CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No habrá nadie capaz de defender a Carlos Romero Deschamps de pisar la cárcel. Seguramente va a argumentar que se trata de una venganza política del actual gobierno, pero no hay poder político en México que pueda extender impunidad para este líder corrupto del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Su principal pecado ha sido traicionar a sus representantes, una y otra vez. Ambicioso sin recato, amasó una fortuna económica muy grande que no habría podido explicar sin la impunidad política que le entregaron cinco presidentes de la República.
Entre muchas, una traición documentada es el dinero que arrebató a los trabajadores del sindicato, provenientes de una cuenta en un banco de Nueva York.
Desde 1991 la revista Proceso cubrió lo que en su día se llamó El Mega Fraude del Sindicato Petrolero; una operación fraudulenta en la que esa organización gremial se comprometió a vender petróleo a un cliente en los Estados Unidos sin que jamás cumpliera.
El cliente defraudado presentó una denuncia en los juzgados de Texas por la cantidad de 300 millones de dólares y con ello logró, entre otras garantías, que quedara congelada una cuenta del sindicato que contenía 43 millones de dólares.
Diez años más tarde el sindicato contrató al abogado Carlos Ryerson, un profesional con más de 30 años de trayectoria, para que recuperara ese patrimonio. El litigante logró, en parte, resolver la misión encomendada: obtuvo para los trabajadores del sindicato petrolero la cantidad de 21 millones de dólares. El resto fue a dar a los bolsillos de la contraparte.
Pero ahí no terminó esta historia: en cuanto Ryerson firmó el acuerdo referido –a nombre del sindicato de Pemex–, Carlos Romero Deschamps decidió destituirlo como representante legal de su organización en ese litigio.
Fue entonces que el viejo abogado texano demandó a Romero Deschamps porque, según su dicho, esa destitución tuvo un solo propósito: embolsarse personalmente los 21 millones de dólares que eran patrimonio de los trabajadores.
Los detalles de este otro presunto fraude se encuentran en el caso 3:05-cv.00092 presentado contra Carlos Romero Deschamps en la división de Galveston de distrito sur de Texas.
Ahí Ryerson acusa al líder sindical de atentar contra los intereses de su sindicato por razones políticas, pero sobre todo para beneficiarse financiera e individualmente.
“La conducta de Romero Deschamps es constitutiva del delito de fraude,” acusó el abogado en febrero de 2005.
Al final de este pleito jurídico, el líder petrolero salió ganando ya que, por un par de artimañas legales, logró que el juez dejara a Ryerson fuera del pleito entre él y los trabajadores y, en consecuencia, que el dinero recuperado no ingresara a la cuenta del sindicato de Petróleos Mexicanos.
Después de revisar la evidencia relativa al caso 3:05-cv.00092 cabe preguntarse cuántas veces Romero Deschamps operó de esta misma manera: transfiriendo recursos que eran patrimonio de los trabajadores y que terminaron en sus cuentas personales.
En julio de 2014 mi colega Carlos Puig volvió sobre la historia del megafraude cometido por los líderes del sindicato y recordó los intentos de la parte defraudada por satisfacer su derecho.
Sin embargo, para esa fecha Romero Deschamps había ya logrado esconder parte del dinero que, gracias a los esfuerzos del abogado Carlos Ryerson, volvieron a tierras mexicanas.
Carlos Puig recuerda que Romero Deschamps contó en su día con todo el apoyo del Procurador General de la República, Enrique Álvarez del Castillo, quien en el primer litigio mencionado argumentó que ni Pemex ni su sindicato debían ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales estadunidenses.
En esa defensa airada del entonces abogado de la Nación se encuentra la clave de la impunidad que, durante tantos años, avaló el comportamiento corrupto y fraudulento de Carlos Romero Deschamps.
Hasta hace unos meses fue uno de los hombres más poderosos y más ricos del régimen. Como en el caso relatado de Ryerson, su trabajo principal fue traicionar, por todos los medios posibles, a la base sindicalizada de Pemex.
Hay evidencia de que los traicionó financieramente y también políticamente. Ese señor intercambió, durante casi tres décadas, impunidad política personal a cambio de la docilidad de los trabajadores, frente al gobierno en turno.
Su adiós a la vida pública es un hito en la historia del sindicalismo mexicano, acaso sólo comparable con el defenestramiento de Elba Esther Gordillo Morales, exlíder del sindicato magisterial, o de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, predecesor de Romero Deschamps.
En esos dos casos, la biografía de los personajes incluyó un capítulo en la cárcel. No se mira posible que este tercer líder sindical se escape de un destino parecido.
La evidencia de su enriquecimiento inexplicable, la información sobre los presuntos fraudes cometidos en contra de sus agremiados y la enorme cantidad de enemigos que hizo, dentro y fuera del sindicato, son poderosas razones para predecir su futuro.
Ahora bien, así como en materia de derechos humanos la doctrina habla del principio de no repetición, de igual manera debería ocurrir con la corrupción.
El caso de Romero Deschamps no debe repetirse, bajo ninguna circunstancia.
No sería justo que tras su salida sobreviva la intención de colocar a otro liderazgo domesticado por el nuevo régimen.
La no repetición en este caso sólo podría garantizarse si el gobierno, en su esfera más elevada, retira el manto de impunidad que antes protegió a los peores líderes sindicales corruptos.
Este análisis se publicó el 20 de octubre de 2019 en la edición 2242 de la revista Proceso
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