya lejano 1978, Miguel Villoro Toranzo, S.J.





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Un fiscal desaparecido – Proceso

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El próximo 18 de julio, México deberá tener su primer fiscal especial para derechos humanos. Es una designación que está en manos del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

La ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) le impone a su titular hacer público el perfil del fiscal especial que deberá atender la crisis humanitaria con sus más de 40 mil desaparecidos y el número indeterminado de migrantes secuestrados y asesinados en territorio mexicano, como la vergüenza internacional que significaron las masacres de San Fernando.

El fiscal también tendrá que hacerse cargo de investigar las violaciones que ocurran -como ya se están viendo- tras el acuerdo migratorio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el de Donald Trump.

La tarea del nuevo fiscal será la de investigar y procurar justicia en los casos de graves violaciones a derechos humanos, por lo que también deberá responder ante los numerosas situaciones de tortura que están documentadas, los ataques sufridos por periodistas y defensores de derechos humanos, la trata de personas, incluidos niños, y feminicidios, así como los crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones de civiles a manos de agentes del Estado (militares o policías) o cometidas por particulares con la connivencia de representantes del Estado.

Por ley, el fiscal general debe también emitir una convocatoria para escuchar a las víctimas y a la sociedad respecto a la idoneidad del fiscal. Pero hasta ahora, los familiares de las víctimas están en espera de ser recibidos por Gertz Manero.

Han recurrido al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que el gobierno federal también se pronuncie. El Senado tampoco ha propiciado que se aborde el tema del próximo fiscal especial, a pesar de la facultad que le da voz para participar en la discusión pública.

El temor de los familiares es que llegado el plazo, el régimen morenista designe a un fiscal que no esté a la altura del enorme reto.

El Movimiento por nuestros desaparecidos en México, que aglutina a más de 70 colectivos y organizaciones de familiares en todo el país, en el reclamo de su legítimo derecho a ser parte del proceso para encontrar a sus desaparecidos, se pronunció el martes para exigir un perfil adecuado, un procedimiento transparente y participar en la designación del fiscal especial.

No solo se trata de que el fiscal tenga gran conocimiento técnico y trayectoria en el campo de los derechos humanos, sino que sea alguien carente de vínculos políticos o de grupo y comprometido con la procuración de justicia.

El fiscal especial de derechos humanos será punta de lanza para resolver el tema de los desaparecidos. Se deberá coordinar con la Comisión Nacional de Búsqueda, que preside Karla Quintana, (@kiquinta), para dar con los desaparecidos o sus cuerpos y tener la certeza de lo que ocurrió con ellos. Fijará, por tanto, la pauta para las fiscalías locales.

Lo que haga o deje de hacer el fiscal especial definirá a la administración de López Obrador en materia de derechos humanos. Más que ningún otro gobierno, tiene el imperativo moral de cumplirles a los familiares y a la sociedad mexicana.

Los desaparecidos no han tenido justicia y sus familiares no tienen paz. Gertz Manero tiene en sus manos la oportunidad de contribuir para saldar la deuda histórica los familiares.

“Es una deuda pendiente que tiene Estado mexicano para dar con el paradero de nuestros familiares, conocer la verdad y hacer justicia sancionando a los responsables”, dice Diana Iris García, quien busca a su hijo Daniel desde hace 12 años, y que forma parte Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), que es parte del Movimiento nacional por los desparecidos.

Hace casi 20 años, el gobierno de Vicente Fox tuvo esa misma deuda con las víctimas de la guerra sucia de los años sesenta y hasta entrados los ochenta del siglo pasado. Nunca se interesó ni le importó realmente el tema. Su fiscalía especial fue un fracaso por falta del compromiso presidencial. Lo que hizo el fiscal especial, Ignacio Carrillo, quedó muy lejos de lo que la sociedad demandaba.

La exigencia es ahora para el presidente López Obrador y el fiscal general Gertz Manero.

@jorgecarrascoa





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Lucha política en tiempos de olas migratorias

migrantes1 - Lucha política en tiempos de olas migratorias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mayor tropiezo político que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la emergencia de olas migratorias procedentes de América Central.

El problema ya lo había encarado la anterior administración, pero sin que se llegara al borde de una ruptura económica de parte de la Casa Blanca.

De los temas principales planteados por Donald Trump, el gobierno de México aceptó recibir a solicitantes de asilo en trámite en Estados Unidos, lo que ya se había hecho desde poco antes, y la prohibición formal de que los migrantes fueran admitidos en México en condición de tránsito hacia el norte.

Al tiempo, las autoridades mexicanas han reforzado la aplicación de la ley que obliga a todo extranjero a solicitar alguna forma legal de internamiento.

Esta reciente tensión en las relaciones entre los dos países ha tenido dos nuevos elementos políticos muy relevantes: la presión de Washington mediante la amenaza de imponer ilegalmente aranceles hasta el 20% a “todas las importaciones” procedentes de México y la muy sonada movilización de la novísima Guardia Nacional hacia las dos fronteras.

La inseguridad prevaleciente en el territorio mexicano y las altas tarifas de las bandas delincuenciales propiciaron un esquema de caravanas. Pero no sólo eso, sino que otra causa ha sido la agudización de la violencia social y la pobreza en los tres países centroamericanos expulsores de emigrantes. El fenómeno migratorio centroamericano sólo es nuevo en su forma y cuantía. En consecuencia, también en su repercusión política.

La crisis motivada por las olas migratorias como expresión extrema de la migración, va a seguir presente con o sin ellas porque aquélla es un fenómeno social y, en tanto, seguirá siendo motivo de confrontación entre los gobiernos de EU y México.

Por su lado, a diferencia de Estados Unidos, México no puede asimilar con normalidad entre 500 mil y un millón de migrantes por año. Su infraestructura, economía y sociedad no están preparados para eso. Aunque sería imposible que tales números se mantuvieran mucho tiempo, en sólo cinco años se podría tener que acomodar a más de tres millones de personas.

Es acertado el planteamiento de López Obrador en el sentido de que es preciso encarar la migración centroamericana con empleo, mejor salario y crecimiento económico, mediante inversiones en cooperación internacional. Sin embargo, no puede haber respuesta económica de consecuencias inmediatas ante este fenómeno. Mientras se integra un plan de largo aliento, sólo puede haber política migratoria.

A pesar del acuerdo signado en Washington entre los gobiernos de México y Estados Unidos, siguen existiendo divergencias entre ambos. México elude declararse formalmente como “tercer país”, por lo cual no quiere hacerse cargo de deportados desde el norte para regresarlos a sus respectivos países.

El otro punto significativo de la política mexicana tiene que ser la apertura hacia una emigración que no se aglomere en la frontera norte esperando una oportunidad de paso, sino que se arraigue, al menos de momento, en zonas donde sea posible obtener empleo y alojamiento.

En este contexto destaca el trato a los migrantes. De ninguna manera el gobierno de México debería admitir la erección de barreras policiales en el sur o en el norte. No se debe impedir que los migrantes ingresen al territorio nacional ni se debe bloquear que lo abandonen, como ha sido el sueño dorado de los gobiernos estadunidenses. Las deportaciones deben ser estrictamente las indispensables y legales.

En un marco de respeto a los derechos de las personas y a los principios constitucionales en materia de ingreso y salida del territorio, podrían darse pasos de carácter económico y social para afrontar la migración centroamericana, no sólo la que llega en olas sino aquella que va a continuar indefinidamente a pesar de que pudiera mejorar la situación en los países de origen.

Un problema adicional es la llegada de migrantes procedentes del Caribe y de África. Estos no podrían aceptar un arraigo en México porque para eso mejor se hubieran quedado en sus países. Es gente cuyo viaje fue costoso y, por tanto, muchos tenían condiciones personales diferentes a las que predominan entre los desempleados y subempleados centroamericanos.

En el fondo, la respuesta estadunidense a esta crisis migratoria expresa un agotamiento de la capacidad subjetiva de absorción de migrantes de parte de la sociedad norteamericana. El racismo siempre ha estado presente con fuerza en Estados Unidos, pero ahora tenemos una xenofobia de expulsión, la cual está entrando hasta en sectores de procedencia migrante. Algo semejante ocurre en Europa. Es tanto así que el tema se ha convertido en uno de los problemas más agudos de la lucha política.

Las proyecciones que se hacen podrían estar indicando que la composición étnica y religiosa de algunos países capitalistas desarrollados terminaría por cambiar dentro de algunas décadas.

No existe la suficiente cultura de la igualdad humana, el liberalismo ha sido engañoso al respecto. Por ello, surgen partidos xenófobos cada vez más fuertes y se han producido relevos de gobierno como el que se dio en Estados Unidos, aunque con un presidente de minoría, el cual levanta otra vez la bandera de la xenofobia y la “grandeza de US” para buscar un nuevo mandato.

Las potencias económicas no cuentan con una política dirigida a fomentar el crecimiento, productividad y distribución del ingreso de los países desde donde provienen las olas migratorias. Se encuentran de momento en disputas entre ellas. Donald Trump ha llegado para complicar el panorama porque está peleado con casi todo mundo y pasando toda clase de facturas, pero se sigue metiendo en los conflictos propios y ajenos, creando además otros nuevos. Más que nada, parece que resurge una nueva versión del hegemonismo estadunidense como falaz medio de volver a la grandeza, otra vez.

Desde México se debe empezar a hacer política en Estados Unidos y no sólo con Estados Unidos. Las dos economías están integradas, la nación mexicana sólo se ha expandido hacia el norte, las cercanías culturales han ido a más, el flujo humano en ambos sentidos es cada vez mayor. En este marco, a quien más debería preocupar el predominio político de una derecha troglodita es a México como Estado, país y sociedad.

Hacer política en EU es una tarea que deben emprender cuanto antes el gobierno de México y los partidos mexicanos. Y, por cierto, esa no se realiza a través de los consulados, es directa y abarcadora del entramado social o no lo será.





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Goma de borrar – Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación del aeropuerto de Texcoco, expuso la razón fundamental: él no sería un florero. No estaría de adorno, contemplando cómo el capitalismo de cuates continuaba depredando al país. No permanecería sobre un librero, permitiendo que las grandes obras de infraestructura produjeran ganancias para pocos a expensas de muchos. Él no reproduciría los viejos vicios de las adjudicaciones directas, las contrataciones discrecionales, el inicio de obras sin estudios completados, el despilfarro de dinero público sin control o supervisión. Dejaría de ser figura ornamental y crearía una nueva forma democrática de ejercer el poder presidencial. Pero tanto sus acciones como sus reacciones de los últimos meses revelan a un líder que, en efecto, no quiere ser florero. Quiere ser goma de borrar.

De esas gomas en la punta opuesta del lápiz, de esas color caramelo que todos usábamos en la primaria. Pero si el objeto de una goma es borrar errores, en el caso del presidente la está usando para desvanecer leyes, anular la legitimidad de amparos y desaparecer artículos de la Constitución que le resultan incómodos. Como el 134, donde dice que los recursos públicos no pueden usarse caprichosa o arbitrariamente. El que norma los principios de racionalidad y transparencia en las decisiones de gobierno. El que invocan quienes han sometido amparos ante la cancelación del NAIM y el inicio de las obras del aeropuerto de Santa Lucía. 147 amparos presentados en torno a un tema fundamental: la prueba de legalidad que deben revestir todos los actos gubernamentales, como la cancelación de las obras en Texcoco y el inicio de las obras en Santa Lucía.

Ambas decisiones, caracterizadas por la discrecionalidad y la opacidad, los razonamientos variantes y las posturas discordantes. No sabemos exactamente por qué se suspendió la primera obra o si la segunda es viable. No sabemos si los costos de la cancelación del viejo aeropuerto excederán los costos de remodelar su nueva encarnación. Y no sabemos esto porque el presidente y su equipo no han ofrecido una explicación congruente y consistente sobre Texcoco, ni estudios completados y verificables sobre Santa Lucía.

El gobierno no ha castigado la corrupción en Texcoco o suspendido a los contratistas tramposos o exhibido las irregularidades o investigado a los presuntos culpables. Tampoco ha presentado estudios ambientales o de aeronáutica o afectación arqueológica, que por ley debería elaborar antes de iniciar la obra. Lo que sí ha hecho es tomar decisiones de política pública de enorme impacto económico en función de una consulta popular, sin los datos en la mano. Sin haber calculado costos, viabilidad, racionalidad; sin haberse detenido a cumplir la ley. Ha hecho y reproducido lo que tanto criticó a Peña Nieto: colocarse por encima de la legalidad. Borrarla, usando la gran goma que le proveen 30 millones de votos.

Con la ayuda de quienes se aprestan a defender un proyecto político con argumentos antidemocráticos. Con el apoyo seudointelectual de quienes buscan descalificar los amparos criticando a quienes los han presentado. Con la asistencia de quienes siempre exigían datos y estudios y transparencia hasta que llegaron al gobierno y decidieron sacrificarlos. Para los miembros de la magra intelligentsia al servicio de la 4T, siempre es más fácil desechar el argumento en función de la identidad de quien lo esgrime, que responder al argumento en sí. Siempre es más cómoda la falacia intelectual en defensa del poder, que reconocer la legitimidad de quien lo cuestiona.

Y el amparo en México, aun reconociendo cuán defectuoso puede ser, forma parte de un acervo de derechos que ofrecen las democracias que se precian de serlo. Con todas sus limitaciones e imperfecciones, es un instrumento creado para que el ciudadano pueda oponerse a actos arbitrarios de la autoridad y actos violatorios de la norma constitucional. Ahí está la lista de los amparos presentados por ciudadanos de diversa índole que han ampliado el espectro de los derechos para todos. Amparos que han ido despenalizando la mariguana, proveyendo el derecho a decidir, asegurando el matrimonio igualitario, obligando al Congreso a legislar sobre la publicidad oficial. Amparos que la izquierda aplaudió cuando era minoría oprimida y se sentía aplastada por las mayorías. Amparos que la izquierda celebró antes de que se volviera incongruente y antidemocrática y cercenadora de derechos cuya protección antes era su razón de ser.

Sí, AMLO y Morena son la mayoría temporal del momento, pero eso no les da permiso para pasar por encima de minorías, por más odiosas que les parezcan. Aunque los amparos contra los aeropuertos –en busca de racionalidad, legalidad, transparencia, eficiencia gubernamental en el uso de los recursos– hubieran sido presentados por la reina de Saba, merecen tener su día en la Corte. Aunque los amparados no hayan votado por la 4T, sus derechos, como los de cualquier mexicano, merecen protección constitucional.

Y a la izquierda mexicana le toca ser mejor que sus predecesores; mejor que quienes atropellaban derechos una y otra vez gracias a su condición hegemónica. Lo que toca entonces es que el gobierno haga públicos sus expedientes sobre el NAIM, que lleve a cabo los estudios aeronáuticos y ambientales pendientes, que revele la normatividad detrás de sus actos para que no parezcan caprichos, y que la Suprema Corte constate su autonomía. Porque como lo dijera Franklin Roosevelt, el arquitecto del Nuevo Trato: “Ninguna democracia puede sobrevivir si no acepta como fundamental a su misma existencia el reconocimiento de los derechos de las minorías”. López Obrador fue minoría durante décadas y debería entenderlo: su papel es ser pluma fuente que amplía derechos, no goma de borrar que los elimina.

Este análisis se publicó el 23 de junio de 2019 en la edición 2225 de la revista Proceso





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¿Qué tanto es demasiado? Los sueldos de los funcionarios judiciales en México

tres - ¿Qué tanto es demasiado? Los sueldos de los funcionarios judiciales en México

Así como la SCJN acaba de ordenar que se establezcan parámetros objetivos para definir la remuneración del presidente, se deben crear mecanismos imparciales para fijar los sueldos de los funcionarios judiciales en todo el país. Aquí, la demostración.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 20 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y algunos senadores de oposición contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entró en vigor el 6 de noviembre de 2018. Esta ley, impulsada por la mayoría legislativa en línea con la estrategia de austeridad republicana del mandatario, determina que ningún funcionario público federal puede ganar más que el presidente –una prohibición ya establecida en la Constitución, recordemos, desde agosto de 2009[1], pero que tuvo que esperar a la ley de noviembre pasado para dejar de ser letra muerta–.

Los promotores de estas acciones de inconstitucionalidad argumentaron, entre otras cosas, que la ley no contiene los lineamientos que permiten determinar objetivamente la remuneración del presidente. Los ministros de la Corte, aunque no invalidaron la totalidad de la ley, sí concedieron razón en ese punto, pues resolvieron que esta norma causa incertidumbre al no abatir la arbitrariedad o discrecionalidad en la fijación del sueldo burocrático. Así, por mayoría de ocho votos y el voto en contra de los ministros Yasmín Esquivel, Norma Piña y Arturo Zaldívar, declararon la invalidez de dos artículos y, más importante, ordenaron al Congreso de la Unión establecer los parámetros objetivos mínimos para determinar el salario presidencial.

El contexto completo es de controversia. Funcionarios del Poder Judicial han considerado que la decisión del presidente de marcar su propia remuneración como el límite salarial para todos los servidores públicos –la Administración Pública Federal, sí, pero también los órganos autónomos y el Poder Judicial– representa un ataque a su independencia. López Obrador, por su parte, declaró en su conferencia matutina del pasado 10 de diciembre que “son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y, de manera particular, en el Poder Judicial, llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales”.

El discurso del Ejecutivo ha tenido eco en la sociedad. Ciertamente, cuando se comparan estos montos con el salario promedio de una persona empleada en el sector formal, que apenas supera los 11 mil pesos, es lógico pensar que los sueldos de los juzgadores son excesivos. Pero, ¿esto es así en todo el país y para todos los funcionarios judiciales?

Ya que todos los Poderes Judiciales tienen la obligación de publicar la remuneración de sus servidores públicos[2], nos dimos a la tarea de buscar esos datos en la Plataforma Nacional de Transparencia y en los portales de transparencia de los poderes judiciales estatales, con el fin de analizar las remuneraciones[3] de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, jueces y magistrados locales [4] de 2018 y 2019.

Si la mala calidad de los datos que reportan los órganos públicos es proporcional al grado de sensibilidad que esta información representa para ellos, podemos deducir que la mayoría de los poderes judiciales no quieren airear los montos de las remuneraciones de sus funcionarios.

Para empezar, al 24 de mayo muchos poderes judiciales no habían reportado la información correspondiente a las remuneraciones del primer trimestre de 2019. Algunos también habían incumplido con su obligación de reportar la información correspondiente a 2018.

Por otra parte, el formato que usan para reportar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia no facilita en lo más mínimo el cálculo de las remuneraciones. Quizás por ello, los mismos funcionarios cometen errores a la hora de ‘llenarlos’. En otros casos, reportan información parcial, y si reportan toda la información, suelen omitir el número de identificación del funcionario al que le corresponde el monto de prestaciones.

Cuando no encontramos la información en las plataformas de transparencia, buscamos los tabuladores de sueldos reportados en las leyes de egresos de los estados en cuestión, pero, de nuevo, muchos de ellos no presentan todas las prestaciones.

Por todas estas razones, para 2018 y 2019 solamente pudimos calcular las remuneraciones de los funcionarios judiciales –de una manera que nos parece razonablemente confiable–, en los poderes judiciales de 10 entidades. Estamos conscientes de que estos resultados son limitados, pero nos permitieron observar variaciones interesantes –y muy marcadas–.

Entonces, ¿qué tan cierto es que, en los poderes judiciales estatales, los funcionarios reciben una remuneración que rebasa el ‘tope presidencial’? Como se observa en la siguiente tabla, este año, además del Poder Judicial Federal, en siete de los 10 poderes judiciales estatales donde encontramos datos confiables se pagan sueldos que superan el tope presidencial. En cuatro de ellos –Coahuila, Jalisco, Sonora y Veracruz–, tanto el presidente del Tribunal Superior como los magistrados ganan más que los 138 mil 587.5 pesos mensuales que gana el presidente[5]. En Aguascalientes, Oaxaca y Puebla, solamente el presidente del Tribunal Superior rebasa el límite. En las tres entidades restantes (Michoacán, Quintana Roo y Sinaloa), ningún funcionario judicial gana más que el presidente. También se puede notar que, aparte del nivel federal, en ningún poder judicial donde se encontraron datos los jueces superan este monto.

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Tabla 1. Remuneración neta mensual máxima de jueces, magistrados y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia en 10 estados, de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a nivel federal, así como del presidente de la República (2019)

Algunos poderes judiciales sí controlaron sus sueldos

Ahora bien, la evolución de las remuneraciones de los funcionarios judiciales entre 2018 y 2019 en nuestros 10 estados plantea escenarios muy variables.

En Sonora y Veracruz, la remuneración de las tres categorías de funcionarios analizadas disminuyeron, de manera muy significativa en Sonora.

En otras cinco entidades (Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa), las remuneraciones para las categorías de funcionarios analizadas se quedaron prácticamente en el mismo nivel, mientras que, en Michoacán y Coahuila, éstas aumentaron –de manera muy significativa en este último estado–.

Finalmente, en Oaxaca, aumentó la remuneración del presidente del TSJ en más de 15%, mientras que la de los jueces subió casi 9% y la de los magistrados bajó en 4%. En esa entidad se puede observar una flagrante falta de solidaridad por parte del más alto funcionario hacia los de menor rango.

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Gráfica 1:  Variaciones 2018-2019 de las remuneraciones mensuales de presidentes de TSJ, magistrados y jueces a nivel federal y en 10 estados.

En este mismo sentido, también destacan las grandes disparidades que se presentan entre los sueldos de jueces y magistrados en algunos poderes judiciales de nuestra muestra. En 2019, las remuneraciones de los magistrados son entre 13% (en Michoacán) y 236% (en Oaxaca) más altas que las de los jueces. En cambio, a nivel federal, la diferencia es de poco más de 10%.

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De hecho, Oaxaca también destaca por ser uno de los estados donde el presidente del Tribunal Superior gana más, junto con Jalisco y Coahuila. En este último estado, la remuneración del presidente del TSJ representan casi el doble de lo percibido por su homólogo en Sinaloa.

La misma disparidad se puede observar en los sueldos de magistrados. La remuneración de un magistrado en Jalisco ($193 mil 266.44) es dos veces mayor que en Puebla ($94 mil 288.96).

Con respecto a los jueces, esta brecha también existe. En Michoacán (con $100 mil 025.01), ganan dos veces y medio más que sus homólogos en Oaxaca ($39 mil 338.14).

Si desempeñan las mismas funciones, con las mismas (y muy importantes) responsabilidades, cargas de trabajo generalmente pesadas y riesgos similares, ¿por qué un juzgador debería ganar hasta dos veces y medio menos que su par en el estado vecino?

Un piso parejo y claro para todos

Esta gran disparidad de remuneraciones entre estados para el mismo puesto es lo que se suele omitir cuando se afirma que los juzgadores ganan demasiado.

En lugar de reducir los sueldos de los juzgadores, se debería buscar la manera de homogeneizarlos, pero no hacia los niveles más bajos. En efecto, si bien la integridad de los jueces no debería depender de su nivel de ingresos –y aunque existan mecanismos complementarios al salarial para fomentar su honestidad, imparcialidad y autonomía, como un sólido y confiable sistema de selección y remoción de funcionarios–, a nivel internacional se recomienda que los sueldos de los juzgadores sean suficientes para preservar su independencia frente a poderes económicos, políticos o fácticos [6].

Así, del mismo modo que la SCJN acaba de ordenar que se establezcan parámetros mínimos y objetivos para definir la remuneración del presidente, se deben crear mecanismos imparciales para fijar los sueldos de los funcionarios judiciales en todo el país.

Por ejemplo, en Canadá, cada cuatro años, la Comisión de Sueldos y Prestaciones Judiciales revisa las remuneraciones de los juzgadores para ofrecer al gobierno recomendaciones para fijarlas, con base en las condiciones económicas del momento, el costo de la vida y el nivel salarial en el sector privado para quien desarrolle una función equivalente. En ese país se impone un criterio claro: solamente con remuneraciones competitivas se puede esperar que la judicatura atraiga a los mejores abogados.

Es necesario fijar los sueldos de nuestros juzgadores –y otros servidores públicos–, de tal modo que éstos no sean ni excesivos ni insuficientes, como parece ser el caso ahora en algunos estados. Es una tarea urgente si queremos una justicia independiente que recupere la confianza de los ciudadanos.

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Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa y Gustavo Marín (@drummeryisus) y Diana Mejía (@dianamejiaromo) son investigadores del mismo. Los autores agradecen las revisiones de Pablo García y la colaboración de Pedro Iniesta y Karina Aguilera en la búsqueda de algunos datos.

[1] De hecho, de acuerdo con esta reforma constitucional, esta prohibición no solamente aplica a los servidores públicos de la Federación, sino también a los de las entidades federativas o de los Municipios.

[2] Dentro de las obligaciones de transparencia de cualquier órgano que recibe y ejerce recursos públicos definidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está la de publicar “la remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”.

[3] Utilizamos la cifra de la remuneración mensual neta máxima posible para cada categoría de funcionario en los  estados analizados. En caso de no encontrar el dato, usamos la cifra de la remuneración mensual neta promedio. En su defecto, las cifras que aparecen en los tabuladores de remuneraciones del poder judicial en el Presupuesto de Egresos del estado en cuestión. Las remuneraciones comprenden los sueldos y prestaciones como la parte proporcional del aguinaldo, de la prima vacacional y de bonos.

[4] A nivel federal, en lugar de la remuneración del presidente del Tribunal Superior, se tomó en consideración la de los ministros de la Suprema Corte. Los datos federales se encontraron en el Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2019.

[5] De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, “la remuneración mayor es la asignada al presidente de la República. En los términos del presente presupuesto, esta remuneración está cifrada en la cantidad total anual neta de $1,663,050.00 pesos”, la cual incluye sueldo base, compensación garantizada, aportaciones a seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, gratificación de fin de año, prima quinquenal, ayuda para despensa, seguro de vida institucional y seguro colectivo de retiro. Se dividió este monto por 12 para obtener la remuneración total mensual neta.

[6] Por ejemplo, las Medidas para la implementación efectiva de los principios de Bangalore sobre la conducta judicial publicadas por la ONU en 2012 establecen que “los salarios, condiciones de servicio y las pensiones de los jueces deberían ser adecuados, acorde con el estado, dignidad y responsabilidades de su cargo, y deberán ser revisados periódicamente para esos fines”.

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Lozoya-Ancira: desde el salinismo, la suma de muchos escándalos

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde los tempranos noventa, cuando Altos Hornos de México (AHMSA) fue privatizada y quedó en manos de Xavier Autrey Maza y Alonso Ancira Elizondo, el rumor se expandía apuntando a que el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, en cuyo período ocurrieron esa y muchas otras privatizaciones, había adquirido con prestanombres la mayor acería mexicana.

Nunca hubo pruebas sobre ese supuesto negocio de Salinas de Gortari pues quien afrontó las buenas y sobre todo las malas –además de los miles de trabajadores despedidos con la privatización—fue Alonso Ancira, el magnate acerero y del carbón. Por otra parte, lo mismo se decía de Telmex, Carlos Slim y otros beneficiarios de la desincorporación de paraestatales.

En general, la historia en torno a esas personas y sus negocios se relaciona con los peores episodios de la política mexicana de los últimos 30 años: privatizaciones, fraudes electorales, Fobaproa, deterioro del campo, desempleo y corrupción.

En 1991, Rogelio Montemayor Seguy, un político cercano a Salinas de Gortari –tan cercano que, el expresidente ha dicho, fue Montemayor quien le presentó a Luis Donaldo Colosio—avanzaba su carrera política: se lanzó al Senado y, dos años después, se convirtió en gobernador de Coahuila, mientras que en el intermedio 1992 alcanzaba parte del reparto privatizador al adquirir, en sociedad con sus hermanos, Fertimex, la fábrica de fertilizantes del Estado.

Los Montemayor eran ricos de pueblo. En Sabinas, Coahuila, tenían una agencia automotriz, minas de carbón por toda la región y algún otro negocio… mucho dinero aunque nunca tanto como hasta entonces, como para despuntar en las ligas mayores de aquella privatización.

Su socio era Fabio Covarrubias, un inversionista conocido por sus conexiones políticas asociado al Banco Unión, presidido por Carlos Cabal Peniche, el banquero tabasqueño a quien en 1994 se le detectaron malos manejos. Las operaciones en apoyo a la campaña de Roberto Madrazo, como candidato a gobernador de Tabasco, fueron denunciadas por un derrotado Andrés Manuel López Obrador en 1995 que acusaba, con motivos de sobra, un fraude electoral.

Aquel fue uno de los asuntos que catapultaron al hoy presidente de México a la política nacional y al que le dio seguimiento como presidente nacional del PRD a finales de los noventa. Nota al margen: la protección a Cabal Peniche y el intento de ocultar las cuentas del PRI, en 1998, fue entre otros, a cuenta de Javier Arrigunaga Gómez del Campo, el pariente de Margarita Zavala y por entonces director del Fobaproa.

Para 1992-1993, después de adquirir la planta, los Montemayor y Covarrubias vendieron acciones a AHMSA, cambiaron el nombre de la empresa y se dispusieron a operar como un monopolio de los fertilizantes, pero todo se complicó, la producción se redujo y en sólo seis años, terminaría en la quiebra, con el país —dada la falta de competencia nacional y por lo tanto de producción—importando la mayor parte de los fertilizantes. Así terminó la autosuficiencia que como paraestatal había mantenido Fertimex.

Como muchas de las empresas privatizadas en la década precedente todo terminó en el Fobaproa, el rescate que (me ha sorprendido que muchos jóvenes no sepan de qué va) los mexicanos seguimos pagando desde que se subió el IVA del 10% al 15% (ya con Felipe Calderón se fue al 16%).

Con las plantas paradas desde 2000-2001, la recompra por el Estado se concretó en 2014, cuando Emilio Lozoya Austin era director de Pemex, en la historia conocida por estos días de adquisición de chatarra, a sobreprecio y con presunta corrupción, que dio origen a las órdenes de aprehensión contra Alonso Ancira y Lozoya, hijo del mejor amigo de Carlos Salinas, Emilio Lozoya Thalmann, quien fue titular de la entonces secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal entre 1993 y 1994.

En la edición más reciente de Proceso, otro asunto que implica a Lozoya padre y Lozoya hijo, es el de la empresa de Lubricantes Pemex, objeto de una larga y fraudulenta privatización iniciada con el primero y concluida por el segundo, respecto a la que hasta ahora no se sabe si hay línea de investigación abierta.

En general, el caso de estos días resume en nombres e historias la narrativa de denuncia al salinismo, “neoliberal o neoporfirista”, de López Obrador como opositor y como presidente, pero también revive los escándalos que han ofendido al país en las últimas tres décadas.

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AMLO afirma que respetará decisión judicial sobre Santa Lucía

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proyecto del Aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía “les molesta mucho a los corruptos”.

En la rueda de prensa matutina, el mandatario, adelantó que respetará la decisión del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México, que ordenó frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales para garantizar que no afectará al medio ambiente.

“No hay obras todavía, de todas maneras vamos a respetar la decisión del juez, pero todavía estamos esperando a que se emita el dictamen sobre impacto ambiental. Desde luego que esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos, tanto a los que tenían el negocio ya amarrado”, fustigó López Obrador.

Inmediatamente, recordó la situación que envolvía el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

“Acuérdense lo que hicieron, tres meses antes de la elección. Solicitaron un crédito para el aeropuerto, con la idea de que ya no se pudiese dar marcha atrás, lo amarraron completamente el negocio y no les importaba que se iba hacer el aeropuerto en la zona más baja del Valle de México en donde se hunde medio metro por año. Imagínense hacer un aeropuerto en un lago”, señaló.

Según el tabasqueño, “los corruptos están todavía molestos porque la gente dijo no al negocio, a la tranza”.

“Querían convertir el actual aeropuerto en un Santa Fe. La pista principal del actual aeropuerto iba a ser la pista hacia el nuevo aeropuerto y ya tenían todo el negocio inmobiliario, 660 hectáreas del actual aeropuerto, muy ambiciosos, no tiene llenadera y no les importó quitarle el agua al lago Nabor Carrillo, ni las aves, ni los patos”, acusó.

Y continuó:

“No vieron nada los ambientalistas, la prensa fifí. No vieron nada, se callaron como momias y yo entiendo que por eso están molestos.  Sabes cuánto era lo estimado, 300 mil millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo.  No fue de que no se les permitió poner un semáforo, una calle y por eso andan desesperados y que amparos, campañas en medios, columnistas, reportajes”.

De acuerdo con el presiente, actualmente “están utilizando drones para grabar toda la base aérea de Santa Lucía, para tener fotografías de que se está trabajando y detener la supuesta obra. Están muy desesperados”.

Aseguró que el mismo caos sucede con la refinería de Dos Bocas y con el Tren Maya.

“El tren maya, lo mismo, que se va a afectar las selvas tropicales, cuando es utilizar la vía de ferrocarril que se utilizó cuando era presidente Cárdenas y se concluyó con Miguel Alemán y no se afecta ningún bosque, ninguna selva, porque el regreso de Cancún a Escárcega es por la carretera que se hizo en los años 60”, concluyó.

 





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Herencia envenenada

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) está por resolver un asunto que tiene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador bajo la mira de Naciones Unidas (ONU). Se trata de un caso heredado de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y tiene que ver […]JcXxB6K2aKA - Herencia envenenadaZh4975JgAbg - Herencia envenenada



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