Inicia campaña anticorrupción en Secretaría de Movilidad

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Colima Noticias

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CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Movilidad, inició una campaña anticorrupción, con el objetivo de informar a la población sobre los riesgos legales y sociales que conlleva esta práctica.

El arranque de campaña se dio en marco del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción y durante el evento, el secretario de Movilidad, Rafael Martínez Brun, expuso que se tienen estudios para asegurar que la corrupción es uno de los fenómenos sociales que más preocupan a la población.

Dijo que además conlleva un alto impacto social y económico, ya que los actos de corrupción le cuestan a cada mexicano cerca de 2 mil 200 pesos al año, por lo que representa un obstáculo a la productividad e inversión del país.

En ese sentido, el Secretario de Movilidad, mencionó que el combate a la corrupción ha sido permanente al interior de la dependencia, pero desde este momento, se invita al ciudadano a ser partícipe de esta lucha.

“Con la aparición de la Secretaría de Movilidad comenzó el trabajo a favor de la transparencia, y hoy más que nunca queremos estar seguros de que la corrupción no tiene cabida en el trabajo diario de la Secretaría, por ello implementamos esta campaña que nos permitirá dar seguridad a la población, que en la Secretaría de Movilidad estamos comprometidos con la transparencia y las buenas prácticas”, dijo Martínez Brun.

En su intervención, Carlos Maldonado Villaverde, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, reconoció el trabajo de la Secretaría de Movilidad ya que “existe el compromiso de sacar adelante este proyecto integral, ya que no solo se le pide a los funcionarios que cumplan con su trabajo, sino se busca inhibir que la ciudadanía recurra a estas prácticas”.

Luego del acto protocolario, los asistentes dieron un recorrido por la Secretaría de Movilidad, para conocer los diferentes mensajes que se han instalado, así como lonas informativas sobre los procesos de cada trámite y el costo de ellos.

En el arranque de la campaña, estuvieron presentes todas las dependencias integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción; René Rodríguez Alcaraz, asistió en representación de Bernardo Salazar Santana, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Indira Isabel García Pérez, titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado; Christian Velasco Milanés, Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Igualmente acudieron; Agueda Catalina Solano Pérez, titular de la Contraloría General del Estado de Colima; Héctor Francisco Álvarez de la Paz, Fiscal Anticorrupción; y Andrés Gerardo García Noriega, Presidente del Tribunal de Justicia Alternativa. 





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Sin aguinaldo ni finiquito, despiden a quienes denunciaron corrupción del superdelegado en Jalisco

acusan corrupcion jalisco - Sin aguinaldo ni finiquito, despiden a quienes denunciaron corrupción del superdelegado en Jalisco


Colima Noticias

acusan corrupcion jalisco 696x454 - Sin aguinaldo ni finiquito, despiden a quienes denunciaron corrupción del superdelegado en Jalisco

CN COLIMANOTICIAS

Jalisco.- A mediados de septiembre, cuatro subdelegados regionales de desarrollo en Jalisco, denunciaron uso electoral de Programas de Bienestar, nepotismo y operaciones políticas en las que estaría incurriendo el superdelegado en la entidad, Armando Zazueta. La consecuencia fue que, el pasado 14 de noviembre, fueron despedidos.

No les dieron ni aguinaldo ni finiquito; los convocaron a una reunión en Guadalajara y ahí se les comunicó que su contrato estaba vencido y ya no se podría renovar. Aunque faltaban 15 días para el término de su contrato.

Los hoy exsubdelegados regionales son Olaf Guzmán Flores, quien se desempeñaba en Tequila; Blanca Olivia Vargas Mendoza, en Zapopan; Luis Armando Vargas Prado, de Mascota y, María de Jesús Padilla Romo, en Tepatitlán.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que los superdelegados tenían prohibido inmiscuirse en elecciones constitucionales y política interna de partidos, señaladamente de Morena, y a quien se le sorprendiera haciéndolo se le denunciaría directamente ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales.

El grupo de despedidos, remitió una carta el pasado 13 de septiembre acusando a Armando Zazueta de estar construyendo una estructura con fines electorales y pidieron una “investigación formal”.

La Coordinación Estatal de Desarrollo en Jalisco, se ha visto envuelta en la polémica desde que su primer funcionario, Carlos Lomelí, fue acusado de tener tratos privilegiados y posibles conflictos de intereses y tráfico de influencias, en beneficio de sus empresas de proveeduría médica. Ante el escándalo, se sometió a una investigación de la Secretaría de la Función Pública que podría resolver en breve el asunto.

En su lugar fue designado Armando Zazueta, colaborador cercano al coordinador nacional de los superdelegados, Gabriel García quien, al arribar al cargo en agosto pasado, se vio expuesto por sus subordinados, debido a los excesos en que se le sorprendió en el primer mes.

En su edición 2240, correspondiente al 6 de octubre, el semanario Proceso acreditó los diferentes casos de nepotismo, aviadurías y presunto uso político de los programas de Bienestar.

También en esa edición se informó también sobre las denuncias de los cuatro subdelegados que fueron remitidas al presidente López Obrador, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores; a la de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, entre otros, sin que hasta ahora se haya informado si existe o no investigación sobre el caso.

Fuente: PROCESO





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Acusan corrupción del superdelegado en Jalisco y los despiden

Jalisco2 - Acusan corrupción del superdelegado en Jalisco y los despiden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A mediados de septiembre, cuatro subdelegados regionales de desarrollo en Jalisco, denunciaron uso electoral de Programas de Bienestar, nepotismo y operaciones políticas en las que estaría incurriendo el superdelegado en la entidad, Armando Zazueta. La consecuencia fue que, el pasado 14 de noviembre, fueron despedidos.

No les dieron ni aguinaldo ni finiquito; los convocaron a una reunión en Guadalajara y ahí se les comunicó que su contrato estaba vencido y ya no se podría renovar. Aunque faltaban 15 días para el término de su contrato.

Los hoy exsubdelegados regionales son Olaf Guzmán Flores, quien se desempeñaba en Tequila; Blanca Olivia Vargas Mendoza, en Zapopan; Luis Armando Vargas Prado, de Mascota y, María de Jesús Padilla Romo, en Tepatitlán.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que los superdelegados tenían prohibido inmiscuirse en elecciones constitucionales y política interna de partidos, señaladamente de Morena, y a quien se le sorprendiera haciéndolo se le denunciaría directamente ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales.

El grupo de despedidos, remitió una carta el pasado 13 de septiembre acusando a Armando Zazueta de estar construyendo una estructura con fines electorales y pidieron una “investigación formal”.

La Coordinación Estatal de Desarrollo en Jalisco, se ha visto envuelta en la polémica desde que su primer funcionario, Carlos Lomelí, fue acusado de tener tratos privilegiados y posibles conflictos de intereses y tráfico de influencias, en beneficio de sus empresas de proveeduría médica. Ante el escándalo, se sometió a una investigación de la Secretaría de la Función Pública que podría resolver en breve el asunto.

En su lugar fue designado Armando Zazueta, colaborador cercano al coordinador nacional de los superdelegados, Gabriel García quien, al arribar al cargo en agosto pasado, se vio expuesto por sus subordinados, debido a los excesos en que se le sorprendió en el primer mes.

En su edición 2240, correspondiente al 6 de octubre, el semanario Proceso acreditó los diferentes casos de nepotismo, aviadurías y presunto uso político de los programas de Bienestar.

También en esa edición se informó también sobre las denuncias de los cuatro subdelegados que fueron remitidas al presidente López Obrador, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores; a la de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, entre otros, sin que hasta ahora se haya informado si existe o no investigación sobre el caso.

 

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Justicia brasileña ratifica segunda condena contra Lula

lula emocionado - Justicia brasileña ratifica segunda condena contra Lula

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una corte de apelación que revisó el caso de la finca de Atibaia ratificó una segunda condena contra el expresidente Luis Inacio Lula da Silva, acusado de corrupción y lavado de dinero.

Los tres magistrados del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, en Porto Alegre, votaron de manera unánime por elevar a 17 años y 1 mes de prisión la pena de Lula, frente a los 12 años y 11 meses de cárcel que le habían sido impuestos en primera instancia, según un despacho informativo de la agencia EFE.

De acuerdo con los miembros de la sala octava, quedó comprobado que el expresidente se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 236 mil dólares) que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una casa de campo situada en el estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.

Antes de iniciar sus respectivas consideraciones sobre el mérito de la condena, los tres jueces negaron los pedidos de la defensa de anular la sentencia con base en un fallo reciente de la Suprema Corte.

La máxima corte de Brasil reconoció que en los procesos en que se firman acuerdos de ‘declaración premiada’ (cuando los imputados aportan información a la Justicia a cambio de beneficios penales) el acusado debe tener derecho a la última palabra, para garantizar su derecho a amplia defensa, lo que no ocurrió durante el juicio de Lula en primera instancia en el llamado “caso de Atibaia”.

No obstante, el instructor del caso, Joao Pedro Gebran Neto, manifestó que en esta causa “en momento alguno se demostró la existencia de cualquier tipo de perjuicio con la inversión del orden” de las declaraciones de los acusados, un argumento que fue respaldado por los otros dos jueces.

Sobre Lula, de 74 años, pesa otra condena ratificada en tercera instancia, después de que la justicia brasileña diera por probado que recibió un apartamento en una playa en la localidad de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, a cambio de favores a la constructora OAS en contratos con la petrolera Petrobras.

Por ese caso, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) pasó 580 días en prisión, pero quedó en libertad hace aproximadamente tres semanas, después de verse beneficiado por una decisión de la máxima corte del país, que revisó su propia jurisprudencia y consideró que un condenado no puede comenzar a cumplir la pena hasta que sean agotados los todos los recursos.

En ese proceso, conocido como el “caso del triplex”, Lula todavía tiene una alegación pendiente en el Supremo, mientras que en el “caso de Atibaia” le restan dos recursos que podrá llevar a cabo en libertad.

La casa de campo en Atibaia, en las afueras de São Paulo, no era de Lula, sino de Fernando Bittar, un amigo cercano, pero el expresidente solía pasar ahí los fines de semana con su familia, por lo que los investigadores concluyeron que en realidad él era el beneficiario de las reformas que empresas contratistas de Petrobras habrían realizado ahí.

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En su primer informe, Cuitláhuac García presume que se acabó la corrupción; oposición revira

Ver - En su primer informe, Cuitláhuac García presume que se acabó la corrupción; oposición revira

XALAPA, Ver. (Proceso.com.mx).-En su primer informe de gobierno, Cuitláhuac García Jimenez aseguró que se logró “acabar con la corrupción”, así como con los moches y el tráfico de influencias.

En un mensaje en el Teatro del Estado, el mandatario estatal refirió que ha sido difícil y complicado combatir el desequilibrio social que priva en Veracruz.

En redes sociales, el Partido Acción Nacional emprendió una intensa campaña para señalar las pifias del nuevo gobierno: Primer lugar en feminicidios, primer lugar en secuestros, primer lugar en nepotismo, primer lugar en dengue, tercer lugar en homicidios dolosos, entre los primeros diez lugares de desempleo, fueron las consignas de la oposición.

En su mensaje, García Jiménez acusó “muy mala leche” de la oposición por exaltar problemas de esta administración, puso de ejemplo la estigmatización al gobierno por el desabasto de medicamentos para contrarrestar el cáncer.

Prometió no fallarle a los veracruzanos y seguir combatiendo la inseguridad, uno de los grandes flagelos del estado, que en lo que va su primer año de gobierno suma más de mil 200 homicidios dolosos.

“Se puso fin al saqueo, hemos cumplido con el principal encargo ya no más gobernantes corruptos ”.

En su mensaje de dos horas, García Jiménez fue acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el mandatario ha acudido en 16 ocasiones a Veracruz para atender de primera mano los problemas del estado.

“Ni el desfalco, ni la inmensa deuda financiera, ni el deterioro económico en que recibimos el estado nos ha impedido trabajar en favor de la gente, la clave está en no robar el pueblo, y ser eficiente mediante el ahorro y la buena administración”.

García aseguró que en los últimos meses la incidencia delictiva ha disminuido en 20%.

Refirió a la austeridad de su gobierno como una de las principales banderas, y dijo que en la oficina del gobernador se ejerció 38 % menos del presupuesto del gobierno anterior.

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Coparmex – Archivo Digital Colima

COPARMEX 660x330 - Coparmex – Archivo Digital Colima


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Colima es la cuarta entidad federativa en la que menos corrupción se registra en sus trámites, de acuerdo con el indicador #MxSinCorrupción de la más reciente encuesta #DataCoparmex, que realiza la Confederación Patronal de la República Mexicana.

El indicador ubica a Chihuahua como el estado de la República donde menos socios de Coparmex han experimentado algún acto de corrupción en el último año, con el 18 por ciento.

#MxSinCorrupción ubica a Coahuila en la segunda posición como el estado con menos corrupción en sus trámites, con 24%; le sigue Querétaro, 25 por ciento, y empatados en cuarto sitio, Colima e Hidalgo, con 26 por ciento.

En contraste, los estados en donde mayormente los socios de Coparmex dijeron haber experimentado un acto de corrupción en trámites públicos en el último año, son Guerrero, con el 59%; Chiapas, 58%; Morelos, 55%; Ciudad de México, 51%, y Estado de México, 49 por ciento.

La encuesta en la que fueron consultados socios de Coparmex, fue realizada los meses de mayo y junio de 2019 y de acuerdo con los resultados publicados en su portal de internet, no se muestran datos para Campeche porque no se alcanzó una representatividad estadística.

#DataCoparmex también establece que en el indicador #DineroPrófugo, Colima está entre los ocho estados que menor cantidad de dinero deben aclarar o reintegrar en las fiscalizaciones de la Auditoria Superior de la Federación, con 31 millones de pesos, esto correspondiente a la primera entrega de la cuenta pública del año 2018.

En el otro extremo del indicador #DineroPrófugo, Oaxaca tiene pendientes aclarar o reintegrar mil 943 millones de pesos; Estado de México, mil 814 millones; Chiapas, mil 071 millones, y Nayarit, 492 millones de pesos

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Colima es el cuarto estado con menos corrupción: Coparmex

Colima es el cuarto estado con menos corrupción Coparmex - Colima es el cuarto estado con menos corrupción: Coparmex


Redacción Colima Noticias

Colima es el cuarto estado con menos corrupción Coparmex 696x394 - Colima es el cuarto estado con menos corrupción: Coparmex

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima,
Col.-   Colima es la cuarta entidad federativa en la que menos corrupción se registra en sus trámites, de acuerdo con el indicador #MxSinCorrupción de la más reciente encuesta #DataCoparmex, que realiza la Confederación Patronal de la República Mexicana.

El indicador ubica a Chihuahua como el estado de la República donde menos socios de Coparmex han experimentado algún acto de corrupción en el último año, con el 18 por ciento.

MxSinCorrupción ubica a Coahuila en la segunda posición como el estado con menos corrupción en sus trámites, con 24%; le sigue Querétaro, 25 por ciento, y empatados en cuarto sitio, Colima e Hidalgo, con 26 por ciento.

En contraste, los estados en donde mayormente los socios de Coparmex dijeron haber experimentado un acto de corrupción en trámites públicos en el último año, son Guerrero, con el 59%; Chiapas, 58%; Morelos, 55%; Ciudad de México, 51%, y Estado de México, 49 por ciento.

La encuesta en la que fueron consultados socios de Coparmex, fue realizada los meses de mayo y junio de 2019 y de acuerdo con los resultados publicados en su portal de internet, no se muestran datos para Campeche porque no se alcanzó una representatividad estadística.

DataCoparmex también establece que en el indicador #DineroPrófugo, Colima está entre los ocho estados que menor cantidad de dinero deben aclarar o reintegrar en las fiscalizaciones de la Auditoria Superior de la Federación, con 31 millones de pesos, esto correspondiente a la primera entrega de la cuenta pública del año 2018.

En el otro extremo del indicador #DineroPrófugo, Oaxaca tiene pendientes aclarar o reintegrar mil 943 millones de pesos; Estado de México, mil 814 millones; Chiapas, mil 071 millones, y Nayarit, 492 millones de pesos





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Romero Deschamps y el principio de no repetición

Romero Deschamps. Sinónimo de corrupción. Foto Germán Canseco - Romero Deschamps y el principio de no repetición

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No habrá nadie capaz de defender a Carlos Romero Deschamps de pisar la cárcel. Seguramente va a argumentar que se trata de una venganza política del actual gobierno, pero no hay poder político en México que pueda extender impunidad para este líder corrupto del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Su principal pecado ha sido traicionar a sus representantes, una y otra vez. Ambicioso sin recato, amasó una fortuna económica muy grande que no habría podido explicar sin la impunidad política que le entregaron cinco presidentes de la República.

Entre muchas, una traición documentada es el dinero que arrebató a los trabajadores del sindicato, provenientes de una cuenta en un banco de Nueva York.

Desde 1991 la revista Proceso cubrió lo que en su día se llamó El Mega Fraude del Sindicato Petrolero; una operación fraudulenta en la que esa organización gremial se comprometió a vender petróleo a un cliente en los Estados Unidos sin que jamás cumpliera.

El cliente defraudado presentó una denuncia en los juzgados de Texas por la cantidad de 300 millones de dólares y con ello logró, entre otras garantías, que quedara congelada una cuenta del sindicato que contenía 43 millones de dólares.

Diez años más tarde el sindicato contrató al abogado Carlos Ryerson, un profesional con más de 30 años de trayectoria, para que recuperara ese patrimonio. El litigante logró, en parte, resolver la misión encomendada: obtuvo para los trabajadores del sindicato petrolero la cantidad de 21 millones de dólares. El resto fue a dar a los bolsillos de la contraparte.

Pero ahí no terminó esta historia: en cuanto Ryerson firmó el acuerdo referido –a nombre del sindicato de Pemex–, Carlos Romero Deschamps decidió destituirlo como representante legal de su organización en ese litigio.

Fue entonces que el viejo abogado texano demandó a Romero Deschamps porque, según su dicho, esa destitución tuvo un solo propósito: embolsarse personalmente los 21 millones de dólares que eran patrimonio de los trabajadores.

Los detalles de este otro presunto fraude se encuentran en el caso 3:05-cv.00092 presentado contra Carlos Romero Deschamps en la división de Galveston de distrito sur de Texas.

Ahí Ryerson acusa al líder sindical de atentar contra los intereses de su sindicato por razones políticas, pero sobre todo para beneficiarse financiera e individualmente.

“La conducta de Romero Deschamps es constitutiva del delito de fraude,” acusó el abogado en febrero de 2005.

Al final de este pleito jurídico, el líder petrolero salió ganando ya que, por un par de artimañas legales, logró que el juez dejara a Ryerson fuera del pleito entre él y los trabajadores y, en consecuencia, que el dinero recuperado no ingresara a la cuenta del sindicato de Petróleos Mexicanos.

Después de revisar la evidencia relativa al caso 3:05-cv.00092 cabe preguntarse cuántas veces Romero Deschamps operó de esta misma manera: transfiriendo recursos que eran patrimonio de los trabajadores y que terminaron en sus cuentas personales.

En julio de 2014 mi colega Carlos Puig volvió sobre la historia del megafraude cometido por los líderes del sindicato y recordó los intentos de la parte defraudada por satisfacer su derecho.

Sin embargo, para esa fecha Romero Deschamps había ya logrado esconder parte del dinero que, gracias a los esfuerzos del abogado Carlos Ryerson, volvieron a tierras mexicanas.

Carlos Puig recuerda que Romero Deschamps contó en su día con todo el apoyo del Procurador General de la República, Enrique Álvarez del Castillo, quien en el primer litigio mencionado argumentó que ni Pemex ni su sindicato debían ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales estadunidenses.

En esa defensa airada del entonces abogado de la Nación se encuentra la clave de la impunidad que, durante tantos años, avaló el comportamiento corrupto y fraudulento de Carlos Romero Deschamps.

Hasta hace unos meses fue uno de los hombres más poderosos y más ricos del régimen. Como en el caso relatado de Ryerson, su trabajo principal fue traicionar, por todos los medios posibles, a la base sindicalizada de Pemex.

Hay evidencia de que los traicionó financieramente y también políticamente. Ese señor intercambió, durante casi tres décadas, impunidad política personal a cambio de la docilidad de los trabajadores, frente al gobierno en turno.

Su adiós a la vida pública es un hito en la historia del sindicalismo mexicano, acaso sólo comparable con el defenestramiento de Elba Esther Gordillo Morales, exlíder del sindicato magisterial, o de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, predecesor de Romero Deschamps.

En esos dos casos, la biografía de los personajes incluyó un capítulo en la cárcel. No se mira posible que este tercer líder sindical se escape de un destino parecido.

La evidencia de su enriquecimiento inexplicable, la información sobre los presuntos fraudes cometidos en contra de sus agremiados y la enorme cantidad de enemigos que hizo, dentro y fuera del sindicato, son poderosas razones para predecir su futuro.

Ahora bien, así como en materia de derechos humanos la doctrina habla del principio de no repetición, de igual manera debería ocurrir con la corrupción.

El caso de Romero Deschamps no debe repetirse, bajo ninguna circunstancia.

No sería justo que tras su salida sobreviva la intención de colocar a otro liderazgo domesticado por el nuevo régimen.

La no repetición en este caso sólo podría garantizarse si el gobierno, en su esfera más elevada, retira el manto de impunidad que antes protegió a los peores líderes sindicales corruptos.

Este análisis se publicó el 20 de octubre de 2019 en la edición 2242 de la revista Proceso

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75% de los colimenses firmarían carta compromiso de no ofrecer ni aceptar actos de corrupción: Proyecta

proyecta rueda de prensa - 75% de los colimenses firmarían carta compromiso de no ofrecer ni aceptar actos de corrupción: Proyecta


Oscar Cervantes

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Oscar Cervantes|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.-  El 75% de la población en Colima firmaría una carta compromiso de no ofrecer ni aceptar actos de corrupción; reveló una encuesta realizada por la empresa Proyecta donde 4 mil ciudadanos de la entidad fueron consultados sobre este tema.

Estos resultados los presentó el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción que preside Carlos Maldonado Villaverde, donde enfatizó que la muestra se aplicó en el periodo de mayo al presente mes, encuestando a mujeres y hombres de diferentes municipios.

Detalló que también esta encuesta reflejó que el 28% de las personas que contestaron, consideran que la causa de la corrupción refiere al interés de los funcionarios de obtener dinero fácil.

Además que no hay leyes que castiguen de forma severa a los corruptos, no obstante otra de las respuestas de los ciudadanos fue que en la sociedad no hay valores, malos salarios de los funcionarios, urgencia de los ciudadanos  por resolver trámites, entre otros temas.

Sostuvo que los resultados obtenidos de la encuesta si bien no son para lanzar campanas al vuelo, son un indicador de que se redujo un poco la corrupción y que a la larga será una vergüenza pública ofrecer o proponer un acto de corrupción.

Carlos Maldonado señaló que en la ley no existe un concepto que defina la corrupción; sin embargo hay cierto nivel de subjetividad, por lo que consideró se deben lograr las condiciones para que a decisión del ciudadano, si se está incurriendo en actos de corrupción, sea claro. “Como tiene una componente cultural, esto es difícil pero no imposible”.

Ejemplificó que en México el nepotismo está tipificado y se considera por los ciudadanos como un acto de corrupción, por lo que se debe valorar cada caso y definir las políticas de combate a la corrupción para que sean estas políticas las que definan en gran medida los actos de corrupción.

“Debemos empezar a elaborar un catálogo donde se exponga qué son actos de corrupción, de lo contrario cualquier ciudadano gritará a los funcionarios que son corruptos”, apuntó. 





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Congreso de BC crea fiscalías General, contra la Corrupción y para Delitos Electorales

congreso baja california - Congreso de BC crea fiscalías General, contra la Corrupción y para Delitos Electorales

ENSENADA, BC. (apro).– El Congreso de Baja California aprobó, con 23 votos a favor y 2 en contra, la creación de las fiscalías General del Estado, Especializada en Combate a la Corrupción y Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cuyos titulares serán electos por el propio Poder Legislativo con base en ternas que presente el gobernador en turno.

También se decretó la creación del Centro Estatal de Inteligencia y la desaparición de la Policía Estatal Preventiva en un término de 6 meses contados a partir de la fecha de publicación del dictamen, elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y de Justicia del Congreso.

Semanas atrás, Jaime Bonilla Valdés, gobernador electo de Baja California, manifestó que su propuesta para ocupar el cargo de Fiscal General la encabeza Juan Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, asesor legal del próximo mandatario en el tema de la ampliación de mandato a cinco años, exabogado del empresario priista Jorge Hank Rhon y excoordinador de los despachos legales Morena MIA (Mexicanos Inmigrantes en América), que en Estados Unidos dieron asesoría legal a migrantes indocumentados.

La iniciativa, aprobada con dispensa de trámite, reforma diversos artículos de la Constitución local, a fin de crear la Fiscalía General del Estado (FGE).

Establece que la institución del Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, misma que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

Tendrá a su cargo la investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal. Además, ejercerá atribuciones de Seguridad Pública a través del organismo que la ley determine.

Dispone que será facultad del gobernador “presentar ternas al Congreso del Estado” para la designación del Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, y para el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, los que el congreso deberá designar por mayoría calificada del Pleno legislativo (17 votos).

Al frente de la Fiscalía General estará un fiscal general, quien durará en su cargo seis años y requiere tener cuando menos 35 años de edad al día de la designación, y poseer por lo menos 10 años de ejercicio profesional, contados a partir de la expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho.

En cuanto a los titulares de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la norma establece que durarán en su puesto cuatro años y podrán ser reelectos por una sola ocasión.

En los artículos transitorios se dispone que el procurador General del Estado que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del decreto, seguirá en el cargo hasta que el Congreso efectúe la designación del fiscal general.

Asimismo, se declara desaparecida la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Fiscalía General deberá instrumentar un programa de depuración para los elementos de dicha corporación que quieran formar parte de la nueva corporación prevista en el artículo 69 de la reforma.

Finalmente, respecto al Centro Estatal de Inteligencia, establece que estará integrado por la Fiscalía General y las secretarías y direcciones de Seguridad de los ayuntamientos de Baja California, como órgano de coordinación en materia de seguridad pública.

La coordinación del Centro estará a cargo del fiscal general del Estado, con respeto a las autonomías de los municipios.

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