Estrategia de seguridad AMLO: ni cómo está, ni qué, ni cómo

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El principal problema de las propuestas del presidente electo López Obrador sobre seguridad no radica sólo en no saber lo que se quiere, sino en cómo se va a llegar a donde no se sabe. Y se agrava cuando el debate al interior del lopezobradorismo no se da en la lucha autoridad-criminales, sino entre los radicales que quieren disolver al Ejército y un López Obrador indeciso que un día dice que no y otro que sí.

Mientras el presidente electo ya aceptó la doctrina de seguridad interior de las Fuerzas Armadas y por tanto avaló la permanencia temporal de militares y marinos en tareas de seguridad interior derivadas de una seguridad pública controlada por las bandas criminales, el morenismo duro ha emprendido una campaña contra las Fuerzas Armadas exigiendo inclusive su disolución.

El desencuentro radica en la caracterización de la delincuencia: una expresión pesimista del subdesarrollo y la falta de bienestar o una conciencia del mal por sí mismo. Por lo pronto, el enfoque de seguridad de López Obrador y su equipo encargado de restaurar la Secretaría de Seguridad Pública se encuentran en la indefinición de los papeles de las tres formas de la seguridad: pública, interior, nacional.

El equipo de seguridad pública del próximo gobierno necesita de manera urgente definir su diagnóstico sobre la inseguridad y presentar su estrategia. Una cosa es que los grupos políticos pacifistas y anti autoritarios de Morena vean en las Fuerzas Armadas una preocupación para los derechos civiles y otras cosa que a lo largo de la historia de las Fuerzas Armadas nunca hubo –con excepción de la traición de Huerta encarada con decisión por jóvenes del Heroico Colegio Militar– ninguna iniciativa propia para enfrentarse a la población civil, sino que obedeció con disciplina las órdenes de los mandos constitucionales civiles.

Por tanto, el problema de las Fuerzas Armadas no radica en los mandos militares, sino en los civiles.

Las oscilaciones de López Obrador sobre el papel de las Fuerzas Armadas y su percepción sobre las razones de la inseguridad y la delincuencia están introduciendo inestabilidad en el cuerpo castrense, toda vez que el presidente electo es virtualmente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y lo será de manera formal el 1 de diciembre. Pero ven con preocupación que López Obrador carece de una definición clara sobre las Fuerzas Armadas.

La función de las Fuerzas Armadas no fue determinada por capricho, sino por cuando menos tres sucesos históricos: la apropiación de territorio mexicano, el acoso y la invasión estadounidense del siglo XIX hoy potenciada con los documentos del Pentágono que tienen en la mira la protección de los pozos petroleros mexicanos; el carácter transnacional del crimen organizado, la protección de la soberanía interna –esencia de la seguridad interior como doctrina de seguridad nacional– ante la apropiación por los cárteles de zonas territoriales de la soberanía del Estado nacional y las intenciones del Ejército de los EU de tomar el control en territorio mexicano de la lucha contra los delincuentes definen la seguridad nacional castrense.

Hasta ahora López Obrador no ha demostrado ser un político revolucionario y ha dado más que evidencias para consolidar su imagen de político institucional priista. Sin embargo, parece haber quedado atrapado en la doctrina Solalinde que considera a los narcos como víctimas del Estado y por ello se ha referido al hermano Zeta para exonerar de pecados a uno de los grupos criminales más crueles en la delincuencia actual, formado no por pobreza, sino por opción delincuencial definida.

La principal definición pospuesta por el presidente electo, su equipo de seguridad pública y los grupos de derechos humanos es la clave para saber la política estratégica de seguridad del próximo gobierno: la delincuencia y la criminalidad son un derecho humano o una forma del mal social. Y ello llevaría a la más importante precisión del nuevo gobierno: la delincuencia se va a combatir con bendiciones, indulgencias y perdones o con la aplicación estricta de la ley.

A menos de cincuenta días de arranque formal del próximo gobierno, el programa de seguridad se percibe en tres imágenes que contrastan con el aumento en las acciones criminales: el desorden en los foros, la percepción del lopezobradorismo de que las víctimas no darán perdón sin justicia penal y los datos de que el sistema de seguridad pública en realidad no sirve.

Pero es la hora en que el nuevo equipo de seguridad carece de una propuesta real.

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