La «Ley Bonilla» ya apesta, porque no la quieren ventilar: Marko Cortés

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reforma que amplía de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California “ya apesta, porque no la quieren ventilar”, dijo este lunes el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

Exigió al gobernador electo y al líder del Congreso bajacaliforniano, Catalino Zavala, que notifiquen al gobierno estatal la modificación para que proceda la acción de inconstitucionalidad.

“Con todas las argucias, guardando silencio, metieron en el cajón esta reforma que amplía el mandato de Jaime Bonilla y ya hiede, ya apesta, porque no la quieren ventilar y porque lo que quieren es no darle tiempo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación suficiente para que pueda conocer de ella, y entonces pueda declararla inconstitucional”, subrayó.

En rueda de prensa, acompañado del dirigente panista en Baja California, José Luis Ovando, y la senadora Gina Cruz, entre otros, Cortés exigió a Bonilla que acuda esta semana al Congreso estatal “a decirles a los legisladores públicamente que ya notifiquen”.

Además, exhortó al gobernador Francisco Vega a presentar una controversia constitucional por la falta de respuesta del Congreso de Baja California a su solicitud “para que le notifiquen el perverso intento de Bonilla y Morena”.

“Acción Nacional le hace un exhorto al titular del Ejecutivo del estado para que presente una controversia constitucional ante el silencio del Congreso del estado ante su solicitud para que ya le sea notificada la reforma. El titular del Poder Ejecutivo del estado le pidió formalmente al Congreso que le sea notificado para que concluya el proceso legislativo y puedan seguir las acciones legales correspondientes”, apuntó.

Sobre la integración del Congreso bajacaliforniano, acusó a Morena de apoderarse de todas las áreas, incluida la Junta de Coordinación Política que le corresponde a la oposición.

“Lo que nunca se atrevió a hacer el PRI, lo que nunca se atrevió a hacer el PAN, hoy llega Morena y simplemente cambia la ley para adueñarse y controlarlo absolutamente todo, quiere tener la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y quiere tener la Junta de Coordinación Política”, declaró.

Por otro lado, durante el conversatorio “Ampliación de mandato en Baja California: atropello a la democracia”, organizado por la plataforma Futuro 21, expertos en materia jurídica aseguraron que la llamada “Ley Bonilla” es anticonstitucional y el ataque más grave a la incipiente democracia, al violentar todos los derechos electorales

En la sede del Partido de la revolución Democrática (PRD), María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró como grave la aprobación de la ampliación del período de la gubernatura en Baja California, ya que “afecta a la democracia del país”.

En ese sentido, lamentó que las libertades y derechos se estén perdiendo con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

En Baja California, precisó, “alteraron la base electoral y los principios básicos de una elección democrática, porque ésta debe ser libre, auténtica y periódica. Los electores deben saber cuáles son las reglas de este juego electoral”.

Adelantó que una vez que sea publicada la reforma en el Diario Oficial, desde la ciudadanía y las instituciones se deben promover juicios de amparo en contra de la norma, que puedan ser interpuestos por cualquiera que viva en la entidad, así como juicios ciudadanos electorales.

Rosa María Cano, candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Granada, España, enumeró las vías legales que se pueden usar para cambiar la “Ley Bonilla”: acciones de inconstitucionalidad que los partidos políticos, los ayuntamientos e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueden interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, dijo, existe el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos que puede ser interpuesto por los habitantes de Baja California, a través del Instituto Electoral Local, para modificar la constancia de mayoría y evitar el periodo ampliado, con el fin de cerrar las puertas para resolver de fondo y de forma definitiva.

En su intervención, el excandidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, sostuvo que se generó una cortina de humo para impedir que el tema de las violaciones electorales de la candidatura de Bonilla quede sin investigación. “Nunca debió haber sido registrado ni siquiera como candidato”, soltó.

Martínez Veloz recordó que Bonilla no cumple con la residencia y nacionalidad mexicana por 15 años, como lo establece la normatividad electoral.

Además, señaló al gobernador electo de cometer conflicto de intereses, pues impulsó como solución definitiva al problema de escases de agua la construcción de plantas desaladoras para su beneficio.

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PAN expulsa a nueve por avalar la «Ley Bonilla» en BC

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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del PAN resolvió, por unanimidad, expulsar de sus filas a los siete diputados locales de Baja California, así como a la presidenta municipal y al síndico de Playas de Rosarito por avalar la llamada “Ley Bonilla” que permitirá al morenista Jaime Bonilla cinco y no dos años de gobierno.

“Su decisión contravino, entre otros ordenamientos el orden constitucional mexicano, sentando un precedente relevante para la modificación arbitraria de los periodos de duración de los cargos públicos”, informó el PAN en un comunicado.

De tal forma quedaron fuera de Acción Nacional José Félix Arango Pérez; Iraís María Vázquez Aguiar; Raúl Castañeda Pomposo; Ignacio García Dworak; Sergio Tolento Hernández; Carlos Alberto Torres Torres y Alfa Peñaloza Valdez.

Además de Mirna Cecilia Rincón Vargas y Miguel Ángel Vila Ruiz, quienes se desempeñaban como presidenta municipal y síndico del ayuntamiento de Playas de Rosarito, respectivamente.

Según el PAN, los nueve incumplieron diversas de sus obligaciones como militantes previstas en el artículo 12 de sus estatutos. También afirma que actuaron en desacato a un acuerdo de los órganos del Partido,incurriendo en un acto grave de indisciplina, de acuerdo al artículo 128 de los mismos estatutos.

 





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Superdelegado en BC llama “perros guardianes de la Constitución” a opositores a “ley Bonilla”

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ENSENADA, BC (apro).- El delegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, calificó de “ridículos” y “perros guardianes de la Constitución” a los opositores a la reforma constitucional que amplió de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

En comentarios que primero plasmó en su página en Facebook y hoy ratificó en una reunión con el grupo Foro Ensenada, el funcionario federal, exdirigente estatal y exdiputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), manifestó:

“La gente votó por un cambio, no votó por dos años, no sean ridículos. Votó por un cambio profundo, tan profundo como para darle a un solo partido todas las diputaciones y todos los municipios y el gobierno del estado.”


Antes, el viernes 20, escribió en la red social: “¿Por qué, quienes sin ser ministros de la corte y se asumen como perros guardianes de la constitución, no empiezan por respetar el período constitucional de un gobernador? ¿Qué?, ¿no es de 6 años?”.

También afirmó que, en una Federación republicana, los estados deben existir como entes soberanos que voluntariamente ceden elementos de su soberanía para integrarse a una Federación solidaria.

“No como entidades sometidas que no pueden ejercer su soberanía sin ser regañados antes de determinar si cumplen o no con el acuerdo de integración. Primero te regaño desde el Olimpo del centralismo por haberte atrevido a ejercer un acto soberano sin consultarme, y después averiguamos qué dice la corte”, soltó.

Al respecto, el maestro en Derecho Púbico, académico universitario en Derecho Constitucional y exmagistrado presidente de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Daniel Solorio Ramírez, recordó al funcionario que el calificativo de “perros guardianes” a los opositores a la reforma constitucional –aprobada el 8 de julio por mayoría calificada de 21 legisladores– “es una rudeza innecesaria.”

“No se compadece con la tesis fundamental del constitucionalismo, según la cual la Constitución es un patrimonio colectivo. Todos podemos opinar sobre ella”, apuntó.

De igual manera, consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suele establecer sobre la Constitución únicamente su interpretación obligatoria, su lectura vinculante, la que el poder público debe seguir, pero no necesariamente es la que el pueblo tiene que respetar.

Y recordó a Ruiz Uribe que, si bien es libre para expresar su opinión personal, “tampoco es desdeñable tu condición de cercano, muy cercano colaborador del presidente patriota Andrés Manuel López Obrador, lo que podría, eventualmente, ponerte en conflicto por comprometer la opinión del gobierno federal, misma que el propio presidente ha tenido buen cuidado en preservar.”

Luego aprovechó para pedir al “súper delegado” que interceda ante el presidente López Obrador para presentarle una tesis de su autoría: que sea él, a través de su Consejería Jurídica, quien presente a la Suprema Corte de Justicia la acción de inconstitucionalidad de la “reforma Bonilla”, dijo.

“Se vería muy, pero muy bien (…) La nación entera le aplaudiría mucho (al presidente morenista) esa conducta.”

Solorio Ramírez sustenta su teoría en que cualquiera otro de los sujetos legitimados conforme al 105 Constitucional para presentar la acción de inconstitucionalidad, podría ser descalificado por los más altos jueces de la nación.

“Con tantitas ganas de no tocar el fondo, podrían negar legitimación a los partidos políticos bajo el argumento de que no versa sobre materia electoral. Y si el promotor de la acción de inconstitucionalidad fuera por ejemplo la CNDH, la Corte bien podría decir que no es materia de derechos humanos y también sobreseer, dejando vivita y coleando la reforma Bonilla.”

A estos comentarios, Ruiz Uribe declaró este día, “a título personal, como abogado, no como delegado federal en Baja California (…) me quito esa cachucha”, que el debate alrededor del periodo de la siguiente gubernatura está “cargado de mentiras y manipulación”.

En ese sentido, pidió a los enemigos de la reforma “respetar la voluntad de los electores que, durante la mayor parte de la campaña, escucharon que la gubernatura sería de cinco años; así se inscribieron los candidatos derivado de una convocatoria en el mismo sentido”, lanzó.

También acusó a los partidos desplazados del poder por Morena y a sus aliados en Baja California, de estar haciendo “un escándalo (…), voltear la tortilla” y acusar a Bonilla de no hacer nada, cuando su programa de gobierno –sostuvo– “está hecho para cinco años, periodo idóneo para desarrollar los 100 puntos que contempla.”

Concluyó: “¿Por qué no somos un poco más demócratas y esperamos la opinión de quienes tienen la obligación de velar porque se respete hasta la última coma de la Constitución? (…) Como dijo el presidente, la modificación al transitorio la hicieron diputados de los hoy partidos quejosos. No la hizo Morena ni el gobernador electo. Cinco años es más cercano a seis años que dos, ¿no? ¿O me fallan las matemáticas?”.





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Tres diputados de BC ratifican su voto a favor de la “ley Bonilla”

priistas - Tres diputados de BC ratifican su voto a favor de la “ley Bonilla”

ENSENADA, B.C. (apro).- Tres de los 21 legisladores que aprobaron la reforma constitucional para ampliar de dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, ratificaron su voto a favor de la norma jurídica.

Por separado, explicaron que su voto a favor de la iniciativa, el pasado lunes 8, fue “con libertad, independencia y sin recibir a cambio presiones o dinero”. Optaron por ponerse al lado de la ciudadanía para resolver la “triste y caótica realidad social” que vive el estado, que “no se puede cambiar en dos años”, subrayaron.

Se trata de los priistas Alejandro Arregui Ibarra, quien en 2018 fue candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Senado y perdió ante Jaime Bonilla; Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, presuntamente expulsado de ese partido en abril, por trabajar “abiertamente a favor de la candidatura de Bonilla” en el pasado proceso electoral, y Rocío López Gorosave, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De acuerdo con las directivas nacionales de sus respectivos partidos, en este momento están sujetos a procesos de expulsión, pero López Gorosave informó que desde el miércoles 10 se declaró “diputada independiente”, medida que anunció a los comités Ejecutivo Nacional y Estatal del PRD un día después de que éstos revelaron que la expulsarían por su voto en el Congreso local.

Tras afirmar que “será la historia” la que los ponga en su lugar, los tres manifestaron su respeto por las múltiples opiniones que se han dado a nivel nacional y estatal por parte de diversos actores de la vida pública, pero consideraron que la mayoría no refieren la realidad social que vive hoy Baja California en materia de inseguridad, el retraso en infraestructura y la quiebra financiera.

Alejandro Arregui, coordinador del grupo parlamentario del PRI, que sumó cinco diputados en la XXII Legislatura que termina el próximo miércoles 31, habló del exhorto que la Comisión Parlamentaria del Congreso de la Unión hizo al Legislativo estatal hace dos días para que deseche la reforma.

“El exhorto es una posibilidad jurídica que tiene la Comisión Permanente y la ejerció, pero es un tema que no tiene ningún efecto vinculante que obligue, que tiene muchísimas imprecisiones, que se envía como una solicitud y que se toma sin el pleno de las cámaras de Diputados y Senadores. Pero en el caso remoto de que se llegara a aprobar en el Congreso local, los efectos jurídicos serían caóticos y entonces sí estaríamos incurriendo en una flagrante violación a la Constitución.”

A su vez, López Gorosave soltó: “En el caso de los diputados de Baja California, llegamos hasta donde nos lo permiten nuestras facultades y atribuciones, haciendo notar que además de la aprobación del Congreso local, la reforma constitucional fue aprobada también por tres de los cinco ayuntamientos de la entidad, lo que convalida no sólo su proceso legislativo, sino también su consenso político-ciudadano en el estado.”

Por su parte, Bolaños Cacho destacó: “Mi voto a favor de que se amplíe el periodo de la próxima gubernatura fue para evitar una crisis como las que vivieron Veracruz y Puebla. Cuando ambos estados tuvieron periodos de dos años, el poco tiempo llevó a una crisis de gobernabilidad que, como consecuencia, aumentó notoriamente el índice de criminalidad.”

Respecto de los señalamientos del presidente del Congreso local, Edgar Benjamín Gómez Macías, en el sentido de que dos funcionarios federales (el subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta Salcedo y el administrador de la Aduana de Mexicali, Alejandro Viramontes Armenta) le ofrecieron un millón de dólares a cambio de impulsar la reforma, el pasado 30 de mayo, los tres rechazaron haber participado en ese acto criminal.

“Mi voto en este tema, como en todos los demás en los que he participado durante estos casi tres años como legisladora, lo ejercí con total libertad e independencia. A mí nadie me ofreció dinero ni prebenda alguna, ni tampoco sufrí de ninguna amenaza o presión, y por supuesto no hubiera aceptado ni unas ni otras”, recalcó López Gorosave.

Bolaños Cacho resumió: “No me arrepiento de haber tomado mi decisión, porque lo hice de manera responsable y en total libertad”.

Y Arregui afirmó: “El sustento de mi voto es la realidad que vive Baja California. Yo no recibí ni amenazas ni ofertas. A mí no me pusieron absolutamente ninguna condición sobre la mesa. Benjamín tendrá que ser responsable de sus dichos, de sus actos, y tendrá que explicar por qué da esa declaración en un contexto del proceso electoral, que la hace acompañado del candidato del partido y del delegado del comité ejecutivo nacional (del PRI), en las instalaciones del partido, no en el Congreso.”





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