Otra ley del mundo feliz

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace unos días se publicó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la que junto con las de índole penal antigarantista, del Garrote, Bonilla y Educación por venir, forman las normas de un mundo feliz, que recuerda el de Huxley con los épsilon en mayoría controlada, el de Shakespeare en la Tempestad: “How beauteous mankind is! O brave new world”.

Esa ley reglamenta el artículo 22 de la Constitución Federal en lo referente a la materia de extinción de dominio. Tal artículo 22 dice que queda prohibida la confiscación de bienes, entre otras cosas, pero que no se considerará confiscación la aplicación de bienes a favor del Estado cuyo dominio se declare extinto por sentencia. No obstante reglamentar una parte de un artículo constitucional, hay bases para sostener que dicha ley de extinción de dominio, paradójicamente resulta en varios aspectos, contraria a la Constitución.

I

La institución jurídica de la extinción de dominio de bienes es caracterizada por tal ley reglamentaria, como decomiso de bienes; consiste en la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular, bienes que sean instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos tales como: delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, trata de personas, corrupción, encubrimiento, extorsión, delitos de servidores públicos, recursos de procedencia ilícita y  robo de vehículos.

Debe ser declarada la extinción de dominio conforme a lo establecido en la citada ley, por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los bienes.

Imaginemos el caso de una persona que dé en comodato un bien a otra, o el de un arrendador que rente un bien inmueble a un tercero, y que en dicho inmueble se lleven a cabo presuntos hechos ilícitos de índole penal, como los señalados en la ley aquí comentada, entonces dicho inmueble podrá ser objeto de la acción de extinción de dominio, afectando al arrendador de buena fe que no tiene nada que ver con el presunto ilícito, que además está aún pendiente de ser acreditado en el procedimiento penal respectivo.

Señala la citada ley, que la extinción de dominio es un procedimiento eminentemente civil, pero en realidad tiene estrechas vinculaciones con la vertiente penal, en virtud de que el procedimiento parte de hechos ilícitos de carácter penal, y es iniciado por el Ministerio Público.

Uno de los elementos de la acción de extinción de dominio es la existencia de hechos ilícitos; es decir, para que proceda la acción según la ley, debe estar acreditada la existencia de los mismos por sentencia que determine la responsabilidad penal de quien perpetró el hecho ilícito. Sin embargo, en otra parte de la misma ley, se dice otra cosa, como veremos más adelante.

Los otros elementos de tal acción son: la existencia de un bien de origen o fin ilícito, el nexo causal entre la existencia del hecho ilícito y la del bien, y el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular, acerca del destino del bien y su vinculación al hecho ilícito, o acerca de que dicho bien sea producto del ilícito.

Este elemento de conocimiento “que deba haber tenido” es muy relevante, junto con la obligación de acreditar la legítima procedencia del bien, pues ambos trastocan uno de los pilares del derecho civil consagrado en el artículo 798 del Código Civil Federal, que a la letra dice: “la posesión da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales”.

De ahora en adelante esa presunción de licitud queda desterrada. Y así cada titular de un bien mueble por ejemplo, debe asumir el papel de investigador de la licitud del origen del mismo en una cadena sin término, lo cual es una aberración por no corresponder tal función al ciudadano libre. Se genera un ambiente generalizado de sospecha que vulnera el ambiente de libertad que debe prevalecer en una sociedad democrática.

II

El artículo 14 de tal ley reglamentaria, es uno de los más criticables. Establece que la acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional, siempre y cuando existan fundamentos sólidos y razonables que permitan inferir la existencia de bienes cuyo origen o destino se enmarca en las circunstancias previstas en la ley de extinción de dominio.

Ese artículo 14 antes mencionado, contradice lo establecido en el artículo 9,i) de la misma ley, al señalar la necesidad de que exista el hecho ilícito, y para que exista es necesario por lógica elemental, que el juez penal así lo haya determinado, declarando en sentencia: que la conducta respectiva encuadra en la descripción del delito, que es antijurídica, y que el sujeto es culpable.

Pero lo más grave es que dicho artículo 14, viola el artículo 22 de la Constitución al que supuestamente reglamenta, pues éste, reformado en marzo del año en curso, no establece que la acción de extinción de dominio pueda ejercitarse aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal respectiva.

Antes de la reforma de marzo al citado numeral 22 constitucional, sí se establecía la posibilidad de ejercitarla, aun cuando no se hubiera determinado dicha responsabilidad penal, en contradicción, no obstante, con otro artículo de la Constitución, el 20, que consagra la presunción de inocencia.

Pero tal posibilidad se eliminó por fortuna, insisto, en la reforma de marzo de 2019. En consecuencia, debe interpretarse que el artículo 22 constitucional reformado, permite el ejercicio de la acción de extinción de dominio hasta en tanto esté determinada tal responsabilidad, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia. Por ello, hay bases sólidas para afirmar que dicha ley de extinción de dominio, es inconstitucional al violarse la presunción de inocencia.

El artículo 15 de la ley comentada, establece que la buena fe se presume en la adquisición y destino de los bienes (conforme al principio de derecho civil consagrado en el artículo 798 del Código Civil federal antes citado), pero a continuación el mismo artículo señala que la parte demandada, titular del bien o la afectada, deben acreditar a través de un sinnúmero de elementos, la procedencia y destino lícitos del bien. Ello equivale a que dicha presunción de buena fe sea en realidad, letra muerta. En consecuencia, el contenido de este artículo es contradictorio y, por ende, absurdo.

Por otro lado, el artículo 16 de la ley, último párrafo, premia la delación de informantes que colaboren con el Ministerio Público durante la etapa de preparación de la acción de extinción de dominio. Esto es algo grave y se puede prestar a abusos en perjuicio de terceros de buena fe, propietarios de bienes. La delación no es propia de regímenes democráticos.

III

El artículo 35 de la citada ley, establece la abolición de las “antiguas fórmulas” de las sentencias. Ahora bastará, dada la manera en que está redactado, con fundarlas en artículos de las leyes, pero sin necesidad de que haya en los resolutivos, congruencia entre fundamentación y motivación. Y esa congruencia es clave en una sentencia que pretenda ser racional. Por esta razón, se vulnera el espíritu del artículo 16 de la Carta Magna.

Finalmente cabe decir, que los artículos 227 a 230, autorizan en ciertos casos -como por ejemplo, cuando su administración cause perjuicio al erario-, la venta y disposición anticipada de los bienes sujetos al procedimiento de extinción de dominio, ¡sin que haya todavía sentencia de extinción de dominio del bien! Esta disposición por obvias razones, se presta a múltiples abusos. Hay bases para sostener que estos artículos son inconstitucionales por violarse el mencionado artículo 22 que no prevé tal autorización, el 27 constitucional que consagra el derecho de propiedad, y el 14 y 16 por razones de legalidad.

En conclusión, el contenido de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada el 9 de agosto pasado, en partes muy relevantes, es contrario a principios y normas constitucionales y legales de rancia tradición, afectando derechos humanos básicos de los ciudadanos. Es de esperarse que se corrijan esos vicios de la ley para bien de la nación y su derecho. Ojalá que el maestro Elisur Arteaga Nava, constitucionalista de prestigio que escribe para Proceso, se sirva ahondar en estos temas jurídicos y de mundos felices.

Dedico este artículo a mis jóvenes y talentosos alumnos universitarios que cursan el primer semestre de derecho, y a los que doy la clase de “Sociedad, Derecho y Estado”, a la luz de lo escrito por Paolo Grossi, brillante jurista.

 

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