La ONU pide a AMLO la «libertad inmediata» de Rafael Méndez Valenzuela

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador poner en “libertad inmediata e incondicional” a Rafael Méndez Valenzuela, detenido en 2008, en plena “guerra contra el narcotráfico” declarada por el presidente Felipe Calderón.

Y es que, pese a que su sentencia fue cumplida desde hace más de un año, Méndez Valenzuela –también víctima de tortura– sigue en prisión.

Se trata del primer caso sobre el cual el gobierno de López Obrador debe dar respuesta a un organismo de Naciones Unidas, que además lo instó a asegurarse de que la víctima reciba “la atención física y psicológica adecuada” y que sea indemnizada conforme a los estándares internacionales.

El Grupo de Trabajo aprovechó la oportunidad para solicitar a la actual administración que le permita “realizar una visita a México para abordar la cuestión de la privación arbitraria de libertad”, luego de recordar que la última vez que estuvo en el país fue en noviembre de 2002, y que solicitó regresar en 2015, 2016 y 2018.

En el resolutivo dado a conocer este jueves, el Grupo de Trabajo alertó que el de Méndez Valenzuela es uno de “muchos casos” que le han sido presentados en los últimos cinco años sobre privación arbitraria de la libertad de las personas en México, y resulta preocupante que “pueda representar indicativos de un problema sistémico de detención arbitraria (…), que si continúa puede constituir una grave violación al derecho internacional”.

Advirtió que, bajo ciertas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático, u otras privaciones graves de libertad, en violación de las normas del derecho internacional, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

El caso de Rafael Méndez Valenzuela, hijo de Judith Valenzuela, periodista de Río Doce, se remonta al 22 de enero de 2008, fecha en que fue detenido por policías estatales junto con sus acompañantes, mientras transitaban por el municipio de Valle de Bravo, Estado de México. Los uniformados argumentaron que viajaban en un vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con el testimonio, Méndez fue torturado por agentes estatales en el bosque de Valle de Bravo; después por efectivos del Ejército y miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en instalaciones militares, y finalmente en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por agentes federales, hasta que firmó documentos en los que aceptaba ser miembro de La Familia Michoacana.

Tras señalar que sufrió dislocamiento del hombre izquierdo, luego de haber sido empujado para que bajara del helicóptero en el que fue trasladado a la Ciudad de México, Méndez Valenzuela denunció ante el Grupo de Trabajo de la ONU que ni la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptaron tramitar una queja por los hechos.

Luego de un tortuoso proceso judicial en el que no se tomó en cuenta su denuncia por tortura, ni ante el agente del Ministerio Público, ni ante el juez de la causa, y después de cuatro años de prisión preventiva, Méndez fue sentenciado a 17 años de prisión.

En el litigio, sus abogados lograron que la sentencia se redujera a 10 años, dos meses y 19 días, plazo que se cumplió el 2 de marzo de 2018, pero la víctima no ha sido liberada y continúa su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social 8, en Guasave, Sinaloa.

El intercambio de comunicación entre el Grupo de Trabajo y el Estado Mexicano inició en noviembre de 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y en enero fue retomado por el de López Obrador, el cual negó que se tratara de un caso de detención arbitraria. Fue en flagrancia, dijo, y justificó que la víctima siga en prisión porque la defensa ha recurrido las sentencias y en estos momentos espera el desahogo de una prueba pericial, el Protocolo de Estambul, ordenado desde 2017, pero hasta la fecha no se ha realizado.

El actual gobierno negó la tortura y validó un examen médico del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, realizado el 10 marzo de 2008, casi dos meses después de la detención de Méndez, y dejó a un lado la revisión médica que se hizo en la PGR el 23 de enero de 2008, “en el cual sí se registran lesiones”, además de existir otros peritajes que demuestran que fueron producidas por tortura, indicó en su dictamen de Grupo de Trabajo.

Y, de acuerdo con las respuestas del gobierno, admitió que, a raíz de las denuncias de tortura presentadas por Méndez, existe una carpeta de investigación que sigue en integración.

En su deliberación, el grupo de expertos determinó que el gobierno mexicano no pudo comprobar que al momento de la detención hubiera flagrancia, toda vez que su arresto se registró el 22 de enero de 2008 y la orden de aprehensión se emitió más de un mes después, el 6 de marzo.

Sobre su permanencia en prisión, en espera de la aplicación del Protocolo de Estambul, pese a que su tiempo de primera condena culminó, consideró que el gobierno “no ha proporcionado ninguna explicación satisfactoria de por qué el señor Méndez Valenzuela debe permanecer detenido mientras se reúne esa información”.

Ante las inconsistencias, los expertos de la ONU sostuvieron que “no existe una base legal para la detención del señor Méndez Valenzuela, por lo que la privación de su libertad es arbitraria”, además de que por la forma en que fue presentado ante los medios, como integrante de La Familia Michoacana, y adjudicarle el apodo de “Chester”, se “comprometió su derecho a la presunción de inocencia”.

Asimismo, estimó que la víctima “ha estado detenido por más de 11 años sin que el gobierno haya demostrado que su confesión fue voluntaria y que, por lo tanto, los procedimientos en su contra fueron fundamentalmente injustos”, y por los alegatos graves de tortura, el Grupo decidió remitir el caso al Relator Especial sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Destacó que Méndez no tuvo acceso a abogado, sino hasta siete horas después de su arresto, “y después de haber firmado la confesión”, aunado a que el abogado de oficio le señaló que si ya había firmado no tenía nada que hacer por él, por lo que, a pesar de que después tuvo acceso a otros letrados, el Grupo de Trabajo “considera que existen serias dudas sobre si recibió asistencia legal efectiva de su primer abogado”.

Luego de calificar de “inaceptable”, desde el punto de vista de los estándares internacionales de derechos humanos, la prisión preventiva obligatoria en México, el Grupo de Trabajo estimó que se violó el derecho de Méndez Valenzuela a ser juzgado en un plazo razonable y sin demoras indebidas, “durante sus cuatro años iniciales de prisión preventiva y posteriormente durante su detención, a la espera de una sentencia definitiva”.

Los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias manifestaron que la manera de subsanar los daños causados a Méndez Valenzuela es ponerlo en libertad y “otorgarle el derecho a una indemnización exigible y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional”.

Y exhortó a que se realicé “una investigación completa e independiente de las circunstancias que rodean la privación arbitraria de la libertad del señor Méndez Valenzuela, incluidas las denuncias de tortura, y que adopten las medidas adecuadas contra los responsables de la violación a sus derechos”.

Finalmente, recomendó que hagan modificaciones legislativas relacionadas con la prisión preventiva obligatoria, y se armonicen a los estándares internacionales.

El Grupo de Trabajo dio un plazo de seis meses al gobierno de López Obrador para que informe sobre los avances del resolutivo.

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Morena “tiene que convertirse en un motor de la transformación” en México: Mario Delgado

Mario Delgado OK - Morena “tiene que convertirse en un motor de la transformación” en México: Mario Delgado

COLIMA, Col. (apro).- El proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena constituye una gran oportunidad “para demostrar que somos diferentes, que podemos tener un proceso de renovación que termine con una gran unidad en el partido”, señaló aquí el diputado federal Mario Delgado, uno de los aspirantes al cargo.

En rueda de prensa, junto con la diputada Tatiana Clouthier, el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro consideró normal que exista una disputa al interior de su partido, pero llamó a que la elección se desarrolle “con mucha conciencia del momento histórico que estamos viviendo y de la corresponsabilidad que tenemos todos los militantes de Morena en conducirnos con mucha madurez”.

Indicó que, con apenas cinco años, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la exigencia de asumir su mayoría de edad, es decir, debe tener una gran madurez e inteligencia, porque no se vive cualquier momento en el país, sino momentos definitivos e históricos, y a los militantes les corresponde demostrar que están a la altura de este momento.

El también presidente la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados resaltó que entre todos los morenistas deben consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación, y el partido –subrayó– “tiene que convertirse en un motor, un catalizador y un impulsor de la transformación en el país; a nosotros nos corresponde reorganizarnos, hacer esa redefinición y asegurarnos de que la transformación nos dure muchos años”.

Originario de Colima, aunque es diputado por el Distrito XIII de la Ciudad de México, Mario Delgado visitó esta capital para inaugurar una casa de gestión en compañía de diputados federales y locales de la entidad, mientras que Tatiana Clouthier presentó en el teatro Hidalgo su libro “Juntos hicimos historia”.

Durante su encuentro con los reporteros, Delgado declinó opinar sobre el conflicto entre los senadores morenistas Martí Batres Guadarrama y Ricardo Monreal Ávila, y sólo expresó: “El respeto a la Cámara ajena es la paz”, mientras que Tatiana Clouthier reía diciendo: “¡Así es, así es!”.

Mario Delgado mencionó que, a casi un año de distancia del arranque de su trabajo legislativo, “hoy podemos decir que hemos cumplido a lo que nos comprometimos”, pues la agenda de la Cuarta Transformación y la plataforma del presidente han sido llevadas a cabo puntualmente en la Cámara de Diputados, con más de 30 reformas de la agenda de gobierno y cinco reformas constitucionales”.

Y resaltó como un logro de la actual Legislatura el haber terminado con los “moches”, esto es, la práctica de bajar y etiquetar recursos por parte de los diputados para proyectos que “ya se tenían arreglados y se los daban a una empresa determinada y esto terminaba en corrupción”.

Además, abundó, para el presente año hubo un aumento de casi 10% en términos reales a las aportaciones y participaciones federales, el máximo aumento en los últimos 10 años, y los recursos llegan de manera clara, transparente y a través de una fórmula, no de manera discrecional.

Al respecto, la diputada Tatiana Clouthier manifestó que en la actualidad ya no se necesita que los gobiernos sean afines en términos de partido para poder trabajar de la mano, para que les vaya bien o para que les vaya mal, pues depende de cuánto trabaje cada quien para ver si se avanza o no.

Por lo tanto, refirió, “esos lloriqueos de que dicen que ya no les dan, no es cierto, los recursos están ahí. La pregunta es: cómo vigilo que ese recurso les llegue a los municipios, porque no se vale llorar por arriba si no bajas el recurso a los municipios”.

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Monreal a Ebrard: “Ni se les ocurra firmar como tercer país seguro”

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, envió una carta al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la que le advierte que “ni se les ocurra firmar como tercer país seguro, porque el Senado no va a ratificar”.

En un comunicado, se informa que el también coordinador de Morena en la Cámara alta le informa al canciller que los Grupos Parlamentarios que ha consultado le han manifestado “su rotundo rechazo a que México se convierta en tercer país seguro”.

“Entiendo que Donald Trump esté endureciendo la política migratoria para forzar a México a que acepte ser tercer país seguro. No podemos aceptarlo, no lo vamos a admitir”, agregó.

“Por eso, desde ahora le hemos dicho al canciller que ni se les ocurra firmar como tercer país seguro, porque el Senado no va a ratificar”, advirtió.

México aceptó intensificar la detención de migrantes centroamericanos a cambio de que Estados Unidos no aplicara aranceles a sus exportaciones.

En las negociaciones, encabezadas por Ebrard, se pactó un periodo de 45 días, que luego se duplicó, para que México redujera el número de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos.

A finales de mayo, Washington comunicó su interés de que México suscribiera un acuerdo de tercer país seguro, para que se queden aquí los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.

Al respecto, Monreal recuerda que el gobierno mexicano intensificó los controles fronterizos y que, en los primeros 45 días de prueba, logró reducir en 40% los ingresos irregulares al país.

Sin embargo, explicó que en dado caso de que el gobierno federal cambie su postura y busque suscribir un acuerdo de esa naturaleza, el texto deberá ser sometido al Senado para su aprobación.

En ese caso, Monreal notifica a Ebrard que, “con toda contundencia”, el Poder Legislativo no avalará que México se convierta en tercer país seguro.

“De antemano, la Junta de Coordinación Política expresa su unidad en torno al rechazo absoluto de tal acuerdo, y quienes la conformamos aseguramos que ningún integrante de esta Legislatura emitirá un solo voto a favor de que México se convierta en un tercer país seguro”, puntualiza.

El legislador afirmó que envió ese mensaje también al Congreso de Estados Unidos. Es un mensaje a Donald Trump, a los republicanos y a los demócratas, finalizó.

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Ahumada impugna decisión del juez que le negó un amparo

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El empresario de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz, presentó un recurso de queja para impugnar la negativa de un juez federal para concederle medidas cautelares, en contra de la orden de detención que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) por los supuestos delitos de defraudación.

El pasado 13 de agosto, sólo unas horas después de que Rosario Robles Berlanga fuera enviada al penal de Santa Martha Acatitla, Ahumada Kurtz fue notificado que el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, encabezado por Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, desechó la solicitud de amparo 651/2019.

El empresario promovió el trámite de amparo buscando interpelar “actos dentro del juicio” que se desprenden de dos averiguaciones previas integradas por la FGR: la AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013 y su acumulada AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/47A/2014.

Se trata de un caso abierto entre los años 2013 y 2014, a raíz de las denuncias formuladas por Rosario Robles Berlanga en contra de Ahumada, a quien acusó de haber obtenido, con engaños, papeles con su firma, los cuales utilizó para atribuirle una deuda millonaria.

“Infórmese al juzgado homólogo que en acuerdo de siete de agosto de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente al haberse presentado de manera extemporánea, sin que a la fecha haya causado estado”, señaló la notificación.

A raíz de la negativa de Vargas Alarcón de otorgarle protección constitucional en contra de la orden de aprensión que se desprende de ambas investigaciones, interpuso su solicitud ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, en contra de “actos dentro del juicio”.

Mismo que fue iniciado a trámite este 21 de agosto.

Este fin de semana, tras ser detenido en Buenos Aires y después liberado ante la petición de un juez argentino, la FGR informó que, si bien Ahumada obtuvo su libertad por el delito de “defraudación fiscal” en otro expediente abierto, el procedimiento para su extradición continúa.

De acuerdo con la FGR, Ahumada no presentó su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2012, por lo que dejó de pagar más de un millón 400 mil pesos y, en ese sentido, hará uso de los 60 días de los que legalmente dispone para presentar la solicitud correspondiente para traerlo a México.

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