Los jornaleros agrícolas, “invisibles” para el gobierno

La cancelación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas ha dejado en el “abandono” a casi tres millones de personas que anualmente migran de sus lugares de origen hacia el norte del país. Investigadores, académicos y organizaciones civiles advierten lo anterior y denuncian que mientras el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atiende con diligencia a los indocumentados centroamericanos, la situación de los trabajadores mexicanos del campo se convierte en una tragedia nacional.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Marginados por generaciones, tratados como “invisibles” o “desechables”, los jornaleros que cada año abandonan sus hogares en el sur para migrar a los campos agroindustriales del norte están fuera de los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno canceló los programas que atenuaban su condición de miseria.

Los afectados suman dos millones 71 mil 483 trabajadores –son nueve millones con sus familias–, señalan los dirigentes de este sector, quienes denuncian los efectos de la desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que operaba la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y que en el sexenio pasado tuvo presupuestos anuales de 300 millones de pesos en promedio.

Si bien las organizaciones defensoras de los derechos de los jornaleros, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2016 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación general 36/2019, reconocieron y expusieron las deficiencias del PAJA, persiste la alerta sobre la situación de por sí ya vulnerable de este sector de la población, que ha quedado desamparado en el arranque del nuevo gobierno.

La Secretaría del Bienestar (que sustituyó a la Sedesol) no ha informado sobre las alternativas de apoyo para los casi tres millones de trabajadores del campo, universo calculado con base en información de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009.

De acuerdo con datos de la extinta dependencia, el PAJA inició operaciones con 290.66 millones de pesos y su última asignación fue de 296.49 millones, que fue aplicada en 186 mil 175 localidades con población jornalera y receptora de trabajadores agrícolas en 142 municipios de 27 estados.

Entre las subvenciones que se les otorgaban destacan la ayuda económica para el arribo a los campos, que era de entre 800 a mil 150 pesos por familia, y las becas, que ascendían hasta 650 pesos por hijo. También tenían apoyo alimenticio y albergues con servicios básicos, y eran afiliados al también desaparecido Seguro Popular.

En su informe sobre la Cuenta Pública de 2016, la ASF reportó que la Sedesol “no contó con una cuantificación de los jornaleros agrícolas y sus familias”, y aun cuando la dependencia otorgó los subsidios, el diseño de las reglas de operación del programa “presentó inconsistencias y no fue posible evaluar la contribución del PAJA al fortalecimiento del cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencian sus capacidades”.

El PAJA y otros programas de la Sedesol fueron objeto de recorte por el actual gobierno. Así lo dio a conocer públicamente la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, el 17 de enero último.

Cuatro días después, en entrevista con el diario La Jornada, la funcionaria explicó los defectos de los apoyos sociales y de su aplicación: se desconoce “quiénes son y dónde viven” los beneficiarios, y el programa “obedeció mucho al apoyo de los más ricos”. Agregó que el nuevo gobierno no desatendería a los jornaleros y que se diseñaría otro plan, pero hasta la fecha no existe una estrategia oficial en favor de ese grupo.

Recomendación

Dirigida a las secretarías de Bienestar y del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a los gobiernos estatales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la recomendación general 36/2019 de CNDH propuso la elaboración de un diagnóstico nacional sobre la situación de los jornaleros agrícolas, la generación de programas sociales que garanticen sus derechos, la conformación de un registro único de empresas agrícolas receptoras, el desarrollo de instrumentos para prevenir delitos y recibir denuncias, la aplicación de esquemas de vigilancia en materia de condiciones laborales y vivienda dignos, y que se garantice la prohibición de que los menores de edad trabajen en el campo.

Específicamente, a la secretaria Albores le solicitó aplicar la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, “diseñar un programa que integre el enfoque de derechos humanos”, delimite las responsabilidades de las autoridades de los tres niveles de gobierno y “considere la instalación y, en algunos casos, la mejora de los albergues para el alojamiento” de los trabajadores y de las Unidades de Servicios Integrales a nivel nacional.

Para Celso Ortiz Marín, investigador de la Universidad Autónoma Intercontinental de Los Mochis, Sinaloa, el gobierno de López Obrador “se olvidó de los jornaleros agrícolas”.

También integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas Internos, conformada por 11 organizaciones sociales, académicos y defensores independientes, cuestiona lo que él llama la consigna federal de “primero mato y después averiguo”, así como la obsesión gubernamental de que todo está corrupto.

“El gobierno de la 4T –puntualiza– está dejando fuera a los sectores altamente vulnerables, como los trabajadores agrícolas, que son ciudadanos invisibles porque muchos de ellos no tienen acta de nacimiento ni credencial de elector.”

Ortiz Marín considera que el gobierno de la “Cuarta Transformación” no tiene por qué ser tajante al “borrar todo para después construir”; al contrario, dice, debe llamar al diálogo.

El académico coincide en que el PAJA se vició en su operación y perdió su misión, pero “teníamos la esperanza de que ahora sí habría una política hacia los jornaleros. Esperábamos trabajar y construir algo que respetara sus derechos. A seis meses (del nuevo gobierno) no vemos nada”.

Lamenta que en lo que va del año se esté desdibujando el avance que consiguieron los defensores de los derechos humanos, académicos y la sociedad civil cuando en los noventa el Estado mexicano volteó hacia los jornaleros –indígenas 40% de ellos–, que provienen de los estados más pobres.

“Ya revisamos las reglas de operación de los programas sociales y este año no habrá apoyo para los jornaleros. La mirada está puesta en los centroamericanos, en los que se van a Estados Unidos. No existe una mirada hacia los migrantes internos que salen de sus comunidades por pobreza, despojados por los megaproyectos”, asegura.

Ortiz indica que al menos la mitad de la mano de obra para el campo proviene de las entidades más empobrecidas, como Chiapas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, y advierte que la situación toma dimensiones de una “tragedia nacional” con la desaparición de los apoyos sociales y la carencia de alternativas para atender a esta población, que genera volúmenes de productos que en su mayor parte, el 80%, se exportan.

El investigador expone otro ejemplo del “trato de desechables” que padecen los trabajadores del campo: “En la zona norte de Sinaloa –mi área de estudio– anualmente mueren de tres a cinco personas; entre ellos hay niños que son atropellados por la maquinaria”.

Sorpresa y lamento

El reclamo de las organizaciones sociales al gobierno de López Obrador tiene fundamento. Margarita Nemecio Nemesio, quien también colabora en la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas Internos, explica que se reunieron con la ahora secretaria de Bienestar el 20 de junio de 2018 –antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio– y después el 3 de septiembre último en la oficina de transición del entonces presidente electo, y le plantearon sus expectativas en favor de los trabajadores del campo.

En los encuentros también estuvo Ariadna Montiel, ahora subsecretaria de Bienestar, “y no se vislumbraba la desaparición de los programas sociales como el PAJA; al contrario, se nos dijo que habría un cambio para mejorarlo”, refiere Nemecio.

La activista social afirma que desde antes de que Albores González asumiera el control de la dependencia sabía de la situación del programa. “Le explicamos que tenían que allegarse de mayor información para entender el tema; no sabían cómo operaba el PAJA”.

Así que para los integrantes de la red nacional de jornaleros fue una sorpresa cuando la funcionaria anunció la eliminación de los apoyos en la conferencia de prensa del 17 de enero último, a la que no asistieron los activistas y especialistas porque, sostienen, no fueron invitados.

Un mes después, el 18 de febrero, la organización de Nemecio le envió una carta a Albores González en la que le expusieron la ausencia de una política específica para atender al sector; también le advirtieron que no sólo persisten los problemas que dieron origen al PAJA, sino que se agravan.

Le explicaron asimismo la necesidad de renovar el programa, preservando los aciertos que tuvo, y le hicieron notar que 60% de los jornaleros agrícolas, de origen mestizo, no pueden ser atendidos por el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), como se propuso. Además, le solicitaron otro encuentro, pero no se realizó.

En una carta firmada por el director adjunto de la secretaria Albores, Luis Carlos Chávez, fechada el 22 de febrero, la petición fue remitida con el director general de Atención de Grupos Prioritarios, Carlos González Torres.

La organización civil respondió a las autoridades con otro escrito el 15 de marzo: “Hasta ahora no hemos encontrado una mención en los lineamientos generales de la Secretaría de Bienestar, ni en las reglas de operación de los programas sociales de esta dependencia, que señale cuáles son las acciones y el trato directo con los jornaleros, cuál es el presupuesto asignado a este grupo vulnerable para su atención, y dónde está el ejército de trabajadores sociales que se va a acercar a ellos para registrar sus necesidades y demandas.”

En otro mensaje, del 29 de mayo último, la red expresó su “preocupación e indignación tras no identificar en la reestructuración de esta secretaría una política específica para la atención de los jornaleros y sus familias”.

La omisión fue confirmada en el Plan Nacional de Desarrollo. La organización no gubernamental expuso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) existe sólo una alusión a los jornaleros agrícolas cuando el gobierno se refiere a los que “participan en la movilidad laboral con Canadá”, programa que recibirá un presupuesto de 35 millones de pesos administrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Nemecio Nemesio cuestiona el hecho de que en la reforma laboral recientemente aprobada tampoco se haya aludido a la población jornalera agrícola, excluyéndola de la seguridad social.

La figura de las jornaleras tampoco aparece en la Secretaría de la Mujer. Con la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se abolió la estrategia para atender a los hijos de los trabajadores agrícolas, “invisibles” de igual modo en el programa de Educación Indígena que sí trataba la Comisión Nacional de Fomento Educativo.

Tampoco están considerados en los lineamientos del INPI; lo mismo ocurre en la Ley General para Niñas, Niños y Adolescentes. “La única niñez migrante que existe es la extranjera; no los menores que pertenecen a las familias jornaleras”, agrega la activista.

Nemecio destaca otro defecto de los distintos niveles de gobierno: “No quieren aceptar la movilidad interna agrícola, compuesta por los más vulnerables, que migra para abastecer un sector que perpetúa la explotación laboral…

“Lo grave no es que desaparezca el programa, que ya sabíamos que tenía muchas fallas, sino que la Cuarta Transformación abona a invisibilizar una población dentro de la agenda pública. Al parecer le está abonando a que siga siendo una mano de obra explotada”, agrega.

Este reportaje se publicó el 7 de julio de 2019 en la edición 2227 de la revista Proceso





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Toman precauciones para que jornaleros de otros países no se registren ilegalmente en Tecomán

gestor francisco mares belmonte - Toman precauciones para que jornaleros de otros países no se registren ilegalmente en Tecomán


Luis Rosales Chávez

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Luis Rosales
Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán,
Col.-  Francisco Mares Belmonte, gestor
permanente del programa “ponle nombre y apellido”, reconoció que están tomando precauciones
para evitar que trabajadores del campo de países como de Guatemala o de
Honduras, logren concretar su nacionalidad mexicana de manera ilegal.

Explicó que como gestor de este programa se ha
percatado que muchas personas que trabajan en cultivos como el plátano y que no
traen documentación alguna, tratan de conseguir documentación oficial del
estado.

“Su problema principal es que no están registrados, podemos
decir que un 70 por ciento está en estas condiciones, rara vez te encuentras
por ahí una fe de bautizo, pero generalmente no traen ningún documento”.

Comentó que ante estas circunstancias se hace la
investigación, “dado la ola que tenemos de migración de países del sur, estamos
con mucho cuidado, tenemos una alerta nacional para que no registremos a
familias que no correspondan”.





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Inadmisible, la falta de una política que garantice los derechos de jornaleros agrícolas: CNDH

e3427f4753baf47f26 180830jornaleros jlc 1 - Inadmisible, la falta de una política que garantice los derechos de jornaleros agrícolas: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a los gobiernos federal y estatales atender las necesidades de más de 2 millones de jornaleros agrícolas que hay en México, “ante el riesgo y vulnerabilidad de este sector”.

Al presentar la recomendación general 36, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se manifestó preocupado porque el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no contempla el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), además de la “ausencia de programa o política pública que contemple alguna acción en concreto” para atender a esa población, cuyo 40% es de origen indígena.

El ombudsman reconoció que, si bien el PAJA “tenía importantes aspectos por corregir, la omisión de generar una política o programa para proteger o garantizar los derechos de las personas jornaleras agrícolas es inadmisible, dada su situación de riesgo que les coloca dentro de un grupo de atención prioritaria”.

La mayor parte de los jornaleros agrícolas del país, abundó, “proviene de entidades de alta marginación y en situación de pobreza”, y hay condiciones que pueden agravarla, “como la poca o nula escolarización, la menor perspectiva de empleo, el no hablar español, se mujer, niña, niño, adolescente o reconocerse como indígena”.

González Pérez detalló que la mayor parte de los jornaleros agrícolas provienen de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo y Sinaloa, los cuales, a excepción de Sinaloa, tienen niveles de pobreza que rondan entre el 49 y 77% de su población.

“No basta garantizar el acceso de las mujeres y hombres jornaleros agrícolas a un empleo digno y decente, sino también debe generarse una política que les permita a sus hijos e hijas desarrollarse plenamente, sin que se integren a temprana edad al trabajo”, dijo.

Y alertó que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unifec), “la ocupación no permitida (de menores) se concentra principalmente en el sector agropecuario, con 34.5%”.

Ante la vulnerabilidad en que se encuentra ese sector, la CNDH dirigió su recomendación general 36 a la Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y titulares de las entidades federativas donde laboran jornaleros agrícolas, para que atiendan la situación de “riesgo y vulnerabilidad de ese sector poblacional por el contexto geográfico, social y laboral que enfrenta”.

El organismo solicitó a esas autoridades “elaborar un diagnóstico nacional para identificar a la población jornalera agrícola, los flujos migratorios, las entidades federativas de origen y destino, y las problemáticas recurrentes para impulsar acciones y programas para hacer efectivo el goce de derechos humanos”.

Sobre las deficiencias detectadas en el PAJA, recomendó hacer una revisión de dicho programa “e intercambiar información relacionada con este grupo poblacional y los centros o empresas agrícolas para integrar o actualizar un registro único de éstos y favorecer las acciones de supervisión, así como celebrar los instrumentos jurídicos que permitan la ejecución de proyectos en beneficio de estas personas, al igual que garantizar que las unidades de trabajo y albergues que subsistan cuenten con los servicios básicos y sanitarios pertinentes”.

En su recomendación general, la CNDH destacó que el último dato oficial sobre la población de jornaleros agrícolas data de 2009, derivado de la Encuesta Nacional Jornalera Agrícola –elaborada por la Secretaría de Desarrollo Social–, que identificó a 2 millones 40 mil personas jornaleras, 40% de origen indígena.

Al señalar que la estimación de esa población es de 2 millones 71 mil 483 personas, el organismo retomó consideraciones de “Enlaces y Voces Mesoamericanas”, así como de la “Red de Jornaleros Internos”, que clasificaron en 50% de las personas jornaleras agrícolas a las procedentes de los estados con mayor marginalidad en el país, especialmente Oaxaca, Veracruz y Chiapas, entidades que junto con Guerrero son las más pobres del país, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De igual manera, la CNDH retomó en su recomendación datos del Coneval de 2017, en los que se determina que aproximadamente 3 millones 15 mil 720 personas trabajan en el sector agrícola, de los cuales 50% percibe un salario mínimo general.

Ante la precariedad de las condiciones de vida y trabajo, recomendó a la STPS y a los mandatarios de los estados “fortalecer la competencia de las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo, e impulsar un modelo de protección laboral que considere las distintas etapas del reclutamiento y contratación, ya sea a través del Programa de Apoyo al Empleo o independiente de éste”, así como “establecer un programa específico de inspección a centros de actividad agrícola, así como de las condiciones en que viven las personas jornales y sus familias en las comunidades de destino”.

El organismo instruyó a la Secretaría de Bienestar “concretar la elaboración y aplicación de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, considerando la perspectiva de género, de edad y diversidad cultural, así como diseñar un programa para la atención de esa población que integre un enfoque de derechos humanos”.

Asimismo, consideró indispensable “establecer los procedimientos y mecanismos para delimitar las responsabilidades de las autoridades federales, estatales y municipales, además instancias involucradas y, en caso de subsistir, establecer las disposiciones normativas y/o administrativas, mantenimiento, operación y vigilancia de los albergues”.

Por último, la CNDH recomendó al director general del IMSS “fortalecer las acciones para incrementar el registro de patrones del campo y personas jornaleras agrícolas afiliadas a ese Instituto, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social y el acceso a ese derecho”.





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5 jornaleros heridos tras volcadura rumbo a El Chupadero, en Tecomán; se reportan 2 graves

5 jornaleros heridos tras volcadura rumbo a El Chupadero - 5 jornaleros heridos tras volcadura rumbo a El Chupadero, en Tecomán; se reportan 2 graves


Luis Rosales Chávez

5 jornaleros heridos tras volcadura rumbo a El Chupadero 696x522 - 5 jornaleros heridos tras volcadura rumbo a El Chupadero, en Tecomán; se reportan 2 graves

Luis Rosales
Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.-  Un accidente vehicular se registró la tarde de este sábado en la carretera que dirige al balneario de El Chupadero, en el municipio de Tecomán. Como saldo preliminar se reportan cinco personas lesionadas, dos de éstas en estado grave.

El hecho se registró alrededor de las 1:20 de la tarde cuando una camioneta con trabajadores del campo viajaba por esta carretera, a unos kilómetros de su cruce con el crucero a Cerro de Ortega.

En circunstancias hasta el momento no esclarecidas, el vehículo en el que viajaban los trabajadores comenzó a descontrolarse, por lo que terminaron en un desnivel de esta vialidad, volcando varias veces.

En el hecho resultaron con lesiones considerables cinco personas: dos hombres y tres mujeres, de éstas, dos se reportan en estado grave, un señor de aproximadamente 60 años de edad y otro de aproximadamente 35 años.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la escena para atender a los heridos y trasladar a los dos hombres en estado grave.

Peritos de Vialidad realizarán las indagaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las circunstancias del accidente.





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