Redacción / Sin Embargo
El ejercicio de esta actividad ha ido en aumento, pasando de 667 proyectos mineros en 2010 a mil 531 en 2018, por lo que no solo la repercusión económica y social se ha incrementado.
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- En el marco del seminario internacional “Derecho, despojo y luchas sociales“, celebrado en Ciudad Universitaria, se dio a conocer que persiste una gran diferencia entre las empresas mexicanas que se dedican a la exploración del subsuelo nacional y las compañías de origen extranjero, ya que solo el 8 por ciento del total corresponde a capital del país.
De acuerdo con datos del Anuario de Actividades Extractivas de 2018, en México existen 476 empresas dedicadas a dicho rubro, de las cuales 437 son de origen extranjero, entre ellas 366 son canadienses y 44 estadounidenses.
Por otro lado, el ejercicio de esta actividad ha ido en aumento con el paso de los años, pasando de 667 proyectos mineros en 2010 a mil 531 en 2018, por lo que no solo la repercusión económica se ha incrementado, sino que el impacto social, especialmente para los pueblos indígenas, es de vital relevancia.
La mayoría de estas compañías son canadienses. Foto: UNAM
Durante el encuentro, que reúne a diversos especialistas de talla internacional, el tema giró en torno al análisis de los proyectos de desarrollo, la estructura de las políticas públicas en torno a estos y el efecto que la desregularización en este campo conlleva para los territorios indígenas, ya que el propósito del seminario es el de conceptualizar “las estructuras jurídicas del despojo que vivimos, para ubicar sus características, fuentes jurídicas y los efectos de su aplicación”, indicó Aleida Hernández Cervantes, coordinadora del evento.
Al respecto, la investigadora Marisol Anglés Hernández, expuso la existencia de un movimiento conocido como acumulación por desposesión, el cual consiste en integrar bienes públicos al mercado para beneficio de los grandes capitales.
La situación afecta a los pobladores de territorios indígenas. Foto: UNAM
“Así lo vemos en la nueva terminología que hoy se usa, como ‘utilidad pública’, ‘interés social’ y ‘actividades estratégicas’. Antes, cuando se hablaba de las dos primeras se visualizaba el bienestar de las mayorías; hoy hace referencia a los intereses de las empresas. Además, en el pasado era impensable que una actividad estratégica estuviera en manos privadas, y ahora lo están”, señala la UNAM.
Anglés Hernández concluyó señalando que el estado puede llevar a cabo diversas herramientas como concesiones o permisos, entre otros, que pueden ir en contra de los derechos de las comunidades para convenir a otros intereses.