La protesta y la poesía – Proceso

Para Denisse Buendía

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando Platón definió al poeta como un ser poseído por un daimon –un intermediario entre los dioses y los hombres que sirve de guía a los seres humanos– resumió siglos de una tradición en la que el poeta hablaba en nombre del sentido. La poesía tenía así la autoridad de deslocalizar el lenguaje unívoco del poder y, como lo hicieron los profetas en el mundo hebreo, restablecer los significados perdidos de una comunidad. No en vano, Stéphane ­Mallarmé, en su poema a Edgar Alan Poe lo llamó “la voz de la tribu”.

Encerrada hoy en libros o en salas de lectura, la poesía, sin embargo, logra a veces romper el encierro y, recuperando la plaza pública, deslocalizar el lenguaje unívoco del poder y ponerlo en crisis. Los zapatistas, como lo analicé en un artículo en La Revista de la Universidad, “Zapatismo y poesía”, han tenido esa virtud. Recientemente la tuvieron las ­feministas en su marcha del 16 de agosto, al pintar el Ángel de la Independencia.

Hasta antes de ese gesto, el sufrimiento causado por los feminicidios y la violencia hacia las mujeres estaba sumido en el galimatías de la violencia y el errático discurso político, que Tomás Calvillo llamó “el pacto de lo siniestro que pretende adquirir el rostro de la normalidad” (Sinembargo, 21 de agosto). Un sufrimiento, que sólo en el primer semestre del gobierno de la 4T se expresó en 468 mujeres asesinadas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sufrimiento que Denise Dresser completó en su columna Provocadoras (Reforma, 19 de agosto): 76% de las mujeres sufren violencia en el noviazgo; 11 mil niñas, entre 10 y 14 años, son embarazadas por abuso o violencia sexual; en seis años crecieron 310% las denuncias por abuso sexual a niñas de entre cero y cinco años; 33% de las mujeres detenidas por la Marina o por las policías estatales y municipales han denunciado que fueron violadas; 72% de las mujeres entrevistadas en el estudio Sobrevivir a la muerte de Amnistía Internacional fueron manoseadas durante su detención, especialmente en pechos y genitales.

Sin embargo, las mujeres –“la mejor parte de la humanidad”, decía Gandhi– con un gesto nacido de la poesía, al tomar el Ángel de la Independencia y hacerlo hablar a través de lúcidas consignas (“pintas”, “daños al patrimonio nacional”, la llama la univosidad repetitiva y deshumanizada del Estado), pusieron en el centro de la conciencia nacional esa tragedia que la violencia y el poder se empeñan en producir y ocultar.

Por la imaginación y las manos de esas mujeres, la denuncia y el sentido, que resguarda la poesía, volvió a tomar la plaza pública para hacer hablar a un Ángel –un mensajero, es su sentido etimológico– que hasta entonces había permanecido como un mudo testigo de los dolores de la nación. A través de sus voces nos recordaron que la independencia está muerta, que su existencia no depende de unas piedras resguardadas por un Estado que, desarraigado de sus raíces morales, osificado en clichés y definiciones acríticas, justifica la mentira y oculta la bestialidad que el país padece desde hace décadas.

Nos recordaron, por lo mismo, que cuando una mujer es golpeada, ­humillada, violada, asesinada; cuando no puede pasearse libremente por las calles de su país; cuando sus derechos humanos son una y otra vez pisoteados; cuando ellas, hombres, niños y niñas, son rehenes de la violencia y el crimen, la independencia no existe. Es a lo sumo un ruido en la boca del poder, una palabra sin sustancia, un monumento deshabitado.

Los monumentos tienen sentido si son espejo de lo que representan. En el momento en que dejan de serlo, es necesario hacerlos hablar, como lo hicieron las mujeres con la Columna de la Independencia, llenarlos de sentido, recuperarlos para la vida. Es el trabajo de la poesía.

El poder buscará borrarlo –como empezó a hacerlo casi al día siguiente de que el Ángel enmudecido lanzó de pronto una palabra que resonó en todo el país–, intentará callarlo –como lo hizo el ­presidente en su primer informe de gobierno–, reducirlo al estado de mutismo e inanidad de las piedras, diluirlo en el parloteo digital y ­mediático. Su lenguaje, como el que se emplea para vender un detergente y del que está contaminado desde hace mucho, ha perdido la capacidad de solidarizarse con las verdades urgentes de la vida de la nación y, por lo mismo, de enfrentarlas con sabiduría. Por ello se apresura a silenciarlas. La degradación de su ­lenguaje lo hace ocultar el sentido o, como dijo Georges Steiner, eludirlo o deslizarse sobre él.

Cuando frente a la gravedad de la tragedia revelada por el grito del Ángel, la directora del Consejo Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, pudo decir: “Puede ser el caso de mayor injusticia en la historia del mundo (…) es una agresión para todos, independientemente de la justicia o validez que tenga la protesta”, es señal de que el lenguaje de quienes representan a una comunidad se acerca a un estado peligroso de ausencia de sentido y de inhumanidad.

No obstante, la poesía –“inmortal y pobre”, decía Borges– volverá, como el 16 de agosto, a encontrar su camino y a deslocalizar al poder hasta que un día la independencia, inseparable de la justicia, recupere su sentido y su dignidad.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores y detener los megaproyectos.

Este análisis se publicó el 8 de septiembre de 2019 en la edición 2236 de la revista Proceso

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Obsesión penal – Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace unos meses, el Congreso aprobó una adición al artículo 19 constitucional, con la cual se aceptó una propuesta del presidente de la República, a fin de sujetar a prisión preventiva oficiosa a los imputados de uso de programas sociales para comprar votos, enriquecimiento ilícito y lo que se conoce como huachicoleo.

Los dos primeros son delitos que se cometen por servidores públicos, mientras el tercero ha sido una gran industria, cuyos imputados ya carecían según la ley de derecho a fianza.

Para completar la mayoría calificada de dos tercios, en el Senado se tuvo que satisfacer desbocadamente los deseos punitivos de las oposiciones, las que ahora protestan por la decisión de la mayoría senatorial de agregar, sólo por vía de la ley, algunos delitos fiscales, en especial el relacionado con las facturas falsas.

Antes de aquella reforma del artículo 19 de la Constitución, había seis delitos en los que el juez debe ordenar la prisión preventiva aunque la Fiscalía no la solicite, es decir, debe hacerlo oficiosamente. Ahora tenemos 18 delitos luego del festín provocado por la obsesión penal que cunde casi por doquier en nuestro país.

De los delitos adicionados en abril del presente año dentro del concepto de prisión preventiva oficiosa destacan: robo a casa habitación, robo a transporte de carga y portación de arma de fuego. Se entiende que el primero es muy extendido, mas puede ser cometido casi por cualquier persona, incluida quien realice trabajo doméstico en la casa robada. En cuanto al segundo, se aprecia que la prisión preventiva sólo es para quien robe unidades de trasporte de carga, pues si el asalto es a un autobús de pasajeros, el trato penal es diferente; lo que más importa es la propiedad empresarial, antes que la cartera del viajero. En cuanto a la portación de arma, en México ese delito puede ser cometido por millones de personas que poseen alguna en su casa y, en un determinado momento, deciden llevarla; las armas de “uso exclusivo” de los militares son de calibre .38 para arriba, es decir, casi todas.

Destaca también la adición de un delito que se ha convertido en gran problema, el abuso sexual contra menores (distinto de la violación que ya tenía proceso penal sin fianza), el cual puede ser cometido tanto por una persona mayor como por otra que sea joven y cercano a la víctima; de cualquier forma, aquí todos son presuntos culpables en cárcel. Lo peor es que esto no va a detener a los abusadores.

Los delitos comentados aquí, los cuales ahora ameritan prisión preventiva, es decir, cárcel durante todo el proceso, son un escopetazo punitivo. Se tira sin saber cual es el blanco de los perdigones.

Ahora, el gobierno ha propuesto que la ley vincule algunos delitos fiscales a la seguridad nacional con el propósito de enlistarlos como aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se trata, según se afirma, de combatir el uso de facturas falsas como medio de evasión de impuestos debidos. Pero aquellas oposiciones políticas que hicieron su festín punitivista de engorda del artículo 19 de la Constitución, están frenéticamente en contra de la nueva reforma y anuncian que acudirán a la Suprema Corte para echarla abajo.

La explicación es que aquellas incorporaciones de delitos al sistema de prisión preventiva oficiosa no afectaban a los capitalistas. Pero la nueva propuesta gubernamental, ya aprobada en el Senado y turnada a la Cámara de Diputados, quizá alarma a ciertos empresarios porque es una amenaza de cárcel segura para algunos. A esos senadores de oposición se les nota su espíritu de clase porque, aunque son punitivistas, dejan de serlo cuando se habla de delitos cometidos en los negocios y pasan a implorar derechos de los ricos.

En realidad, ensanchar el sistema de prisión preventiva oficiosa no es el camino para resolver el problema criminal. De entrada, la delincuencia organizada, según la Constitución, carece de derecho a fianza durante su proceso. Entonces, ¿cuál es el problema? Contar con policía, fiscalía y juzgado competentes y honrados. Es decir, acreditar bien la inculpación y llevar limpiamente los procesos.

La ilusión punitiva siempre es contraproducente porque engaña al Estado y a la sociedad. Se parte de conceptos erróneos, el primero de los cuales consiste en creer que el Código Penal previene el delito, cuando en realidad sólo lo prescribe.

Por ejemplo, los delitos electorales de servidores públicos nunca se han perseguido en México porque el gobierno es quien los comete. Si las cosas van ahora a cambiar o están ya cambiando, entonces de nada sirve ser más severos en penalidades y trato a inculpados.

No es entendible la extensión a la que ha llegado la facturación falsa y el consecuente fraude fiscal de miles de millones cada mes sin la existencia de grupos delincuenciales que operan dentro y fuera del gobierno. Bien que se persiga semejante atraco a la nación, pero lo importante es eso y no erosionar la presunción de no culpabilidad que debe tener toda persona durante su proceso penal.

Además, ya se puede introducir ese delito en la ley contra la delincuencia organizada que tiene otro tratamiento procesal, pues no parece ser posible que los falsificadores de facturas actúen de manera individual o lo hagan sin contar con un sistema y una continuidad. Están organizados para delinquir.

La obsesión punitiva es algo de lo más frustrante en materia de leyes. En la ola actual, que lleva más de diez años, no se ha logrado prácticamente nada con aumento de penas, extradiciones, incomunicaciones, arraigos, prisiones preventivas oficiosas y otras pretenciosas reformas legales. Lo mejor sería tratar con seriedad el tema de la crisis delincuencial del país.

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Los errores en el expediente de Ayotzinapa – Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El estado de la investigación sobre el caso Ayotzinapa es desastroso. Omar Gómez Trejo, recién nombrado fiscal especial para investigar la desaparición de los normalistas, encontró un expediente que se pudre en un pantano de mentiras.

¿Cómo producir verdad jurídica cuando se dinamitó buena parte de la evidencia indispensable? Se trata de la peor pesadilla: la autoridad contaba con indicios suficientes para llevar ante la justicia a los principales responsables de la tragedia de Iguala y por razones injustificables se esmeró en destruirlos.

El primer error cometido, desde la gestión de Jesús Murillo Karam, fue exponer una teoría del caso que no tenía asideros. La historia fantástica de la quemazón de los estudiantes en el basurero de Cocula, así como el desecho de las cenizas en el río San Juan, distrajeron la investigación o, peor aún, obstruyeron la consecución de la justicia.

El segundo error fue capturar a los presuntos responsables mintiendo en modo, tiempo y circunstancia. Entre otras barbaridades se sembraron armas, se dijeron falsedades con respecto a las detenciones, se incomunicó y se privó de garantías.

El tercer error fue torturar a estos sujetos con el propósito deliberado de que sus testimonios coincidieran con una teoría del caso equivocada. Existe documental médica sobre las agresiones físicas que recibieron Sidronio Casarrubias, Gildardo López Astudillo, César Nava, Francisco Valladares y muchos otros.

Al proceder de esta manera, los subordinados de Murillo y Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dinamitaron la veracidad de las confesiones y los señalamientos cruzados entre los integrantes de la banda Guerreros Unidos.

El cuarto error fue desatender cualquier otra pista que no coincidiera con la teoría del caso –la falsísima verdad histórica que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a conocer con demasiada prisa.

Se descartaron, por ejemplo, testimonios y evidencia de telefonía que apuntó, muy temprano en la investigación, en dirección a Mezcala y Huitzuco de los Figueroa, sitios donde posiblemente fueron conducidas las víctimas.

También se desatendió la versión que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) proporcionó a propósito del secuestro equivocado, por parte de los normalistas, de autobuses utilizados por los Guerreros Unidos para el trasiego de heroína.

En cambio, con una terquedad inaudita se insistió, desde el más alto nivel, que la banda criminal atentó contra los estudiantes porque supuestamente habían sido enviados, por intereses inconfesables, a reventar un acto de María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Los expedientes judiciales de las personas indiciadas por el caso Ayotzinapa fueron construidos a partir de hipótesis falsas, acusaciones insostenibles, pruebas viciadas y conclusiones sin pies ni cabeza.

Tomás Zerón detuvo a los cabecillas de la organización Guerreros Unidos y luego forzó la maquinaria de la procuraduría para hacer que el rompecabezas de la realidad fuera coincidente con el que tenía en su torcido cerebro.

Es por esta serie larga de errores que están siendo liberados los presuntos responsables de la desaparición y eventual asesinato de los normalistas.

El Poder Judicial tiene ya tiempo advirtiendo sobre el desaseo mayúsculo de esta investigación. La liberación de Gildardo López Astudillo no es el primer aviso que los tribunales entregan sobre una investigación de porquería.

Antes, un tribunal en Tamaulipas ordenó a la PGR que repusiera la investigación e incluso, producto de la desconfianza, propuso que organismos internacionales tomaran cartas en el asunto.

El año pasado otro juez sancionó las irregularidades en la detención de Sidronio Casarrubias, presunto líder de los Guerreros Unidos en el estado de Guerrero, ya que la autoridad mintió sobre el día en que esta ocurrió, y también porque no hubo manera de probar que el presunto culpable portara armas de uso exclusivo del Ejército.

En el caso de Gildardo López Astudillo, supuesto jefe de la plaza de Iguala perteneciente a esa misma organización criminal, los jueces tuvieron que desestimar la acusación de crimen organizado, ya que las únicas pruebas presentadas por la Procuraduría fueron testimonios propios y ajenos obtenidos bajo tortura.

Sorprende en este mismo caso que el Ministerio Público no haya utilizado con contundencia el valioso material obtenido gracias al espionaje realizado por la DEA a los jefes de Casarrubias y López Astudillo en la ciudad de Chicago.

La PGR obtuvo esa evidencia desde finales del 2017 y no la presentó en la causa penal contra López Astudillo por delincuencia organizada (123/2014 del Juzgado Primero de Distrito en Tamaulipas).

En esas grabaciones se evidencia que este sujeto no sólo era el jefe de la plaza de Iguala sino parte de una red trasnacional de tráfico de droga más amplia. Por esta omisión López Astudillo recibió auto de libertad frente a las acusaciones de crimen organizado.

Luego, una vez que el plazo se había agotado, la PGR presentó la evidencia aportada por la DEA en la otra causa penal por secuestro, enderezada contra López Astudillo (66/2015).

Pero el Ministerio Público lo hizo sin acompañar tal evidencia con un razonamiento que le permitiera al juez ponderar su relevancia. Destacadamente la PGR omitió ofrecer argumentos que sirvieran para identificar a los participantes en las conversaciones. Es por ello que el juez no pudo otorgarle valor a esa probanza fundamental.

A pesar de la relevancia que para la nueva administración tendría el caso Ayotzinapa, la FGR –cuyo titular es Alejandro Gertz Manero– no promovió ninguna otra acción a propósito de la evidencia de la DEA; no se esforzó, pues, en resolver las deficiencias sembradas por la PGR.

La instrucción se cerró el 25 de febrero de 2019, la audiencia de vista fue el 17 de de junio de 2019 y la FGR no realizó ninguna acción adicional relacionada con los mensajes de Chicago.

Sorprende por otro lado que ese material proporcionado por la DEA no haya sido hasta ahora objeto de investigación o denuncia en México. Es imputable a la Fiscalía de Gertz Manero que no se haya abierto con esa evidencia fundamental una nueva  carpeta de investigación en contra de Gildardo López Astudillo, entre muchos otros.

Resulta políticamente cómodo acusar ahora al juez por no mantener tras las rejas a los presuntos secuestradores y asesinos. Pero quien lo hace olvida la división de poderes que existe también entre la procuración y la impartición de justicia.

El juzgador no puede suplir las deficiencias mayúsculas del Ministerio Público sin incurrir, de su lado, en una violación a los preceptos constitucionales.

Si al juez le presentaron una teoría de caso falsa, con evidencia fabricada, con testimonios obtenidos bajo tortura, ¿cómo sentenciar la culpabilidad de los imputados? Si al juez no le fue presentada debidamente evidencia tan importante como la aportada por la DEA, ¿sobre qué bases sólidas podía actuar?

Antes de apresurarse a echar basura contra el Poder Judicial, en el caso Ayotzinapa como en tantos otros, lo que debe revisarse es al aparato responsable de procurar justicia, es decir, a los responsables de la antigua Procuraduría y la actual Fiscalía General de la República.

Este análisis se publicó el 8 de septiembre de 2019 en la edición 2236 de la revista Proceso

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Jóvenes Saboteando el Futuro – Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Parecía tan promisorio, tan oportuno, tan necesario. Un programa para proveer de oportunidades a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Una iniciativa para atender a los ignorados y propulsarlos. Así nació “Jóvenes Construyendo el Futuro” y así fue aplaudido por quienes comprenden la deuda del Estado con quienes son el porvenir del país. Después de años de negligencia, animaba ver el esfuerzo y el entusiasmo y el liderazgo de Luisa María Alcalde y la Secretaría del Trabajo. Pero lamentablemente, los primeros cortes de caja no son promisorios ni generan motivos para celebrar. Uno de los proyectos emblemáticos del nuevo gobierno presenta serias fallas que deberían ser corregidas. No está construyendo; está engañando.

Las irregularidades son múltiples y los cuestionamientos también. Así lo exhibe el informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que a partir de los datos disponibles pregunta: “¿Cuántos son, dónde están, qué hacen?”. Y las respuestas evidencian lo que ocurre cuando un programa está mal diseñando y mal instrumentando; lo que pasa cuando las buenas intenciones no son acompañadas de las mejores prácticas en el ámbito de la política social. Para empezar, “Jóvenes Construyendo el Futuro” tiene un padrón inverosímil, poco creíble. Un padrón de becarios y Centros de Trabajo que creció a ritmo constante todos los días, sin importar fines de semana, días festivos o vacaciones, hasta que cerró. Un padrón en el que prácticamente se inscribió la misma proporción de hombres y mujeres, de niveles educativos y de edades. Y por ello, la información contenida ahí es estadísticamente improbable. Alguien está inventando.

Peor aún, es un padrón incompleto e inverificable. La base de datos publicada por la Secretaría del Trabajo sólo ofrece el nombre de los Centros de Trabajo –algunos se presentan con nombres propios como “María Cristina” o “Diputado Federal– sin Registro Federal de Causantes, razón social, dirección u otro tipo de información más allá del nombre genérico. Y la base de datos de los becarios no es pública; sólo se reporta un número inverificable de inscritos. No hay manera de saber si los Centros de Trabajo en realidad existen o si los beneficiarios del programa son jóvenes de carne y hueso o una invención burocrática. Cuando el estudio intentó revisar 82% de los casos en la Ciudad de México no fue posible encontrar información en más de la mitad de los casos. Del padrón reportado oficialmente de 6 mil 469 para la capital y de los 5 mil 439 revisados, sólo 413 Centros de Trabajo fueron empresas localizadas que ofrecieron información y tuvieron becarios. Los demás casos incluyen Centros de Trabajo sin ningún tipo de información o empresas no localizables o empresas que dijeron no estar en el programa o empresas que tuvieron becarios, pero ya no tienen. Evidentemente algo está mal; algo no funciona.

En los Centros de Trabajo que sí existen y proveyeron información se detectaron anomalías como la falta de pago o el despido de empleados y la sustitución con becarios o discordancias entre becarios registrados y becarios capacitándose o becarios utilizados para actividades que no aportan nuevas capacidades o becarios en actividades distintas a las que el Centro de Trabajo registró o becarios con un vínculo familiar directo con el Centro de Trabajo o la retención de parte de la “beca”. He ahí la evidencia de un programa subvertido, de un programa distorsionado, de un programa que está generando incentivos perversos en vez de resultados loables.

Lo ocurrido con “Jóvenes Construyendo el Futuro” muestra el peligro de hacer política pública con prisas, a las carreras, sin contemplar las consecuencias. Andrés Manuel López Obrador promete una transformación veloz, y la burocracia le cumple engañándolo, engañándose a sí misma, engañando a los contribuyentes que pagamos la ineficiencia. El gobierno está construyendo programas y padrones basados en información falsa; está diseminando logros que no lo son y no podrán serlo por problemas de diseño y verificación. Simplemente no es posible armar algo tan complejo en tan poco tiempo; no es posible desplegar algo tan complicado sin caer en la improvisación o la mala ejecución. Simplemente no se lograrán los efectos deseados con los instrumentos utilizados. En lugar de romper viejas inercias, “Jóvenes Construyendo el Futuro” está repitiendo viejas simulaciones. En vez de romper el círculo vicioso de los “ninis” para que puedan capacitarse e integrarse al mercado laboral, el programa incentiva la simulación y la tergiversación.

Aún es tiempo de corregir y ojalá Luisa Alcalde lo haga. Aún es tiempo de comenzar un diálogo circular con expertos en política social y con miembros de la sociedad civil que busque componer lo que se ha diseñado e instrumentado mal. No se trata de denostar a “Jóvenes Construyendo Futuro” sino de asegurar que sí funcione. La Secretaría del Bienestar debería abocarse a la autocorrección no sólo por honestidad política; también por responsabilidad fiduciaria. Según los últimos datos de la Secretaría de Hacienda, el programa opera con un subejercicio; ha gastado sólo 32% del presupuesto asignado. Al ritmo que va, concluirá el año con un subejercicio de 39%, y ese dinero podrá ser reasignado discrecionalmente por el Ejecutivo.

Hoy no sabemos si la beca le llegó a un joven real o si fue entregado al Centro de Trabajo “María Cristina”; mañana no podremos saber si el presidente canalizó los recursos subejercidos a su partido, en función de imperativos políticos. Si el programa no es replanteado, se volverá otro ejemplo de dinero público mal gastado, dinero público mal supervisado, dinero público arbitrariamente utilizado. Se convertirá en otro caso del “elefante reumático” al que se intentó echar a andar pero sin entrenamiento, sin reglas y sin supervisión. Y no será un programa que ayude a los jóvenes a construir el futuro. Acabará saboteándolo.  

Este análisis se publicó el 1 de septiembre de 2019 en la edición 2235 de la revista Proceso

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la esperanza, la confrontación – Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Admisiones, tímidas quizás, pero admisiones al fin: en su mensaje político con motivo de su primer informe constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en materia de seguridad no hay buenos resultados; también que la economía no ha crecido, aunque precisó que no hay recesión.

A nueve meses de asumir el cargo, esos dos reconocimientos, sencillos e inevitables dadas las cifras oficiales, parten de una realidad, también sencilla e inevitable, como lo es que las condiciones en que recibió la administración tenían esa tendencia que, en principio y en el corto plazo, resultan difíciles de revertir.

Si el mandatario suele referirse casi a diario al “período neoliberal” –a veces también como “neoporfirista”–, una ficción generalizadora con la que asocia la idea de una necesaria transformación histórica, la cuarta en una bicentenaria línea de tiempo, es porque discursiva y propagandísticamente le da una dimensión superior al  período constitucional para el que fue electo.

En dicha transformación suele colocar como eje discursivo la “erradicación de la corrupción”. Y eso significa, siempre en el discurso, “separar al poder político del poder económico” (cosa que ya logró, según el mensaje del 1 de septiembre), establecer “un verdadero Estado de Derecho” (que también dijo ya es realidad según el mensaje del 1 de septiembre) y procurar una “regeneración moral de la vida pública” que está en marcha.

Con la promesa de regeneración moral cierra la idea: si todos los males son producto del “período neoliberal”, impuesto por sus antecesores del PRI y del PAN, con sus asociados del sector empresarial que implementaron planes dictados desde el extranjero –y a quienes antes llamaba “mafia del poder”, “minoría rapaz”, “traficantes de influencias”–, ahora, eso se reduce a un sector, el de sus “adversarios”, “los conservadores”, que no quieren el cambio.

El otro sector legitima sus proyectos y es objeto de mención y aplauso: Carlos Slim, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, su consejo asesor empresarial integrado por magnates principalmente de medios de comunicación y todos, como lo han hecho desde el alemanismo por si o a través de sus sucesiones, participaron de la ceremonia por el informe de gobierno.

Así, la oposición moralmente en bancarrota, según el discurso presidencial que, si bien no identifica siempre a quién se refiere, obliga a pensar en Claudio X González, Germán Larrea, José Antonio Fernández Carvajal y lo que pueden construir a través de formaciones políticas como el PAN, el PRD (o Futuro 21), Movimiento Ciudadano (en la aglutinación de expriistas) o la vía independiente.

El discurso es claro en motivos y objetivos: se trata de reiterar que todos los males proceden del pasado (“toco madera para que no vuelvan”, ha dicho en variaciones el mandatario), que no puede resolverlos rápido pero que la “transformación”, esa que personalísimamente encarna, los resolverá (“no les voy a fallar”, viene diciendo desde julio de 2018).

Con eso, la confrontación tiene dos efectos: lo autoexculpa por las condiciones del país, e inhibe las oportunidades de recomposición para sus opositores. A partir de eso, mantiene la esperanza en el electorado que lo llevó a la Presidencia aun cuando sus resultados son malos en economía y seguridad, cuando la otrora mafia del poder ahora se limita a quienes no están de acuerdo con su propuesta y que, en su expresión política partidista –ciertamente reducida y con escasas expectativas—reciben el golpe cotidiano.

En parte tiene razón y el éxito de esos mensajes –que parcialmente explican su popularidad– es que son verificables: la herencia es mala y su solución compleja; la oposición formal es torpe y la informal encarnada en un sector del alto empresariado, tiene mucha cola que le pisen.

El discurso es audaz, pues encima de todo, aplaza la toma de responsabilidad sobre el período que a él le toca y, por lo tanto, la de la esperanza, es narrativa con caducidad por más que la reitere a lo largo del sexenio, porque mas allá del discurso y la propaganda, los resultados son los que importan.

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Presidencia de San Lázaro, ley e interpretación legal – Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La actual legislatura de la Cámara de Diputados se instaló y ha funcionado con la sencilla aplicación de la ley, con amplio criterio y sin normas de temporal, como antes se acostumbraba.

Sin embargo, ha surgido una discusión sobre la Mesa Directiva que habrá de elegirse para el segundo año.

El primer asunto es explicar por qué no se debía aplicar el año pasado el artículo 17.8 de la Ley Orgánica que señala que “en ningún caso la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo, en un diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de Coordinación Política”. Como se sabe, Morena ha ocupado hasta ahora las dos presidencias.

La respuesta es que, si se hubiera aplicado dicho precepto sin tomar en cuenta otros de la misma ley, Morena no hubiera podido nunca acceder a la presidencia de la Mesa Directiva, a pesar de tener más integrantes que cualquier otro grupo.

Para que Morena asumiera ambas presidencias se tuvo que hacer una interpretación legal que, obviamente, requería un acuerdo entre los grupos parlamentarios, aunque éste fuera verbal porque se trataba sólo de aplicar la ley y no de escribir otra.

Al principio el asunto fue complicado, pero Morena insistió en que tenía el mismo derecho que otros grupos a designar al presidente de la Mesa para uno de los tres años, sin que se lo pudiera impedir su situación de mayoría y, por tanto, ocupante de la presidencia de la Junta de Coordinación Política durante toda la legislatura.

Para proteger el derecho de Morena a asumir la presidencia de la Mesa durante un año, el acuerdo consistió en que se seguiría aplicando la Ley Orgánica en su artículo 17.7 que señala que, en el segundo y el tercer año de la legislatura, la presidencia recae en los dos grupos parlamentarios que no la hubieran ejercido antes, en orden decreciente de sus integrantes.

Entonces, para interpretar correctamente el artículo 17.8 a la luz de la composición de la Cámara, a pesar de la prohibición que contiene, debía respetarse, antes, el derecho de Morena para proponer al presidente de la Mesa y, al mismo tiempo, el derecho de otros dos grupos para ocupar la misma, según lo prescribe el artículo 17.7, el cual instituye la rotación en la presidencia de la Mesa Directiva.

De lo contrario, bajo la ley vigente en el momento de la instalación de la Cámara, el derecho de desempeñar la presidencia se hubiera hecho exclusivo de un solo grupo, Morena, negándoseles a otros dos grupos. Nadie en Morena planteó entonces semejante cosa, pues, además de mal hecho, no se hubiera logrado la mayoría de dos tercios para tener la primera presidencia de la Legislatura, la cual fue ocupada por Porfirio Muñoz Ledo, designado por el grupo de Morena. Por 496 votos a favor y 3 en contra se aprobó la propuesta en el entendido de que habría rotación en los dos siguientes años de la legislatura.

En el momento actual, lo que procede es volver a aplicar la ley, pues si su primera aplicación favoreció el derecho de Morena, se mantuvo incólume el de otros partidos. Lo que ahora debe hacerse es mantener el compromiso con esa misma interpretación de inicio de la legislatura en lugar de intentar, como se ha propuesto, una apresurada reforma de la Ley para cambiarlo todo. Así, la presidencia de la Mesa Directiva sigue siendo rotatoria.

Ahora bien. En San Lázaro el principal órgano de gobierno es la Junta de Coordinación Política, la cual propone al Pleno la integración de las comisiones, decide sobre el orden del día de las sesiones, hace los nombramientos más importantes a través de una instancia llamada Conferencia, presenta el anteproyecto de presupuesto, entre otras muchas facultades.

La Mesa Directiva, la cual opera también bajo la regla del voto ponderado (cada grupo posee tantos votos como número de integrantes) y su presidente carece de voto, tiene a su cargo la interpretación de normas relacionadas con sus propias actividades, incorpora dictámenes a discusión, determina formas para los debates, supervisa que los dictámenes cumplan con los requerimientos, impone sanciones, expide las convocatorias, entre algunas otras materias. Morena tiene mayoría por sí solo.

El presidente de la Mesa protege a las y los diputados y a los recintos, conduce las relaciones institucionales con otras instancias del Estado y el protocolo de la diplomacia parlamentaria. Preside la asamblea, pero también lo hacen en algún momento vicepresidentes que son de dos partidos diferentes al suyo. Tiene la “representación legal de la Cámara” y delega ésta a la instancia de asuntos jurídicos.

El artículo 22.4 de la Ley Orgánica es claro: el presidente de la Mesa Directiva responde ante el Pleno de la Cámara.

En los parlamentos del resto del mundo no existe rotación presidencial. El o la presidenta es designada para toda la legislatura. La votación es a mayoría absoluta, mas no siempre preside alguien del partido más grande y ni siquiera del mayoritario. Pero México no es un país normal. Hemos tenido el avasallamiento del partido del Estado, es decir, del Estado mismo. La alternancia panista nunca se propuso remontar el pasado y construir algo nuevo. La vieja cultura política nos ronda, pero no como un fantasma sino como una arraigada costumbre del poder. Es ahora cuando podemos levantar otro sistema político y otros métodos que sean democráticos. Estamos a prueba.

La rotación en la presidencia de la Mesa fue producto de un acuerdo en 1997, en el cual participó, entre otros muchos, Muñoz Ledo.

La rotación fue una respuesta a la cultura y práctica del “agandalle”. En realidad, hasta que las oposiciones hicieron conjuntamente mayoría en San Lázaro fue posible empezar penosamente a abrir las puertas de un funcionamiento plural, propio de la naturaleza de los parlamentos basados en el voto ciudadano.

Para cambiar el sistema de rotación de la presidencia de la Cámara, como para expedir toda una nueva ley orgánica, es preciso un consenso político, naturalmente inducido por una mayoría, como lo fue en 1997 y en la posterior reforma de la Ley Orgánica.

El punto, sin embargo, radica por el momento en que, luego de la formación de una mayoría parlamentaria que no existía propiamente como tal desde 1994 (en 2015 el PRI fue mayoritario con sus aliados), se acusa con actitud intrigante a la fuerza de relevo de buscar ser una nueva versión del priismo, es decir, del “agandalle” y el atropello o desconocimiento de los métodos pluralistas.

La 4T trae grabado el sello de la lucha contra el autoritarismo, la negación de derechos, la represión y la segregación política de críticos y opositores. Podría acelerarse la revisión ya acordada de la Ley Orgánica y el Reglamento, así como el restablecimiento del servicio parlamentario de carrera cancelado “gandallamente” por PAN y PRI, mas eso requiere el concurso de todos y el debate franco y abierto, pero no el simple dictado de la mayoría en un asunto que altera la convivencia entre adversarios en pugna permanente.

La Ley Orgánica del Congreso no es un ordenamiento cualquiera, pues norma la relación entre contrarios cuando no entre enemigos. Si se quiere la convivencia no violenta entre los diferentes que son, además, representantes del pueblo, no se pueden dictar normas como si se tratara del presupuesto de egresos o cualquier otra ley. Las de carácter interno requieren un tratamiento especialmente pluralista porque son reglas de la casa común.

Morena debe hacer un esfuerzo para no caer en métodos que sus dirigentes e integrantes combatieron siempre. La mayoría es la principal responsable del cumplimiento de los acuerdos porque éstos dependen de ella. Respetar lo acordado forma parte de la moral del poder.

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Oposición sin rumbo – Proceso

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CIUDAD DE MÉXICO (apro). – A punto de llegar a su primer informe de gobierno, la fuerza política individual de Andrés Manuel López Obrador supera al sistema de partidos. El mandatario tiene una alta popularidad y, no obstante, la inmovilidad y las malas cuentas que entrega en diferentes rubros de la administración, sus opositores son prácticamente invisibles.

Hay crisis en las principales fuerzas políticas del país y el fenómeno se relaciona necesariamente con la presencia política de López Obrador, que supera a la institucionalidad partidaria inclusive en Morena, la formación que fundó como trampolín electoral.

En las semanas recientes, los partidos con mayor presencia electoral, o bien, aquellos que hasta hace poco la tuvieron, padecen complicaciones internas, extravíos de la ruta a seguir tras sus respectivas (y estrepitosas) derrotas de 2018.

La única excepción es Movimiento Ciudadano, partido que agrupa a miembros de otras formaciones, principalmente expriistas, donde hasta ahora se le ha respetado el cacicazgo a Dante Delgado.

El caso más reciente es del PRD, con su anuncio de cesión de registro y posterior retractación: el pasado fin de semana anunció que se extinguía como tal para dar paso a una corriente aglutinadora de participaciones ciudadanas que pretenden llamar Futuro 21.

La oferta es risible: dominados por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, “Los Chuchos”, conocidos por su colaboracionismo y entrega al peñanietismo, dicho partido convoca a personalidades de pésima fama como el patiño de 2012, Gabriel Quadri, a encabezar un movimiento en el que nunca se han planteado la autocrítica, la corrupción como conducta persistente en su cúpula y los liderazgos proclives a la negociación oscura, como origen de su debilitamiento.

Tercera fuerza electoral, el PRI eligió dirigente en la intrascendencia y con las renuncias de dos miembros destacados, José Narro Robles e Ivonne Ortega Pacheco, quienes cada uno por su lado denunciaron fraude y manipulación en la elección del pasado 18 de agosto, fecha desde la cual Alejandro Moreno Cárdenas, el nuevo dirigente, selló su irrelevancia en el desatino de los espectaculares “Regresaremos”, que motivaron la burla generalizada.

La segunda fuerza, el PAN, es desplazada por el activismo empresarial, señaladamente de la Coparmex, que lo vuelve una nada en el debate público. Como en los otros dos casos, con su desprestigio a cuestas, el PAN sigue acumulando inconformidades en sus filas por la conducta de una cúpula inescrupulosa.

Lo más sorprendente es el cauce que toma la debilidad de Morena que se expresa en las pugnas facciosas y estridentes, estalladas en la ruta en torno a la renovación de dirigencia y que hizo crisis durante el cambio de la mesa directiva en el Senado, dejando muchas heridas abiertas.

Asistimos, pues, a un problema grave en la situación de los partidos que, en el caso de los que son oposición, han patentado su incapacidad para reformular sus ofertas, nombres, y objetivos, así como de aprovechar el desastre partidista del morenismo que, siendo fuerza en el poder, tiene disputas en las que los dichos y tonos hacen inviables las reconciliaciones para su consolidación como opción electoral más allá de López Obrador.

La gravedad de la situación radica en que, en un modelo democrático, las diferentes opciones, supuestamente, construyen los cambios.

Y por lo pronto, sus crisis dejan libre el camino a una visión única que domina el debate público a golpe de mañaneras y tuitazos. Es la voz presidencial tan poderosa que, al llegar su primer informe, carece de contrapesos y hasta se da la oportunidad de burlarse de sus opositores y –sardónica– recomendarles estrategias para su reagrupamiento.

En tanto, a muy pocos parece importarles hoy el pluralismo democrático.

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Otra ley del mundo feliz

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace unos días se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la que junto con las de índole penal antigarantista, del Garrote, Bonilla y Educación por venir, forman las normas de un mundo feliz, que recuerda el de Huxley con los épsilon en mayoría controlada, el de Shakespeare en la Tempestad: “How beauteous mankind is! O brave new world”.

Esa ley reglamenta el artículo 22 de la Constitución Federal en lo referente a la materia de extinción de dominio. Tal artículo 22 dice que queda prohibida la confiscación de bienes, entre otras cosas, pero que no se considerará confiscación la aplicación de bienes a favor del Estado cuyo dominio se declare extinto por sentencia. No obstante reglamentar una parte de un artículo constitucional, hay bases para sostener que dicha ley de extinción de dominio, paradójicamente resulta en varios aspectos, contraria a la Constitución.

I

La institución jurídica de la extinción de dominio de bienes es caracterizada por tal ley reglamentaria, como decomiso de bienes; consiste en la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular, bienes que sean instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos tales como: delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, trata de personas, corrupción, encubrimiento, extorsión, delitos de servidores públicos, recursos de procedencia ilícita y  robo de vehículos.

Debe ser declarada la extinción de dominio conforme a lo establecido en la citada ley, por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los bienes.

Imaginemos el caso de una persona que dé en comodato un bien a otra, o el de un arrendador que rente un bien inmueble a un tercero, y que en dicho inmueble se lleven a cabo presuntos hechos ilícitos de índole penal, como los señalados en la ley aquí comentada, entonces dicho inmueble podrá ser objeto de la acción de extinción de dominio, afectando al arrendador de buena fe que no tiene nada que ver con el presunto ilícito, que además está aún pendiente de ser acreditado en el procedimiento penal respectivo.

Señala la citada ley, que la extinción de dominio es un procedimiento eminentemente civil, pero en realidad tiene estrechas vinculaciones con la vertiente penal, en virtud de que el procedimiento parte de hechos ilícitos de carácter penal, y es iniciado por el Ministerio Público.

Uno de los elementos de la acción de extinción de dominio es la existencia de hechos ilícitos; es decir, para que proceda la acción según la ley, debe estar acreditada la existencia de los mismos por sentencia que determine la responsabilidad penal de quien perpetró el hecho ilícito. Sin embargo, en otra parte de la misma ley, se dice otra cosa, como veremos más adelante.

Los otros elementos de tal acción son: la existencia de un bien de origen o fin ilícito, el nexo causal entre la existencia del hecho ilícito y la del bien, y el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular, acerca del destino del bien y su vinculación al hecho ilícito, o acerca de que dicho bien sea producto del ilícito.

Este elemento de conocimiento “que deba haber tenido” es muy relevante, junto con la obligación de acreditar la legítima procedencia del bien, pues ambos trastocan uno de los pilares del derecho civil consagrado en el artículo 798 del Código Civil Federal, que a la letra dice: “la posesión da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales”.

De ahora en adelante esa presunción de licitud queda desterrada. Y así cada titular de un bien mueble por ejemplo, debe asumir el papel de investigador de la licitud del origen del mismo en una cadena sin término, lo cual es una aberración por no corresponder tal función al ciudadano libre. Se genera un ambiente generalizado de sospecha que vulnera el ambiente de libertad que debe prevalecer en una sociedad democrática.

II

El artículo 14 de tal ley reglamentaria, es uno de los más criticables. Establece que la acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional, siempre y cuando existan fundamentos sólidos y razonables que permitan inferir la existencia de bienes cuyo origen o destino se enmarca en las circunstancias previstas en la ley de extinción de dominio.

Ese artículo 14 antes mencionado, contradice lo establecido en el artículo 9,i) de la misma ley, al señalar la necesidad de que exista el hecho ilícito, y para que exista es necesario por lógica elemental, que el juez penal así lo haya determinado, declarando en sentencia: que la conducta respectiva encuadra en la descripción del delito, que es antijurídica, y que el sujeto es culpable.

Pero lo más grave es que dicho artículo 14, viola el artículo 22 de la Constitución al que supuestamente reglamenta, pues éste, reformado en marzo del año en curso, no establece que la acción de extinción de dominio pueda ejercitarse aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal respectiva.

Antes de la reforma de marzo al citado numeral 22 constitucional, sí se establecía la posibilidad de ejercitarla, aun cuando no se hubiera determinado dicha responsabilidad penal, en contradicción, no obstante, con otro artículo de la Constitución, el 20, que consagra la presunción de inocencia.

Pero tal posibilidad se eliminó por fortuna, insisto, en la reforma de marzo de 2019. En consecuencia, debe interpretarse que el artículo 22 constitucional reformado, permite el ejercicio de la acción de extinción de dominio hasta en tanto esté determinada tal responsabilidad, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia. Por ello, hay bases sólidas para afirmar que dicha ley de extinción de dominio, es inconstitucional al violarse la presunción de inocencia.

El artículo 15 de la ley comentada, establece que la buena fe se presume en la adquisición y destino de los bienes (conforme al principio de derecho civil consagrado en el artículo 798 del Código Civil federal antes citado), pero a continuación el mismo artículo señala que la parte demandada, titular del bien o la afectada, deben acreditar a través de un sinnúmero de elementos, la procedencia y destino lícitos del bien. Ello equivale a que dicha presunción de buena fe sea en realidad, letra muerta. En consecuencia, el contenido de este artículo es contradictorio y, por ende, absurdo.

Por otro lado, el artículo 16 de la ley, último párrafo, premia la delación de informantes que colaboren con el Ministerio Público durante la etapa de preparación de la acción de extinción de dominio. Esto es algo grave y se puede prestar a abusos en perjuicio de terceros de buena fe, propietarios de bienes. La delación no es propia de regímenes democráticos.

III

El artículo 35 de la citada ley, establece la abolición de las “antiguas fórmulas” de las sentencias. Ahora bastará, dada la manera en que está redactado, con fundarlas en artículos de las leyes, pero sin necesidad de que haya en los resolutivos, congruencia entre fundamentación y motivación. Y esa congruencia es clave en una sentencia que pretenda ser racional. Por esta razón, se vulnera el espíritu del artículo 16 de la Carta Magna.

Finalmente cabe decir, que los artículos 227 a 230, autorizan en ciertos casos -como por ejemplo, cuando su administración cause perjuicio al erario-, la venta y disposición anticipada de los bienes sujetos al procedimiento de extinción de dominio, ¡sin que haya todavía sentencia de extinción de dominio del bien! Esta disposición por obvias razones, se presta a múltiples abusos. Hay bases para sostener que estos artículos son inconstitucionales por violarse el mencionado artículo 22 que no prevé tal autorización, el 27 constitucional que consagra el derecho de propiedad, y el 14 y 16 por razones de legalidad.

En conclusión, el contenido de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada el 9 de agosto pasado, en partes muy relevantes, es contrario a principios y normas constitucionales y legales de rancia tradición, afectando derechos humanos básicos de los ciudadanos. Es de esperarse que se corrijan esos vicios de la ley para bien de la nación y su derecho. Ojalá que el maestro Elisur Arteaga Nava, constitucionalista de prestigio que escribe para Proceso, se sirva ahondar en estos temas jurídicos y de mundos felices.

Dedico este artículo a mis jóvenes y talentosos alumnos universitarios que cursan el primer semestre de derecho, y a los que doy la clase de “Sociedad, Derecho y Estado”, a la luz de lo escrito por Paolo Grossi, brillante jurista.

 

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Terrorismo contra mexicanos – Proceso

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El ataque masivo en una tienda de El Paso, Texas, ejecutado por un supremacista blanco –quien pocos minutos antes de cometerlo subió un manifiesto en redes sociales en el cual señalaba que era una respuesta a “la invasión hispánica de Texas”– ha sacudido a la opinión pública mundial. Esas palabras coinciden con la idea, promovida por el presidente Donald Trump, de una invasión desde la frontera sur de los Estados Unidos integrada por migrantes que llegan a violar, quitar empleos y destruir la identidad de los Estados Unidos. La tragedia de El Paso hace evidente la dimensión del daño que puede producir el discurso de odio que emana directamente de la Casa Blanca. Para el gobierno de López Obrador reaccionar ante lo ocurrido es un reto mayor para su política exterior.

Llevar a cabo una matanza en una ciudad en la que 80% de la población son hispanos, en su mayoría mexicanos, y en una tienda que en esos momentos estaba abarrotada de habitantes de la vecina Ciudad Juárez, hace de ese evento uno de los actos raciales más dolorosos en la historia contemporánea de los Estados Unidos dirigido específicamente hacia mexicanos.

El ataque en El Paso expresa bien la mezcla de racismo, nacionalismo enfermizo y animadversión hacia la migración proveniente del sur de Estados Unidos que ha transformado la migración en un elemento que, según grupos supremacistas, atenta contra los valores de Estados Unidos.  No es la primera vez que sentimientos antimexicanos afloran. Numerosos ejemplos pueden darse de situaciones en que los migrantes mexicanos han sido víctimas de discriminaciones, injusticias y humillaciones.

Sin embargo, en los últimos años varios elementos se han combinado para convertir esos sentimientos en algo más complejo, peligroso y difícil de combatir. El nacionalismo supremacista blanco ha crecido notoriamente en los últimos años, inspirándose en experiencias que ocurren en diversos países, transmitidas por los nuevos medios de comunicación. Notorio que el asesino de El Paso haya expresado su admiración por los ataques contra templos islámicos en Nueva Zelandia.

Los crímenes de odio dirigidos hacia diversos grupos minoritarios han encontrado un fuerte apoyo en el discurso del presidente Trump. Su fuerte acento antimigrante mantiene toda su vitalidad, a pesar de declaraciones coyunturales que puede hacer con motivo de los acontecimientos de El Paso y Dayton, Ohio. Por ejemplo, en fechas muy recientes, durante un mitin en Florida, Trump preguntó a los asistentes cómo contener la “invasión” de migrantes por la frontera sur. Mátalos, se oyó decir; semejante propuesta provocó el regocijo de los participantes confirmando el ánimo que domina en los eventos convocados por el actual presidente de Estados Unidos.

Hay suficientes motivos para creer que durante la campaña electoral que ya está en marcha el terrorismo nacionalista blanco provocará nuevas matanzas. Se trata de un fenómeno que evoluciona rápidamente y que algunos analistas comparan con la fuerza de atracción ideológica que ejerce el islamismo radical y con los efectos destructivos que éste produce. Las acciones inspiradas en el discurso de odio contra migrantes y, en general grupos étnicos o religiosos distintos a la América blanca, son actualmente una de las formas más peligrosas de terrorismo.

La situación anterior presenta enormes retos a la política exterior del gobierno de López Obrador, en particular a la forma en que se conduce la relación con el presidente Trump. Son bien conocidas las aspiraciones de AMLO para los primeros años de su gobierno. Un ambicioso proyecto de transformación interna le obliga, según su punto de vista, a concentrar esfuerzos en los problemas internos, dejando en muy segundo término la política exterior.

Salir al extranjero, dedicar esfuerzos a disminuir la vulnerabilidad frente a Estados Unidos, encontrar aliados o legitimarse en el ámbito internacional son consideradas tareas inútiles. Mantener en tono menor los problemas con el exterior y asegurar buena relación con Trump ha sido un objetivo prioritario.

Como en otros ámbitos del gobierno de López Obrador, la realidad no ha correspondido a sus expectativas. Las presiones provenientes del vecino del norte han sido mucho menos amables y generosas de lo esperado. Baste citar la amenaza de aplicar aranceles progresivos a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos si no se cumplen las demandas en materia de migración. Una de las acciones más agresivas de las que se tenga memoria en el comercio internacional.

Sin embargo, la narrativa de conciliación con Trump que defiende AMLO no ha cambiado. Es evidente en la entrevista concedida a Bloomberg para evitar pronunciarse sobre los contratiempos que enfrenta la relación con Estados Unidos. Ahora bien, la matanza en El Paso ha hecho imposible mantener esa línea. La tarea de encontrar otra narrativa y fijar nuevas posiciones hacia Estados Unidos era urgente. Ha sido asignada al canciller Marcelo Ebrard.

Las primeras declaraciones de Ebrard con relación a los problemas de El Paso –un acto de barbarie inaceptable–, así como su traslado inmediato a esa ciudad, han tenido buen efecto mediático. Menos atractivas han sido sus propuestas de pedir la extradición del asesino a México para ser juzgado por terrorismo (imposible ignorar las debilidades de nuestro sistema de justicia) o la intención de tomar acciones legales contra la armería que vendió el arma utilizada en la matanza, proceso muy largo de resultados muy inciertos.

La tragedia de El Paso puede ser el punto de partida hacia una política exterior con miras de largo plazo que proporcionen a México la oportunidad de adquirir un papel relevante en temas pertinentes para los momentos que se viven interna y externamente. Dos propuestas vienen a la mente: la primera es insistir en el tema del control sobre el tráfico de armas a México. No se trata de inmiscuirse en un problema tan divisivo al interior de los Estados Unidos como es lo relacionado con la segunda enmienda constitucional o la Asociación Nacional del Rifle. Se trata de insistir en intercambiar información, tener bases de datos que permitan trazar el camino de las armas con las cuales se comete el mayor número de crímenes en México. Sería un primer paso hacia la cooperación, a través de un grupo binacional, para enfrentar un problema muy serio para la seguridad nacional del país.

Una segunda propuesta tiene que ver con convertirse en promotores, a nivel internacional, de la lucha contra el terrorismo supremacista blanco. Condenar el discurso de odio, promover su firme rechazo, poner en la agenda de los organismos internacionales el terrorismo contra migrantes para que se persiga al igual que se hace con el terrorismo islámico. Una resolución en la Asamblea General de la ONU encabezada con toda legitimidad por México podría obtener un primer éxito. El terrorismo contra mexicanos es un asunto que merece la más alta atención de la política exterior de México.

Este análisis se publicó el 11 de agosto de 2019 en la edición 2232 de la revista Proceso.

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AMLO autonomofóbico – Proceso

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Esa noche del 2 de julio del año 2000, en la explanada del Instituto Federal Electoral gritamos, lloramos, nos abrazamos. Repetíamos sin cesar: “logramos sacar al PRI de Los Pinos”. “Logramos una transición votada”. Eran momentos de algarabía, de triunfo compartido. Y no porque hubiera ganado Vicente Fox o el Partido Acción Nacional; eso era secundario y muchos habíamos contribuido a ese desenlace vía el voto útil de la izquierda sólo con el objetivo­ de acabar con el sistema de partido hegemónico. Celebrábamos la alternancia electoral, el fin del predominio priista, el destierro de la mancuerna partido-gobierno que había obstaculizado el arribo de la democracia electoral durante décadas. Ese momento marcó un hito histórico. Representó la culminación de una larga lucha para promover la competencia y nivelar el terreno de juego entre el PRI y la oposición. Habíamos logrado lo que Mauricio Merino llama “la transición votada” y lo hicimos impulsando la independencia del Instituto Federal Electoral. Llegamos a ese lugar porque creímos en el imperativo de la autonomía. La autonomía del IFE para que el gobierno no fuera juez y parte; para que no organizara, participara y después validara las elecciones.

Fueron tiempos de activismo y marchas y movilizaciones y negociaciones para ciudadanizar al órgano electoral, para sacar de ahí al secretario de Gobernación, para elegir consejeros independientes. Fueron lustros de reformas electorales imprescindibles, como la de 1994 y 1996, cuya intención fue hacer posible que la oposición contendiera en condiciones de equidad. Fueron años de construir un andamiaje legal e institucional que propulsó al PRD a ganar la Ciudad de México en 1997, y muchas posiciones de poder a partir de entonces. México se convirtió en una democracia electoral que la izquierda aprovechó para crecer y prosperar. Tan es así que en 2019 conquistó la Presidencia.

También fueron surgiendo otros órganos autónomos basados en la misma lógica: había que crear contrapesos al poder que se había ejercido de manera arbitraria. Había que proveer fuentes independientes de datos y métodos autónomos de evaluación. Había que diseñar organismos regulatorios capaces de encarar el capitalismo de cuates y contener sus peores excesos. Había que construir entidades capaces de vigilar las políticas públicas y asegurar su buena instrumentación. Autonomía ante la arbitrariedad; autonomía ante la opacidad; autonomía ante la discrecionalidad.

Y de ahí el surgimiento de la CNDH, el Banco de México autónomo, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Comisión Regulatoria de Energía, el Coneval, el INAI. Un andamiaje con objetivos específicos pero también un sentido general: contener, auscultar, regular, evaluar, transparentar, medir y democratizar al gobierno. Impedir que resurgiera lo peor del presidencialismo priista; impedir que un solo partido gobernara como quisiera y tras bambalinas; impedir el regreso al lugar de donde veníamos. La Presidencia imperial, el uso de programas de combate a la pobreza como instrumento electoral, el sometimiento de la educación pública al control sindical, la cuatitud como condición para ganar contratos y mantener monopolios en sectores clave de la economía, el manejo de la política monetaria desde Presidencia, con los resultados catastróficos que tuvo.

Detrás de cada órgano autónomo creado en los últimos 30 años hay una historia, una lógica y una razón de ser. Detrás de cada institución se buscaba crear un muro de contención. Y cada una tiene vicios y virtudes, triunfos y fracasos, aciertos y errores. Cada una –en diferentes momentos y por distintas razones– se vio afectada por la politización o la partidización o la intromisión gubernamental o la captura corporativa o la lógica de cuotas y cuates. Cada una también contribuyó al avance de Morena en los últimos tiempos.

AMLO utilizó información provista por el INAI para exhibir la corrupción peñanietista. AMLO se valió de las recomendaciones de la CNDH para denunciar la violación sistemática de derechos en Tanhuato y Tlatlaya y Apatzingán y Nochixtlán.­ AMLO usó evaluaciones hechas por el Coneval para criticar la política social de administraciones anteriores. AMLO no sería presidente si desde los noventa no hubiéramos peleado para tener elecciones competitivas y confiables, y eso se logró a través del Instituto Federal Electoral, ahora INE, con todo y sus múltiples defectos. Promotores de la 4T pueden montar hashtags y trending topics en Twitter­ desde sus teléfonos celulares porque la reforma en telecomunicaciones produjo regulación y competencia fomentadas por el Ifetel y la Cofece, lo que se tradujo en tarifas accesibles para los consumidores.

Por eso resulta una paradoja perversa que ahora López Obrador despliegue una “autonomofobia” cuya intención es desaparecer, debilitar o estrangular a instituciones que lo llevaron a Palacio Nacional, en vez de componerlas. Sin duda los organismos autónomos son mejorables, reformables, corregibles. Fortalecerlos sería lo deseable, lo democrático. No la promoción de iniciativas legislativas que buscan subsumirlos dentro de la estructura gubernamental. No la justificación de su destrucción en aras de un “cambio de régimen” que sólo entrañaría regresar a lo que tanto trabajo costó desterrar, ignorando la historia y sus lecciones. Todo el poder en manos de un presidente y un solo partido. Todas las decisiones tomadas de manera discrecional y sin auscultación independiente. Toda la culpa colocada en las entidades autónomas y no en los partidos o los presidentes o los gobiernos que torcieron su mandato e ignoraron sus recomendaciones. Acabar con las autonomías no sería un acto de transformación democrática, sino un acto de regresión autoritaria. No reflejaría a un movimiento que busca mejorar al país, sino controlarlo personal y palaciegamente.

Este análisis se publicó el 4 de agosto de 2019 en la edición 2231 de la revista Proceso





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