La llamada ‘Ley Bonilla’ es inconstitucional, considera el TEPJF

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jaime bonilla 696x495 - La llamada ‘Ley Bonilla’ es inconstitucional, considera el TEPJF

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México.- En una “opinión técnica”, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyeron por unanimidad que es inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso de Baja California, con la que se amplió de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla como gobernador del estado.

Se trata de un documento que fue requerido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se analizan las acciones de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones a la legislación local que permitió que el mandatario extendiera su periodo para el que fue elegido.

Los siete magistrados coincidieron en que la modificación realizada a la Constitución del Estado, en específico al Decreto 351, se aparta de la «regularidad constitucional».

La opinión jurídica fue solicitada por el ministro de la SCJN, José Fernando González Salas, los magistrados señalaron que no es materia los motivos de invalidez relacionados con las violaciones al procedimiento legislativo que derivo en la reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112.

También consideró que los temas de retroactividad, división de poderes, prohibición de leyes privativas y conclusión de los efectos que tiene el artículo transitorio reformado van más allá del ámbito electoral.

El documento fue enviado a la SCJN el pasado 30 de octubre como parte del análisis que se realiza de la acción de inconstitucionalidad, y cuenta con el respaldo de los siete magistrados que integran la Sala Superior. Esta opinión será considerada dentro del análisis del caso que se sigue en el máximo tribunal del país.

Con información de La Jornada/El Universal





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TEPJF declara inconstitucional la Ley Bonilla; envía opinión jurídica a la SCJN

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).—En una opinión jurídica enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron por unanimidad que es inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”.

Dicha ley es una reforma a la Constitución de Baja California, por la que el Congreso de ese estado decidió ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador morenista Jaime Bonilla, quien tomó posesión del cargo el pasado 1 de noviembre.

Esta opinión jurídica del TEPJF, registrada como SUP-OP-5/2019, está suscrita por siete magistrados, quienes señalan que “se aparta de la regularidad constitucional” esa reforma al artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución de Baja California.

Este documento enviado a la SCJN tiene la firma del magistrado presidente del TEPJF Felipe Fuentes Barrera, y de otros seis magistrados y magistradas: Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante González, Janine Otalora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdés.

La opinión jurídica del TEPJF se incorporará al expediente de las acciones de inconstitucionalidad presentadas anteriormente por distintos actores políticos.

De esta manera, la SCJN dará el fallo definitivo ante las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma legislativa de Baja California, interpuestas por el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y por el Partido de Baja California (PBC), así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

 

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«Ley Bonilla», a combate en la SCJN

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ENSENADA, B.C. (proceso.com.mx)- Después de tres meses de “chicanadas”, como calificó el presidente de la república las maniobras del Congreso local -dominado por diputados de Morena y sus aliados- que postergaron la promulgación de la Ley Bonilla hasta la víspera de la toma de protesta del nuevo gobernador, finalmente, este viernes 18 fue decretada la reforma que amplía de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla Valdez.

De inmediato los opositores empezaron el combate definitivo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar la norma que permite al próximo mandatario ocupar el cargo tres años más del periodo para el que fue electo.

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid confirmó que el gobierno del estado presentará la primera controversia constitucional en la SCJN contra la reforma bonillista.

Simultáneamente, cuatro partidos políticos interpondrían acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Bonilla desde el primer día en que la reforma entró en vigor: Movimiento Ciudadano, PRD, PAN, PRI.

“Los ciudadanos votaron por un gobierno de dos años” dijo Kiko Vega y reiteró un argumento fundamental del derecho: ninguna ley puede tener efectos retroactivos a conveniencia de una persona o un grupo.

Con la firma del Decreto 351 y su publicación en el Periódico Oficial del Estado, entra en vigor la reforma al artículo octavo transitorio constitucional, que ahora establece que la gubernatura electa el pasado 2 de junio será de cinco años (del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024). Derogando así la reforma de 2014, que estuvo vigente en todo el proceso electoral recién concluido y ordenaba que el gobernador, los 25 diputados y los cinco gobiernos municipales serían electos para un periodo de dos años.

 “Competí para gobernar cinco años”

Mientras Jaime Bonilla y sus asesores recorrían los medios de comunicación en la capital del país, difundiendo su versión sobre el registro de su candidatura para un periodo de gobierno de cinco años y la defensa de la reforma y la consulta ciudadana realizadas por el Congreso del Estado, en Baja California se viralizó en redes sociales, desde el 15 de octubre, un video con el fragmento de la entrevista que el candidato de Morena concedió a Telemundo de San Diego durante la campaña electoral.

–Dígame, es cierto que usted quería esperarse hasta el 2021 a la candidatura de seis años ¿Por qué no se esperó? ¿Es cierto que López Obrador lo forzó?, inquirió el reportero

–No, el licenciado es muy cuidadoso de las formas. La decisión la toma uno, respondió el morenista, quien lucía una camisa blanca con su nombre bordado en el pecho “Jaime Bonilla. Gobernador” y en el extremo derecho los logotipos de los partidos políticos que lo postularon en coalición.

–¿Plenamente usted decidió que quería competir, aunque fuera una gubernatura de dos años?

–Sí, tomé la decisión de hacerlo, reiteró.

Con frialdad y sin decoro

Demorar la promulgación de la reforma que extiende de dos a cinco la próxima gubernatura, fue una estrategia fríamente calculada por Bonilla y sus asesores jurídicos Amador Rodríguez Lozano, próximo secretario de Gobierno y Guillermo “El Titi” Ruiz Hernández, quien fungirá como Fiscal General del Estado.

El 13 de septiembre el gobernador Francisco vega y el secretario de Gobierno Francisco Rueda Gómez presentaron como representantes del Poder Ejecutivo de Baja California una controversia constitucional contra el Poder Legislativo, con el objetivo de que la SCJN obligara a los diputados a entregar la reforma que amplía de dos a cinco años el periodo del próximo gobernador, a fin de que fuese decretada y pudiera ser impugnarse en la Suprema Corte, para que el máximo tribunal emita su sentencia definitiva.

Obviamente, también esta controversia fue desechada. La SCJN no interviene hasta que las leyes o normas a enjuiciar han sido decretadas.

El gobernador incluso pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Congreso del Estado, presidido por morenistas, entregara al ejecutivo el documento del Decreto 112 para su publicación oficial.

En esos días el presidente arreció sus críticas en relación a la reforma bonillista. Ya había dicho que no fue consultado y se le caería la cara de vergüenza si hubiese tenido alguna participación en ello. Dijo que esa reforma era una pena, agregó que se estaba retorciendo la ley y finalmente señalaría que con chicanadas se estaba retrasando la promulgación de la reforma.

Sin embargo, sus palabras no hicieron mella en los diputados morenistas ni en el ánimo del gobernador electo y su equipo político, consideró el analista político Arturo Ruiz Contreras.

Catalino Zavala, presidente del Congreso del Estado, había declarado desde los primeros días de agosto, que no se podía enviar la reforma al gobernador para que ordenara su publicación, porque no la encontraban, supuestamente se había perdido durante el cambio de legislatura.

La reforma fue encontrada hasta que decidieron promulgarla y la entregaron al ejecutivo estatal el pasado 15 de julio para que ordenara su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Antes, a propuesta del mismo diputado Zavala, el Congreso local decidió que no publicaría la reforma hasta realizar una “consulta ciudadana” para conocer la opinión de la gente. “Si la mayoría vota por dos años, ya no publicaremos la reforma, quedará sin efecto: pero si vota por cinco años, entonces sí la promulgamos”, dijo el gobernador electo Jaime Bonilla y se nombró una comisión especial para organizar la consulta, que presidió la diputada ensenadense Miriam Cano.

La consulta, realizada el domingo 13 de octubre, fue calificada por analistas, especialistas, líderes políticos y ciudadanos en general como ilegal, antidemocrática, ridícula y grotesca.

La diputada Miriam Cano informó que tuvo un costo de 247 mil pesos aportados voluntariamente por los propios legisladores, votaron 53 mil 419 personas en 250 urnas y 45 mil 030 (84.25%) lo hicieron a favor de la gubernatura de cinco años.

Con detalles informó el costo hasta de los bolígrado utilizados, pero dijo ignorar cuánto costó y quién pago la encuesta previa a la consulta ciudadana realizada por la firma Mitofsky, que también arrojó un triunfo rotundo a favor de la gubernatura de cinco años.

Jaime Martínez Veloz, del PRD, dijo que obtuvieron evidencias del uso de recursos públicos y la participación de “Servidores de la Nación”, promotores de programas sociales del gobierno federal, que participaron en la realización de la consulta, por lo que denunciará esta situación ante las instancias correspondientes.

“Me da pena”, dijo el presidente López Obrador cuando los periodistas preguntaron su opinión sobre esta consulta. Y de nuevo pidió que se respetara la Constitución en lo que establece sobre el periodo que estará el gobernador electo en el cargo.

En contraste con su presidente, la diputada Miriam Cano declaró: “Estoy orgullosa de lo que se hizo y del casi 2% de la población que salió a votar”.

Las palabras del presidente, cayeron una vez más en oídos sordos.

Sarcásticos, miles de bajacalifornianos se mofaron de los resultados de la consulta. “Bonilla a la Baja en Baja”: 2018 Julio (Senador) 821,098 Votos; 2019 Junio (Gobernador) 413, 123 Voto: 2019 Octubre (Consulta) 45,030 Votos.

 Un asunto urgente y millonario

Como un asunto de “urgente y obvia resolución”, la reforma que amplía a cinco años la gubernatura de Bonilla fue aprobada un mes después de los comicios, en sesión extraordinaria del 8 de julio por 21 diputados de la anterior legislatura de mayoría panista.

Desde ese día, el diputado priista Benjamín Gómez Macías, quien fungía como presidente del Congreso local, permanece ausente de la vida política y social del estado, prácticamente desaparecido. Es imposible localizarlo, no responde llamadas telefónicas. Nadie informa su paradero.

Benjamín Gómez es el diputado que tres días antes de la elección, el viernes 31 de marzo, acompañado del candidato del PRI a la gubernatura, Enrique Acosta Fregoso, denunció en conferencia de prensa que operadores políticos de Bonilla estaban presionándolo e incluso intentaron sobornarlo ofreciéndole un millón de dólares para que en su carácter de presidente del Congreso local convocara a una sesión extraordinaria para aprobar la reforma que dejara en seis años el periodo de la gubernatura.

Mencionó entre quienes lo estaban presionando y trataron de sobornarlo al subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo. Dijo que la gente de Bonilla estaba desesperada porque querían que el plazo de la gubernatura se ampliara el mismo día de las elecciones. También señaló al diputado priista Marco Antonio Corona Bolaños Cacho de estar en el grupo ligado al gobierno federal que estaba presionando en favor del cambio que permitiría a Jaime Bonilla quedarse seis años en el gobierno.

Considerando estos antecedentes, el excandidato a gobernador Jaime Martínez Veloz presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal por el presunto delito de cohecho en relación con los 21 diputados que un mes después de los comicios finalmente aprobaron la reforma bonillista.

Similar denuncia fue presentada en la Procuraduría General de Justicia del Estado por ocho ciudadanos, todos ellos dirigentes de organizaciones de resistencia civil.

Al final, la reforma aprobada el 8 de julio como asunto de “urgente y obvia resolución” fue promulgada hasta el 18 de octubre, más de tres meses después, cuando sólo faltan dos semanas para que el morenista Jaime Bonilla tome posesión del cargo de gobernador por cinco años, a pesar de que fue electo para un periodo de dos años. La administración del tiempo permitió reducir el número de actores facultados para interponer controversias constitucionales y, seguir ganando tiempo al tiempo porque la SCJN debe esperar que venzan los 30 días naturales para recibir impugnaciones y entrar luego a un proceso de estudio del caso que puede tardar meses, según opinan especialistas en derechos constitucional consultados por Proceso.

La vía rápida

El abogado Julio César García Ortiz, presidente de la asociación Litigio Estratégico Mariano Escobedo, asegura que la SCJN puede resolver la Ley Bonilla por una vía rápida, declarando su “preclusión” y por lo tanto su caducidad o inexistencia, debido al incumplimiento de los tiempos que establece el proceso legislativo, porque el Congreso del Estado incumplió el plazo máximo de diez días para enviar la reforma al titular del ejecutivo para su publicación.

En efecto, el artículo 34 de la Constitución Política del Estado establece en su inciso C:  “Los proyectos de ley y los decretos aprobados por el Congreso se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el Secretario del Congreso en un plazo máximo de diez días a su aprobación”.

Y la aprobación de la reforma se cumplió con su declarataria de validación en la asamblea extraordinaria del pasado 23 de julio, por lo que debió enviarse el gobernador el 2 de agosto, pero le fue entregada hasta el 15 de octubre.

“Esa reforma precluyó”, dijo el abogado García Ortiz. Los ministros de SJCN pueden declarar su preclusión, es decir su caducidad o inexistencia.

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López Obrador confía en que se eche abajo la “Ley Bonilla” – Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que se modifiquen las leyes en función de intereses personales, incluso en el caso de Baja California donde el 9 de julio el congreso local amplió de dos a cinco años el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.

“Es que no se debe modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida independientemente en donde suceda”, aseguró López Obrador esta mañana en Palacio Nacional.

—¿Incluido Baja California? —, le preguntó un reportero en relación a la llamada “Ley Bonilla”.

“Todos”, respondió el presidente. “Tenemos que establecer un auténtico estado de derecho, no lo que viene imponiéndose de tiempo atrás, desde hace siglos, un estado de chueco”.

Luego de celebrar que el diputado Porfirio Muñoz Ledo retrocediera en su intención de mantenerse en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados modificando la ley orgánica del Congreso, el presidente dijo que espera que también se rectifique en el caso de la “Ley Bonilla”.

“Yo espero que se actúe igual en todos los casos y que además que se dé el ejemplo, el buen ejemplo. No somos iguales. Es que eso es lo que quisieran los conservadores, porque eso es lo que han hecho todo el tiempo y quisieran decir: ‘ahí está, son lo mismo’. No, no llegamos aquí para hacer más de lo mismo, llegamos aquí para transformar”, señaló López Obrador.

El 9 de julio, 21 de 25 diputados del Congreso de Baja California, de mayoría panista, avalaron modificar la ley para que el gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, concluya su mandato en 2024 y no en 2021.

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Coparmex solicita al Tribunal Electoral frenar consulta “para Ley Bonilla” – Proceso

ENSENADA, B.C. (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Baja California solicitó al Tribunal Electoral un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los bajacalifornianos contra la consulta que pretende realizar el Congreso local sobre la reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno en el estado.

En su petición, el sindicato patronal, que aglutina a los empresarios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, indica que la consulta violenta el derecho de los ciudadanos a ejercer el voto en las elecciones que deben convocarse antes de que concluya el mandato de Jaime Bonilla Valdez, por lo que no debe realizarse.

También viola el principio constitucional a tener elecciones libres, auténticas y periódicas, y los derechos políticos electorales de los bajacalifornianos que ya fueron ejercidos al votar –el pasado 2 de junio– por una opción al cargo de gobernador por dos años, recalcó.

Además, el consorcio patronal destacó que los temas electorales no pueden ser sujetos a una consulta popular, dado que así lo dispone el artículo 35, Fracción VIII, inciso 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 5, Apartado C (Participación Ciudadana), Párrafo Séptimo de la Carta Magna de Baja California, y el artículo 73 de la Ley estatal de Participación Ciudadana.

“El mecanismo de consulta aprobado por el Congreso tiene un efecto eminentemente electoral, pues tiene como finalidad ‘conocer el sentir de las y los ciudadanos bajacalifornianos respecto a la ampliación de mandato de dos a cinco años de la gubernatura’, lo cual constituye un mecanismo que pretende modificar la voluntad ciudadana depositada en las urnas el pasado 2 de junio”, precisa la demanda.

El documento está firmado por Armando León Ptcnick, Marco Navarro Steck, Roberto Rosas Jiménez y Ernesto Elorduy, presidentes de la Coparmex en Baja California, Ensenada, Tijuana y Mexicali, respectivamente.

También se sumó Francisco Fiorentini Cañedo, expresidente estatal de la Coparmex y actual presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien ayer, junto con Ernesto Elorduy Blackaller, presentó en el Congreso local una solicitud de juicio en contra de la decisión del Legislativo de consultar a los ciudadanos respecto de la ampliación de mandato, y hacer obligatorios sus resultados.

Ambos resaltaron que la consulta viola los derechos político-electorales de los ciudadanos, contenidos en el artículo 35, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refieren y consagran el derecho político-electoral al voto en elecciones populares y al voto en consultas populares.

La consulta –expresaron– “es una aberración jurídica, como lo fue la votación del pasado 8 de julio, cuando el Congreso, sin tener facultades, aprueba la ampliación (del periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla) de dos a cinco años”.

Ayer Jaime Martínez Veloz, excandidato a gobernador de Baja California por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció que, para demandar la cancelación de la llamada “Ley Bonilla”, en la tercera semana de octubre realizará un “Éxodo por la Democracia y el Respeto de la Legalidad” desde Tijuana hasta la Ciudad de México.

Con la marcha, agregó, también buscará exigir al gobierno federal su intervención “ante esta ilegalidad que a todas luces compete (resolver) al Estado Mexicano.”

Sobre esas acciones, el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez dijo que se trata de “ruido” y “acalambramiento” por su próximo gobierno, principalmente de la oposición panista, y que él acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la temporalidad de su mandato.

Tras recordar “la madriza” que propinó en la pasada elección estatal a su examigo Jaime Martínez Veloz, a quien hoy considera un “dolido” indeseado en Baja California, el morenista destacó que la “constwulta ciudadana” aprobada por el Congreso local –“como instancia independiente”– ayudará a conocer la opinión de la gente, “lo que –dijo– es fundamental.”

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La «Ley Bonilla» ya apesta, porque no la quieren ventilar: Marko Cortés

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reforma que amplía de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California “ya apesta, porque no la quieren ventilar”, dijo este lunes el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

Exigió al gobernador electo y al líder del Congreso bajacaliforniano, Catalino Zavala, que notifiquen al gobierno estatal la modificación para que proceda la acción de inconstitucionalidad.

“Con todas las argucias, guardando silencio, metieron en el cajón esta reforma que amplía el mandato de Jaime Bonilla y ya hiede, ya apesta, porque no la quieren ventilar y porque lo que quieren es no darle tiempo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación suficiente para que pueda conocer de ella, y entonces pueda declararla inconstitucional”, subrayó.

En rueda de prensa, acompañado del dirigente panista en Baja California, José Luis Ovando, y la senadora Gina Cruz, entre otros, Cortés exigió a Bonilla que acuda esta semana al Congreso estatal “a decirles a los legisladores públicamente que ya notifiquen”.

Además, exhortó al gobernador Francisco Vega a presentar una controversia constitucional por la falta de respuesta del Congreso de Baja California a su solicitud “para que le notifiquen el perverso intento de Bonilla y Morena”.

“Acción Nacional le hace un exhorto al titular del Ejecutivo del estado para que presente una controversia constitucional ante el silencio del Congreso del estado ante su solicitud para que ya le sea notificada la reforma. El titular del Poder Ejecutivo del estado le pidió formalmente al Congreso que le sea notificado para que concluya el proceso legislativo y puedan seguir las acciones legales correspondientes”, apuntó.

Sobre la integración del Congreso bajacaliforniano, acusó a Morena de apoderarse de todas las áreas, incluida la Junta de Coordinación Política que le corresponde a la oposición.

“Lo que nunca se atrevió a hacer el PRI, lo que nunca se atrevió a hacer el PAN, hoy llega Morena y simplemente cambia la ley para adueñarse y controlarlo absolutamente todo, quiere tener la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y quiere tener la Junta de Coordinación Política”, declaró.

Por otro lado, durante el conversatorio “Ampliación de mandato en Baja California: atropello a la democracia”, organizado por la plataforma Futuro 21, expertos en materia jurídica aseguraron que la llamada “Ley Bonilla” es anticonstitucional y el ataque más grave a la incipiente democracia, al violentar todos los derechos electorales

En la sede del Partido de la revolución Democrática (PRD), María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró como grave la aprobación de la ampliación del período de la gubernatura en Baja California, ya que “afecta a la democracia del país”.

En ese sentido, lamentó que las libertades y derechos se estén perdiendo con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

En Baja California, precisó, “alteraron la base electoral y los principios básicos de una elección democrática, porque ésta debe ser libre, auténtica y periódica. Los electores deben saber cuáles son las reglas de este juego electoral”.

Adelantó que una vez que sea publicada la reforma en el Diario Oficial, desde la ciudadanía y las instituciones se deben promover juicios de amparo en contra de la norma, que puedan ser interpuestos por cualquiera que viva en la entidad, así como juicios ciudadanos electorales.

Rosa María Cano, candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Granada, España, enumeró las vías legales que se pueden usar para cambiar la “Ley Bonilla”: acciones de inconstitucionalidad que los partidos políticos, los ayuntamientos e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueden interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, dijo, existe el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos que puede ser interpuesto por los habitantes de Baja California, a través del Instituto Electoral Local, para modificar la constancia de mayoría y evitar el periodo ampliado, con el fin de cerrar las puertas para resolver de fondo y de forma definitiva.

En su intervención, el excandidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, sostuvo que se generó una cortina de humo para impedir que el tema de las violaciones electorales de la candidatura de Bonilla quede sin investigación. “Nunca debió haber sido registrado ni siquiera como candidato”, soltó.

Martínez Veloz recordó que Bonilla no cumple con la residencia y nacionalidad mexicana por 15 años, como lo establece la normatividad electoral.

Además, señaló al gobernador electo de cometer conflicto de intereses, pues impulsó como solución definitiva al problema de escases de agua la construcción de plantas desaladoras para su beneficio.

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PAN expulsa a nueve por avalar la «Ley Bonilla» en BC

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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN resolvió, por unanimidad, expulsar de sus filas a los siete diputados locales de Baja California, así como a la presidenta municipal y al síndico de Playas de Rosarito por avalar la llamada “Ley Bonilla” que permitirá al morenista Jaime Bonilla cinco y no dos años de gobierno.

“Su decisión contravino, entre otros ordenamientos el orden constitucional mexicano, sentando un precedente relevante para la modificación arbitraria de los periodos de duración de los cargos públicos”, informó el PAN en un comunicado.

De tal forma quedaron fuera de Acción Nacional José Félix Arango Pérez; Iraís María Vázquez Aguiar; Raúl Castañeda Pomposo; Ignacio García Dworak; Sergio Tolento Hernández; Carlos Alberto Torres Torres y Alfa Peñaloza Valdez.

Además de Mirna Cecilia Rincón Vargas y Miguel Ángel Vila Ruiz, quienes se desempeñaban como presidenta municipal y síndico del ayuntamiento de Playas de Rosarito, respectivamente.

Según el PAN, los nueve incumplieron diversas de sus obligaciones como militantes previstas en el artículo 12 de sus estatutos. También afirma que actuaron en desacato a un acuerdo de los órganos del Partido,incurriendo en un acto grave de indisciplina, de acuerdo al artículo 128 de los mismos estatutos.

 





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Superdelegado en BC llama “perros guardianes de la Constitución” a opositores a “ley Bonilla”

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ENSENADA, BC (apro).- El delegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, calificó de “ridículos” y “perros guardianes de la Constitución” a los opositores a la reforma constitucional que amplió de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

En comentarios que primero plasmó en su página en Facebook y hoy ratificó en una reunión con el grupo Foro Ensenada, el funcionario federal, exdirigente estatal y exdiputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), manifestó:

“La gente votó por un cambio, no votó por dos años, no sean ridículos. Votó por un cambio profundo, tan profundo como para darle a un solo partido todas las diputaciones y todos los municipios y el gobierno del estado.”


Antes, el viernes 20, escribió en la red social: “¿Por qué, quienes sin ser ministros de la corte y se asumen como perros guardianes de la constitución, no empiezan por respetar el período constitucional de un gobernador? ¿Qué?, ¿no es de 6 años?”.

También afirmó que, en una Federación republicana, los estados deben existir como entes soberanos que voluntariamente ceden elementos de su soberanía para integrarse a una Federación solidaria.

“No como entidades sometidas que no pueden ejercer su soberanía sin ser regañados antes de determinar si cumplen o no con el acuerdo de integración. Primero te regaño desde el Olimpo del centralismo por haberte atrevido a ejercer un acto soberano sin consultarme, y después averiguamos qué dice la corte”, soltó.

Al respecto, el maestro en Derecho Púbico, académico universitario en Derecho Constitucional y exmagistrado presidente de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Daniel Solorio Ramírez, recordó al funcionario que el calificativo de “perros guardianes” a los opositores a la reforma constitucional –aprobada el 8 de julio por mayoría calificada de 21 legisladores– “es una rudeza innecesaria.”

“No se compadece con la tesis fundamental del constitucionalismo, según la cual la Constitución es un patrimonio colectivo. Todos podemos opinar sobre ella”, apuntó.

De igual manera, consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suele establecer sobre la Constitución únicamente su interpretación obligatoria, su lectura vinculante, la que el poder público debe seguir, pero no necesariamente es la que el pueblo tiene que respetar.

Y recordó a Ruiz Uribe que, si bien es libre para expresar su opinión personal, “tampoco es desdeñable tu condición de cercano, muy cercano colaborador del presidente patriota Andrés Manuel López Obrador, lo que podría, eventualmente, ponerte en conflicto por comprometer la opinión del gobierno federal, misma que el propio presidente ha tenido buen cuidado en preservar.”

Luego aprovechó para pedir al “súper delegado” que interceda ante el presidente López Obrador para presentarle una tesis de su autoría: que sea él, a través de su Consejería Jurídica, quien presente a la Suprema Corte de Justicia la acción de inconstitucionalidad de la “reforma Bonilla”, dijo.

“Se vería muy, pero muy bien (…) La nación entera le aplaudiría mucho (al presidente morenista) esa conducta.”

Solorio Ramírez sustenta su teoría en que cualquiera otro de los sujetos legitimados conforme al 105 Constitucional para presentar la acción de inconstitucionalidad, podría ser descalificado por los más altos jueces de la nación.

“Con tantitas ganas de no tocar el fondo, podrían negar legitimación a los partidos políticos bajo el argumento de que no versa sobre materia electoral. Y si el promotor de la acción de inconstitucionalidad fuera por ejemplo la CNDH, la Corte bien podría decir que no es materia de derechos humanos y también sobreseer, dejando vivita y coleando la reforma Bonilla.”

A estos comentarios, Ruiz Uribe declaró este día, “a título personal, como abogado, no como delegado federal en Baja California (…) me quito esa cachucha”, que el debate alrededor del periodo de la siguiente gubernatura está “cargado de mentiras y manipulación”.

En ese sentido, pidió a los enemigos de la reforma “respetar la voluntad de los electores que, durante la mayor parte de la campaña, escucharon que la gubernatura sería de cinco años; así se inscribieron los candidatos derivado de una convocatoria en el mismo sentido”, lanzó.

También acusó a los partidos desplazados del poder por Morena y a sus aliados en Baja California, de estar haciendo “un escándalo (…), voltear la tortilla” y acusar a Bonilla de no hacer nada, cuando su programa de gobierno –sostuvo– “está hecho para cinco años, periodo idóneo para desarrollar los 100 puntos que contempla.”

Concluyó: “¿Por qué no somos un poco más demócratas y esperamos la opinión de quienes tienen la obligación de velar porque se respete hasta la última coma de la Constitución? (…) Como dijo el presidente, la modificación al transitorio la hicieron diputados de los hoy partidos quejosos. No la hizo Morena ni el gobernador electo. Cinco años es más cercano a seis años que dos, ¿no? ¿O me fallan las matemáticas?”.





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Tres diputados de BC ratifican su voto a favor de la “ley Bonilla”

priistas - Tres diputados de BC ratifican su voto a favor de la “ley Bonilla”

ENSENADA, B.C. (apro).- Tres de los 21 legisladores que aprobaron la reforma constitucional para ampliar de dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, ratificaron su voto a favor de la norma jurídica.

Por separado, explicaron que su voto a favor de la iniciativa, el pasado lunes 8, fue “con libertad, independencia y sin recibir a cambio presiones o dinero”. Optaron por ponerse al lado de la ciudadanía para resolver la “triste y caótica realidad social” que vive el estado, que “no se puede cambiar en dos años”, subrayaron.

Se trata de los priistas Alejandro Arregui Ibarra, quien en 2018 fue candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Senado y perdió ante Jaime Bonilla; Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, presuntamente expulsado de ese partido en abril, por trabajar “abiertamente a favor de la candidatura de Bonilla” en el pasado proceso electoral, y Rocío López Gorosave, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De acuerdo con las directivas nacionales de sus respectivos partidos, en este momento están sujetos a procesos de expulsión, pero López Gorosave informó que desde el miércoles 10 se declaró “diputada independiente”, medida que anunció a los comités Ejecutivo Nacional y Estatal del PRD un día después de que éstos revelaron que la expulsarían por su voto en el Congreso local.

Tras afirmar que “será la historia” la que los ponga en su lugar, los tres manifestaron su respeto por las múltiples opiniones que se han dado a nivel nacional y estatal por parte de diversos actores de la vida pública, pero consideraron que la mayoría no refieren la realidad social que vive hoy Baja California en materia de inseguridad, el retraso en infraestructura y la quiebra financiera.

Alejandro Arregui, coordinador del grupo parlamentario del PRI, que sumó cinco diputados en la XXII Legislatura que termina el próximo miércoles 31, habló del exhorto que la Comisión Parlamentaria del Congreso de la Unión hizo al Legislativo estatal hace dos días para que deseche la reforma.

“El exhorto es una posibilidad jurídica que tiene la Comisión Permanente y la ejerció, pero es un tema que no tiene ningún efecto vinculante que obligue, que tiene muchísimas imprecisiones, que se envía como una solicitud y que se toma sin el pleno de las cámaras de Diputados y Senadores. Pero en el caso remoto de que se llegara a aprobar en el Congreso local, los efectos jurídicos serían caóticos y entonces sí estaríamos incurriendo en una flagrante violación a la Constitución.”

A su vez, López Gorosave soltó: “En el caso de los diputados de Baja California, llegamos hasta donde nos lo permiten nuestras facultades y atribuciones, haciendo notar que además de la aprobación del Congreso local, la reforma constitucional fue aprobada también por tres de los cinco ayuntamientos de la entidad, lo que convalida no sólo su proceso legislativo, sino también su consenso político-ciudadano en el estado.”

Por su parte, Bolaños Cacho destacó: “Mi voto a favor de que se amplíe el periodo de la próxima gubernatura fue para evitar una crisis como las que vivieron Veracruz y Puebla. Cuando ambos estados tuvieron periodos de dos años, el poco tiempo llevó a una crisis de gobernabilidad que, como consecuencia, aumentó notoriamente el índice de criminalidad.”

Respecto de los señalamientos del presidente del Congreso local, Edgar Benjamín Gómez Macías, en el sentido de que dos funcionarios federales (el subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta Salcedo y el administrador de la Aduana de Mexicali, Alejandro Viramontes Armenta) le ofrecieron un millón de dólares a cambio de impulsar la reforma, el pasado 30 de mayo, los tres rechazaron haber participado en ese acto criminal.

“Mi voto en este tema, como en todos los demás en los que he participado durante estos casi tres años como legisladora, lo ejercí con total libertad e independencia. A mí nadie me ofreció dinero ni prebenda alguna, ni tampoco sufrí de ninguna amenaza o presión, y por supuesto no hubiera aceptado ni unas ni otras”, recalcó López Gorosave.

Bolaños Cacho resumió: “No me arrepiento de haber tomado mi decisión, porque lo hice de manera responsable y en total libertad”.

Y Arregui afirmó: “El sustento de mi voto es la realidad que vive Baja California. Yo no recibí ni amenazas ni ofertas. A mí no me pusieron absolutamente ninguna condición sobre la mesa. Benjamín tendrá que ser responsable de sus dichos, de sus actos, y tendrá que explicar por qué da esa declaración en un contexto del proceso electoral, que la hace acompañado del candidato del partido y del delegado del comité ejecutivo nacional (del PRI), en las instalaciones del partido, no en el Congreso.”





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