Asesinan a una menor embarazada tras ataque a una casa en Taxco

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CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Una mujer menor de edad que estaba embarazada fue ejecutada esta madrugada en la ciudad turística de Taxco

Reportes oficiales indican que cerca de las 2:00 horas de este domingo, un grupo armado atacó una casa ubicada en el barrio de Casahuates, propiedad de un trabajador de la Fiscalía estatal, identificado como Ricardo Ocampo, quien resultó herido.

En el acto una menor de 15 años, identificada como Esmeralda Rubí, quien estaba embarazada, murió en el inmueble por impactos de bala, señalan los informes.

Simultáneamente, en esta misma ciudad se reportó el hallazgo de mantas en distintos en donde acusaron directamente al alcalde, Marcos Parra, de brindar protección al grupo delictivo que dirige José Ranulfo Zagal Maldonado “El Rany”, identificado como operador del grupo criminal “La Familia” en los municipios de Taxco, Pilcaya y Tetipac, en Guerrero; e Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.

Según la información oficial, Zagal Maldonado es familiar del exalcalde de Taxco y exdiputado local panista, Ramiro Jaimes.

De acuerdo con los reportes, “El Rany” fue jefe de escoltas de Ramiro Jaimes Gómez cuando fue edil de Taxco durante el periodo 2005-2008.

El mensaje de las mantas advierten un recrudecimiento de la ola de violencia que se vive en este destino turístico.

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Con maquinaria pesada, grupo armado destruye tres viviendas en Coyuca de Catalán

Coyuca OK - Con maquinaria pesada, grupo armado destruye tres viviendas en Coyuca de Catalán

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un grupo armado irrumpió en el poblado de Santa Teresa, en el municipio de Coyuca de Catalán, región de Tierra Caliente, donde destruyó tres viviendas con maquinaria pesada.

El grupo de Rodolfo Maldonado Bustos, conocido como “José Pineda”, se atribuyó la acción criminal y sostuvo que se trata de una advertencia contra la población que supuestamente apoya al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el que se disputa la plaza.

Tras la destrucción de las viviendas en Santa Teresa –comunidad ubicada sobre la carretera que conecta con el municipio de Zirándaro y conduce al balneario de Zihuatanejo–, los responsables difundieron un video en redes sociales donde se observan las casas con techo de lámina convertidas en escombros.

Por su lado, el gobierno estatal anunció un reforzamiento de la seguridad en la región de Tierra Caliente, por la confrontación que mantienen el CJNG y el grupo de “El Abuelo” de Tepalcatepec, Michoacán, que se extendió a Guerrero.

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Un sismo de magnitud 4.7 se regista en Ometepec, Guerrero; PC no reporta afectaciones

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Redacción / Sin Embargo

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó en su cuenta de Twitter que el movimiento ocurrió un minuto pasadas las 6 horas de la madrugada con epicentro al sureste de la localidad de Guerrero.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Un sismo de magnitud 4.7 se registró cerca de las 6:01 horas de esta mañana con epicentro en Ometepec, Guerrero.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó en su cuenta de Twitter que el movimiento ocurrió un minuto pasadas las 6 horas de la madrugada con epicentro al sureste de la localidad de Guerrero.

Por su parte, la la Coordinación Nacional de Protección Civil (PC) informó que no recibió reporte de afectaciones por el sismo ocurrido en territorio guerrerense y llamó a la población a no hacer caso de mensajes que no provengan de cuentas oficiales.

El Sistema SkyAlert también reportó un sismo de fuerte intensidad en Cuajinicuilapa, Guerrero, y el cual también fue percibido en el municipio de Ayutla, dentro del mismo estado.

La tarde de este miércoles ocurrió otro sismo de magnitud 5.8 grados al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El SSN reportó que el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

A través de su cuenta de Twitter, Protección Civil del estado indicó que el sismo fue “imperceptible para la población”.





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Mario habría asesinado a dos sacerdotes en un camino de Taxco; ya fue vinculado a proceso

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Redacción / Sin Embargo

De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado, se trata de Mario “N”, alias “El Japo”, quien habría asesinado a dos curas mientras circulaban sobre la carretera nacional Cuernavaca-Taxco, en febrero de 2018.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- Un sujeto fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio de dos sacerdotes y un maestro en el Municipio de Taxco, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado, se trata de Mario “N”, alias “El Japo”, quien habría asesinado a dos curas mientras circulaban sobre la carretera nacional Cuernavaca-Taxco, en febrero de 2018.

“La Fiscalía General del Estado informa la detención con orden de aprehensión y vinculación a proceso de Mario «N», alias «El Japo», acusado como probable responsable de homicidio calificado de dos sacerdotes en febrero de 2018 en la Región Norte de Guerrero”, se puede leer en el boletín.

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“En la carpeta judicial C-18/2018, se señala que ambos sacerdotes, Iván «N» y Germaín «N», venían de regreso de Juliantla acompañados de otras personas y cuando circulaban sobre la carretera nacional Cuernavaca-Taxco fueron privados de la vida, hechos por los cuales el imputado ha quedado detenido como probable partícipe directo”, agrega el documento.

A Mario “N” se le investiga también por otros ilícitos y su presunta participación en actos delictivos con el grupo criminal “La Familia Michoacana”.

FUE UN 5 DE FEBRERO DE 2018

Aquel 5 de febrero, los dos sacerdotes y un maestro perdieron la vida tras ser atacados a tiros durante la madrugada, en la carretera Taxco-Iguala, en Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 3:00 horas varias personas, incluidos los dos curas, viajaban en una camioneta cuando fueron alcanzados por otro vehículo color rojo, cuyos ocupantes comenzaron a dispararles.

En el lugar perdió la vida el sacerdote Germaín Muñiz García y el profesor Rogelio “N”. Horas después murió el otro sacerdote, de nombre Iván, mientras era atendido en el Hospital General Adolfo Prieto, en Taxco. El ataque armado dejó también dos personas lesionadas más.

El grupo con el que viajaban los sacerdotes procedía de la comunidad de Juliantla, en Taxco, a donde había asistido a una fiesta con motivo del Día de La Candelaria. El Obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, exigió a las autoridades una investigación inmediata para dar con los responsables del crimen.

-Con información de El Sur.





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ONU-DH pide a México investigar “exhaustivamente” los asesinatos de tres periodistas

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pidió a las respectivas autoridades investigar “exhaustivamente y a la brevedad” los homicidios de tres periodistas –dos en Guerrero y uno en Veracruz– y el ataque a las instalaciones de un periódico en Chihuahua, perpetrados la semana pasada.

Poner fin a la impunidad “será la mejor medida de prevención de agresiones y de protección de quienes se dedican al ejercicio de la actividad periodística”, sostuvo.

Jarab precisó que en las investigaciones de los hechos violentos “deberán agotarse todas las líneas de investigación, incluida la actividad periodística, y tomar en cuenta las amenazas y ataques previos que se habían producido e incluso denunciado”.

Y lamentó que la situación de periodistas y defensores de derechos humanos en México sigue siendo “muy preocupante”.

En un comunicado, la ONU-DH condenó los homicidios de los periodistas Rogelio Barragán y Edgar Alberto Nava López, quienes ejercían para medios locales de Guerrero, así como de Jorge Celestino Ruiz Vázquez, en el estado de Veracruz.

El cuerpo de Barragán, colaborador del portal “Guerrero al Instante”, fue localizado sin vida el 30 de julio en el municipio de Zacatepec, Morelos.

Nava López, director del medio digital “La Verdad de Zihuatanejo”, asesinado el 2 de agosto, había recibido amenazas por su labor periodística, aunque recientemente se desempeñaba como funcionario municipal. El crimen ocurrió en Zihuatanejo.

El mismo 2 de agosto, en Actopan, Veracruz se reportó el homicidio de Ruiz Vázquez, colaborador del periódico “El Gráfico” de Xalapa. El periodista contaba con medidas de protección por parte de autoridades estatales, luego de haber recibido ataques y amenazas en su contra, mismas que fueron denunciadas ante la Fiscalía General del estado.

Luego de detallar que en lo que va de 2019 se han registrado 10 asesinatos de periodistas, cifra muy cercana a la reportada en todo 2018 (12 homicidios de comunicadores y uno denunciado como desaparecido), la ONU-DH resaltó que a esos crímenes se suma el ataque a las instalaciones de “El Monitor de Parral”, ocurrido el 31 de julio en Chihuahua.

La representación diplomática alertó que, en el último caso, si bien no hubo vidas que lamentar, los colaboradores del medio estuvieron en riesgo, por lo que “el medio anunció su intención de dejar de publicar información relacionada con temáticas como seguridad o crimen, lo cual demuestra el efecto que este tipo de agresiones tiene sobre la libertad de expresión y sobre el derecho de la sociedad a acceder a la información”.

El representante de ONU-DH reconoció que en el actual gobierno hay “esfuerzos de fortalecimiento del Mecanismo de Protección” para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que contó con el respaldo de la oficina de la ONU, con un diagnóstico, pero –subrayó– “otras acciones son igualmente necesarias, fundamentalmente en el ámbito de la lucha contra la impunidad”.

Finalmente, Jan Jarab llamó a las autoridades a “adoptar las medidas de protección y atención necesarias en cada caso”, y expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares y colegas de los periodistas asesinados la semana pasada.





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Disputa por el territorio y rechazo a la GN tiene a Chilpancingo sumido en la violencia

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CHILPANCINGO. Gro. (proceso.com.mx).- A finales de marzo, los dirigentes del grupo de autodefensa de Tlacotepec, al que autoridades estatales vinculan con la banda delictiva de Onésimo Marquina Chapa “El Necho”, Juan Castillo “El Teniente” y Humberto Moreno -primo del secretario de Desarrollo Social en la entidad, Mario Moreno Arcos-, anunciaron una incursión armada en esta capital, sede de los tres poderes en la entidad.

Cuatro meses después, este grupo armado se ha adjudicado un atentado contra policías municipales registrado la semana pasada que dejó tres uniformados heridos, así como los asesinatos de un comerciante, un adolescente, y de los de una señora y su nieta de tres años en los últimos tres días, bajo el argumento de que apoyan al grupo antagónico denominado Cartel del Sur (CDS), que dirige Isaac Navarrete Celis “El Señor de la I”.

Además, en los últimos dos días han colocado mantas y cartulinas donde acusan al gobierno de Héctor Astudillo, la Fiscalía estatal y la policía municipal del alcalde perredista Antonio Gaspar Beltrán, de ser parte del conflicto armado porque supuestamente están apoyando a los dos grupos delictivos confrontados.

Incluso, el titular de la FGE, Jorge de los Santos Barila informó ayer que tres agentes municipales, entre ellos un policía vial, fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), porque presuntamente portaban droga en las patrullas.

Los uniformados fueron requeridos en un primer momento por la fiscalía estatal para declarar sobre la desaparición del coordinador operativo de la policía municipal de Chilpancingo, Idson Omar Cruz Peláez, reportada desde el martes 23, indicó el funcionario estatal.

Además, la mañana de este viernes el CDS dejó una manta en pleno centro de Chilpancingo donde advierte un recrudecimiento de la violencia en la capital y anunció que no van a permitir que los desplacen de este lugar donde se encuentra la comandancia de la 35 Zona Militar, dos batallones y cuarteles policiacos de los tres niveles.

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha fijado una postura pública para explicar la ola de violencia en la capital de la entidad pese a que el grupo armado de Tlacotepec anunció públicamente que tomaría por la fuerza esta ciudad para desplazar al bando antagónico denominado Cartel del Sur.

El 21 de marzo, Proceso informó que los dirigentes del grupo de autodefensa de Tlacotepec, al que autoridades estatales vinculan con la banda delictiva de Onésimo El Necho Marquina Chapa, anunciaron que mañana realizarán incursiones armadas en esta capital.

Tras advertir que no permitirán el ingreso de la Guardia Nacional a los territorios que controlan en la Siera, zona norte y la zona rural del puerto de Acapulco, destacaron que no están dispuestos a deponer las armas y tampoco se subordinarán al gobierno federal.

Desde el poblado de Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, en la región Centro de la entidad, Salvador Alanís, vocero del grupo de autodefensas –denominado Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG)–, recordó que en ese entonces, se venció el plazo que dieron al gobierno de Héctor Astudillo Flores para detener a Isaac Navarrete Celis, señalado como líder del Cártel del Sur.

Asimismo, anunció una alianza entre la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC) de la Costa Chica con las autodefensas que operan en la Sierra y Zona Norte, supuestamente vinculadas al grupo delictivo Guerreros Unidos.

El vocero del FUPCEG informó que el bloque armado lo conforman más de 11 mil milicianos que operan y controlan en 762 comunidades de 39 municipios en la entidad.





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Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa inspeccionan el 27 Batallón Militar en Iguala

43ayo - Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa inspeccionan el 27 Batallón Militar en Iguala


Redacción / Sin Embargo

Al arribo al batallón, los integrantes de la Comisión fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes facilitaron el acceso a las instalaciones ubicadas en el campo militar de Iguala.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Gracias a los acuerdos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, padres de los normalistas inspeccionaron el 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, Guerrero.

Esta demanda había sido hecha tras los sucesos de la noche del 26 de septiembre de 2014. A cinco años del suceso, se cumplió.

A través de un comunicado de prensa emitido por las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional confirmó la visita de los padres de los 43 normalistas.

“Por tanto, las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, refrendan su compromiso institucional para esclarecer los lamentables hechos ocurridos en iguala, demostrando plena apertura, transparencia y colaboración para el desarrollo de las investigaciones” se lee en el comunicado de prensa.

Al arribo al batallón, los integrantes de la Comisión fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes facilitaron el acceso a las instalaciones ubicadas en el campo militar de Iguala.

Dentro de la visita, se incluyó una introducción sobre la historia del Batallón y un recorrido a las instalaciones del cuartel.

Finalmente, los integrantes de la Comisión solicitaron que se continúe apoyando a la investigación hasta conocer el paradero de los normalistas desaparecidos la noche del 25 de septiembre.

CNDH DENUNCIA A FUNCIONARIOS

El pasado 24 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso seis demandas penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 235 funcionarios públicos por violaciones graves a derechos humanos en la investigación por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayozinapa, Guerrero.

Además, la dependencia también interpuso 12 demandas administrativas contra 140 personas del servicio público, de los ámbitos federal y estatal, esto como parte de la Recomendación 15VG/2018.

De las 235 servidores demandados, 116 eran servidores públicos, 82 de orden federal y 34 del estatal y participaron en la investigación ministerial, de acuerdo con la CNDH estos “realizaron actos u omisiones durante la investigación, posiblemente constitutivos de delito que corresponderá determinar a la Representación del Interés Social de la Federación”.





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Cortan un camino en la sierra de Guerrero para protestar contra la violencia armada

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CHILPANCINGO. Gro. (apro).- Habitantes de la sierra de Petatlán cortaron con una zanja el camino que conecta los poblados de Piedra de Eveliano y El Camalotito, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos armados, para reiterar su llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que intervenga ante el conflicto que está provocando el desplazamiento forzado de personas, asesinatos y desaparecidos.

A través de imágenes y videos con drones difundidas en redes sociales, los inconformes acusaron al gobierno del estado de asumir una actitud omisa ante la confrontación entre grupos criminales que se disputan esta plaza estratégica en la geografía del narco en la entidad.


Incluso, acusaron directamente al comandante Pedro Castro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), de suministrar presuntamente “armas y municiones” a la banda de los hermanos Torres del poblado de La Morena y la Familia Michoacana que mantienen una guerra con el grupo de Oliver El Ruso Coria, líder de la Guardia Guerrerense (GG).

Los pobladores de esta zona serrana, que se mantiene en vilo por las balaceras, advirtieron que en caso de que la federación no intervenga para revertir los efectos de la violencia, impunidad y corrupción institucional, ellos van a atacar directamente a los agentes de la policía estatal destacamentados en esta franja de la Costa Grande.

El camino de terracería que fue cortado por medio de una zanja ha sido escenario de constantes enfrentamientos armados y representa una ruta utilizada por habitantes de la Sierra que bajan a la cabecera municipal de Petatlán para abastecerse de productos básicos.

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Foto: Especial

Por ello, señalaron que este hecho afecta a cientos de personas que están en medio del conflicto armado que se vive en la sierra de Petatlán donde el vacío de autoridad es evidente y ha dejado una estela de muerte, desplazados y pueblos fantasmas.

De acuerdo con el registro documental de la agencia Apro, este conflicto lleva más de siete meses y los hechos exhiben presuntos nexos de autoridades de los tres niveles con el narco.

Apenas, ayer una familia de turistas procedentes del estado de Puebla, entre ellos un hombre de Estados Unidos, fue masacrada sobre la carretera federal Acapulco Zihuatanejo porque las víctimas no se detuvieron en un retén que mantiene una guardia comunitaria en el municipio de Petatlán.

Hasta el momento, el gobierno estatal ha hecho mutis ante la dramática situación que se vive en este municipio de la Costa Grande.

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Programa de fertilizante en Guerrero, supeditado a conflictos sociales: Sader

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CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El coordinador federal del programa de Fertilizantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Jorge Gage Francois, informó que a la fecha se ha entregado 73% del insumo, esto es, 169 mil 743 toneladas, a un padrón de 233 mil 235 productores de maíz en la entidad.

El funcionario federal señaló que el cumplimiento del programa ha dependido de factores como el libre tránsito de los cargamentos, así como los conflictos en los centros de distribución de Segalmex y las conciliaciones de padrón con grupos de interés.

Al respecto, precisó que en 25 días se han registrado “15 incidencias”, en su mayoría conflictos generados a partir del saqueo de bodegas y camiones, pero matizó diciendo que los campesinos se “autodespacharon” debido a que posteriormente reportaron las listas de beneficiados, a través de los comisarios.

No obstante, dijo que presentaron una denuncia penal por el caso registrado este fin de semana en el municipio de Tixtla, donde un grupo delictivo saqueó una bodega y vendió el fertilizante en 20 pesos a productores que previamente habían protestado por el retraso en la entrega.

El coordinador federal presentó un informe sobre el programa de fertilizantes, este día en la residencia oficial Casa Guerrero en la capital de esta entidad acompañado por el gobernador Héctor Astudillo Flores y funcionarios estatales y federales.

Al respecto, Gage Francois dijo que, inicialmente, se tenía previsto un padrón de poco más de 178 mil agricultores enlistados en el entonces Proagro Productivo y Programa de Apoyo para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), y se sumaron más de 50 mil beneficiarios de zonas indígenas y de atención prioritaria, por ello el padrón suma 233 mil 235 campesinos.

No obstante, las solicitudes fueron 401 mil registros de productores, mientras el año pasado el gobierno estatal benefició a 330 mil campesinos.

Del padrón de más de 233 mil productores se han entregado el 97 por ciento de vales y el programa seguirá operando, indicó.

En el tema de la superficie, corresponde a 381 mil hectáreas cultivables, de las cuales un 90 por ciento son de maíz y la cobertura a través de la entrega del fertilizante representa un 80 por ciento.

De acuerdo al informe, la franja costera, la región de Tierra Caliente y el municipio de Iguala, “considerada como el granero en la entidad”, están comenzando la siembra.

Mientras en la región de la Montaña, el avance en la distribución lleva un 60 por ciento y todavía hay al menos 12 mil productores esperando el insumo que se analiza su incorporación al padrón oficial.

Estos datos del gobierno federal contrastan con el enfoque que le dio al programa de fertilizante el año pasado la administración de Astudillo, que benefició a municipios amapoleros, como Tlacotepec, pese a que tiene menor superficie y productores que Chilapa o regiones completas como los ocho municipios de que conforman la Costa Grande de le entidad.





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Ejecutan a 4 en Guerrero, entre ellos un jefe policiaco y dos guardias comunitarios

Hueycantenango OK - Ejecutan a 4 en Guerrero, entre ellos un jefe policiaco y dos guardias comunitarios

CHILPANCINGO, Gro. (apro).– Al menos cuatro personas fueron ejecutadas en la zona indígena de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), entre ellos un jefe policiaco y dos policías comunitarios de la organización armada denominada Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía de los Pueblos Fundadores (CRACPF).

Reportes oficiales indican que esta mañana fueron localizados los cuerpos de David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura del crucero de la comunidad de Chautla.

Las víctimas eran policías comunitarios de la CRACPF y fueron privados de su libertad por un grupo armado vinculado a la organización paramilitar Paz y Justicia, considerado como brazo armado del grupo delictivo Los Ardillos, que dirige la familia del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, según denunció el consejero comunal, Bernardino Sánchez Luna.

Sánchez Luna informó que el domingo pasado, los guardias comunitarios bajaron del poblado serrano de Ayahualtempa, en Hueycantenango, a Chilapa, donde participaron en la retención de camiones y robo de fertilizante ante el retraso de la entrega del insumo que ahora dirige el gobierno federal.

Cuando los campesinos regresaban a su comunidad fueron interceptados por un grupo armado a la altura del poblado de El Jagüey, pero sólo fueron retenidos los guardias comunitarios que dos días después aparecieron ejecutados en un poblado de Chilapa, denunció el miembro de la CRACPF.

De manera paralela, el director de Seguridad Pública de Hueycantenango, Miguel Ángel Morales Meneses, fue ejecutado a balazos y su cuerpo encontrado sobre la carretera Chilapa-Hueycantenango, cerca de la comunidad El Caracol, muy cerca de donde previamente fueron localizados los cuerpos de los dos guardias comunitarios.

La semana pasada, la agencia de Proceso publicó la nota Activistas en Guerrero acusan a grupos delincuenciales de “exterminio”; señalan a gobierno de omisión, en el que se informó que miembros de organizaciones afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al Congreso Nacional Indígena (CNI) impulsan una campaña para denunciar lo que calificaron como una estrategia de exterminio contra promotores del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en la zona nahua de la Montaña de Guerrero.

Lo anterior, tras una serie de ejecuciones contra dirigentes del CIPOG-EZ que tienen su origen en un enfrentamiento armado, registrado el 27 de enero en el poblado de Zoyapexco, entre miembros de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y presuntos delincuentes.

La seguridad en los municipios de Chilapa y Hueycantenango fue asumida por militares adscritos a la Guardia Nacional.





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