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Por tres décadas, Carlos Peña trabajó en su imprenta ?NoHo Printing and Graphics?, y de la noche a la mañana todo se vino abajo, literalmente: Su negocio fue destruido por la acción de policías y sus pérdidas económicas de miles de dólares nadie las quiere pagar.
La naturaleza de este caso, y la presunta inconstitucionalidad de los hechos son parte de una demanda federal entablaba en el caso Pena v. City of Los Angeles que preside el juez John F. Walker en la Corte del Distrito Central de California.
Juan Carlos Peña y sus abogados del Institute for Justice buscan el pago de daños y perjuicios de la ciudad de Los Ángeles por los costos de reparación de su negocio y compensación por casi un año de pérdida de ganancias mientras no ha podido reabrir la imprenta.
El sospechoso se escapó
El 3 de agosto de 2022, un fugitivo que era perseguido por alguaciles federales, se atrincheró en su negocio, y, aunque un equipo de tácticas especiales del LAPD arribó al 5009 del bulevar Lankershim, en North Hollywood, el sujeto logró escapar.
En cambio, al menos 30 granadas de gas lacrimógeno que lanzaron los oficiales del equipo SWAT atravesaron las paredes, rompieron ventanas, destruyeron los techos y gran parte del costoso equipo de impresión de Carlos. Sus pérdidas se calculan en más de $60,000.
?Me arruinaron todo lo que tenía?, dijo Carlos, a La Opinión. ?Nunca imaginé que todo lo que trabajé por años, en unos cuantos momentos se iba a terminar?.
Carlos, quien fue traído por sus padres desde Santa Tecla, El Salvador, cuando tenía 14 años, contó que comenzó en el negocio de la imprenta desde los 21 años, cuando trabajaba con un tío, aunque después cada uno se fue por su lado.
Durante el día del atrincheramiento del sospechoso, Carlos fue apartado de su negocio por los alguaciles federales; después llegaron agentes del equipo SWAT y fue hasta después de 13 horas cuando pudo ingresar al local.
?Cuando vi todo destruido, pensé que hubiera sido mejor que me dieran un balazo, porque mi vida la echaron a perder completamente?, dijo el hombre de 56 años.
A pesar de las pérdidas materiales, se consuela al decir que ?todavía hay gente buena?, porque el dueño de una imprenta le vendió barata una impresora, cuando se dio cuenta de lo que había pasado.
Además, su esposa Mila, de 68 años, tuvo que regresar a trabajar como ama de llaves. Limpia casas dos veces por semana.
El problema es, que la compañía de seguros que tenía no cubre los daños de su negocio, porque fueron causados por una agencia de gobierno: el equipo SWAT del LAPD.
?Los Marshall me dieron un papel y me dijeron que empujara a la ciudad [Los Ángeles] para que me pagaran por todos los destrozos que hicieron?, indicó.
La copia de un documento proporcionado a La Opinión, -por parte de Peña- mismo que le fue enviado a él por la Oficina de los Alguaciles de Estados Unidos (USMS), a la vez que le niegan su reclamo del pago por los daños, le aconsejan que ?usted debiera efectuar su reclamo directamente al equipo SWAT del Departamento de Policía de Los Ángeles?.
El LAPD no hizo comentarios sobre esta nota.
Grandes posibilidades de prevalecer
Jeffrey Redfern, abogado Pro Bono de Carlos Peña, declaró a La Opinión que el caso del hombre salvadoreño no es simplemente injusto, sino también, inconstitucional.
?Tenemos buenas oportunidades de prevalecer?, dijo Redfern. ?Litigamos un caso similar en Texas, donde un equipo SWAT de la policía entró a un negocio y causó daños por decenas de miles de dólares y tuvieron que pagar?.
En el caso Baker vs City of McKinney, en Texas, la señora Vicki Baker llenó dos contenedores de basura de 40 pies con sus pertenencias, manchadas con gas lacrimógeno.
En julio de 2020, un equipo SWAT atravesó la cerca de su casa, detonó explosivos para volar la puerta de su garaje, rompió varias ventanas y condujo un vehículo blindado BearCat a través de la puerta principal para aprehender a un fugitivo que se había atrincherado en su casa, después de secuestrar a una niña de 15 años. En un juicio, un jurado federal dijo que la ciudad le tenía que pagar $60,000 a la señora Baker.
?Vamos a basar el caso del señor Peña en este veredicto?, dijo el abogado Redfern.?Estoy optimista de que la ley estará de nuestro lado?.
El 30 de junio, el abogado Redfern, del Instituto para la Justicia, notificó a la abogada de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, en torno a la responsabilidad del gobierno sobre la imprenta destruida durante la redada policial de agosto de 2022.
La Opinión envío un correo electrónico al abogado de la ciudad, pero dijo que la oficina no comenta sobre demandas en curso.
Mientras tanto, Juan Carlos Peña trabaja en un taller improvisado en un cuarto de su casa, en la ciudad de Arleta.