CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La política de contención migratoria que implementó el gobierno mexicano en los últimos 45 días, como producto de su compromiso con Washington, “está emulando la política migratoria” del presidente estadunidense Donald Trump y representa “la continuación de una política migratoria que es la misma que tuvo el PRI, la misma que tuvo el PAN, pero recrudecida”, denunciaron cinco organizaciones no gubernamentales (ONG).
Al presentar las observaciones sobre los últimos 45 días –el plazo que Trump dio al gobierno mexicano para reducir “significativamente” el número de personas que llegan a pedir asilo a Estados Unidos–, la activista Claudia León dijo que con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur “se han ido recrudeciendo” las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.
“Seguimos viendo detenciones arbitrarias, persecución; si van a la frontera sur, parece una zona de guerra, pero parece que la guerra es contra los migrantes: detenciones a niñas, niños y adolescentes, situaciones de hacinamiento y condiciones bastante precarias en los centros de detención”, abundó León, quien forma parte del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.
Según las organizaciones de la sociedad civil, las medidas que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cumplir con el acuerdo del pasado 7 de junio “reviven tratos discriminatorios que violan los derechos de las personas migrantes en niveles que no se veían desde 2006. Se trata de un retroceso de casi 10 años en el tema migratorio y de asilo en el país”, subrayaron.
Aparentemente satisfecho con los resultados –entre el 7 de junio y el 13 de julio se redujo 36.2% el número de personas que llegaron a Estados Unidos–, Trump otorgó un nuevo plazo de 45 días a México para consolidar su política de contención, al cabo del cual se llevará a cabo una nueva reunión para analizar los avances.
Ana Saínz, directora de la organización Sin Fronteras, consideró que, si bien la Cancillería califica su compromiso con Trump como un “acuerdo político no vinculante entre dos naciones que pretenden cumplir sus propias leyes”, se trata en realidad de un tratado “con compromisos concretamente establecidos por escrito y firmados”, por lo que debería contar con el visto bueno del Congreso.
Las organizaciones urgieron el gobierno mexicano “para no ser coparticipe de actos que impidan el acceso al derecho a solicitar asilo en Estados Unidos; no permitir que, de facto, México sea un tercer país seguro; diseñar una estrategia clara e integral para proteger a la población solicitante de asilo en EU que ha aceptado sea devuelta a México; dar un tratamiento civil a la política migratoria y abstenerse de imponer como práctica generalizada la privación de la libertad de las personas migrantes y solicitantes de asilo”.
En conferencia de prensa, los representantes de las organizaciones recordaron que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se encuentra “colapsada” ante el número de solicitudes de asilo –tan sólo en Tabasco hay 600 personas en lista de espera y el personal de la Comar no tiene herramientas básicas para procesarlas–, y que las autoridades deportaron a personas en proceso de solicitud de asilo y hostigaron a los albergues de migrantes.
Tan sólo en junio de este año, detallaron, las autoridades detuvieron a 23 mil 917 personas en Chiapas, Veracruz y Tabasco, una cifra superior en 150% a la registrada en junio de 2018.
Y se alarmaron ante el hecho de que el próximo viernes 26, en el marco de su programa “Quédate en México”, las autoridades de Estados Unidos empezarán a devolver solicitantes de asilo a Matamoros, Tamaulipas, una región altamente peligrosa para los migrantes.
De igual manera, advirtieron que, a ese ritmo, cerca de 60 mil personas serán devueltas a la frontera norte este año.
“Estamos viendo devoluciones de solicitantes de Estados Unidos, detenciones al estilo de las redadas que hacen en Estados Unidos, la limitación de derechos de libre tránsito, y hemos visto muertes de familias, de niñas, de niños”, deploró Berenice Valdez Rivera, integrante del Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi).
León deploró que “los agentes de la Guardia Nacional ya realizan retenes y operativos sin la presencia del Instituto Nacional de Migración (INM); esto nos tiene sumamente preocupadas porque la Guardia Nacional no tiene facultades para incluso identificar a personas con necesidades de protección internacional”.
Añadió: “Nos preocupa mucho el hostigamiento y la criminalización contra personas defensoras de migrantes y contra los mismos albergues de migrantes; nos encontramos con un ambiente cada vez más hostil, de mucho mayor riesgo para defender derechos”.
Alejandra Macías, integrante de Asylum Access México, aseveró que en junio pasado su organización observó que el centro de detención migratoria de Acayucan, en Veracruz, albergaba más personas que las 3 mil 726 registradas en mayo, y sostuvo que “durante estos 45 días únicamente 400 personas accedieron al procedimiento de asilo en Acayucan, y de éstas solamente un adolescente accedió al procedimiento, cuando la estación migratoria está llena de niños, niñas y adolescentes”.
Según León, “el Estado mexicano ha recurrido a ciertas prácticas de desgaste (…) particularmente en Ciudad Hidalgo y Tapachula, con personas que están esperando mucho tiempo para poder acceder a contactar a la Comar o a las oficinas de regularización migratoria; no les resuelven nada, no les atienden, pasan semanas para que llegue su turno, y la gente está obligada a dormir en la calle o en los parques esperando su turno”.
