Seis presuntos miembros del CJNG, entre ellos tres mujeres, son detenidos en Zapopan

Sentenciados MTY 1024x601 - Seis presuntos miembros del CJNG, entre ellos tres mujeres, son detenidos en Zapopan

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Seis presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas tres mujeres, fueron detenidos durante el cateo de dos inmuebles ubicados en Zapopan, Jalisco, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los detenidos son Jorge “R”, Librada “G”, Erick “G”, Lorena “R”, Rigoberto “G”, y Jimena “R” quienes fueron puestos a disposición del ministerio público federal.

En el cateo también se aseguraron armas largas y cortas, metanfetamina, cocaína y vehículos.

Derivado de una carpeta de investigación que se abrió por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo dos órdenes de cateo.

La primera orden fue para una finca ubicada en la colonia El Fortín, donde elementos de la FGR detuvieron a los sospechosos. Además, hallaron dos paquetes de metanfetamina con peso aproximado de 1.5 kilos, diversas dosis de cocaína, así como tres armas largas y una corta, cartuchos y dos cargadores, una báscula y un vehículo. 

La segunda fue para una vivienda que se ubica en la colonia Arboledas, ahí arrestaron a cuatro personas. También, se aseguraron tres paquetes con cocaína con peso aproximado de tres kilos, un arma corta abastecida con 10 cartuchos, una camioneta, y dos autos.

Comentarios





Fuente

Advertisements

Acusan faltas a los derechos de los detenidos en cárceles de fiscalías 

Sede de la FGR Foto Especial - Acusan faltas a los derechos de los detenidos en cárceles de fiscalías 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).— En varios centros de detención de la Fiscalía General de la República (FGR) y de algunas fiscalías estatales “no se cumple con la aplicación de todas las salvaguardias a las que tienen derecho las personas en custodia”, como son la realización de un examen médico dentro de las 12 horas posteriores a la detención, acceso a un abogado, recibir información sobre sus derechos y la notificación a terceros de la aprehensión.

A esta conclusión llegó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), en su Informe Especial 1/2019.

Este informe es resultado de las visitas a lugares de detención realizadas por el MNPT durante los primeros tres meses de este año, en las cuales entrevistó a 792 personas en custodia.

  El informe señala que, de acuerdo con esta población muestra, a las personas en custodia se les dificulta la comunicación con sus familiares y abogados por falta de acceso a llamadas telefónicas.

Asimismo, el estudia indica que tampoco se realizan exámenes médicos por falta de personal o instalaciones, cuando llegan a practicarse estos exámenes se hacen frente a personal policial o del Ministerio Público; a los detenidos no se les informa quienes los acusan ni a disposición de quién se encuentran; ni de qué delito se les acusa; tampoco se les informa de su derecho a guardar silencio.

Comentarios





Fuente

Emplazan a la FGR: documenta la no tortura o liberarán a más detenidos

e ncinas - Emplazan a la FGR: documenta la no tortura o liberarán a más detenidos

El jueves 26 se cumplen cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Por ese caso fueron consignadas 142 personas; sin embargo, 77 de ellas han obtenido su libertad por diversas anomalías en el proceso. Peor aún: la cifra de presuntos implicados liberados podría crecer si la FGR no logra acreditar que las declaraciones de tres personas aprehendidas fueron obtenidas de manera lícita.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- De no atenderse los lineamientos establecidos por el Poder Judicial de la Federación, el próximo jueves 26, cuando se cumplen cinco años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, podrían ser liberados otros tres involucrados en esos hechos.

La tendencia de liberaciones, que hasta ahora suman 77 de las 142 personas consignadas durante el sexenio pasado –entre ellas la de Gildardo López Astudillo, él único con sentencia absolutoria– continuaría entre el miércoles 25 y el jueves 26 si la Fiscalía General de la República (FGR) no entrega al Juzgado Primero de Procesos Penales, de Matamoros, Tamaulipas, los Protocolos de Estambul para determinar si las declaraciones de Carlos Canto Salgado y Raúl Núñez, también detenidos, fueron obtenidas de forma lícita o bajo tortura, toda vez que fueron utilizadas para inculpar a otros tres implicados en el delito de delincuencia organizada.

El jueves 12, el juez Samuel Ventura Ramos emitió un acuerdo por el que emplaza a la FGR a entregar la documentación en los próximos 10 días naturales, a los que se suman 72 horas, para resolver la situación jurídica de tres inculpados, Eury Flores López, Mateo Palacios Benítez o Mateo Benítez Palacios, y Salvador Palacios Benítez o Salvador Benítez Palacios, señalados en su momento por la Procuraduría General de la República (PGR) como integrantes de una célula del Grupo Guerreros Unidos, denominada Los Peques o Los Tilos, quienes impugnaron autos de formal prisión de octubre de 2017.

En su acuerdo –consultado por este semanario– toma como base la resolución de un amparo en revisión, el 242/2018, emitido el 22 de agosto de 2019 por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, que tuvo por ponente al magistrado Mauricio Fernández de la Mora.

En apego a dicha resolución, el juez Ventura Ramos ordena dejar insubsistentes autos de formal prisión del 2 y 7 de octubre, “así como todo lo actuado con posterioridad a la declaración preparatoria de los referidos indiciados, ello con el propósito de recabar experticias por peritos independientes, conforme al Protocolo de Estambul”, de Canto Salgado y Núñez Salgado, dos de las seis declaraciones que integran el cúmulo probatorio, compuesto por 12 elementos contra los tres inculpados.

En caso de que la FGR no entregue en el plazo fijado los dictámenes requeridos, al resolver la situación jurídica de los indiciados “deberá tomarse en cuenta la demora en la presentación o puesta a disposición, las múltiples lesiones que presentaron los declarantes, además de todos los fallos protectores emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en el Estado de Tamaulipas”.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2238, ya en circulación)

Comentarios





Fuente

El Cepad exige la intervención de organismos internacionales por crisis forense en Jalisco – Proceso

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Ante la crisis forense y de desaparecidos que se vive en la entidad, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) demandó la intervención de organismos internacionales en los procesos de búsqueda e identificación.

El Cepad recordó que hace un año se reveló el uso de dos cajas frigoríficas con 322 cadáveres, porque las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) estaban rebasadas, y en esta semana se publicó el rescate de 119 bolsas con restos humanos de un pozo, en el poblado La Primavera, en Zapopan.

“En las instalaciones del IJCF sigue presente el rezago y acumulación de cuerpos de personas fallecidas no identificadas, su capacidad de brindar un trato digno a los cuerpos sigue rebasada, y los procesos de identificación y atención a las víctimas no son realizados de manera adecuada”, destacó en un comunicado.

De igual manera, lamentó que hasta ahora no haya un solo responsable por el asunto de los tráileres y que únicamente se investigue el delito de peculado y abuso de autoridad, lo que podría abonar para que el hecho se repita, subrayó.

Otro dato que el Cepad no olvida es que, tras el hallazgo de más de 207 fosas clandestinas en la última década, mil 581 cuerpos fueron incinerados sin que se les identificara, y reprobó la donación de más de 900 cadáveres a instituciones educativas de la entidad.

Ante tal panorama, exigió que la Fiscalía General de la República (FGR), junto con el grupo de especialistas autónomos, investiguen de forma “exhaustiva, expedita e imparcial” el hallazgo de los cadáveres en los tráileres, y sancione a los funcionarios responsables.

Asimismo, pidió que autoridades locales y federales “implementen medidas extraordinarias, especiales y multidisciplinarias de identificación forense”, bajo la observación de organismos internacionales y personas reconocidas en la materia a nivel nacional e internacional, “incluyendo la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”.

Además, que en la identificación de cuerpos se garantice un trato digno, se dé información a los afectados y se rinda cuenta a los familiares de personas desaparecidas.

Comentarios





Fuente

ayer, carencias por corrupción; hoy, por austeridad – Proceso

A pesar de que la inseguridad aqueja al país y por ello el presidente enfatiza las acciones de su gobierno para combatirla, no ocurre lo mismo con la procuración de justicia. Agentes del Ministerio Público federal, peritos y personal administrativo de la FGR se quejan de las carencias que arrastran desde sexenios anteriores y que no se subsanan en la actual administración. Desprovistos de material tan básico como papelería, lo mismo que de aparatos, mobiliario y espacios adecuados para su labor, señalan que esa situación repercute en la endeble integración de carpetas de investigación. Por eso advierten: “Cuando esto colapse, (los jefes) se lo atribuirán a la austeridad”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con el argumento de la “austeridad republicana”, áreas estratégicas de procuración de justicia de la Fiscalía General de la República (FGR) no sólo enfrentan una reducción de presupuesto, sino que mantiene los mismos vicios del régimen anterior en el manejo de recursos, con el riesgo de que se “caigan” los casos por deficiencias en el procedimiento.

El esclarecimiento de los delitos, protección a las víctimas y el castigo al responsable es todo un desafío en esta etapa de “austeridad” para los peritos y agentes del Ministerio Público federal. De acuerdo­ con información interna de la FGR obtenida por este semanario, los primeros enfrentan carencias de infraestructura, equipo, reactivos y guantes para garantizar el correcto levantamiento y resguardo de evidencias; los segundos, la falta de hojas y hasta grapas para la debida integración de una carpeta de investigación.

A estas carencias se suma el hecho de que organismos no gubernamentales, como el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), diagnosticaron que en el país prevalece “una crisis de inseguridad” que se incrementó en los nueve meses del actual gobierno federal.

Recientemente la fiscalía recibió dos reveses: el último, el viernes 30 de agosto, cuando el juez octavo de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco absolvió del delito de delincuencia organizada a Rubén Oseguera González, El Menchito, presunto operador financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) e hijo del capo Nemesio Oseguera. No obstante, seguirá en prisión por otros cargos: lavado de dinero, uso de armas exclusivas del Ejército y cohecho.

Días antes, “debido a que la Fiscalía General de la República no reunió los suficientes elementos para vincularlo a proceso”, un juez de control liberó a un policía del Estado de México acusado de la muerte de un piloto y la caída de un helicóptero el pasado 6 de julio en el municipio de Sulpetec, mientras la nave realizaba el traslado médico de tres mujeres y una menor de edad que resultaron lesionadas por el desplome.

A pesar de las deficiencias, la FGR sufrió una disminución presupuestal para el ejercicio 2019 cercana a mil millones de pesos, 892 millones de pesos menos que en 2018. Esta reducción toca áreas sumamente sensibles, como la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, Asuntos Policiales Internacionales e Interpol; las direcciones del área forense, así como las de Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

También se afectó a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y la de Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, es decir, las direcciones relacionadas con delincuencia organizada y la investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia.

El pasado 6 de agosto, Cecilia Villegas Hernández, directora general adjunta de Apoyo Administrativo, dio a conocer nuevas disposiciones en materia de viáticos para transporte aéreo y terrestre, gastos de investigación y comprobaciones. Lo hizo a través de un correo electrónico dirigido a Guillermo Terán Pulido, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), a los encargados de coordinación y a las fiscalías adscritas.

El oficio señala 12 puntos sobre la organización de las áreas, así como aspectos de las comisiones y gastos de investigación, derivados “de las medidas de autoridad (sic) (la austeridad), implementadas por el gobierno federal y la correcta aplicación de los recursos y comisiones”.

Señala que todos los oficios de comisión que pasan a rúbrica en la oficina del subprocurador deberán llevar la tarjeta informativa en la cual se describirán las diligencias por realizar a fin de que el subprocurador esté enterado, además de llevar la firma del titular de la unidad o el inferior jerárquico autorizado. No se otorgará la rúbrica si el documento no cumple los requisitos.

Medidas peligrosas

“Las comprobaciones de viáticos deberán de llevar las facturas o notas por medio de las cuales se compruebe que se utilizó el gasto y en caso de que exista un excedente deberá de reintegrarse”, dice el correo de Villegas Hernández. Al respecto, peritos y agentes del MP Federal consultados señalan que estas medidas pueden resultar inoperantes porque la mayoría de las veces las salidas son repentinas.

“Si tienes programada una audiencia para un lunes y empiezas los trámites desde un viernes, pero por alguna razón hay una traba para integrar el oficio de comisión, corres el riesgo de no llegar a la audiencia –dice uno de ellos–; esto trae como implicaciones jurídicas que empiecen a sancionarnos como funcionarios por las inasistencias y puedan dar de vista a los jefes inmediatos para que se inicien procedimientos.”

Y Manuel Grimaldo, agente del MP de la Unidad Antisecuestros. Explica que “en el aspecto procesal, el impacto de no presentarse a una audiencia es la dilación de los procesos, en la pronta impartición de la justicia. La austeridad se confunde con la mendicidad. Una cosa es ser austero, pero si te vas a los extremos vas a afectar la funcionalidad de la institución.

“Por la actividad que llevamos a cabo necesitamos mucha papelería, antes pasaban y nos surtían. Quizá empezaron a esconder o a robarse el recurso, porque dejó de haber material; lo único que siguió siendo a cuentagotas son las hojas, a pesar de que las ocupamos mucho. Incluso hace un par de meses ingresé un escrito para solicitar material, les expliqué que hace dos años no nos surtían. Pedí hojas, engrapadora, grapas, portadas, broches, y nada se surtió. Si llegan 10 detenidos y conformamos un expediente de 300 hojas requerimos de 3 mil hojas, que andamos consiguiendo para entregar a los abogados de cada uno”.

Grimaldo considera que la austeridad es un pretexto de algunas áreas para no soltar el recurso: “Batallamos mucho, al grado de que la compañera Keren Mares necesitaba sacar copias y de su dinero tuvo que comprar discos compactos y otros objetos para integrar su expediente, cuando se supone que la Ley General de Trabajadores al Servicio del Estado establece que es obligación de la institución dotar del material necesario para las actividades. En esa legislación fundamenté lo que le pedí al anterior titular, Gualberto.

“Además cuando adquieren el material con recursos propios, como lo hizo la MP, la fiscalía pone trabas para recuperar el recurso. Lo mismo sucede cuando nos vamos de comisión: muy difícilmente asignan coche, no entregan vales de gasolina ni la tarjeta IAVE. Además, nosotros tenemos que subsidiar el costo del viaje de la comisión y en esta administración se está tardando hasta seis meses en pagar.

“Otra cuestión es el tema de los viáticos. Cuando uno sale, está establecido por ley que la institución da viáticos para los gastos propios de la actividad laboral, como traslados, alimentos y hospedaje, pero por cuestiones de seguridad no debemos de pedir factura. Al salir a una entidad federativa a trabajar temas de delincuencia organizada corremos peligro al ventilar nuestra identidad en los lugares donde vamos a comer o a dormir. Con las nuevas disposiciones, la fiscalía nos exhibe y nos pone en peligro.”

Lo mismo sucede en servicios periciales. Se le pide al personal que compruebe gastos con documentación fehaciente, aunque corren el mismo peligro que los agentes, y cuando van a una entidad están a disposición del MP para intervenir en diligencias o en actas de investigación.

Además, señala el MP Grimaldo, el comedor de la unidad no se maneja con políticas abiertas sobre quienes pueden tener acceso y únicamente lo utilizan los altos mandos.

Casos arruinados

Peritos de Servicios Periciales de la Ciudad de México y de algunos estados, consultados por este semanario, coinciden en que se ven obligados a trabajar en condiciones precarias.

Un perito mexiquense enfatiza el papel de los jefes en esa situación:

“Los altos funcionarios tienen carro, chofer, gasolina, tarjeta IAVE, vales de comida y viáticos elevados, mientras que la tropa, incluyendo a la policía y a los ministerios públicos y peritos, no tienen vehículos para realizar su trabajo porque los ocupan los jefes. Siempre ha sido así, tienen que usar sus propios vehículos o transporte público. Antes no se decía nada porque quien se quejaba debía atenerse a las represalias. El problema es que hoy toda esa falta de apoyo se la atribuyen a la austeridad.

“Hay gente a la que le deben viáticos de hace seis meses o más, y cuando piden que se les paguen dicen que no hay dinero por la austeridad… Pero el sexenio pasado era exactamente lo mismo.”

–¿Cómo influye eso en su trabajo, digamos en una escena del crimen? –se le plantea a otro perito.

–En no procesarlo adecuadamente; que pueda existir contaminación y por lo tanto el asunto en el juzgado pueda fácilmente ser desvirtuado por la defensa. Es decir, que se caiga el caso, como los de Tlatlaya, adonde los peritos llegaron con el mínimo de material. Quizás esos casos por la relevancia y la difusión no se perciben, pero hablo de los que a diario se trabajan, pero no tienen difusión y que son muchos.

“Un grave problema en los estados es que parecería que un perito, por ejemplo de fotografía, está en dos lugares al mismo tiempo. Eso no es cierto, muchas veces gente de servicio social o policías estatales toman las fotos porque salen varios asuntos de manera simultánea y los peritos no pueden ir a todos los lugares al mismo tiempo. Los jefes lo saben, pero no hacen nada por subsanar las carencias; al contrario, si la gente protesta la amenazan.”

–¿En el expediente aparece el nombre del fotógrafo, ya sea de servicio social o policía?

–No, aparece el nombre del servidor público oficial.

“Los peritos que están en la Ciudad de México cuentan con material y equipo por estar en la capital, donde se quedan los recursos y sólo cubren su horario laboral. Algunos son de medio tiempo o sólo trabajan sábados y domingos. Sin embargo los peritos en los estados, además de cubrir su horario, deben estar disponibles en la noche y el fin de semana por si se les requiere, además por la tarde-noche y los fines de semana cubren físicamente guardias administrativas, que consisten en contestar el teléfono y recibir oficios. Estas actividades les corresponden a los coordinadores de servicios periciales y su apoyo secretarial, pero no las realizan.”

Explica que los peritos de los estados son los que más carecen de equipo y material. Por ejemplo, dice, la mayoría de especialistas en balística no cuenta con una área adecuada y alejada para hacer sus pruebas de disparo ni con un microscopio de comparación para hacer el estudio comparativo entre casquillos o balas.

En cuanto a los médicos legistas, no cuentan con áreas de infraestructura equipadas para hacer las certificaciones de las personas puestas a disposición del MP y laboran en áreas improvisadas. Los peritos químicos ponen en riesgo su salud, pues los laboratorios no cuentan con una campana de extracción para evitar la inhalación de vapores tóxicos de los solventes que utilizan para realizar pruebas, además de que carecen del mobiliario y equipo necesario para su especialidad.

También comenta que la mayoría de los laboratorios se ubican en áreas inadecuadas y algunos comparten espacio con peritos de otras especialidades, lo que pone en riesgo a todos los presentes. Los únicos laboratorios debidamente equipados, señalan, son los de la Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, Tamaulipas y la ciudad de Oaxaca.

Este reportaje se publicó el 1 de septiembre de 2019 en la edición 2235 de la revista Proceso.

Comentarios





Fuente

Policía Federal asegura 42 pipas con más de 200 mil litros de gas LP en el Edomex; hay 6 personas detenidas

gas asegurado - Policía Federal asegura 42 pipas con más de 200 mil litros de gas LP en el Edomex; hay 6 personas detenidas


Redacción / Sin Embargo

Cuatro inmuebles fueron cateados, de los cuales tres de ellos se ubican en Ecatepec de Morelos y uno en Texcoco. En ellos se encontró el energético que era extraído del ducto Cactus-Guadalajara, que distribuye el gas principalmente en el centro del país.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– Seis personas fueron detenidas por robo y comercialización ilegal de gas LP luego de un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República.

Según un comunicado de prensa emitido por la SSPC, autoridades federales aseguraron 222 mil litros de gas LP y 42 vehículos almacen en el lugar donde se guardaba el gas para luego ser distribuido en lugares cercanos al Estado de México.

La orden de cateo, emitida por el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, incluyó cuatro inmuebles de los cuales tres de ellos ubicados en Ecatepec de Morelos y uno en Texcoco. En ellos se encontró el energético que era extraído del ducto Cactus-Guadalajara, que distribuye el gas principalmente en el centro del país.

A través de su cuenta de Twitter, la Policía Federal informó sobre la detención de los presuntos responsables.

“@PoliciaFedMx en coordinación con @FGRMexico y @Pemex desarticularon un grupo delictivo dedicado al robo de gas LP en #EdoMéx. En cateo a 4 predios de #Ecatepec y #Texcoco aseguraron alrededor de 40 pipas y contenedores con más de 200 mil litros de gas, se detuvo a 6 sujetos”, escribió.

En el operativo participaron elementos de la División de Inteligencia de la SSPC, el Centro Nacional de Inteligencia, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR y Petróleos Mexicanos (Pemex).





Fuente

Gabriel Verduzco necesaria la confronta de ADN en un banco nacional de perfiles – Archivo Digital Colima

WhatsApp Image 2019 09 06 at 6.46.39 PM 1 660x330 - Gabriel Verduzco necesaria la confronta de ADN en un banco nacional de perfiles – Archivo Digital Colima


Jesca

+Participó en la 2ª Sesión Ordinaria 2019 de la Zona Occidente.

El fiscal Gabriel Verduzco Rodríguez habló de la necesidad de avanzar en la conformación de un Banco Nacional de Perfiles Genéticos, que permita la confronta de datos para la identificación de cuerpos localizados de manera clandestinas, así como el seguimiento a los acuerdos con la Fiscalía General de la República (FGR) para la búsqueda de personas desparecidas.

Durante su participación en la 2ª Sesión Ordinaria 2019, Zona Occidente, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; el fiscal de Colima se refirió a la coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y la experiencia en este tema, tras la localización de restos humanos en la comunidad de Santa Rosa, Tecomán, ocurrida a principios del presente año.

Verduzco Rodríguez destacó el avance de los acuerdos alcanzados, entre otros, la implementación de la red nacional a través del intercambio de información; la creación de un grupo de identificación humana, el seguimiento al programa nacional de búsqueda y el diagnóstico de las entidades en materia tecnológica y de infraestructura.

Reunidos en Puerto Vallarta, los procuradores y fiscales de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco y Colima, analizaron temas como la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley Nacional de Registro de Detenidos y el Informe Policial Homologado, así como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

De igual manera se tocaron aspectos importantes referentes al avance de la propuesta hecha al INEGI, para la conformación del Sistema Único Información de Procuración de Justicia.

Reliza un comentario en AD

Comentarios





Fuente

FGR abrió investigación contra funcionarios que podrían haber favorecido impunidad en caso Ayotzinapa: AMLO – Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra servidores públicos que podrían haber favorecido la impunidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Les informo que lo de ayer que se comentó, de la persona que se liberó porque así lo decidió un juez, nos informaron que se abrió una investigación en contra de funcionarios públicos, por parte de la FGR, ya se abrió una investigación por este asunto”, explicó el presidente.

El pasado sábado 31, Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, uno de los presuntos líderes que habría ordenado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recuperó su libertad, luego de que un juez federal desestimó un tercio que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que se abrirá una investigación contra el juez Samuel Ventura Ramos, quien determinó con una “laxa interpretación de la ley” la liberación de López Astudillo.

Además, López Obrador advirtió que podría “ventilar” con nombre y apellido a todos los jueces que liberen a presuntos delincuentes.

Comentarios





Fuente

Gobierno denunciará a Juez por liberar a implicado en caso Ayotzinapa

alejandro encinas conferencia - Gobierno denunciará a Juez por liberar a implicado en caso Ayotzinapa


AFMEDIOS / CITLALLY VERGARA

alejandro encinas conferencia 696x463 - Gobierno denunciará a Juez por liberar a implicado en caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- El pasado viernes 30 de agosto, Samuel Ventura Ramos, Juez Primero de Distrito en Procesos Federales, ubicado en Tamaulipas, dictó sentencia absolutoria, otorgándole la libertad a Gildardo López Astudillo, implicado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Por este motivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a funcionarios y jueces para deslindar responsabilidades sobre el caso Iguala.

“En lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá al silencio y la impunidad en la comisión de este delito”, sentenció Alejando Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

El subsecretario, detalló que el juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, y desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo.

Se circunscribió analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y el juez consideró que se había aplicado el delito de tortura en contra del implicado, a pesar de que la Procuraduría General de la República realizó el examen médico psicológico reconocido como Protocolo de Estambul.

El subsecretario resaltó que con este antecedente de liberación, se podría dejar en libertad a 50 personas más que continúan su proceso. Por otro lado, recordó que de las 142 personas detenidas, 53 ya fueron liberadas.

“Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada.”

El funcionario destacó que la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, continuará con las investigaciones y diligencias en proceso, pero resaltó que la autoridad judicial y la Fiscalía General de la República deberían hacer su trabajo y no permitir la impunidad en estos hechos.

Hizo un llamado a la FGR para reencausar la investigación, subsanar las omisiones y permitir una investigación diligente para deslindar las responsabilidades cometidas por parte de autoridades o civiles en esta desaparición de estudiantes normalistas.

“La actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos.”

Derechos Reservados AFmedios



Fuente

Autoridades dan formal prisión a «El Carrete», líder de Los Rojos ligado al caso Ayotzinapa

el carrete 1 - Autoridades dan formal prisión a "El Carrete", líder de Los Rojos ligado al caso Ayotzinapa


Redacción / Sin Embargo

El líder de Los Rojos fue detenido a finales de julio en un operativo conjunto de la División de Inteligencia de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la sierra de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Santiago “N”, alias el “El Carrete”, presunto líder del gurí criminal conocido como Los Rojos, ya cuenta con auto de formal prisión. Así o informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El pasado 31 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal informó sobre la captura de “El Carrete“, que opera en Guerrero.

“Santiago “M” continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 2 “Occidente” ubicado en Puente Grande, Jalisco, luego de que el pasado primero de agosto, elementos federales cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra, solicitada y obtenida por el Ministerio Público Federal”, informó en Twitter la dependencia federal.

El líder de Los Rojos fue detenido en un operativo conjunto de la División de Inteligencia de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la sierra de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo.

LOS 43 Y “EL CARRETE”

Durante años, Los Rojos estuvieron involucrados en luchas territoriales con una pandilla rival, Guerreros Unidos, para tener el control del narcotráfico en las montañas de Guerrero. El área es una de las principales regiones para cultivo de opio en México. En 2014, la policía se alió con Guerreros Unidos y secuestró a 43 estudiantes normalistas porque creían que los jóvenes trabajaban para Los Rojos. Los fiscales afirmaron que hombres armados de Guerreros Unidos mataron a los estudiantes e incineraron sus cuerpos, pero todavía se cuestiona esa hipótesis, ya que los fragmentos de huesos encontrados sólo coincidían con uno o dos de los estudiantes.

“Algunos sospechosos en aquella masacre afirmaron que Mazari pagó a los estudiantes para alterar las actividades normales en la ciudad de Iguala, un baluarte de Guerreros Unidos. Por ese y otros motivos, algunos creen que Mazari podría tener información sobre cómo y en dónde fueron asesinados los estudiantes, o a dónde se llevaron sus cuerpos”, dice Associated Press.

El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de fuerzas del Estado que los habrían entregado a un grupo criminal, luego de haber tomado de la terminal de Iguala cinco autobuses para trasladarse a un mitin.

El caso, que cimbró al país, no se ha resuelto a pesar de que están por cumplirse cinco años del hecho. Ni siquiera hay una versión creíble de lo que sucedió en aquellas horas. La versión oficial fue desmentida por videos hechos públicos sobre el uso de torturas por parte de las autoridades para obtener declaraciones de los supuestos involucrados.

Uno de las docenas de detenidos es Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, que pertenecía al grupo de Guerreros Unidos, rival de Los Rojos, y uno de los presuntos responsables de ordenar el homicidio de los normalistas. Según la entonces Procuraduría General de la República (PGR, ahora FGR), el hombre de 28 años fue quien señaló a “El Carrete” como el que ordenó a los normalistas “reventar” un acto político que desató los hechos posteriores e incluso habría pagado al director de la Normal.

De acuerdo con la declaración de Rodríguez Salgado, su grupo delincuencial creía que Los Rojos querían tomar la plaza de Iguala, a donde se dirigían los normalistas, a quienes “confundieron” con una operación rival. “Guerreros Unidos” es la organización supuestamente responsable de su desaparición.

El Gobierno mexicano concluyó después de las primeras investigaciones que los jóvenes habían sido asesinados en incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero. La llamada “verdad histórica” fue rechazada a nivel nacional e internacional y hasta ahora no se ha podido localizar a los normalistas ni sus restos.





Fuente

1 2 3 4