Corte de EU rechaza petición de Trump para negar alimentos y servicios de higiene a niños migrantes

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AP

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco desechó la impugnación del Gobierno Federal contra una postura de un tribunal de menor instancia de que las autoridades no habían proporcionado a los menores condiciones seguras ni higiénicas en conformidad con un acuerdo negociado en 1997.

Por Amy Taxin
EU, 16 de agosto (AP).– Los menores inmigrantes detenidos por el Gobierno de Estados Unidos deben recibir alimentos en buen estado, agua limpia, jabón y pasta de dientes según un acuerdo alcanzado hace tiempo sobre las condiciones de detención, determinó el jueves un panel federal de apelaciones al desechar un intento del Gobierno del Presidente Donald Trump para limitar lo que debe proporcionarse.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco desechó la impugnación del Gobierno Federal contra una postura de un tribunal de menor instancia de que las autoridades no habían proporcionado a los menores condiciones seguras ni higiénicas en conformidad con un acuerdo negociado en 1997.

El Gobierno alegó que las autoridades no estaban obligadas a proveer servicios específicos, como dotación de jabón, según lo establecido en el acuerdo de que las instalaciones sean “seguras e higiénicas”, y solicitó al panel su opinión. Los jueces de apelación no coincidieron con esa postura.

“Garantizar que los menores coman alimentos suficientes en buen estado, beban agua limpia, estén acomodados en instalaciones limpias con baños higiénicos, tengan jabón y pasta de dientes, y no se les impida dormir son sin duda esenciales para su seguridad”, escribió el panel.

El fallo es posterior a una audiencia en junio en la que un abogado del Gobierno estadounidense dijo que el acuerdo era vago y podría no obligar a dotar de pasta de dientes y jabón a los menores durante permanencias breves en custodia. Obligar a suministrar esos artículos constituiría un cambio en el acuerdo, señaló el Gobierno.

Leecia Welch, Directora de Defensoría Legal y Bienestar Infantil en el Centro Nacional de Derecho Juvenil, dijo que no le sorprendía el fallo del panel.

“Debería sacudir la conciencia de todos los estadounidenses el saber que nuestro Gobierno alegó que los menores no necesitan estos artículos imprescindibles”, agregó.

Se envió un mensaje al Departamento de Justicia en busca de declaraciones.

La jueza de la corte federal Dolly Gee en Los Ángeles falló en 2017 que las autoridades habían incumplido el acuerdo —ampliamente conocido como el acuerdo Flores— después de que inmigrantes jóvenes detenidos en la frontera dijeran que tuvieron que dormir en celdas frías y hacinadas, y que les daban alimentos inadecuados y agua sucia.

Desde entonces los problemas en las instalaciones han persistido. Gee asignó a un supervisor independiente para que evalúe las condiciones.

Los problemas se remontan años atrás y han suscitado mayor atención en medio de un incremento en el número de menores y familias, en su mayoría provenientes de América Central, que llegan a la frontera suroeste con México.

El acuerdo Flores alcanzado entre defensores de los inmigrantes jóvenes y el Gobierno estadounidense prevé que los menores sean detenidos en instalaciones que cumplan ciertas normas, y se les libere en cuanto sea razonablemente posible, que se considera son unos 20 días.





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La Segob retoma proyecto para capacitar en derechos humanos a funcionarios de frontera sur

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CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La Secretaría de Gobernación retomó el proyecto piloto “Municipios Fronterizos de Derechos Humanos”, el cual pretende sensibilizar a servidores públicos de municipios de la frontera sur de México sobre el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de migrantes.

El programa, que había sido implementado en los últimos meses del gobierno del presidente Peña Nieto, se pondrá nuevamente en marcha en 23 municipios de la frontera sur, con especial atención a mujeres y personas menores de edad, así como población indígena, afromexicana y migrantes, informó la Secretaría de Gobernación a través de un comunicado.

La iniciativa estará a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración a través de su Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Durante el lanzamiento del programa, realizado en La Trinitaria, Chiapas, Estefanía Hernández Ceballos, Directora General de Política Pública de Derechos Humanos, más allá del discurso, existe un compromiso para generar mejoras institucionales y estructurales encaminadas a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.

Asimismo, señaló que la migración, en muchos casos, es motivada por razones socioculturales.

Hernández Ceballos reconoció que encuentros como el sostenido con la Agencia Internacional de Cooperación Alemana (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), es un claro ejemplo del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y el deber del Estado mexicano a favor de los derechos humanos.

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Gobierno estadounidense defiende ‘megarredadas’ contra migrantes

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Colima Noticias

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CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- El gobierno estadounidense defendió
las megarredadas contra los migrantes, realizadas la semana pasada en seis
ciudades de Mississippi, en siete fábricas de alimentos. En un emotivo video
aparece una niña rogando a las autoridades que soltaran a su padre.

De acuerdo con EL UNIVERSAL, el comisario interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), Mark Morgan, reconoció que el video de la niña de 11 años sollozando era “emotivo”, pero que la menor de edad rápidamente fue reunida con su madre.

“Comprendo que la niña estuviera alterada. Eso lo comprendo, pero
el padre cometió un delito”, dijo a la televisora CNN.

La pequeña se reunió con su mamá después de que las imágenes se
mostraron, afirmó Morgan.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan,
reconoció que el momento de las megarredadas fue “desafortunado”, al llevarse a
cabo horas después de que el presidente Donald Trump visitara El Paso, Texas,
donde un hombre que confesó ir contra mexicanos mató a 22 personas el 3 de
agosto.

Sin embargo, McAleenan refirió al canal NBC que el operativo se
había planeado durante más de un año.

Kamala Harris, precandidata demócrata, acusó al mandatario Trump
de llevar a cabo “una campaña de terror” contra las minorías en la Unión
Americana.

En el programa Meet the Press, de la NBC, la demócrata cuestionó
las acciones que se realizaron a menos de una semana de que un supremacista
realizó un tiroteo en un Walmart de El Paso.

“Esta administración ha ordenado al Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) realizar estas redadas, como parte de
una campaña de terror, que hace que la gente tenga miedo de ir a trabajar (…)
Los niños están asustados de ir a la escuela, porque cuando regresen sus papás
pueden no estar en su hogar”, argumentó.

El miércoles pasado, la policía migratoria de Estados Unidos
detuvo a 680 trabajadores de la industria agroalimentaria en Mississippi, en un
amplio operativo que suscitó críticas.

Las redadas masivas, que se llevaron a cabo en plantas del sector avícola
en un día, se presentaron como las más importantes en los últimos 10 años, de
acuerdo con las autoridades.

Más
acciones.
 El
fin de semana también se informó que la Casa Blanca ordenó a funcionarios del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)
realizar operativos en lugares de trabajo este año.

Un alto funcionario de migración le dijo a CNN que le ordenó a las
oficinas locales de ICE en la Unión Americana que identificaran al menos dos
ubicaciones en sus territorios como objetivos para realizar operaciones de
cumplimiento de la ley en los lugares de trabajo que podrían incluir
investigaciones penales, auditorías comerciales y también redadas.

El pasado viernes, el mandatario estadounidense defendió las
megarredadas. “Quiero que la gente sepa que, si vienen a Estados Unidos sin
documentos, se van a ir”, dijo Trump a periodistas. “Y esto sirve como un buen
disuasivo (…) Cuando la gente vea lo que vio [el miércoles], sabrán que no se
van a quedar aquí”, prosiguió el presidente.

Protestan
contra las acciones. 
Jóvenes marcharon ayer desde una iglesia católica a la plaza
principal de un poblado de Mississippi en protesta por las recientes
megarredadas migratorias. A pesar de que el presidente Trump y sus aliados
republicanos locales defendieron los operativos, las iglesias están surgiendo
como fuentes de ayuda material y espiritual para los migrantes. En algunos de
los templos la respuesta también se está convirtiendo en oposición política.
Niños de la iglesia católica del Sagrado Corazón en Canton se manifestaron el
domingo, señalando que no permanecerán en silencio.





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Estados Unidos devuelve 800 migrantes a Matamoros, Tamaulipas, en las últimas dos semanas

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AP

Los migrantes son retornados en grupos de entre 50 y 100 personas de forma casi diaria y con una fecha para solicitar asilo ante un juez estadounidense, una cita a la que muchos no saben si podrán o no acudir.

MATAMOROS, México (AP) — Estados Unidos devolvió a 800 migrantes a México por Matamoros en las últimas dos semanas, cuando el programa conocido como “Permanecer en México” se extendió a esta ciudad al noreste de Tamaulipas, un estado con una fuerte presencia del crimen organizado pero al que Washington ya envió a casi tres mil personas, según datos de autoridades locales y estatales.

Igual que ocurrió antes en Nuevo Laredo, una ciudad del mismo estado a 350 kilómetros al noroeste, los migrantes son retornados en grupos de entre 50 y 100 personas de forma casi diaria y con una fecha para solicitar asilo ante un juez estadounidense, una cita a la que muchos no saben si podrán o no acudir.

Más de 70 personas, en su mayoría centroamericanos y cubanos, atravesaron el jueves el puente fronterizo entre Estados Unidos y México en silencio, con la cabeza baja, sus documentos en una bolsa de plástico transparente y el semblante preocupado. Unos tenían dudas sobre cómo vivirán los dos próximos meses hasta su cita con un juez estadounidense. Otros pensaban en volver a casa.

“Lo único que Donald Trump está haciendo es devolviendo a todas las personas”, dijo Emilio Cáceres, un agricultor hondureño de 25 años que quería regresar a su país porque, según señaló, al haber cruzado de forma ilegal y haber sido deportado antes una vez, sabía que no tenía opciones para el asilo por mucho que le hubieran dado cita.

Algo parecido pensaba Luis Raxic, que viajaba con su esposa y su hija de año y medio y fueron retornados el miércoles.

“Uno de los agentes nos lo dijo muy claro, que nos iban a deportar pero solo a México y no a nuestro país, para ahorrar dinero porque ya pagan muchos impuestos allá”, explicó.

Desde enero, Estados Unidos devolvió a más de 20.000 solicitantes de asilo a México para que esperen allí la resolución del proceso, en lo que supone uno de los cambios más drásticos de la política migratoria de Washington en los últimos años.

En un primer momento, las autoridades estadounidenses devolvían a personas que llevaban tiempo esperando para pedir refugio porque huían de la violencia o la persecución política en sus países, y estaban apuntadas en las numerosas listas de espera que proliferaron en muchos de los cruces fronterizos. Pero en Tamaulipas son muchos más los retornados que cruzaron ilegalmente y se entregaron con la esperanza de que, al viajar con niños, les dejarían quedarse.

Raxic fue uno de ellos. El jueves decía que no esperaría su cita porque no quería seguir exponiendo a su hija y volvería a casa. El guatemalteco se quedó junto a las oficinas de migración esperando que llegara un autobús que, según les contaron los agentes, los podría trasladar a Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León, a donde ya han sido llevadas más de mil personas desde Nuevo Laredo, según las cifras del ayuntamiento de la ciudad.

El Gobierno de México dice que estos traslados son por seguridad de los migrantes, aunque luego cientos fueron abandonados a su suerte en esa ciudad y en mitad de la noche.

“Es una estrategia para que tengamos miedo y nos regresemos”, agregó Raxic. No obstante, él prefiere eso que quedarse en una frontera donde los robos, secuestros, extorsiones y crímenes son el pan de cada día.

México se comprometió a dar trabajo, alojamiento y servicios básicos a los migrantes devueltos por Estados Unidos pero, aunque el jueves se inauguraba el primer albergue federal para migrantes del programa en Ciudad Juárez, en Matamoros las carencias eran tan grandes como la desinformación.

A solo unos metros de los que regresaban, varias decenas de migrantes les miraban a la sombra de un árbol donde instalaron un improvisado campamento con una docena de tiendas de campaña o simples cobijas en el suelo. Algunos de ellos, de Camerún, Cuba o incluso Perú, contaban los días hasta que les llegara su turno en unas listas de espera con más de mil nombres, y de que las que Estados Unidos llama a diario a unos 15 para iniciar el trámite de asilo. Otros, devueltos hace solo días, decían que se quedarían hasta que les tocara cruzar para la audiencia.

Todos coincidían en que en ese lugar, aunque fuera a la intemperie, se sentían más resguardados porque las autoridades federales custodian el puente y los voluntarios les llevan comida.

“Nos toca esperar, no hay de otra”, señaló la hondureña Daisy Maldonado mientras jugaba en el suelo con su hija de dos años. Ella y su esposo tienen miedo de moverse para buscar alojamiento y trabajo, como hicieron otros. “Como nos dijeron que en los albergues no había sitio, ¿a qué arriesgarnos a ir?”.

Pero algunos albergues situados lejos del puente estaban el jueves a menos de la mitad de su capacidad, aunque nadie transmitía esa información a los migrantes.

El salvadoreño Walter Enamorado, que viaja con su hijo de 7 años, llevaba una semana durmiendo en la parte exterior del edificio de migración.

“Estamos aquí abandonados pero ni nos han dicho si hay un albergue o cómo llegar”, lamentó.





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Servicio de trámites para migrantes sin costo, en el Ayuntamiento de Colima – Archivo Digital Colima

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La Directora de Desarrollo Rural y Social del Ayuntamiento de Colima, Consuelo Landeros, invita a la ciudadanía a que aproveche los servicios de la Oficina de Servicios para Migrantes que se ofrecen gratuitamente.

Dijo que pueden acudir para solicitar la expedición de Cartas de Identidad u Origen para migrantes nacidos en Colima; Se les apoya en el llenado de formas para la Visa Americana y Canadiense; Se cuenta con traductor oficial, autorizado por el Registro Civil del Estado.

También se puede tramitar el apostilla de documentos y actas de nacimiento americanas; se realizan las citas para pasaporte mexicano o americano; el trámite de doble nacionalidad mexicana y americana; se apoya con la localización de personas extraviadas o prisioneras.

Consuelo Landeros, mencionó que a través de esta oficina se puede asesorar sobre la solicitud de pensión alimenticia cuando el padre se encuentra en E.U.A.; la solicitud de actas de nacimiento de Estados Unidos; solicitud de beneficios de Seguro Social por haber trabajado en los Estados Unidos; orientación sobre el trámite de perdón, petición para obtener residencia americana e información sobre trámites migratorios en general.

Para más información acudir a la Dirección de Desarrollo Rural y Social, en la oficina de Servicio para Migrantes, ubicada en Venustiano Carranza no. 25, Colonia Centro o en el teléfono 3163823, con horario de 8:00 am a 8:00 de la noche.

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Gobierno de Donald Trump cancela plan para retener niños migrantes en base militar de Oklahoma

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AP

Funcionarios de Seguridad Nacional enfatizaron este mes el descenso de 28 por ciento en el número de migrantes que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) detuvo en junio, en medio de mayores medidas adoptadas contra esas personas en México.

Por Ken Miller

OKLAHOMA CITY, Oklahoma, EE.UU. (AP) — El Gobierno del Presidente Donald Trump ya no necesita tener retenidos a niños migrantes en una base del Ejército en Oklahoma y los preparativos para alojarlos ahí han sido cancelados, informó el Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

“En las últimas semanas, el HHS ha experimentado una baja en los Menores Extranjeros No Acompañados (UAC por sus siglas en inglés) remitidos al Departamento de Seguridad Nacional. Además, el HHS ha colocado a los UAC a patrocinadores en una tasa históricamente alta. Así las cosas, el Programa para los UAC no necesita de momento alojar a menores en instalaciones (de detención)”, indicó Evelyn Staufer, portavoz de la Administración de Asuntos de Niños y Familias, perteneciente al HHS.

Staufer, que de momento no respondió a un mensaje en busca de más información, agregó que ningún menor ha estado detenido a menores en esa base militar en Lawton, a unos 130 kilómetros (80 millas) al suroeste de Oklahoma City.

Funcionarios de Seguridad Nacional enfatizaron este mes el descenso de 28 por ciento en el número de migrantes que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) detuvo en junio, en medio de mayores medidas adoptadas contra esas personas en México.

En junio fueron detenidos 104 mil 344 migrantes, una baja comparada con los 144 mil 278 del mes anterior. Funcionarios de Seguridad Nacional señalaron que ha declinado la detención de adultos solos, familias y menores no acompañados en la frontera.

Dream Action Oklahoma, que participó en la organización de una marcha de unas 400 personas hasta Fort Sill, que tuvo lugar el pasado fin de semana para protestar contra los planes de utilizar la base, se dijeron complacidos por el anuncio.

“La coalición organizadora continúa la resistencia contra la reclusión de menores en Oklahoma”, declaró el grupo en un comunicado.

Estadounidenses de ascendencia japonesa e indígena participaron en la marcha y posterior manifestación frente a una de las entradas de Fort Sill, donde el gobierno federal concentró a centenares de japoneses y estadounidenses hijos de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Fort Sill también tuvo detenidos a menores migrantes en 2014, durante el gobierno del presidente Barack Obama, y a apaches prisioneros durante la guerra de 1894 a 1910.

Donelle Harder, portavoz del gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, dijo que la Casa Blanca notificó el viernes al gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, del cambio de planes, afirmó la portavoz del ejecutivo estatal, Donelle Harder, aunque señaló que la base todavía podría ser utilizada como alojamiento temporal en el futuro.

“Se mantendrá la infraestructura en caso de necesidad, de una emergencia” en la que aumente la llegada de menores a Estados Unidos por una inundación o un sismo en otro país, dijo Harder.





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Con AMLO, la misma política migratoria del PRI y el PAN, pero recrudecida: ONG

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La política de contención migratoria que implementó el gobierno mexicano en los últimos 45 días, como producto de su compromiso con Washington, “está emulando la política migratoria” del presidente estadunidense Donald Trump y representa “la continuación de una política migratoria que es la misma que tuvo el PRI, la misma que tuvo el PAN, pero recrudecida”, denunciaron cinco organizaciones no gubernamentales (ONG).

Al presentar las observaciones sobre los últimos 45 días –el plazo que Trump dio al gobierno mexicano para reducir “significativamente” el número de personas que llegan a pedir asilo a Estados Unidos–, la activista Claudia León dijo que con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur “se han ido recrudeciendo” las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.

“Seguimos viendo detenciones arbitrarias, persecución; si van a la frontera sur, parece una zona de guerra, pero parece que la guerra es contra los migrantes: detenciones a niñas, niños y adolescentes, situaciones de hacinamiento y condiciones bastante precarias en los centros de detención”, abundó León, quien forma parte del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.

Según las organizaciones de la sociedad civil, las medidas que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cumplir con el acuerdo del pasado 7 de junio “reviven tratos discriminatorios que violan los derechos de las personas migrantes en niveles que no se veían desde 2006. Se trata de un retroceso de casi 10 años en el tema migratorio y de asilo en el país”, subrayaron.

Aparentemente satisfecho con los resultados –entre el 7 de junio y el 13 de julio se redujo 36.2% el número de personas que llegaron a Estados Unidos–, Trump otorgó un nuevo plazo de 45 días a México para consolidar su política de contención, al cabo del cual se llevará a cabo una nueva reunión para analizar los avances.

Ana Saínz, directora de la organización Sin Fronteras, consideró que, si bien la Cancillería califica su compromiso con Trump como un “acuerdo político no vinculante entre dos naciones que pretenden cumplir sus propias leyes”, se trata en realidad de un tratado “con compromisos concretamente establecidos por escrito y firmados”, por lo que debería contar con el visto bueno del Congreso.

Las organizaciones urgieron el gobierno mexicano “para no ser coparticipe de actos que impidan el acceso al derecho a solicitar asilo en Estados Unidos; no permitir que, de facto, México sea un tercer país seguro; diseñar una estrategia clara e integral para proteger a la población solicitante de asilo en EU que ha aceptado sea devuelta a México; dar un tratamiento civil a la política migratoria y abstenerse de imponer como práctica generalizada la privación de la libertad de las personas migrantes y solicitantes de asilo”.

En conferencia de prensa, los representantes de las organizaciones recordaron que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se encuentra “colapsada” ante el número de solicitudes de asilo –tan sólo en Tabasco hay 600 personas en lista de espera y el personal de la Comar no tiene herramientas básicas para procesarlas–, y que las autoridades deportaron a personas en proceso de solicitud de asilo y hostigaron a los albergues de migrantes.

Tan sólo en junio de este año, detallaron, las autoridades detuvieron a 23 mil 917 personas en Chiapas, Veracruz y Tabasco, una cifra superior en 150% a la registrada en junio de 2018.

Y se alarmaron ante el hecho de que el próximo viernes 26, en el marco de su programa “Quédate en México”, las autoridades de Estados Unidos empezarán a devolver solicitantes de asilo a Matamoros, Tamaulipas, una región altamente peligrosa para los migrantes.

De igual manera, advirtieron que, a ese ritmo, cerca de 60 mil personas serán devueltas a la frontera norte este año.

“Estamos viendo devoluciones de solicitantes de Estados Unidos, detenciones al estilo de las redadas que hacen en Estados Unidos, la limitación de derechos de libre tránsito, y hemos visto muertes de familias, de niñas, de niños”, deploró Berenice Valdez Rivera, integrante del Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi).

León deploró que “los agentes de la Guardia Nacional ya realizan retenes y operativos sin la presencia del Instituto Nacional de Migración (INM); esto nos tiene sumamente preocupadas porque la Guardia Nacional no tiene facultades para incluso identificar a personas con necesidades de protección internacional”.

Añadió: “Nos preocupa mucho el hostigamiento y la criminalización contra personas defensoras de migrantes y contra los mismos albergues de migrantes; nos encontramos con un ambiente cada vez más hostil, de mucho mayor riesgo para defender derechos”.

Alejandra Macías, integrante de Asylum Access México, aseveró que en junio pasado su organización observó que el centro de detención migratoria de Acayucan, en Veracruz, albergaba más personas que las 3 mil 726 registradas en mayo, y sostuvo que “durante estos 45 días únicamente 400 personas accedieron al procedimiento de asilo en Acayucan, y de éstas solamente un adolescente accedió al procedimiento, cuando la estación migratoria está llena de niños, niñas y adolescentes”.

Según León, “el Estado mexicano ha recurrido a ciertas prácticas de desgaste (…) particularmente en Ciudad Hidalgo y Tapachula, con personas que están esperando mucho tiempo para poder acceder a contactar a la Comar o a las oficinas de regularización migratoria; no les resuelven nada, no les atienden, pasan semanas para que llegue su turno, y la gente está obligada a dormir en la calle o en los parques esperando su turno”.





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“Origen y destino”, de Gerardo Suter, en el Museo Carrillo Gil

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Museo de Arte Carrillo Gil exhibe una inquietante muestra del fotógrafo de origen argentino radicado en nuestro país, Gerardo Suter. “Origen y Destino” es el título que representa el complejo tema de la migración que se vive en el mundo entero, también con fuerte presencia en México. La propuesta del […]

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Muere salvadoreño en instalaciones del INM en Nuevo León; renuncia la delegada

INM OK - Muere salvadoreño en instalaciones del INM en Nuevo León; renuncia la delegada

MONTERREY, N.L. (apro).– La renuncia de la delegada en Nuevo León del Instituto Nacional de Migración, Gabriela Zamora, coincidió con la muerte de un migrante salvadoreño en el interior de las instalaciones ubicadas al sur de esta capital.

Gabriela Zamora presentó su dimisión el martes por la noche sin que hasta ahora haya sido designado su sustituto, informó este miércoles la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nuevo León (CEDHNL), Sofía Velasco Becerra.

La exfuncionaria había llegado al puesto en abril.

Velasco Becerra confirmó que hoy murió un hombre originario de El Salvador, identificado como Edwin William Molina, por causas que son motivo de investigación.

Su muerte ocurrió en un área de las instalaciones del INM que fueron habilitadas como refugio.

Trascendió que el hombre, que viajaba solo, tenía varios días en las instalaciones ubicadas en el primer piso del inmueble, y ya se había quejado de dolencias con anterioridad, hasta que hoy pereció.

 

Abren albergue alterno

Velasco Becerra denunció que el edificio donde se encuentra el INM, en la avenida Lázaro Cárdenas, colonia Jardín de las Torres, no tiene condiciones para ser una estación migratoria, y menos para atender más de 281 migrantes que ahí se encontraban.

Señaló que a las condiciones adversas en las que se encuentran quienes están ese lugar, se suma la deficiente atención administrativa, pues los trámites para los retenidos son lentos y demoran más de lo necesario.

Por ello, dijo, fue habilitado un campamento alterno en instalaciones de la Expo Feria del municipio conurbado de Guadalupe, a donde fueron enviados hoy 180 de los migrantes.

Todos permanecerán en la entidad mientras se resuelva su situación migratoria, pues algunos de ellos quieren residencia y otros demandan asilo.

Se reportó que después del medio día, a consecuencia de las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran, varios migrantes riñeron y algunos buscaron escapar, aunque ninguno lo consiguió. No hay reporte oficial sobre este incidente.

 

Detienen a 112 migrantes más

Esta mañana fueron detenidos 112 extranjeros en el municipio de Chima, cuando eran transportados en un camión semirremolque en la carretera 40D, que conecta las ciudades de Monterrey, Reynosa y Tamaulipas, informó el INM.

En el operativo, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional y Agentes Federales de Migración, fueron localizados 34 menores y 78 adultos procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que viajaban en condiciones de hacinamiento.

El chofer, identificado como Juan, y dos cómplices que se dijeron llamar Mayra y Julia, fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República en Escobedo, donde comparecerán ante el Ministerio Público.





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Gobierno trasladaría a migrantes retornados de EU de Tamaulipas a NL

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal analiza derivar a los solicitantes de asilo extranjeros que las autoridades estadunidenses devuelven a Tamaulipas en el marco de su programa “Quédate en México” hacia el municipio fronterizo de Colombia, en Nuevo León, donde la Secretaría de Marina (Semar) opera una estación naval.

Lo anterior, según Maximiliano Reyes Zúñiga de la cancillería, subsecretario para América Latina y el Caribe, se llevaría a cabo con el objetivo de no dejar a los solicitantes de asilo devueltos a la merced de las bandas del crimen organizado que operan en Tamaulipas y que lucran con la extorsión y el secuestro de las personas migrantes.

“Como estamos apretando fuertemente a los traficantes de personas, pues evidentemente ellos reaccionan con mucho mayor violencia”, sostuvo el funcionario, al añadir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “está ocupado en trasladarlos a los lugares más seguros posibles”.

Como muestra del combate al tráfico de personas, informó que, en la madrugada de este miércoles 17, las autoridades detuvieron un tractocamión en la carretera de Monterrey a Reynosa, con 112 migrantes a bordo, entre los cuales 34 menores de edad.

Reyes insistió en que el gobierno federal “está asumiendo prácticamente la totalidad” de los costos y de la atención a la política migratoria, que se endureció significativamente a raíz del acuerdo pactado con la administración de Trump el pasado 7 de junio en Washington.

En ese acuerdo, el gobierno federal se comprometió a reducir “significativamente” y en 45 días el número de personas que lleguen a pedir asilo a Estados Unidos, y para ello desplegó a 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México.

Estas medidas, sumadas a la extensión del programa “Quédate en México” por parte de Washington, detonaron un incremento brutal del número de detenciones de personas migrantes, y obligaron a decenas de miles de personas centroamericanas a pedir asilo o a permanecer en México.

En consecuencia, el gobierno federal desbloqueó 60 millones de pesos para “rehabilitar” algunos centros de detención migratoria, como el Siglo XXI, de Tapachula, y los de Tenosique y Acayucan ubicados en Tabasco y Veracruz, respectivamente, según informó el subsecretario Reyes.

Además, para dichos centros de detención el gobierno federal contará con “esfuerzos y donativos” de algunos grupos empresariales, como la Fundación Televisa, Grupo Coppel, de los hermanos sinaloenses Enrique y Agustín Coppel Luken, y Grupo Topaz, del regiomontano Dionisio Garza Sada.





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