Grupo Elektra y Grupo México

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Redacción / Sin Embargo

Grupo Elektra ha crecido 44 por ciento en el año y sus acciones pasaron de 951.93 pesos y ya se sitúan en 1,373.45 pesos por título. Las subidas de Grupo México y Gentera rondan el 3 por ciento. Once son las supervivientes al signo negativo del IPC, que ha retrocedido más de un 4 por ciento desde el mes de enero.

Por Mónica G. Moreno y Jaime Palacios

Ciudad de México, 7 de agosto (Economía Hoy).- Con la guerra comercial entre China y Estados Unidos golpeando la economía global y las perspectivas económicas de México a la baja, 2019 no está siendo un buen año para el IPC. El principal índice mexicano retrocede más de un 4 por ciento desde el mes de enero y actualmente navega cerca de mínimos del año, tras perder los 40,000 puntos. No todo son malas noticias, sin embargo, en el parqué mexicano. Algunas firmas están logrando buenos rendimientos para sus accionistas pese al contexto económico incierto.

Once son las supervivientes al signo negativo, por el momento. Entre las firmas que mejor rendimiento están teniendo en 2019 destaca Genomma Lab. Las acciones de la farmacéutica, que comenzaron el año en 11.67 pesos, se han disparado más de un 50 por ciento, por encima de los 17 pesos, y se sitúan como las más alcistas del IPC.

Los analistas todavía ven cierto recorrido alcista, casi un 8 por ciento, al situar su precio objetivo en 18.93 pesos. Marco Antonio Montañez, analista de Vector, el comportamiento de la emisora se debe a una “valuación muy atractiva”, aunque destaca que “dependerá de los indicadores de consumo domésticos y en los países en donde tiene presencia”.

En segundo posición aparece Grupo Elektra, al acumular una rentabilidad del 44 por ciento en el año. Las acciones de la emisora estrenaron 2019 con un precio de 951.93 pesos y ya se sitúan en 1,373.45 pesos por título.

Lejos de las dos primeras y con una subida en bolsa de casi el 23 por ciento se encuentra Kimberly-Clark de México. El fabricante de productos de higiene, sin embargo, cuenta con una recomendación de venta para el consenso de mercado que recoge FactSet, que considera que sus acciones, actualmente cotizando en 38.33 pesos, están sobrevaloradas.

Marcela Muñoz, analista de Vector, indica que “una mejor perspectiva en cuanto a los costos de producción sobre todo en lo que refiere a las fibras ha apoyado el avance de la emisora. La administración también se ha mostrado bastante disciplinada en términos de control de gastos. Adicionalmente, la industria a la que pertenece Kimberly-Clark, es decir consumo básico, se aprecia altamente defensiva”.

Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) es otra de las supervivientes del IPC en 2019. El grupo que administra y opera 13 aeropuertos de la región Centro y Norte de México acumula un avance del 20.6 por ciento. Los analistas consideran que la firma puede seguir avanzando en bolsa hasta alcanzar los 148.33 pesos en los que ubican su valoración, por lo que cuenta con un potencial del 31 por ciento.

El tráfico total de pasajeros en el mes de julio presentó un crecimiento del 6.9 por ciento, frente al mismo periodo del año anterior. Desde Monex consideraron que “el desempeño del tráfico de OMA durante el mes de julio resultó positivo, el cual considera un importante avance en la mayoría de sus complejos, siendo los de mayor peso los que en este periodo destacaron. Adicionalmente, nos gustaría señalar que en este primer mes de evaluación del periodo vacacional, OMA presentó el mejor resultado del sector”.

Otra emisora del mismo sector, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) también está entre las firmas más alcistas, acumulando un avance del 14 por ciento en lo que va de año. En su caso, durante el séptimo mes del año el tráfico de pasajeros se incrementó un 5.2 por ciento comparado con julio del año pasado.

“Consideramos que hacia adelante las tasas de crecimiento serán cada vez más modestas. Es natural considerarlo así porque la desaceleración es producto del freno en la economía, no un cambio estructural en el sistema de la aviación en México. Si bien es cierto que, en el caso particular de Cancún el tráfico se ha visto parcialmente afectado por el sargazo y los problemas operativos de Interjet, la desaceleración se nota en todos los aeropuertos”, apunta Alejandra Marcos, analista de Intercam.

El analista de Vector considera que el comportamiento en bolsa de estas dos emisoras se debe al “buen desempeño del tráfico” y que continúen al alza “dependerá de la evolución de este indicador, aunque anticipamos una desaceleración para la segunda mitad de año”.

El sector del retail también está representado entre las grandes ganadoras de lo que va de año, con Wal-Mart de México que repunta más de un 12 por ciento. El consenso de mercado que recoge FactSet remienda mantener posiciones sus acciones, a las que otorgan un potencial alcista en torno al 4 por ciento.

En julio, Walmex presentó un aumento en Ventas Mismas Tiendas (VMT) de México y en Ventas Tiendas Totales (VTT) “muy por debajo de nuestro estimado y la expectativa del consenso, por lo que esperamos un impacto negativo de corto plazo en el precio de la acción”, señala Verónica Uribe, analista de Monex. A nivel consolidado las ventas total de la emisora crecieron un 2.9 por ciento, un nivel inferior al estimado por Monex, 5.3 por ciento.

La confianza de los consumidores mexicanos ligó en julio cinco meses a la baja. En el séptimo mes del año, el Indicador de Confianza del Consumidor ICC, elaborado de manera conjunta por el Inegi y el Banco de México, tuvo una disminución mensual de 0.6 puntos para ubicarse en 43 puntos.

“A mayor detalle, la baja en la confianza durante el mes se debe a que los consumidores se sienten menos propensos a realizar compras de bienes durables e inversiones de largo plazo (como comprar auto o casa), derivado de una menor posibilidad de ahorro y una mayor inestabilidad laboral. Lo anterior, aunado a un deterioro en su expectativa sobre la economía del país y del hogar hacia los próximos 12 meses”, apunta la analista de Monex.

Otras cinco emisoras también se suman a las cifras positivas en el año, aunque por debajo del doble dígito. En este sentido, las acciones de José Cuervo y Banco Santander de México repuntan más de un 8% desde el primero de enero, mientras que las subidas de Grupo México y Gentera rondan el 3 por ciento. Por su parte, Fomento Económico Mexicano (FEMSA) ha logrado quitarse el signo negativo de su balance al subir un 0.8 por ciento.

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«Río Sonora: Impunidad y olvido»: documental a cinco años del derrame

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HERMOSILLO, Son. (apro).- El documental “Río Sonora: Impunidad y Olvido” se presenta como una piedra angular entre “la verdad oficial en contra de la realidad” que se vive en las siete comunidades ribereñas que fueron afectadas con la falla de Grupo México en su mina Buenavista del Cobre, el 6 de agosto de 2014.

A cinco años de este ecocidio -que lacera a 22 mil pobladores en los municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures- este trabajo documental reúne los testimonios de los olvidados, de los desprotegidos y los marginados.

Los realizadores Amalia Escobar, Francisco Javier Luna y Paul Contreras Corona resumen los hallazgos periodísticos de un lustro en un documental de 20 minutos. Desde las tomas aéreas hasta la intimidad de las entrevistas desgarradoras aborda una dolorosa secuencia: La impunidad y el olvido.

La presentación de este documental fue simultánea y atípica, mientras la periodista Amalia Escobar presentaba el material videográfico en el auditorio del sindicato de académicos de la Universidad de Sonora (Staus) en Hermosillo; Paul Contreras y Francisco Javier Luna proyectaban el documental a través de las redes sociales, desde la Ciudad de México.

Esta fue la primera presentación para representantes de los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles e internautas.

En los próximos días, se planea una agenda de proyecciones en los sietes pueblos afectados, además de su presentación en foros estatales y nacionales.

“Río Sonora: Impunidad y olvido” somete al escrutinio público la metodología gubernamental instrumentada en lo que ya se conoce como “la tragedia ambiental más grande en la historia de la minería moderna”.

La realizadora, Amalia Escobar, considera que este trabajo periodístico tiene su más grande valía en documentar la realidad que se vive en las poblaciones afectadas; en las promesas ambientales y gubernamentales incumplidas; pero sobre todo las redes de complicidad tendidas Grupo México para que se desatiendan a los miles de afectados.

“Esta una publicación oportuna porque se cumplen cinco años (de la tragedia) y parece que se está dando un borrón y cuenta nueva; para que todos pensemos que no ha pasado nada, pero la gente en los recorridos nos manifiesta que están más enfermos, con la terrible noticia que ya se están registrando muertes”, expresó la realizadora sonorense.

En tanto, el documentalista Francisco Javier Luna compartió que videograbar “Río Sonora: Impunidad y Olvido”, le dejó un mensaje triste y contundente, pues en un principio no lograba definir cómo los involucrados combinaron “el dolor con la desfachatez”.

Una sensación similar experimentó Paul Contreras Corona, quien recordó que con recursos del Fideicomiso Río Sonora se repartieron cantidades similares a 15 mil pesos por toma de agua, a quienes resultaron afectados en su salud y otros pagos, en cantidades que resultan irrisorias si se contrastan con el daño sufrido.

En retrospectiva, a cinco años del ecocidio -externa el periodista- es posible inferir que con esos recursos se intentó comprar conciencias, en un “te doy dinero para tenerte contento”.

Testigos de honor

Reina Castro Longoria, moderadora durante la presentación del documental, consideró que este material videográfico es digno para que se tome en cuenta en la mesa de negociación que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que se abra paso a las negociaciones de Grupo México con los mineros de la Sección 65 y los afectados por la contaminación del Río Sonora.

“’Río Sonora: Impunidad y olvido’, es un material de consulta para los años por venir, debido a que la ‘verdad histórica’ sobre el derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi día a día se va diluyendo”, comentó la también catedrática en investigadora de la Universidad de Sonora.

El investigador Antonio Romo lamentó que los especialistas para atender a los afectados con metales pesados solo se encuentran en el centro del país, lo que complica su atención médica en la sierra sonorense.

“A los pobladores solo los han atendido médicos generales y en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica nunca se presentó siquiera un toxicólogo”, acusó.

Otro de los presentadores de este documental, el académico Juan Antonio Pavlovich denunció que el gobierno federal en lugar de generar certeza para la población que cayó en desgracia se convirtió en un generador de confusión.

“Ninguno de los especialistas que atendieron el derrame ofreció una postura desde el punto de vista de la población; el gobierno incumplió su obligación de garantizar la salud a la sociedad y en cambio generó confusión, miedo y creó las condiciones para que los ribereños dejaran sus tierras”, puntualizó.

Este documental abre la discusión para definir las estrategias de remediación y el rescate de los enfermos que -en los últimos meses- se acumulan por decenas.





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Grupo México deja sin hospital a Río Sonora

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Dulce Olvera

A pesar de que los efectos de los metales pesados se manifiestan a largo plazo, este 6 de agosto expira el periodo de operación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS), el único módulo que atiende, con deficiencia, a más de 300 afectados por el derrame de tóxicos de una mina de Grupo México hace cinco años, de acuerdo con un convenio firmado en 2014 entre Buenavista del Cobre y la Cofepris. Además, el Centro de Salud prometido por el Fideicomiso Río Sonora sigue en obra negra.

Ciudad de México, 6 agosto (SinEmbargo).– Martha Patricia, habitante de Baviácora, Sonora, tiene plomo en la sangre, toma seis medicamentos y la atienden tres médicos especialistas luego del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi de Buenavista del Cobre, de Grupo México, la minera más grande del país propiedad de Germán Larrea Mota Velasco.

Sin embargo, este martes 6 de agosto, cuando se cumplen cinco años del peor desastre ambiental de la industria minera, expira el periodo de operación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS), ubicada en el municipio Ures, la única clínica que atiende a los 381 afectados (nueve ya fallecieron), expone un convenio firmado en septiembre de 2014 entre las compañías Buenavista del Cobre y Operadora de Minas, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dirigida entonces por Julio Sánchez y Tepoz.

“El Gobierno federal de Enrique Peña Nieto nos dio un golpe mortal a todos los afectados en la salud. La atención médica ya estaba pactada para 15 años por la autoridad y sin fundamento ni motivos hicieron este convenio de cierre de UVEAS, del cual nosotros no fuimos notificados, para el 6 de agosto de este año. Es nuestro regalo de aniversario”, aseguró Martha Patricia, de 61 años, una de las 381 víctimas reconocidas de los 22 mil afectados documentados por la organización PODER en los municipios Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures, dedicados a la actividad agropecuaria.

Sus dos nietos, entonces de 7 y 11 años, tuvieron que irse desde noviembre de 2014 a vivir a Estados Unidos para alejarse de la fuente contaminante por el exceso de aluminio en su sangre detectado por un toxicólogo.

“Si cerraran la UVEAS, tendría que pagar mis medicamentos y consultas. Me perjudica muchísimo, porque ahorita estoy recibiendo de ellos la atención sin costo como afectada. Pero con el cierre, todo ese gasto se me vendría en mí”, previó sobre lo acordado por las minas del segundo empresario más rico del país.

A raíz de las enfermedades y activismo derivado del derrame de tóxicos, Martha Patricia dejó de trabajar y se mantiene vendiendo galletas y empanadas. Un estudio para monitoreo y detección de algún metal pesado, ejemplificó, cuesta 5 mil pesos.

“Yo no tenía esa problemática de salud ni económica. Moralmente también te perjudica. Yo no puedo ver a mis nietos con la regularidad que yo quisiera, pero no me voy porque no me gusta la vida de allá [Estados Unidos]; a mí me gusta la vida aquí en el pueblo. No la cambiaría yo por nada”, dijo.

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La UVEAS en Ures, Sonora, cuya operación expira este 6 de agosto. Foto: PODER.

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En obra negra, el Centro de Salud prometido por el Fideicomiso Río Sonora cerrado en 2017. Foto: PODER.

Luis Miguel Cano, abogado de PODER y representante legal de los Comités de Cuenca Río Sonora, dijo que la clínica UVEAS que trata a las personas por la intoxicación con metales pesados, “tenía sus días contados y el día de mañana, que se cumplen cinco años del derrame, va a cerrar porque así lo pactaron las empresas con el Gobierno de ese entonces a espaldas de la gente”.

“Grupo México decidió que en cinco años se iba a olvidar de todo esto. Las empresas que afectan a las comunidades y contaminan nuestro ambiente no pueden ser solo ellas las responsables de decir hasta cuándo van a resarcir los daños y hasta cuándo reparar las violaciones”, acusó al término del evento afuera del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se exigió a los ministros fallar a favor de las víctimas del derrame.

Benjamín Cokelet, director de PODER, advirtió que “lo que sucede en los ríos Sonora es un homicidio en cámara lenta, porque los efectos de los metales pesados tardan entre 10 y 30 años en manifestarse. Ya tenemos evidencia de animales que han muerto recientemente por haber tomado agua en sedimentos contaminados por el derrame de hace cinco años, por lo que en varios años más se verán los efectos en los humanos”.

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El convenio expone que las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas “se comprometen a mantener en operación y dar mantenimiento constante a la instalación de la UVEAS hasta el día 6 de agosto de 2019, pudiendo darlo por concluido por escrito antes en caso de haberse agotado y cumplido el objeto del presente instrumento”.

Si bien podía prorrogarse por acuerdo entre ambas empresas, se debía convocar a una reunión con al menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha.

“Ya se les pasó la fecha para prorrogar”, dijo Martha, por lo que el viernes 2 de agosto interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con folio 2019/70906, por la violación a su derecho a la salud y a la vida.

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Derrame de tóxicos en el río Bacanuchi hace cinco años. Foto: PODER.

“Con eso lo están exonerando. La Cofepris y la CNDH tienen que tomar las riendas”, pidió. “En Grupo México son criminales, corruptos, depredadores medioambientales y causantes de daños irreversibles. Toda esta criminalidad exacerbada de esa empresa y de ese ecocida asesino [Germán Larrea] no pudiera ser si no hubiera una autoridad omisa, complaciente o cómplice que se lo esté permitiendo”.

SinEmbargo solicitó un comentario a la Cofepris, titulada ahora por José Novelo Baeza, pero no obtuvo respuesta al cierre de la edición.

LA DEFICIENCIA DE UVEAS

De acuerdo con PODER, la organización que acompaña legalmente a los Comités de la Cuenca del Río Sonora, en el único módulo de la UVEAS en Ures la constante son diagnósticos cuestionables (ninguno atribuido a la contaminación del Río), análisis cuyos resultados tardan meses en conocer o que no pueden leer e interpretar adecuadamente, además de la falta de medicamentos para tratar los padecimientos.

Y el Centro de Salud prometido por el Fideicomiso Río Sonora quedó en obra negra. “Ahí está, es un elefante blanco. Ese hospital hubiera servido mucho para que a esta fecha, en el aniversario cinco del derrame, ya nos hubieran llamado por grupos de los siete municipios para saber cómo estamos. Vivimos en una incertidumbre terrible”, dijo Mario, vocero en Ures de los Comités de Cuenca Río Sonora.

A Martha Patricia, que está monitoreando los niveles de plomo en su sangre en el módulo de UVEAS, no le han entregado los resultados de los estudios que le hicieron en mayo pasado. Su último diagnóstico data de noviembre del año pasado.

“Aquí todo lo tratan de disfrazar. Los metales pesados son disruptores endócrinos, entonces me tienen como diagnóstico alta presión arterial y diabetes, por lo cual intentaron desplazarme de ahí [UVEAS] y darme de alta en el seguro social. Pero ahora también tengo insuficiencia cardiaca y plomo que ha ido subiendo. Empezó en nada, luego 3.8 hasta llegar a 5.8 en el estudio previo al de mayo que no nos han entregado”, afirmó.

“Mi vida cambió totalmente. La insuficiencia cardiaca te provoca muchos problemas. Hay periodo pesados en que tengo que dormir sentada en un montón de cojines. Y tengo un problema en la circulación con colapso respiratorio que me impide trabajar”, compartió Martha Patricia.

EL FIDEICOMISO CERRADO

Para resarcir los daños, Grupo México y el Gobierno federal pasado crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado de 2 mil millones de pesos, del que solo se gastó el 61 por ciento de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017 por decisión unilateral sin considerar a los afectados, planteó la organización PODER.

Mañana 7 de agosto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá uno de los tres amparos sobre el uso y reapertura del Fideicomiso Río Sonora, por lo que este lunes miembros de los Comités de Cuenca Río Sonora exigieron a los ministros fallar a su favor para que Grupo México repare los daños causados.

Respecto al papel de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “con este sexenio nuevo hay una esperanza de que las autoridades ambientales regulen de una forma efectiva el actuar de la empresa y se encuentre una remediación integral”, dijo el director de PODER, Benjamín Cokelet.

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Evento afuera de la SCJN para exigir que se reabra el Fideicomiso Río Sonora. Foto: PODER.

El monto del Fideicomiso destinado para atender las afectaciones en salud de las personas fue de 7 millones 805 mil 010 pesos (10 por ciento del total del rubro en salud), frente a los 32 millones 415 mil 798 pesos destinados en comunicación social como spots proyectados en Cinemex, propiedad de Germán Larrea, sobre la supuesta remediación de los daños en los ríos de Sonora.

El 90 por ciento restante del rubro de salud (71 millones 080 mil 280 pesos) se gastó en “Acciones de atención y seguimiento médico en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS)”, ubicada en Ures, cuya operación expira hoy. El Fideicomiso también se comprometió a construir un Centro de Salud que operaría de 2015 hasta 2019. Pero quedó en obra negra.

De acuerdo con los Comités de la Cuenca del Río Sonora y PODER, a la fecha siguen manifestaciones de enfermedades del aparato digestivo y respiratorio, de la piel y la boca, renales, cardiovasculares, neurológicas y cáncer.

Los metales pesados que traían el derrame son bioacumulables, por lo que las consecuencias por consumirlos por medio de agua contaminada pueden tardar meses o años en aparecer, por lo que PODER pide a las autoridades seguir monitoreando y atendiendo las afectaciones a la salud que irán creciendo con el tiempo.

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Un animal muerto tras el derrame. Foto: PODER.

“En el informe final de la UNAM [publicado desde octubre de 2016] dice que el 70 por ciento de la población infantil de San Felipe de Jesús, Sonora, que es uno de los siete municipios afectados, tiene altísimas probabilidades de estar contaminados con plomo. Pero al día de hoy ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto y a los niños no se les ha hecho ningún estudio, con el agravamen de que la UVEAS cierra violentando los derechos humanos de los niños”, alertó Martha Patricia, de Baviácora.

Además de las enfermedades a largo plazo, contra el agua contaminada el Fideicomiso Río Sonora destinó 184 millones 954 mil 438 pesos a la compra e instalación de 10 mil 188 tinacos, para que las familias afectadas pudieran almacenar agua potable. La empresa de tinacos Rotoplas de Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea Mota Velasco, fue contratada por 5 millones 502 mil pesos, documentó PODER.

Esa agua potable llegaría de las 36 plantas potabilizadoras que se prometieron, pero solo se construyeron nueve. Ante la falta de agua limpia, las familias afectadas de la región siguen comprando alrededor de 10 garrafones de agua a la semana para cocinar, tomar o bañarse. Considerando que su precio promedio es de 25 pesos, durante estos cinco años han desembolsado 51 mil pesos, estima la organización civil.

“El agua de garrafón aquí en Guadalupe de Ures cuesta 15 pesos, y en otras 18 pesos. Se gasta mucho”, lamentó Mario, miembro de los Comités de Cuenca Río Sonora. “Hay muchos que adeudan en oficinas o escuelas y hacen un esfuerzo tremendo para poder comprarla”.





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Congreso sonorense evalúa declarar Persona Non Grata a Germán Larrea

german larrea - Congreso sonorense evalúa declarar Persona Non Grata a Germán Larrea

HERMOSILLO, Son. (apro).- Los integrantes de la Diputación Permanente en el Congreso sonorense asignaron a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático el estudio y análisis para definir si se declara Persona Non Grata en Sonora a Germán Larrea, socio mayoritario de Grupo México.

El proyecto con punto de acuerdo es una iniciativa del diputado cananense Carlos Navarrete, quien inició el trámite el 15 de julio anterior.

Con la declaratoria de Persona Non Grata se busca evidenciar la responsabilidad del magnate Larrea en el macroderrame de tóxicos mineros sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, en agosto de 2014, por irresponsabilidad de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

También por su descuido en la más reciente fuga de tres mil litros de ácido sulfúrico encausada al Mar de Cortés el 9 de julio anterior en la terminal marítima de Guaymas por descuido de Metalúrgica del Cobre SA de CV.

En el documento de cinco cuartillas, ingresado al archivo congresista con el número de folio 1215, se argumenta que el empresario es considerado una persona non grata para la entidad “por las múltiples y constantes afectaciones realizadas por su empresa Grupo México a los ecosistemas sonorenses y a sus habitantes”.

El legislador promovente, de la coalición Juntos Haremos Historia, lamentó la contaminación sistemática emprendida por Grupo México desde su llegada a Sonora.

“Ya tenemos grandes problemas por parte de este consorcio que nos contamina todos los días; a esta empresa le llamamos ‘grupo tóxico’ en lugar de Grupo México porque daña la salud de todos sonorenses y vamos a pelear por quitarle la concesión e indemnizar a los pescadores de Guaymas por el más reciente derrame”, señaló el legislador local, Carlos Navarrete.

Esta iniciativa con punto de acuerdo se leyó durante la reunión de este lunes por parte de la Diputación Permanente, quienes remitieron la solicitud a la Comisión de Energía.

De este punto en adelante, la iniciativa deber ser dictaminada por esta última Comisión, y en caso de ser aprobada, será discutida, analizada y considerada para su aprobación en el Pleno de la Cámara sonorense.

La declaratoria entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.





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Afectados por derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi quedarán sin atención médica

RIO ok - Afectados por derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi quedarán sin atención médica

URES, Son. (apro).- La atención médica que reciben las personas afectadas por el macro derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi concluirá la próxima semana, según un convenio de concertación de acciones firmado entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y las subsidiarias de Grupo México, Buenavista del Cobre SA de CV y Operadoras de Minas e Instalaciones Mineras SA de CV.

El documento, que se encuentra en el portal oficial de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), en el hipervínculo denominado “Fideicomiso Río Sonora”, detalla que el seguimiento epidemiológico se ofrecerá hasta el próximo martes 3 en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (UVEAS).

Dicho informe consta de 17 páginas con 11 cláusulas, que a su vez se subdividen en seis apartados, y ofrece un panorama epidemiológico al 15 de septiembre de 2014 –cuando se firmó el acuerdo entre las partes–, donde se asentó que la vigilancia en pacientes sería para la detección de metales pesados en sangre y orina, como aluminio, cadmio, manganeso, arsénico, plomo y cromo.

El convenio fue signado por el otrora titular de la Cofepris, Julio Salvador Sánchez y Tépoz, y los representantes legales de Grupo México, Alejo Francisco Manzo Díaz y Juan José Cervantes Silva, en el número 14 de la calle Oklahoma, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en la capital mexicana.

El numeral 1, que define el “objeto del convenio”, puntualiza que éste podría “prorrogarse por acuerdo de ambas partes, considerando las necesidades”.

Sin embargo, ayer venció el término para la firma de una prórroga con la que se continuaría brindando atención a las víctimas, dado que en el mismo convenio quedó estipulado que ambas partes signarían otro a más tardar cinco días hábiles antes del 6 de agosto de 2019, cuando se cumplirán cinco años del mayor desastre ambiental en la historia de la minería moderna.

En la UVEAS fueron atendidos 381 afectados, de los cuales nueve han fallecido. Las otras 372 personas bajo vigilancia epidemiológica enfrentan un futuro incierto.

El pacto en cuestión reduce a 400 el número de pacientes (200 “expuestos” y 200 “no expuestos”) que se serían atendidos bajo el criterio de “línea de gradiente de exposición” en orden de prioridad, es decir: Arizpe, Banámichi, Aconchi y Ures.

Y las únicas poblaciones donde se determinó aceptar a los afectados para darles seguimiento epidemiológico bajo el concepto de “no expuestos” son: Chinapa, Buenavista, Cumpas, Opodepe, Moctezuma, Rayón, San Miguel de Horcasitas y Pueblo de Álamos.

La atención selectiva, que no precisa criterios, ha generado un sinnúmero de controversias y malestares a lo largo de cinco años.

Joel López Villagómez, director de la UVEAS, reconoció que el término de los 15 años de atención médica como se tenía “establecido”, “pactado” o “avizorado” se redujo a una tercera parte. Y pidió “no descartar a aquellas personas que crean y que sientan algún malestar a su salud provocado por la ingesta de agua”.

López Villagómez explicó que los pozos ubicados a 500 metros de los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi fueron cerrados y en su momento monitoreados por Cofepris y la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson), pero se volvieron a abrir cuando se autorizó el uso del líquido para ingesta humana, cuando “se suponía” que los niveles estaban “normales”.

Finalizó: “No dudo que exista gente que se considere que tenga alguna afectación. Yo lo que hago es atenderlos”.





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Protección judicial vs impunidad empresarial

Rio Sonora Sin reparacion del dano Foto Julian Ortega - Protección judicial vs impunidad empresarial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un motivo para convivir en sociedad conforme a un orden jurídico preestablecido es que a las personas se nos proteja frente a quienes ostentan mayor poder y pretendan abusar de él, por medio de la violencia, discriminación, manipulación, engaño, subordinación, opresión y dominación en general. Una función primordial del gobierno es justo la de ofrecer protección contra los poderes privados. Si falla en tan elemental tarea, es resposabilidad del Poder Judicial enmendar la situación.

A cinco años del derrame más grave de la historia de la minería en México, en los ríos Bacánuchi y Sonora, se presenta una nueva oportunidad para comprobar en los hechos, la posición en la que se encuentran la actual administración federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad oficial heredada del gobierno anterior es que la contaminación fue remediada y las afectaciones a la población resarcidas a través de un programa ambiental y la creación de un fideicomiso, cuya ejecución quedó confiada al grupo empresarial responsable de ese derrame.

La minera Buenavista del Cobre de Grupo México pactó con las autoridades ambientales federales un mecanismo alternativo para solucionar el desastre que provocó. Lo hizo con apoyo en leyes vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Y a partir de ello obtuvo todo el respaldo de la administración en el sexenio anterior. Por supuesto, empresa y gobierno olvidaron un monumental detalle: acordaron siempre sin la participación de las personas y comunidades afectadas en Sonora.

No se necesitaban grandes dotes de estadista para anticipar que esa forma de actuar como si la población fuera parte del paisaje, con escasa transparencia y sin participación adecuada de las personas afectadas, generaría problemas y cuestionamientos jurídicos. La gente organizada en los Comités de Cuenca Río Sonora ha llevado esas disputas hasta la Suprema Corte, cuya Segunda Sala tiene hoy cinco casos pendientes por resolver, pero tres estrechamente vinculados en tanto que en ellos se litiga la manera en que operó el “Fideicomiso Río Sonora”.

Ya el año pasado la Segunda Sala emitió un fallo histórico porque garantizó la participación de las personas en temas ambientales –a raíz del juicio que combatió la construcción y operación de una nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre–. Como consecuencia, el pasado 5 de julio tuvo lugar una reunión pública informativa y actualmente las autoridades ambientales federales están en proceso de cumplimiento de la sentencia de la Corte, ciertamente con una renovada visión.

Entre tanto, toca una vez más a quienes integran la Segunda Sala de la Corte ser garantes de los derechos de las personas y no prestarse a avalar un mecanismo de impunidad para las empresas –en especial para Grupo México, que no parece ejemplo de debida diligencia–. El tema es sencillo: la protección de las personas y de las comunidades no puede quedar confiada a las empresas que les afectaron.

Si la Segunda Sala termina por decidir que no se puede cuestionar por medio del juicio de amparo el actuar del Fideicomiso Río Sonora, porque no lo considera una autoridad o porque sus actos no los estima equivalentes a los de las autoridades, aunque al frente del Comité Técnico que lo dirigió estuvo un subsecretario de la Semarnat; si tampoco le da peso a que su objeto y fin fue remediar el derrame ocurrido y resarcir los daños a las personas en su salud y medio ambiente; y si no repara en que tal Fideicomiso no se creó por iniciativa propia de la concesionaria minera sino como consecuencia de una solución alternativa fundada en una ley y acordada con el gobierno, sin tomar en cuenta a las personas afectadas; entonces la Corte abrirá una puerta para la impunidad empresarial, pues quedará como precedente que quien contamina puede quedar a cargo de remediar lo que causó.

La verdad, justicia y reparación en torno a los desastres ambientales dependerían de quienes los provocaron, y peor, el resarcimiento de daños que las empresas no quieran afrontar terminaría demandándose al gobierno –que no deja de tener la obligación de proteger a las personas–, para que lo pague con recursos públicos. De ese tamaño la importancia de los juicios del Río Sonora y el deber de la Corte.





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Más de 400 ONGs y personalidades como Alfonso Cuarón exigen a AMLO frenar a Grupo México

contaminacion rio sonora 2 - Más de 400 ONGs y personalidades como Alfonso Cuarón exigen a AMLO frenar a Grupo México


Redacción / Sin Embargo

“Es preciso frenar a Grupo México. Ya basta de impunidad”, exigieron más de 400 organizaciones, defensores de los derechos humanos de varios países, académicos, artistas y personalidades de la cultura como el cineasta Alfonso Cuarón en una misiva enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades ambientales, en la que condenaron el último desastre ecológico de la minera del segundo hombre más rico de México: Germán Larrea.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Más de 400 organizaciones, defensores de los derechos humanos de varios países, académicos, artistas y personalidades de la cultura como el director de cine Alfonso Cuarón, exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador frenar la impunidad de Grupo México.

A través de una carta pública dirigida al Presidente y a las autoridades ambientales de México, los firmantes pidieron justicia a las comunidades afectadas por las actividades de Grupo México e iniciar un proceso efectivo de remediación y reparación de los daños que ha causado la empresa.

La carta condena el derrame más reciente de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, “uno de los mares de mayor biodiversidad del mundo y cuna de la vaquita marina”, y señala que este nuevo ecocidio de Grupo México se da a unos días del próximo aniversario del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, “el mayor desastre ambiental en la historia de la minería en México”.

“En estos días nos hemos enterado de un nuevo desastre ambiental ocasionado por Grupo México, el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo, Patrimonio de la Humanidad y cuna de la vaquita marina”, dice la misiva.

Los firmantes destacaron que esta tragedia se suma a decenas de otras en México y en otras latitudes que por más de 20 años han sido responsabilidad directa de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país.

En la carta se enumeran algunos desastres que ha causado Grupo México:

“Las comunidades del Río Sonora siguen clamando justicia y siguen sufriendo las consecuencias de ese desastre. También lo hacen los campesinos de Zacatecas, las familias de Pasta de Conchos o las comunidades campesinas de Arequipa, en Perú, que por su resistencia al proyecto minero de Tía María de Grupo México han sido amenazadas, agredidas y asesinadas. Asimismo, las personas afectadas por la refinería de cobre de Grupo México en Ilo (Perú) que por más de 20 años han respirado gases tóxicos y hoy tienen una de las más altas tasas de mortalidad de ese país”.

El cineasta Alfonso Cuarón, la escritora Margo Glantz, la actriz Julieta Egurrola y otras personalidades se sumaron a organizaciones, colectivos y personas defensoras de México, Ecuador, Perú y otros países para pedir que las autoridades pongan un alto a Grupo México y “a esta manera de hacer negocios, mediante el despojo y la desolación”.

“El mundo, nuestro mundo, necesita de actos contundentes de las autoridades para parar la contaminación y las violaciones a nuestros derechos, y dar una posibilidad de futuro a las nuevas generaciones”, señalaron.

Los firmantes exigieron:

1. Que se investiguen los hechos de manera responsable y objetiva. Y no estamos hablando sólo de la última tragedia, sino de todas las demás que involucran a Grupo México.

2. Que se lleve a la justicia a los responsables, incluidos a los más altos mandos de la empresa.

3. Que se remedien los impactos de la contaminación en el Mar de Cortés y que esa remediación sea supervisada por un comité de la sociedad civil. Que se haga lo propio en los demás casos de desastres ambientales causados por Grupo México.

4. Que se establezcan mecanismos efectivos de reparación de los daños para las comunidades afectadas por los desastres causados por Grupo México.

5. Que se definan en México reglas obligatorias para la rendición de cuentas empresarial, para asegurar que las empresas respeten los derechos humanos al realizar sus actividades.

“Es preciso frenar a Grupo México. Ya basta de impunidad”, demandaron.

Grupo México, la compañía de minería, transporte e infraestructura de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico del país, ha recibido 333 concesiones de la Secretarías de Economía (SE), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto con vigencia incluso hasta 2063, de acuerdo con una revisión al Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

La compañía de minería más grande en el país opera en Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España. Su mina estrella es Buenavista del Cobre en México, la tercera minera de cobre más grande a nivel mundial, responsable del derrame de 40 mil litros cúbicos de tóxicos sobre los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014. Hasta la fecha, habitantes de siete municipios siguen afectados por el agua contaminada y efectos en la salud.

AQUÍ LA CARTA:

Carta Publica GM 180719





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Grupo México: Impunidad ante graves delitos ambientales

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HERMOSILLO, Son. (proceso.com.mx).- La imprudencia ambiental con la que opera Grupo México está documentada en 127 infracciones federales que van desde derrumbes en sus minas hasta macroderrames de tóxicos.

La organización de Grupo Poder ofrece un compilado de una catorcena de desastres ambientales registrados desde principios de este siglo.

El estudio mostrado por Grupo Poder tiene como inicio la más reciente fuga de ácido sulfúrico sobre el Mar de Cortés, en la Terminal Marítima de Guaymas, donde una fuga en las válvulas de trasvase provocó el derrame de tres mil litros de concentrado de ácido sulfúrico.

La doctora en Ecología y Biodiversidad, Reina Castro Longoria, explicó que para dimensionar el impacto ambiental del más reciente de los derrames el agua tendrá que ser analizada para establecer que la contingencia está controlada al menos un año.

La también investigadora y catedrática de la Universidad de Sonora señaló que el ácido sulfúrico es “mortal” para las especies marinas en esta bahía, sobre todo si el tóxico entra en contacto con el sedimento porque se liberan los metales pesados: Fierro, plomo, manganeso, mercurio, y zinc.

Además expuso que el ácido sulfúrico vertido se contuvo en la bahía guaymense por cuatro o cinco días porque es el “tiempo de residencia” del agua marina en esta zona y a partir del pasado viernes “ya se exportó contaminación a mar abierto”.

A unos 11.4 kilómetros al noroeste, se encuentra una de las “cunas” del Mar de Cortés, el estero de El Soldado, una área natural protegida desde 2006 y desde el 2 de de febrero de 2011 fue designado como Sitio Ramsar Humedal de Importancia Internacional bajo la Categoría de Monumento Natural.

“El estero de El Soldado es un patrimonio sonorense, uno de los últimos oasis de manglar en el noroeste de México. Un sitio ideal para la reproducción, refugio, crianza y alimentación de gran diversidad de especies residentes y migratorias. Asimismo se caracteriza por poseer tres especies de mangle: mangle negro (Avicennia germinans), mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle blanco (Laguncularia racemosa).”, detalla el portal oficial de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES).

De acuerdo con las palabras de la doctora Castro Longoria, a casi una semana del siniestro, no se ha presentado un estudio sólido sobre las consecuencias reales de este derrame y tampoco se conocen las acciones de remediación a corto plazo durante la fase de contingencia.

Largo historial

En 2006, 65 trabajadores de Grupo México quedaron atrapados en Pasta de Conchos por una explosión debida a la acumulación de gas metano. La mina tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. La empresa suspendió el rescate un año después y los cuerpos continúan sepultados.

Para 2010, una ruptura en la presa de “jales” de la mina de plata de Bolaños, propiedad de Grupo México desde 1993, provocó que se vertieran desechos tóxicos (mercurio, plomo y arsénico) al Río Bolaños en Jalisco. Esto generó alta mortandad en peces y afectaciones a la vida de las poblaciones ribereñas.

Un año después, en 2011, el gobierno regional de Tacna en Perú compila un reporte que demuestra que la empresa contaminó las aguas de Quebrada Honda con cadmio y metales pesados contenidos en su presa de jales en Toquepala.

El mayor desastre ambiental en la historia de la minería moderna se registró el 6 de agosto de 2014, cuando la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a más de 22 mil personas. Los efectos de este derrame aún son incalculables.

Unos meses después, todavía en 2014, un tren cargado con 240 toneladas de ácido sulfúrico provenientes de Buenavista del Cobre, se descarriló y volcó a escasos metros del río Santa Cruz, en Nogales, Sonora.

Daños internacionales

La fundidora y refinería de cobre de Southern Copper en Ilo, Perú, ha rebasado en más de cuatro ocasiones el límite máximo permisible de emisiones de dióxido de azufre.

Los habitantes de Ilo han sufrido a lo largo de 20 años problemas respiratorios y altos índices de mortalidad asociadas a tumores, circulación sanguínea y enfermedades del aparato respiratorio.

En 2015, se solicitó una pena de más de 2 años para el presidente de Southern Copper Corporation, Óscar González Rocha, y el pago de 1 millón de dólares, por el delito de contaminación ambiental culposa. La empresa rebasó los límites permisibles en la emisión de partículas de arsénico y vertió agua contaminada al mar en Perú.

México, su favorito

El 12 de febrero de 2016, cinco trabajadores pierden la vida en un accidente en la mina de carbón “Charcas” en San Luis Potosí, a causa del rompimiento de un cable que transportaba 8 toneladas de material.

En ese 2016, dentro de la mina La Caridad, de Grupo México, volcó un carro-tanque que derramó 10 mil litros de ácido débil en el municipio de Nacozari de García, Sonora.

Y hace apenas unos meses: la SCJN sentencia ante un amparo de la comunidad de Bacanuchi, en Sonora, que Grupo México violó el derecho a la participación de la comunidad, al no haberle informado sobre la construcción de una presa de jales de más de 6 mil 500 hectáreas.

El compilado de Grupo Poder concluye con una solicitud: “Queremos que ya no se sumen más desastres e historias de violaciones a los derechos humanos a este hilo. Queremos que esta forma de enriquecerse, el estilo Germán Larrea, pare para siempre. Queremos que las comunidades tengan justicia, reparación, no repetición”.

 





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VIDEO: Las especies que habitan el Mar de Cortés y podrían estar en riesgo por derrame de Grupo México

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Redacción / Sin Embargo

Sus aguas albergan el 39 por ciento de los mamíferos marinos conocidos en el mundo y un tercio de los cetáceos, además de peces como el tiburón ballena, la totoaba, la mariposa limón, la morena castaña, tigre o pargo pitero, además de 3 de las 13 colonias reconocidas de lobos marinos en California, se encuentran dentro de la biosfera de la Bahía de los Ángeles , en las costas de las islas de Ángel de la Guarda y Granito. Ahí también habitan pelícanos, delfines y muchos peces.

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- En el mar de Cortés o golfo de California habitan animales únicos en el mundo. Fue declarado patrimonio natural mundial en 2005. Es uno de los espacios naturales de mayor protección en Norteamérica ya que la comunidad científica internacional la considera el laboratorio más grande del mundo.

Geológicamente, es una parte de la corteza terrestre que se ha ido separando del continente americano por el movimiento de placas, mismo que ha formado el golfo de California, también conocido como el mar Bermejo, por el color de sus aguas.

A sus costas arriba la ballena gris para reproducirse, y más de 56 especies de aves marinas, 26 de ellas migratorias, y seis casi endémicas, además de 154 especies de aves terrestres de 30 familias.

Otra muestra de su riqueza son sus reptiles: de las  864 especies descritas para México, 115 se desarrollan en aguas y costas del mar de cortés, de las cuales, 48 son endémicas.

Los archipiélagos de Ángel de la Guarda y de Bahía de los Ángeles así como la zona costera frente a los canales de Ballenas y Salsipuedes forman parte del mar de Cortés y son áreas de apostadero, previo a la reproducción para miles de gallitos, gaviotas, pelícanos, cormoranes, garzas y pájaros bobos entre otros.

Además constituye una zona de refugio importante para un gran número de aves playeras, marinas y de presa durante su periodo de reproducción o en sus rutas de migración .

Sus aguas albergan el 39 por ciento de los mamíferos marinos conocidos en el mundo y un tercio de los cetáceos, además de peces como el tiburón ballena, la totoaba, la mariposa limón, la morena castaña, tigre o pargo pitero, además de 3 de las 13 colonias reconocidas de lobos marinos en California, se encuentran dentro de la biosfera de la Bahía de los Ángeles , en las costas de las islas de Ángel de la Guarda y Granito. Ahí también habitan pelícanos, delfines y muchos peces.

De acuerdo con la Semarnat, sus islas y costas se recrean con el follaje de casi 700 especies de plantas vasculares, como los cactus columnares y las biznagas, así como la medicinal Larrea Tridantata.

El mar de Cortés alberga más especies que cualquier otra región insular y marina, incluida en las listas de patrimonios mundiales

El fallo de una de las válvulas en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, de Grupo México, cuyo propietario es Germán Larrea, causó que se derramaron 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés.

La empresa dirigida por Larrea informó en un comunicado que el derrame registrado ayer no generó daño a alguna persona y afirmó que se aplicaron medidas de atención y la situación fue controlada rápidamente.

-Con información de Ruido En La Red.





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Grupo México derrama 3 mil litros de ácido sulfúrico sobre el Mar de Cortés (Video)

wer 1 - Grupo México derrama 3 mil litros de ácido sulfúrico sobre el Mar de Cortés (Video)

GUAYMAS, Son. (apro).- La falla en una de las válvulas durante el proceso de trasvase llamado “prueba y drenado” provocó que 3 mil litros de ácido sulfúrico se derramaran sobre el Mar de Cortés.

Según los reportes de Metalúrgica de Cobre, S.A. de C.V. –subsidiaria de Grupo México– y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el siniestro se registró entre las 2 y 3 de la tarde del martes 9 en la Terminal Marítima de Guaymas, bajo vigilancia de la Administración Portuaria Integral (API).

La minera sostuvo que se vertió una cantidad similar a los tres metros cúbicos, sin embargo, periódicos en este puerto dieron a conocer un vídeo de 12 segundos donde se observa cuando una tubería completa se vacía sobre el lecho marino.

De acuerdo con la SCT, el percance ocurrió durante los trabajos de protocolo de “prueba y drenado” (lavado de tuberías) que se realizan antes de cada operación de carga, y justo en ese momento se detectó la falla en una de las válvulas de las tuberías (de Grupo México) que transportan ácido sulfúrico.

Por tal motivo, los trabajadores de la empresa procedieron a cerrar las válvulas e iniciaron el rebombeo de retorno hacia los tanques “para evitar un derrame considerable de ácido sulfúrico”, apuntó.

Tras el derrame, la dependencia federal activó el Plan de Contingencia y Protocolos de Seguridad y se alertó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como al personal de la Cuarta Región Naval, perteneciente a la Marina Armada de México.

Medios de comunicación porteños difundieron entrevistas con tres lesionados por el incidente, y el diputado local Carlos Navarrete confirmó que tres guaymenses sufrieron las consecuencias de la fuga sulfúrica.

Además, hizo “un respetuoso llamado” al gobierno de la República “para que a través de las secretarías de Estado involucradas realice una investigación a fondo de los daños perpetrados contra la salud de los mexicanos y al medio ambiente por parte de esta empresa y se dé inicio al proceso de revocación de la licencia para la explotación de nuestros recursos naturales a Grupo México”.

En un desplegado en medios de comunicación, firmado por Carlos F. Lozada Almada, Grupo México minimizó los estragos del derrame de tóxicos: “Tras evaluar el sitio y constatar que la situación estaba controlada, determinaron que no era necesario activar el plan de emergencia”.

Justificó: “Hemos estado en comunicación con la autoridad ambiental y continuaremos haciéndolo hasta la conclusión de las medidas necesarias para atender integralmente, dando aviso formal a las autoridades correspondientes”.

El próximo 6 de agosto se cumplirán cinco años del mayor desastre ambiental de la minería moderna, cuando por irresponsabilidad de Grupo México, en la mina Buenavista del Cobre, se vertieron 40 millones de sulfato de cobre acidulado y más de 700 toneladas de metales pesados sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.

Con aquel macroderrame de 2014 se vieron afectadas 24 mil personas en los pueblos ribereños de Arizpe, San Felipe de Jesús, Banamichi, Baviácora, Aconchi, Arizpe y Ures.





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