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México presume en la ONU que toda la población tiene acceso al agua potable  

septiembre 18, 2020
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GINEBRA (apro).- El gobierno de México presumió en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en el país toda persona tiene acceso al agua de forma suficiente y reviró al Relator Especial de la ONU sobre acceso al agua potable y saneamiento diciendo que sus recomendaciones “no son jurídicamente vinculantes”.

El Relator Especial Léo Heller presentó al Consejo de Derechos Humanos su informe de seguimiento a la visita que hizo al país en 2017 en el que lamenta pobres avances y falta de información requerida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al responder a su informe la misión de México presumió avances, descartando las observaciones hechas por el experto.

“En México, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, afirmó la ministra para derechos humanos de la misión de México Érika Martínez.

“México colabora con los mecanismos del sistema de derechos humanos para fortalecer el disfrute de los derechos humanos en el país. Es por ello que recibimos y valoramos en sus méritos todas las recomendaciones, mismas que no son jurídicamente vinculantes”, reviró.

En el informe Heller advierte que el país ha dado una atención nula a sus recomendaciones y pide al gobierno de la 4T actualizar las normas de calidad del agua potable y ejercer una vigilancia más estricta de la calidad del líquido vital orientada a la protección de la salud (Proceso No. 2289).

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Luego de su visita celebrada del 2 al 12 de mayo de 2017, Heller pidió entre otras cosas “asegurar los derechos de todas las personas y grupos a protestar libremente por cuestiones relativas a sus derechos al agua y el saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención, y garantizar su seguridad y su protección con arreglo a la ley y en la práctica”.

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En el documento el experto lamenta que “el Gobierno (de la 4T) no ha proporcionado información sobre medidas concretas para garantizar el derecho a la protesta por cuestiones relativas a los derechos al agua y el saneamiento”.

“El derecho a la protesta, aunque consagrado en la Constitución, no está plenamente garantizado en la práctica. Los y las defensores de derechos ambientales y humanos, incluidos los de agua y saneamiento, son objeto de ataques, agresiones, persecuciones e incluso encarcelamiento”, acusa Heller.

“El Relator Especial urge al Gobierno a adoptar medidas concretas para asegurar que las personas puedan manifestarse libremente por cuestiones relativas de sus derechos al agua y el saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención”, remarca el informe.

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De igual forma, Heller instó al gobierno a “fortalecer la capacidad de acceso de todas las personas afectadas a remedios por vulneraciones de los derechos humanos al agua y el saneamiento, incluidas medidas para prevenir su repetición, mediante mecanismos judiciales y procedimientos no judiciales de reclamación que sean accesibles, transparentes y sujetos a rendición de cuentas”.

Y, a ese respecto, “velar por que la información sobre esos mecanismos esté a disposición de todos y, de ser necesario, se proporcione asistencia jurídica o de otro tipo”, añade el experto.

Heller lamenta que el gobierno de Palacio Nacional “no ha informado de medidas que fortalezcan el acceso a remedios, judiciales o no, de personas afectadas por vulneraciones de los derechos al agua y el saneamiento”.

Por su parte la representante de México dijo ante el pleno que “actualmente, se discuten en el Congreso de la Unión diversas iniciativas de Ley que buscan asegurar el respeto de este derecho. El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 y las Reglas Operativas 2020 de la Comisión Nacional del Agua, impulsan el acceso al agua y al saneamiento’’.

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Martínez indicó al Relator que “se trabaja en reforzar los organismos operadores de agua y saneamiento, para abatir el rezago en el acceso al agua potable en las zonas rurales, cuestión particularmente relevante en el actual contexto”.

“Toda valoración sobre la implementación de recomendaciones debe tener en cuenta dicha naturaleza, basarse en metodologías objetivas, y privilegiar un enfoque constructivo y de cooperación, que contribuya a sentar bases sólidas que impulsen su cumplimiento”, remató la representante de la 4T.

 



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