Los errores en el expediente de Ayotzinapa – Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El estado de la investigación sobre el caso Ayotzinapa es desastroso. Omar Gómez Trejo, recién nombrado fiscal especial para investigar la desaparición de los normalistas, encontró un expediente que se pudre en un pantano de mentiras.

¿Cómo producir verdad jurídica cuando se dinamitó buena parte de la evidencia indispensable? Se trata de la peor pesadilla: la autoridad contaba con indicios suficientes para llevar ante la justicia a los principales responsables de la tragedia de Iguala y por razones injustificables se esmeró en destruirlos.

El primer error cometido, desde la gestión de Jesús Murillo Karam, fue exponer una teoría del caso que no tenía asideros. La historia fantástica de la quemazón de los estudiantes en el basurero de Cocula, así como el desecho de las cenizas en el río San Juan, distrajeron la investigación o, peor aún, obstruyeron la consecución de la justicia.

El segundo error fue capturar a los presuntos responsables mintiendo en modo, tiempo y circunstancia. Entre otras barbaridades se sembraron armas, se dijeron falsedades con respecto a las detenciones, se incomunicó y se privó de garantías.

El tercer error fue torturar a estos sujetos con el propósito deliberado de que sus testimonios coincidieran con una teoría del caso equivocada. Existe documental médica sobre las agresiones físicas que recibieron Sidronio Casarrubias, Gildardo López Astudillo, César Nava, Francisco Valladares y muchos otros.

Al proceder de esta manera, los subordinados de Murillo y Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dinamitaron la veracidad de las confesiones y los señalamientos cruzados entre los integrantes de la banda Guerreros Unidos.

El cuarto error fue desatender cualquier otra pista que no coincidiera con la teoría del caso –la falsísima verdad histórica que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a conocer con demasiada prisa.

Se descartaron, por ejemplo, testimonios y evidencia de telefonía que apuntó, muy temprano en la investigación, en dirección a Mezcala y Huitzuco de los Figueroa, sitios donde posiblemente fueron conducidas las víctimas.

También se desatendió la versión que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) proporcionó a propósito del secuestro equivocado, por parte de los normalistas, de autobuses utilizados por los Guerreros Unidos para el trasiego de heroína.

En cambio, con una terquedad inaudita se insistió, desde el más alto nivel, que la banda criminal atentó contra los estudiantes porque supuestamente habían sido enviados, por intereses inconfesables, a reventar un acto de María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Los expedientes judiciales de las personas indiciadas por el caso Ayotzinapa fueron construidos a partir de hipótesis falsas, acusaciones insostenibles, pruebas viciadas y conclusiones sin pies ni cabeza.

Tomás Zerón detuvo a los cabecillas de la organización Guerreros Unidos y luego forzó la maquinaria de la procuraduría para hacer que el rompecabezas de la realidad fuera coincidente con el que tenía en su torcido cerebro.

Es por esta serie larga de errores que están siendo liberados los presuntos responsables de la desaparición y eventual asesinato de los normalistas.

El Poder Judicial tiene ya tiempo advirtiendo sobre el desaseo mayúsculo de esta investigación. La liberación de Gildardo López Astudillo no es el primer aviso que los tribunales entregan sobre una investigación de porquería.

Antes, un tribunal en Tamaulipas ordenó a la PGR que repusiera la investigación e incluso, producto de la desconfianza, propuso que organismos internacionales tomaran cartas en el asunto.

El año pasado otro juez sancionó las irregularidades en la detención de Sidronio Casarrubias, presunto líder de los Guerreros Unidos en el estado de Guerrero, ya que la autoridad mintió sobre el día en que esta ocurrió, y también porque no hubo manera de probar que el presunto culpable portara armas de uso exclusivo del Ejército.

En el caso de Gildardo López Astudillo, supuesto jefe de la plaza de Iguala perteneciente a esa misma organización criminal, los jueces tuvieron que desestimar la acusación de crimen organizado, ya que las únicas pruebas presentadas por la Procuraduría fueron testimonios propios y ajenos obtenidos bajo tortura.

Sorprende en este mismo caso que el Ministerio Público no haya utilizado con contundencia el valioso material obtenido gracias al espionaje realizado por la DEA a los jefes de Casarrubias y López Astudillo en la ciudad de Chicago.

La PGR obtuvo esa evidencia desde finales del 2017 y no la presentó en la causa penal contra López Astudillo por delincuencia organizada (123/2014 del Juzgado Primero de Distrito en Tamaulipas).

En esas grabaciones se evidencia que este sujeto no sólo era el jefe de la plaza de Iguala sino parte de una red trasnacional de tráfico de droga más amplia. Por esta omisión López Astudillo recibió auto de libertad frente a las acusaciones de crimen organizado.

Luego, una vez que el plazo se había agotado, la PGR presentó la evidencia aportada por la DEA en la otra causa penal por secuestro, enderezada contra López Astudillo (66/2015).

Pero el Ministerio Público lo hizo sin acompañar tal evidencia con un razonamiento que le permitiera al juez ponderar su relevancia. Destacadamente la PGR omitió ofrecer argumentos que sirvieran para identificar a los participantes en las conversaciones. Es por ello que el juez no pudo otorgarle valor a esa probanza fundamental.

A pesar de la relevancia que para la nueva administración tendría el caso Ayotzinapa, la FGR –cuyo titular es Alejandro Gertz Manero– no promovió ninguna otra acción a propósito de la evidencia de la DEA; no se esforzó, pues, en resolver las deficiencias sembradas por la PGR.

La instrucción se cerró el 25 de febrero de 2019, la audiencia de vista fue el 17 de de junio de 2019 y la FGR no realizó ninguna acción adicional relacionada con los mensajes de Chicago.

Sorprende por otro lado que ese material proporcionado por la DEA no haya sido hasta ahora objeto de investigación o denuncia en México. Es imputable a la Fiscalía de Gertz Manero que no se haya abierto con esa evidencia fundamental una nueva  carpeta de investigación en contra de Gildardo López Astudillo, entre muchos otros.

Resulta políticamente cómodo acusar ahora al juez por no mantener tras las rejas a los presuntos secuestradores y asesinos. Pero quien lo hace olvida la división de poderes que existe también entre la procuración y la impartición de justicia.

El juzgador no puede suplir las deficiencias mayúsculas del Ministerio Público sin incurrir, de su lado, en una violación a los preceptos constitucionales.

Si al juez le presentaron una teoría de caso falsa, con evidencia fabricada, con testimonios obtenidos bajo tortura, ¿cómo sentenciar la culpabilidad de los imputados? Si al juez no le fue presentada debidamente evidencia tan importante como la aportada por la DEA, ¿sobre qué bases sólidas podía actuar?

Antes de apresurarse a echar basura contra el Poder Judicial, en el caso Ayotzinapa como en tantos otros, lo que debe revisarse es al aparato responsable de procurar justicia, es decir, a los responsables de la antigua Procuraduría y la actual Fiscalía General de la República.

Este análisis se publicó el 8 de septiembre de 2019 en la edición 2236 de la revista Proceso

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Gobierno denunciará a Juez por liberar a implicado en caso Ayotzinapa

alejandro encinas conferencia - Gobierno denunciará a Juez por liberar a implicado en caso Ayotzinapa


AFMEDIOS / CITLALLY VERGARA

alejandro encinas conferencia 696x463 - Gobierno denunciará a Juez por liberar a implicado en caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- El pasado viernes 30 de agosto, Samuel Ventura Ramos, Juez Primero de Distrito en Procesos Federales, ubicado en Tamaulipas, dictó sentencia absolutoria, otorgándole la libertad a Gildardo López Astudillo, implicado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Por este motivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a funcionarios y jueces para deslindar responsabilidades sobre el caso Iguala.

“En lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá al silencio y la impunidad en la comisión de este delito”, sentenció Alejando Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

El subsecretario, detalló que el juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, y desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo.

Se circunscribió analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y el juez consideró que se había aplicado el delito de tortura en contra del implicado, a pesar de que la Procuraduría General de la República realizó el examen médico psicológico reconocido como Protocolo de Estambul.

El subsecretario resaltó que con este antecedente de liberación, se podría dejar en libertad a 50 personas más que continúan su proceso. Por otro lado, recordó que de las 142 personas detenidas, 53 ya fueron liberadas.

“Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada.”

El funcionario destacó que la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, continuará con las investigaciones y diligencias en proceso, pero resaltó que la autoridad judicial y la Fiscalía General de la República deberían hacer su trabajo y no permitir la impunidad en estos hechos.

Hizo un llamado a la FGR para reencausar la investigación, subsanar las omisiones y permitir una investigación diligente para deslindar las responsabilidades cometidas por parte de autoridades o civiles en esta desaparición de estudiantes normalistas.

“La actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos.”

Derechos Reservados AFmedios



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El Informe destaca búsqueda de desaparecidos, liberación de presos políticos y alertas de violencia de género – Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Acciones en torno a la búsqueda de desaparecidos, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa, la liberación de presos políticos, así como consultas a pueblos indígenas y sobre la violencia de género, son algunos de los temas que aborda el Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de derechos humanos.

En la sección titulada “Libertad e Igualdad”, correspondiente al primer capítulo de “Política y Gobierno”, el documento entregado hoy al Congreso de la Unión reconoce “la grave crisis de derechos humanos que vive el país” y que el compromiso de López Obrador ante la situación heredada es “hacer frente a las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas”.

El documento sostiene que en los primeros nueve meses de gobierno “se ha caminado de la mano con víctimas y la sociedad civil, así como con organismos internacionales”.

En el caso específico de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el informe presidencial se refiere a él como “simbólico por la magnitud de sus agravios”, por la forma en que operaron perpetradores y por “la obstrucción a la verdad y justicia por parte del gobierno anterior”.

Se enlistan las acciones llevadas a cabo para cumplir con el compromiso de esclarecimiento, como lo fue el decreto presidencial del 4 de diciembre de 2018 para la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, a través del cual se giran instrucciones al gabinete para que colaboren en “establecer las condiciones materiales, jurídicas y humanas necesarias con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho de los familiares de las víctimas” para conocer la verdad y se haga justicia.

Al describir su conformación con representantes de funcionarios de dependencias gubernamentales, los padres y madres de familias, sus representantes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), entre otros, el documento destaca que el organismo “ha impulsado las acciones necesarias para que la Fiscalía General de la República (FGR) reconduzca las investigaciones en campo”, aunado a que “ha dado atención integral a los sobrevivientes y a los familiares de los desaparecidos”.

Como avances en el seguimiento del caso, se hace referencia a los acuerdos con la CIDH y con la alta comisionada Michelle Bachelet, para que brinden asistencia técnica, así como la reuniones de trabajo sostenidas con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y quien en su momento era el procurador de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera.

Como avances en el seguimiento de expedientes, se resalta la unificación de los expedientes para que sean analizados por una sólo área, la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la oficina del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se considera que “las acciones realizadas para llegar a la verdad del caso Ayotzinapa e impulsar la justicia son fundamentales para sanar heridas individuales y colectivas, así como garantizar la no repetición”.

En cuando a otros casos, se advierte que la prevalencia de estos casos se derivan de “los efectos negativos de las estrategias fallidas del combate al crimen organizado, cuyos resultados impactaron en la atomización de los cárteles del narcotráfico provocando confrontación local y la proliferación de prácticas de violencia, principalmente la desaparición de personas”.

Tras el somero balance, se indica que “es prioridad del presidente de la República hacer frente a este fenómeno sistemático y a la grave crisis de búsqueda e identificación forense”, por lo que el 24 de marzo se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tiene como Secretaría Ejecutiva la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

De acuerdo con el informe, al 30 de junio, se crearon 24 comisiones locales de búsqueda, 18 de ellas ya con titular nombrado, en tanto que de los 210 millones de pesos autorizados para ser canalizados a las comisiones locales, se habían ejercido 90.5 millones para las comisiones de Coahuila, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Se anuncia que la CNB trabaja en la creación de un sistema electrónico para el registro de personas desaparecidas, así como, en conjunto con la FGR, en un diagnóstico de las capacidades médico-forenses federales y estatales, para “hacer frente a la crisis forense fortaleciendo de forma urgente a las instituciones”.

Al señalar que se han llevado a cabo procesos de pacificación en comunidades rurales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se informa sobre la liberación de “45 presos políticos”, acciones que han servido “para distender la relación entre población y gobierno, reconstruir el tejido social de las comunidades que se vieron afectadas por las privaciones de la liberad a sus integrantes y, en suma, apoyar los procesos de construcción de paz”.

De acuerdo con el documento, los beneficiarios de la medida son personas “defensoras del agua, el territorio, los recursos naturales u opositoras a la Reforma Educativa del gobierno pasado”.

En cuanto a violencia contra las mujeres, el documento señala que de diciembre de 2018 a junio de 2019, “se admitieron cinco solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los estados de Chihuahua, Guerrero, Puebla y Veracruz”, en tanto que en otros ocho procedimientos de AVGM por agravio comparado y violencia feminicida, en Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, “fueron supervisadas las acciones inmediatas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)”.

De acuerdo con datos aportados al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), se registraron de enero a mayo de este año, 37 mil 727 denuncias por violencia contras las mujeres.

Ante la alta incidencia de agresiones contra las mujeres, el gobierno federal firmó un convenio con agencias de la ONU para eliminar todas las formas de violencia denominado “Iniciativa Spotligtht”, a desarrollarse en los municipios de Ecatepec y Naucalpan, Estado de México; Ciudad Juárez y Chihuahua, Chihuahua, y Chilpancingo, Guerrero, con una inversión de 11.8 millones aportados por la Unión Europea.

En cuanto a los pueblos indígenas se hace referencia a la realización de 25 foros de consulta para la incorporación de propuestas al Plan Nacional de Desarrollo, así consultas para la reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos; para la “Ampliación y Habilitación como Aeropuerto Mixto Civil/Militar con categoría internacional en la Base Aérea Militar No.1”, de Santa Lucía, Estado de México; y para el “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”.

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El Informe destaca búsqueda de desaparecidos, liberación de presos políticos y alertas de género – Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Acciones en torno a la búsqueda de desaparecidos, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa, la liberación de presos políticos, así como consultas a pueblos indígenas y sobre la violencia de género, son algunos de los temas que aborda el Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de derechos humanos.

En la sección titulada “Libertad e Igualdad”, correspondiente al primer capítulo de “Política y Gobierno”, el documento entregado hoy al Congreso de la Unión reconoce “la grave crisis de derechos humanos que vive el país” y que el compromiso de López Obrador ante la situación heredada es “hacer frente a las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas”.

El documento sostiene que en los primeros nueve meses de gobierno “se ha caminado de la mano con víctimas y la sociedad civil, así como con organismos internacionales”.

En el caso específico de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el informe presidencial se refiere a él como “simbólico por la magnitud de sus agravios”, por la forma en que operaron perpetradores y por “la obstrucción a la verdad y justicia por parte del gobierno anterior”.

Se enlistan las acciones llevadas a cabo para cumplir con el compromiso de esclarecimiento, como lo fue el decreto presidencial del 4 de diciembre de 2018 para la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, a través del cual se giran instrucciones al gabinete para que colaboren en “establecer las condiciones materiales, jurídicas y humanas necesarias con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho de los familiares de las víctimas” para conocer la verdad y se haga justicia.

Al describir su conformación con representantes de funcionarios de dependencias gubernamentales, los padres y madres de familias, sus representantes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), entre otros, el documento destaca que el organismo “ha impulsado las acciones necesarias para que la Fiscalía General de la República (FGR) reconduzca las investigaciones en campo”, aunado a que “ha dado atención integral a los sobrevivientes y a los familiares de los desaparecidos”.

Como avances en el seguimiento del caso, se hace referencia a los acuerdos con la CIDH y con la alta comisionada Michelle Bachelet, para que brinden asistencia técnica, así como la reuniones de trabajo sostenidas con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y quien en su momento era el procurador de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera.

Como avances en el seguimiento de expedientes, se resalta la unificación de los expedientes para que sean analizados por una sólo área, la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la oficina del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se considera que “las acciones realizadas para llegar a la verdad del caso Ayotzinapa e impulsar la justicia son fundamentales para sanar heridas individuales y colectivas, así como garantizar la no repetición”.

En cuando a otros casos, se advierte que la prevalencia de estos casos se derivan de “los efectos negativos de las estrategias fallidas del combate al crimen organizado, cuyos resultados impactaron en la atomización de los cárteles del narcotráfico provocando confrontación local y la proliferación de prácticas de violencia, principalmente la desaparición de personas”.

Tras el somero balance, se indica que “es prioridad del presidente de la República hacer frente a este fenómeno sistemático y a la grave crisis de búsqueda e identificación forense”, por lo que el 24 de marzo se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tiene como Secretaría Ejecutiva la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

De acuerdo con el informe, al 30 de junio, se crearon 24 comisiones locales de búsqueda, 18 de ellas ya con titular nombrado, en tanto que de los 210 millones de pesos autorizados para ser canalizados a las comisiones locales, se habían ejercido 90.5 millones para las comisiones de Coahuila, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Se anuncia que la CNB trabaja en la creación de un sistema electrónico para el registro de personas desaparecidas, así como, en conjunto con la FGR, en un diagnóstico de las capacidades médico-forenses federales y estatales, para “hacer frente a la crisis forense fortaleciendo de forma urgente a las instituciones”.

Al señalar que se han llevado a cabo procesos de pacificación en comunidades rurales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se informa sobre la liberación de “45 presos políticos”, acciones que han servido “para distender la relación entre población y gobierno, reconstruir el tejido social de las comunidades que se vieron afectadas por las privaciones de la liberad a sus integrantes y, en suma, apoyar los procesos de construcción de paz”.

De acuerdo con el documento, los beneficiarios de la medida son personas “defensoras del agua, el territorio, los recursos naturales u opositoras a la Reforma Educativa del gobierno pasado”.

En cuanto a violencia contra las mujeres, el documento señala que de diciembre de 2018 a junio de 2019, “se admitieron cinco solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los estados de Chihuahua, Guerrero, Puebla y Veracruz”, en tanto que en otros ocho procedimientos de AVGM por agravio comparado y violencia feminicida, en Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, “fueron supervisadas las acciones inmediatas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)”.

De acuerdo con datos aportados al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), se registraron de enero a mayo de este año, 37 mil 727 denuncias por violencia contras las mujeres.

Ante la alta incidencia de agresiones contra las mujeres, el gobierno federal firmó un convenio con agencias de la ONU para eliminar todas las formas de violencia denominado “Iniciativa Spotligtht”, a desarrollarse en los municipios de Ecatepec y Naucalpan, Estado de México; Ciudad Juárez y Chihuahua, Chihuahua, y Chilpancingo, Guerrero, con una inversión de 11.8 millones aportados por la Unión Europea.

En cuanto a los pueblos indígenas se hace referencia a la realización de 25 foros de consulta para la incorporación de propuestas al Plan Nacional de Desarrollo, así consultas para la reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos; para la “Ampliación y Habilitación como Aeropuerto Mixto Civil/Militar con categoría internacional en la Base Aérea Militar No.1”, de Santa Lucía, Estado de México; y para el “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”.

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Si se esclarece el paradero de los 43, los otros desaparecidos podrían ser olvidados: experto del CED

Rainer Huhle OK - Si se esclarece el paradero de los 43, los otros desaparecidos podrían ser olvidados: experto del CED

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rainer Huhle, quien durante ocho años laboró en el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés), consideró que de esclarecerse el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, se corre el riesgo de que los otros 40 mil casos sean olvidados por la sociedad y el gobierno mexicanos.

Tras reconocer la relevancia del caso de los 43 para posicionar a nivel internacional el problema de la desaparición de personas en México, reconoció su temor de que, si se encuentra a los normalistas, “el júbilo en México va a ser tan grande, que el gobierno va a decir: ‘hemos cumplido’, y que se olviden muchos otros casos”.

Durante su participación en una conferencia en la que expuso un balance sobre sus ocho años como integrante del CED, Huhle resaltó que en las dos ocasiones que el Estado mexicano ha tenido que rendir cuentas ante el Comité, en 2015 y en noviembre de 2018, hubo dos actitudes distintas: la primera rechazando los señalamientos y la segunda admitiendo la gravedad de las desapariciones, en momentos en que el gobierno de Enrique Peña Nieto dejaba la administración del país.

Al destacar que hasta ahora no ha habido disposición del gobierno mexicano para que los integrantes del CED realicen una visita in situ para evaluar la situación del país en materia de cumplimiento de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, Huhle resaltó que, si bien el año pasado estaban frente a “un gobierno en la puerta de salida, dispuesto a aceptar y reconocer muchas cosas, este reconocimiento no sirve sin medidas concretas para cambiar”.

El encuentro realizado en el Museo de Memoria y Tolerancia, al que asistieron decenas de familiares de víctimas de desaparición, fue organizado por la representación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), a menos de dos meses de que Huhle dejó el cargo, el 30 de junio pasado.

Después de hacer un breve balance de su paso por el CED y luego de retomar –como la expresión clara de la angustia que sufren las madres de los desaparecidos– el contenido de una carta escrita por una madre judía a Robert Jackson, quien encabezaba en 1946 los juicios de Nuremberg, para pedirle que interrogara a Rudolf Hess sobre el destino de su hijo, Huhle fue cuestionado por las defensoras Dolores González, de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), y Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, sobre su experiencia particular en México.

El experto alemán, originario de Nuremberg, consideró que la tragedia de los más de 40 mil desaparecidos en México “es producto acumulado de décadas y no de los últimos años”, y que su resolución no tendrá pronta respuesta.

Resaltó que de su experiencia como integrante del CED observó que en la interlocución con los distintos gobiernos de México hay certeza de que el problema de los desaparecidos “no se va a resolver en dos meses o dos años, pero los gobiernos nos han pedido tiempo, y pasan los seis años y no ha pasado nada, no han usado el tiempo en dar respuesta”.

Huhle insistió que, por la complejidad del problema de los desaparecidos en México, “las cosas no van a cambiar de un día a otro”, como pudo establecer en el primer encuentro que tuvo el CED con la administración de Peña Nieto, en 2015, en que la discusión fue de siete horas y media, y la segunda ocasión, en noviembre del año pasado, en una audiencia de seis horas.

Abundó que en 2015 hubo una “actitud de gobierno mexicano defensivo netamente, muchas cosas las negaron, de tal manera que el diálogo fue tenso y el CED tuvo que ponerse de pie para defender sus posiciones”, en tanto que en 2018 los expertos del CED se encontraron con un gobierno de salida que, si bien aceptó la problemática, no especificó qué medidas tomaría para acabar con las desapariciones forzadas, de manera que se trató de un discurso “vacío”, cuando lo que se espera “son las medidas concretas”.

Luego de considerar que con las nuevas autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que se ha vivido es la creación “muy lenta” de instituciones dedicadas a la búsqueda de personas e investigación de los casos, Huhle sostuvo que el caso Ayotzinapa pude ser considerado como el que sirva para “romper barreras” institucionales.

Señaló que en otros países se apoyan casos que pueden servir para “romper barreras instituciones”, y en México ese papel corresponde a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Ese caso podría romper las barreras en México, dijo, y resaltó que en un reciente encuentro con los padres de los normalistas le confiaron sus temores de que “si no se logra algo pronto, van a dispersarse y su movimiento perderá impacto”

Apuntó que para los padres resulta frustrante que pese a los elementos que hay sobre la mala actuación de funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), no haya acciones concretas contra ellos, y esas “son las frustraciones que frenan el avance del movimiento”.

“Hay que buscar las resoluciones concretas, tiene que haber algunos resultados, para que haya efectos que vayan más allá del caso individual que irradien a toda la institucionalidad”, subrayó.

Según Huhle, lo preocupante en el tema de búsqueda de personas desaparecidas es “ver que toda la energía de la búsqueda se concentra en la búsqueda de fosas, y pocas en la búsqueda de casos a diario”.

Después de la charla con González y Delgadillo, familiares de desaparecidos expresaron al integrante del CED su reconocimiento por la labor realizada y por el contacto permanente que sostuvo con los familiares de las víctimas.

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«Hay mucha gente que necesita tener respuestas», claman familiares de los 43

a3 - "Hay mucha gente que necesita tener respuestas", claman familiares de los 43

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- De cara a la lluvia y el viento, los padres y madres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos salieron a marchar como hace cada mes desde hace casi cinco años, ahora con la certeza de que el encuentro con la verdad está cada vez más cerca.

La cita frente al Ángel fue religiosamente cumplida, los padres se situaron sobre la línea peatonal y el paso a la circulación fue interrumpido.

A 58 meses siguen portando la imagen de sus hijos en las manos, pidiendo a quien sepa del caso que proporcione información al nuevo teléfono habilitado por la Secretaría de Gobernación, siguen buscando.

“Porque el color de la sangre jamás se olvida”, claman mientras avanzan por el largo Paseo de la Reforma, a paso forzado y mojados de pies a cabeza, esa en la que no conciben buscar a sus hijos en fosas, los quieren con vida.

La memoria resuena desde el altavoz de una camioneta y enumera los hechos, a los heridos, el tiempo y pide que ojalá todo hubiera sido una pesadilla, esa de la que Aldo Gutiérrez Solano no ha podido despertar, pues continúa en estado de coma.

“Detrás de estos meses hay una lucha, un dolor, una esperanza: que pronto sabremos de los 43 jóvenes”.

Para cuando llegan al antimonumento, el clima se ha despejado y les permite mirar al cielo para escuchar el nombre de cada uno de sus hijos en el pase de lista.

Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño desaparecido la noche del 26 de septiembre de 2014, espera que las investigaciones pronto arrojen información sobre el caso.

A diferencia del gobierno anterior que, asegura, les cerró las puertas, la nueva administración ha mostrado apertura y disposición con la creación de la comisión, pero quisieran que las cosas avanzaran más rápido.

a2 1024x683 - "Hay mucha gente que necesita tener respuestas", claman familiares de los 43

“Detrás de estos meses hay una lucha, un dolor, una esperanza: que pronto sabremos de los 43 jóvenes”. claman sus familiares. Foto: Alejandro Saldívar

Sabíamos que no íbamos a encontrar nada, dice Hilda sobre la visita al 27 batallón de infantería de la Secretaria de la Defensa Nacional, “ya pasó mucho tiempo, ya los han de haber movido”, pero en el cuartel exigieron a los militares toda la información que recabaron esa noche y madrugada del 27 de septiembre.

“Sabemos que los militares estuvieron presentes en los diferentes ataques y el recorrido que hicieron nuestros hijos, en donde estaban atacándolos, deben tener el conocimiento de hacia dónde se los llevaron. Esa es la exigencia”, manifiesta.

Hilda comenta que la diligencia que se realizó en una casa en Guerrero derivó del testimonio de uno de los involucrados, quien dijo que ahí habían llevado al menos a tres de los estudiantes, pero la pista resultó falsa.

“Toda esa diligencia se tiene que realizar sabemos porque hay mucha gente que está buscando a sus seres queridos. Nosotros no los buscamos en fosas, pero hay mucha gente que necesita también tener respuestas”, admite y delinea la desaparición como un fenómeno cotidiano en el país.

Con la voz endurecida igual que el gesto, la madre de Jorge Antonio pide investigar a los funcionarios que tuvieron alguna participación en el caso, los enumera: Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y acusado de falsear información sobre el caso. También menciona a Ángel Aguirre, con quien se reunieron hace un mes y que asegura no tener mayor información sobre los estudiantes desaparecidos, pese a ser en ese entonces el gobernador del estado de Guerrero.

Hilda dice que se siguen reuniendo con los otros afectados por el crimen cometido el 26 de septiembre y entre sus demandas está la atención médica para Aldo, quien está a punto de cumplir cinco años en estado de coma.

“Nos reuniremos con quien tengamos que reunirnos”, sentencia ante la posibilidad de una nueva reunión con Ángel Aguirre.

Por su parte, Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández confía en que a la llegada de los expertos comenzarán las investigaciones en campo y ahí hará nuevas luces sobre sus hijos.

Pese al tiempo, mantiene la esperanza, sabe que va acompañada por los padres y madres de los otros estudiantes, de quienes no se ha separado desde que inició la búsqueda.

“Seguimos porque nuestro objetivo es encontrar a nuestros hijos, ellos saben que se tiene que buscar un hijo”.

La mamá de César confía en que para el próximo mes, durante la asamblea nacional popular que llevarán a cabo el próximo 24 de agosto en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero, puedan tener nueva información sobre el paradero de sus hijos.

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Tomás Zerón incurrió en irregularidades en caso Ayotzinapa; VG inicia proceso de cancelación de certificado

senado tomas zeron 2 - Tomás Zerón incurrió en irregularidades en caso Ayotzinapa; VG inicia proceso de cancelación de certificado


Redacción / Sin Embargo

El hecho plasmado en la grabación, titulada “el video oculto de Tomás Zerón”, no fue registrado en el expediente de la investigación, señaló el reportero Marco Antonio Coronel  de Noticieros Televisa. 

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- La Visitaduría General (VG) concluyó que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia Investigación Criminal (AIC), incurrió en irregularidades en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con una investigación dada a conocer en el noticiero de Denise Maerker, el órgano que vigila la actuación de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que las faltas ocurrieron entre 2013 y 2016.

En abril de 2016, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un video que muestra al funcionario, acompañado por Agustín García Reyes, alías “El Chereje” -quien estaría implicado en la desaparición de los estudiantes- a la orilla del Río San Juan en Cocula, Guerrero.

El hecho plasmado en la grabación, titulada “el video oculto de Tomás Zerón”, no fue registrado en el expediente de la investigación, señaló el reportero Marco Antonio Coronel  de Noticieros Televisa. 

Situación que se repitió en la diligencia realizada en octubre de 2014, presuntamente encabezada por Zerón en donde el grupo criminal Guerreros Unidos habría tirado los “restos óseos” de los normalistas.

“Un día después, en ese mismo lugar, buzos de la Marina hayaron una bolsa con restos humanos presuntamente de los normalistas”, argumentó el reportero.

De acuerdo con una entrevista realizada por la FGR, “El Chereje” declaró que al estar detenido en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), lo llevaron a puente Río San Juan.

“Ahí había unas bolsas que yo tenía que señalar, que si no lo hacía me iban a torturar […] uno de ellos vestido como de negro me llevaba del cuello y  me dijo que si intentaba correr me iba a disparar […] ya llegando hasta donde estaban las bolsas hice lo que me habían dicho, las señalé”, se lee en la declaración citada en el reportaje.

Tomás Zerón trasladó a García Reyes sin las facultades, sin presencia de su defensor y con muestras de tortura, determinó la VG, por lo que inició el procedimiento de cancelación de su certificado el 24 de junio.





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‘sabotaje legal’ a lluvia de amparos otorgados por jueces

AMlo  - 'sabotaje legal' a lluvia de amparos otorgados por jueces


Selene Bazán

AMLO dijo que dará a conocer los nombres de los funcionarios que han otorgado amparos en contra de la construcción del AISL y el tren Maya.

AMlo  - 'sabotaje legal' a lluvia de amparos otorgados por jueces

Regeneración, 8 de julio del 2019. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no se quedará callado ante, lo que llamó “sabotaje legal” a los amparos emitidos por distintos jueces para los proyectos del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional e Santa Lucia (AISL) y  el caso Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que dará a conocer los nombres de los funcionarios que han otorgado estas medidas judiciales y reiteró que hará valer su derecho de réplica.

«Vamos a ejercer es nuestro derecho de réplica y también nuestra libertad de expresión y de manifestación, ¿o no podemos nosotros?, yo creo que también, es lo único. Entonces, en el caso de los amparos vamos a dar a conocer aquí quienes están otorgando esos amparos».

Sin dar nombres, AMLO hizo referencia al amparo otorgado al presunto responsable de ejercer tortura, en contra de un implicado, en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, en Iguala Guerrero.

«Se identificó a la persona, se pidió a la autoridad, a la Fiscalía General que se actuara, se le llama a comparecer, sólo a que se presente y se le otorga un amparo», señaló.

El Ejecutivo precisó que, tras ser difundido el caso, el implicado debió presentarse a comparecer ante la autoridad pues e trata de un delito grave, violatorio de derechos humanos. «Estamos hablando de tortura», dijo.

Aseveró que sus adversarios «se frotan las manos» para que el AISL sea cancelado, cuando el proyecto no viola ninguna medida.



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ONU-DH pide a FGR relanzar investigación sobre Ayotzinapa

ayotzinapa 2 - ONU-DH pide a FGR relanzar investigación sobre Ayotzinapa


Selene Bazán

La DH-ONU se pronuncia luego de que fue difundido un video que expone la tortura contra uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa.

ayotzinapa 2 - ONU-DH pide a FGR relanzar investigación sobre AyotzinapaRegeneración, 24 de junio del 2019. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los actos de tortura relacionados con las investigaciones del caso Ayotzinapa, y llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a relanzar las indagaciones.

El representante de la oficina en México, Jan Jarab, reiteró el principio inderogable de la prohibición absoluta de la tortura, “tal como lo mencionó la Alta Comisionada de la ONU-DH, Michelle Bachelet, en su reciente visita a México, la tortura no tiene cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos”.

El fin de semana fue difundido un video que expone la tortura contra uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa.

Carlos Canto Salgado, aparece con los ojos vendados, maniatado, sometido a asfixia, toques eléctricos, golpes y vejaciones mientras es interrogado por tres funcionarios públicos.

Jan Jarab expuso en un comunicado que “el video evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa y comprueba, además, la inacción del Estado mexicano en este caso”.

“Las instancias públicas encargadas de investigar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas en el curso de las indagatorias oficiales tuvieron acceso a información que demuestra los actos de tortura y otras violaciones cometidas en contra del sr. Canto y, a pesar de ello, no actuaron debidamente”, abundó.

“Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia para todos los implicados con estricto apego a los derechos humanos”, agregó.

Por otra parte, la ONU-DH llmó a la FGR a relanzar la investigación del caso Ayotzinapa, a descartar la denominada “verdad histórica”, sostenida por la anterior administración y que ha sido desacreditada por investigaciones independientes.

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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«Los Peques» se refugiaron en Carrizalillo tras agresión a normalistas de Ayotzinapa

tortura1 - "Los Peques" se refugiaron en Carrizalillo tras agresión a normalistas de Ayotzinapa

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx). – El 11 de octubre de 2014, una semana antes de la detención de Carlos Canto, la agencia de Proceso informó que los integrantes de la pandilla Los Peques, brazo armado de los Guerreros Unidos y señalados como responsables en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, salieron de Iguala y se refugiaron en el poblado de Carrizalillo, ubicado en el margen del río Mezcala y donde se encuentra asentada una de las principales minas de oro en el país, explotada por empresas canadienses como Gold Corp y Lea Gold.

Incluso, en noviembre de 2015, habitantes de este pueblo minero, confirmaron la versión y además denunciaron la existencia de narcofosas y que tenían indicios de que los normalistas desaparecidos habrían sido trasladados a este lugar controlado por la industria minera.

En ese entonces, las autoridades federales se enfocaron en desmantelar la estructura de Los Peques, grupo conformado por la familia Benítez Palacios, pero nunca investigaron la línea que apunta hacia la zona minera de Guerrero donde habrían sido trasladados los normalistas, de acuerdo a los mismos pobladores.

En junio de 2016, fue capturado el jefe del clan de Los Peques, Víctor Hugo Benítez Palacios, un año antes, su primo Alejandro Palacios había sido detenido en la Ciudad de México y provocó una división en el grupo delictivo Guerreros Unidos que se mantiene a la fecha.

La exhibición está semana de un video donde aparecen agentes federales torturando a Carlos Canto, detenido el 22 de octubre de 2014 en la ciudad de Iguala y vinculado con el caso Ayotzinapa, hacen vigente el trabajo periodístico que realizó Proceso hace casi cinco años.

Ello debido a que el inculpado señaló durante el brutal interrogatorio, que al menos 12 o 13 normalistas habrían sido trasladados por supuestos agentes ministeriales al poblado minero de Mezcala donde se ubicaban casas de seguridad de Los Peques, lugar ubicado entre Iguala y Chilpancingo sobre la carretera que conecta al Ciudad de México con el puerto de Acapulco.

A continuación, se reproduce textualmente el perfil de la banda de Los Peques que difundió la agencia Apro, el 11 de octubre de 2014, es decir, una semana antes de la detención de Carlos Canto.

Señalan a pandilleros de “Los Peques” como agresores de normalistas

Los conocen como Los Peques, las autoridades federales los ubican como una pandilla al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos, que mantienen el control del narcomenudeo en la zona de Iguala donde policías municipales y sicarios atacaron y se llevaron a 43 normalistas de Ayotzinapa durante la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre.

Informes oficiales consultados por Proceso indican que este grupo de sicarios salió de la ciudad de Iguala con el respaldo de autoridades de los tres niveles y del Ejército, y se refugiaron en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde permanecen escondidos desde hace dos semanas cuando al menos 100 delincuentes se posesionaron del poblado.

Reportes oficiales consultados por este medio señalan que los hermanos Víctor El Oso; Mateo El Gordo y Salvador El ChavaBenítez Palacios, propietarios del autolavado Los Peques, ubicado sobre la calle Juan N. Álvarez, participaron junto policías municipales en el ataque y detención de normalistas.

Los informes refieren que esta pandilla está al servicio de los hermanos Ángel, Adrián y Sidronio Casarrubias Salgado, hermanos de Mario Casarrubias, el fundador del grupo delictivo Guerreros Unidos, afincado en Mérida, Querétaro, Iguala y Estado de México.

Mario Casarrubias, oriundo de Teloloapan, fue detenido a mediados de 2014 y de acuerdo al ex comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, el control de la organización fue asumido por Salomón Pineda Villa El Molón, cuñado del alcalde perredista de Iguala, que se encuentra prófugo, José Luis Abarca Velázquez.

Pineda Villa fue detenido en octubre de 2014, tras la masacre y desaparición de normalistas de Ayotzinapa.

A pesar de que las autoridades federales tienen conocimiento de que sicarios al servicio del fundador de Guerreros Unidos se refugiaron en el poblado de Mezcala y Carrizalillo, hasta ese momento no habían realizado ninguna operación en esta zona que se localiza en el denominado “Cinturón de oro” de la región centro de la entidad donde se encuentra afincada la empresa minera Gold Corp, resguardada por militares y policías federales.

Luego, en noviembre de 2015, la agencia de Proceso informó que habitantes de Carrizalillo confirmaron que al menos un centenar de sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos se refugió en ese poblado tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

También, denunciaron públicamente la existencia de fosas clandestinas: señalaron que tienen indicios de que los normalistas desaparecidos fueron trasladados a esta comunidad, donde se encuentra asentada la minera canadiense Gold Corp.

Pobladores indican que normalistas desaparecidos fueron trasladados a Carrizalillo

Encabezados por el comisario ejidal Ricardo López García, hicieron un llamado a los padres de los 43 estudiantes para que viajen a Carrizalillo y busquen ahí a su hijos.

El viernes 31 de octubre de 2015, vecinos de la comunidad aseguraron a medios locales que tienen indicios de que los normalistas habrían sido trasladados a ese lugar, luego de la cacería desatada en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.

Señalaron que en las primeras horas del 27, al menos una treintena de hombres armados procedentes de Iguala arribaron a Carrizalillo a bordo de varias camionetas.

Afirmaron que los sujetos son miembros de la banda Los Peques, señalada como el brazo armado de Guerreros Unidos, y que habrían sido protegidos por la familia Peña Celso, que se refugió en Iguala después de que varios de sus integrantes fueron asesinados.

De acuerdo con los denunciantes, en esa ocasión llegaron al lugar varias retroexcavadoras, y una gran cantidad de arena destinada para una obra pública “simplemente desapareció”.

Las declaraciones se dieron a conocer luego de que pobladores de Carrizalillo retuvieron a nueve agentes federales y un civil identificado como Modesto Onofre Peña Celso, presunto miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes pretendían llevarse en ese entonces al comisario ejidal Ricardo López.

El año pasado, al cumplirse cuatro años del caso Ayotzinapa informó que la región de Iguala sigue en manos de Guerreros Unidos, el grupo criminal implicado en ese ataque que marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Incluso siguen intactas las propiedades del expresidente de Iguala José Luis Abarca y su esposa, presos por su presunta implicación en el caso y nadie investigó la línea de la industria minera asentada en el río Mezcala.





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