Una fiscalía chilena se alista a cerrar el caso del presunto fraude por 18 mil millones de dólares en Codelco, la empresa estatal productora de cobre, sin realizar la mayoría de las diligencias solicitadas por los denunciantes. Así quedarían impunes los responsables de hundir a la cuprífera, así como de causar altísimas pérdidas para el Estado y el fisco en una etapa de grandes carencias del gobierno derechista para atender las necesidades sociales. En entrevista con este semanario, el promotor de la demanda, el abogado Julián Alcayaga, explica las omisiones en que incurrió la autoridad al declarar que no tiene elementos para sustentar una acusación…
VALPARAÍSO (Proceso).- Después de cuatro años y medio de iniciada la causa judicial, el Ministerio Público se apresta a cerrar la investigación por desfalco en la estatal cuprífera Codelco, que supuso la pérdida de cerca de 18 mil millones de dólares.
Este monto fue defraudado utilizando dos modalidades: subfacturación de cobre y otros minerales, práctica que se inició en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014) y que explica la desaparición de casi 14 mil millones de dólares de recursos estatales; y las pérdidas en “mercados de futuro” de cobre, verificadas en operaciones que tuvieron lugar entre 2005 y 2007 y las cuales implicaron mermas al fisco por 4 mil 670 millones de dólares.
Estas últimas, a pesar de haber sido reconocidas por el Parlamento y por la propia Codelco, nunca han derivado en sanciones para sus responsables.
El proceso por el “megafraude en Codelco” se inició en querella presentada el 17 de abril 2015 ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado, economista y experto en tributación minera Julián Alcayaga Olivares.
La acción judicial fue interpuesta en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de malversaciones de caudales públicos y otras exacciones ilegales castigadas por el Código Penal que dieron pie al citado fraude.
“Sin duda que se trata de uno de los procesos más grandes en la historia de Chile, dada su cuantía y considerando que los recursos defraudados habrían podido financiar en gran parte las carencias en educación, salud y pensiones que se sufren en Chile”, señala Alcayaga en entrevista con Proceso.
Pese a no haber realizado gran parte de las diligencias solicitadas por la parte querellante con el fin de establecer los hechos denunciados, y habiendo cometido numerosas irregularidades tendientes a tapar los ilícitos, el 7 de octubre de 2019 la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana decidió no perseverar en el procedimiento “por no reunir los antecedentes suficientes para fundar una acusación”. De esta manera solicitó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago el cierre de la investigación.
A tal extremo ha llegado la inacción y obsecuencia de la fiscalía que, aunque los querellantes solicitaron varias veces que se requiriera a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) información relevante para determinar el hecho punible, la fiscal a cargo de la causa, Macarena Cañas, y el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, se negaron a requerirla.
“Esta negativa, en los hechos, es una forma de encubrimiento del hecho punible”, acusa Alcayaga.
Este abogado solicitó específicamente al tribunal que se instruyera al Servicio de Aduanas y a Cochilco para que informasen cuáles son las cantidades físicas de las exportaciones de cobre y subproductos por parte de Codelco, en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; el precio de venta y el valor de esas exportaciones; y para que expliquen cuáles serían las razones de la baja considerable de las ventas de Codelco en esos años.
Cochilco entregó cerca de mil páginas de información, pero ésta no tenía ninguna relación con los hechos investigados; y la que se relacionaba con los delitos denunciados nunca fue dada a conocer ni se hizo nada con ella.
Codelco y el Servicio Nacional de Aduanas –respondiendo el requerimiento de la justicia– entregaron archivos digitales, pero la fiscalía negó el acceso de dicha información a los querellantes.
En un escrito fechado el 14 de mayo de 2018, la parte querellante solicitó que se ordenara a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones que se sometiera a examen pericial la información proporcionada por estas reparticiones fiscales, pero esto nunca se realizó.
De acuerdo con información disponible en la página electrónica del Poder Judicial, en los cuatro años de investigación sólo se tomó declaración a los exejecutivos de Codelco Juan Villarzú y Roberto Souper.
Esta causa fue inicialmente llevada por la fiscal Giovanna Herrera, quien no hizo ninguna de las diligencias solicitadas en la querella, y ante un reclamo de Alcayaga ante el entonces fiscal nacional Sabas Chauán (de junio de 2015), el Ministerio Público determinó traspasar el caso a la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, la que designó a la fiscal Macarena Cañas a cargo de la investigación.
Esta fiscal en un comienzo se mostró proactiva en la causa, pero al cabo de unos meses dejó dormir la investigación, hasta que, el 7 octubre pasado, el Ministerio Público comunicó al tribunal el cierre de la investigación y que no perseverará en el procedimiento. En dicha comunicación da cuenta, además, de que la fiscal a cargo ya no es Cañas, sino Patricia Cerda.
La audiencia en la que se resolverá el cierre o la permanencia de la investigación se realizará el 3 de diciembre en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Este corresponsal solicitó una entrevista con la fiscal Cerda, pero el departamento de comunicaciones de la Fiscalía Centro Norte no ha contestado este requerimiento.
Desfalco por subfacturación
En relación con las pérdidas por subfacturación ocurridas durante el primer mandato de Piñera, es necesario señalar que éstas son tan evidentes que resulta increíble que la Justicia y el Parlamento no hayan tomado cartas en el asunto. La prensa chilena apenas ha informado de esta materia, aunque en Proceso se han publicado sucesivos reportajes sobre esos ilícitos desde 2012.
A partir de 2010 los ingresos de Codelco fueron muy inferiores a los que deberían ser en función de la producción y el precio del cobre y sus subproductos. Esto se demuestra fácilmente haciendo la comparación con los resultados de los años previos.
En 2006 los ingresos fueron de 17 mil 077 millones de dólares, siendo el precio por tonelada de 6 mil 722 dólares y la producción de 1 millón 783 mil toneladas. En 2010 los ingresos totales fueron de 16 mil 066 millones de dólares, siendo que el precio promedio de la tonelada de cobre fue mucho mayor (alcanzó los 7 mil 538 dólares) y la producción fue similar a la de 2006 (1 millón 760 mil toneladas).
En 2006 el cobre representaba 70% de los ingresos totales de Codelco. El resto lo aportaban los subproductos (plata, oro, molibdeno, ácido sulfúrico, entre otros) e ingresos de algunas filiales de esa empresa estatal. En 2010 el cobre pasó a representar más de 82.5% de los ingresos de Codelco, cantidad que subió a 88% en 2012 y 2013.
Alcayaga señala en la entrevista que esto no tiene lógica a nivel de producción, puesto que es inverosímil que la composición de los minerales varíe tanto en tan pocos años. Estima que el aumento de la proporción de cobre en las ventas totales de Codelco indicaría que la subfacturación se concentra mayormente en los subproductos, aunque también se realiza en el cobre.
Añade: “Lo que importa constatar es que desde el año 2010 en adelante faltan entre 3 y 4 mil millones de dólares anuales en los ingresos de Codelco”.
En la querella se afirma que “la inexplicable caída de los ingresos continuó en 2011, puesto que los resultados de ese año arrojan ventas por 17 mil 515 millones de dólares, es decir sólo 438 millones más que en 2006, a pesar de que la producción creció 3.5%; el precio del cobre en 33%; el oro y la plata, más de dos veces; y el ácido sulfúrico en cuatro veces”. El único mineral asociado al cobre que bajó su precio fue el molibdeno.
Julián Alcayaga señala que en 2011, igual que en 2010, existe “una inexplicable caída de los ingresos por ventas de más de 4 mil millones de dólares”.
En la memoria de 2014, Codelco afirma que la producción alcanzó 1 millón 672 mil toneladas de cobre, muy similar a lo producido en 2006. Sin embargo, sus ingresos totales fueron solamente de 13 mil 827 millones de dólares, de los cuales 10 mil 729 millones fueron por ventas de cobre propio y mil 859 millones por cobre de terceros.
“¿Por qué los ingresos por ventas de cobre en 2014 son tan bajos en relación con 2006?”, se pregunta Alcayaga. Esto es inexplicable y no fue respondido por la investigación del Ministerio Público.
Según las mismas memorias de Codelco, el precio del cobre fue de 6 mil 854 dólares por tonelada en 2014, lo que es 3.6% superior al de 2006.
“Esto quiere decir que, tomando en cuenta sólo los ingresos por venta de cobre, en 2014 faltan mil 371 millones de dólares que Codelco dejó de percibir pero que alguien tuvo que ganar”, indica el investigador.
“Pero eso no es todo: en ingresos por otros productos, oro, plata, ácido sulfúrico y barros anódicos principalmente, las ventas de 2006 fueron de mil 461 millones de dólares, mientras que en el año 2014 se declararon ventas de otros productos por sólo 569 millones de dólares.”
Esto sucedió pese a que la producción de estos productos aumentó en 2014 en relación con 2006, y el precio de esos productos fue casi el doble que en 2006.
“En venta de otros productos faltan mil 500 millones que alguien obligatoriamente tuvo que ganar”, expresa Alcayaga, que es un reconocido defensor del cobre chileno.
El economista reflexiona: “Esto nos deja dos enseñanzas a lo menos. Primero, la caída de los excedentes no se debe principalmente a una inexplicable disminución de los ingresos por venta. Segundo, es evidente que se confirma lo que venimos denunciando desde hace varios años: ¡Están robando en Codelco!”.
Fundamenta: “Si las ventas caen estrepitosamente en relación con el año 2006, y la producción y el precio del cobre y subproductos son superiores en 2014 que en 2006, quiere decir que una gran parte del cobre, el oro, la plata, etcétera, están siendo vendidos a ciertos clientes a precios muy inferiores a los del mercado. Esos clientes se quedan con una ganancia extraordinaria y Codelco se queda con los menores ingresos por venta, que han hecho desaparecer los excedentes”.
En la querella, Alcayaga aporta antecedentes que demuestran la subfacturación. Se trata de un informe de Aduanas fechado en enero de 2014, el cual acredita que Codelco efectuó exportaciones a 2.03 dólares el kilo (0.93 dólares la libra), un valor muy inferior al de mercado y al de otras exportaciones realizadas ese mismo mes en que el cobre se transó a 7.42 dólares el kilo (3.37 dólares la libra).
“Desconocemos qué empresas o quiénes fueron beneficiados con esta subfacturación, y presentamos la querella precisamente para que el Ministerio Público investigue esta subfacturación, pero no lo ha hecho”, señala el abogado querellante en la entrevista.
Aunque no se ha probado, Alcayaga sostiene que es evidente que debe haber sobornos que expliquen las señaladas subfacturaciones.
Hay otro elemento que confirma que exportaciones de cobre chileno se realizan bajo el valor de mercado. Se trata del estudio Facturación comercial falsa en productos básicos en países en vías de desarrollo: El caso de Chile, Costa de Marfil, Nigeria, Sudáfrica y Zambia, realizado por la UNCTAD en julio de 2016.
Allí se revela que existen millonarias subfacturaciones en las exportaciones de cobre en varios países, las que en Chile alcanzarían los 16 mil millones de dólares entre 1990 y 2014.
En relación con las razones que explican el hecho de que se produzcan tan millonarias pérdidas sin que existan sanciones y ni siquiera un conocimiento de ellas, el economista Alcayaga señala que “en Chile, solo el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Cochilco están autorizados para fiscalizar la contabilidad de Codelco”.
No obstante, señala que “ambas instituciones dependen directamente del gobierno en turno y, en consecuencia, fiscalizan sólo en la medida en que éste lo permita… y ni Piñera ni los gobiernos siguientes han querido hacerlo”, expresa el economista.
Alcayaga destaca que Codelco no está sometida a la Ley de Transparencia y que para analizar sus cuentas ha tenido que basarse “en lo que Codelco publica en sus Memorias Anuales, que son muy incompletas”.
La disminución de los ingresos de cobre derivada de la subfacturación ha redundado en un descenso estrepitoso en los excedentes que Codelco aporta al fisco. Mientras que en 2006 éstos representaron 9 mil 215 millones, en 2014 disminuyeron a 3 mil 33 millones.
El mal manejo financiero que tuvo Codelco en el primer gobierno de Piñera se conecta con el explosivo aumento de la deuda de dicha empresa en aquel periodo. Mientras que en 2009 –último año del primer mandato de Michelle Bachelet– ésta alcanzaba 3 mil 895 millones de dólares, en 2015 (un año después del fin del gobierno de Piñera) saltó a 13 mil 83 millones, lo que implica un aumento de 9 mil 188 millones en sólo cinco años.
Este reportaje se publicó el 24 de noviembre de 2019 en la edición 2247 de la revista Proceso