Pobladores de Atenco buscan detener la obra del Nuevo Aeropuerto con acciones legales

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Un tribunal colegiado solicitó a un juez federal que reponga y amplié un peritaje antropológico y ambiental con el cual pobladores de Atenco, Estado de México, pretenden detener la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

El 8 enero de 2015, vecinos de Atenco e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que en 2002 se opusieron a otro proyecto de aeropuerto en el Lago de Texcoco y en 2006 sufrieron una represión policiaca que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), interpusieron un amparo ante un juez federal en Nezahualcóyotl para detener la construcción del Nuevo Aeropuerto, donde reclamaron que las autoridades federales no respetaron sus derechos como pueblos originarios de la zona y no se les consultó para la implementación de la obra.

Al revisar el caso, el 27 de junio de 2017, el juez sobreseyó la petición y negó el amparo a los pobladores, al considerar que éstos no comprobaron que pertenecieran a una “comunidad indígena”.

Los pobladores, sin embargo, se inconformaron ante un tribunal colegiado, quien ordenó que se repusiera y ampliara un peritaje antropológico.

En su resolución, el Segundo Tribunal Colegiado de Nezahualcóyotl determinó que la juez que negó el amparo “debió haber ordenado que la prueba pericial en materia antropológica se desahogara con la finalidad de verificar si esos pueblos gozan de la calidad de originarios, y si son equiparables a un pueblo o comunidad indígena”.

Además, los magistrados del Tribunal “consideraron que era suficiente con que las tradiciones se conservaran solo en parte y, sobre todo, que era fundamental que los habitantes de un lugar se consideraran a sí mismos un pueblo originario”, por lo que le ordenó a la juez reponer el procedimiento y ampliar el peritaje antropológico para ver si se podía considerar una comunidad equiparable, explicó Sandino Rivero, abogado de los pobladores de Atenco.

¿Qué es una comunidad equiparable?

De acuerdo con el abogado de los pobladores, nunca antes se había discutido cómo darle a alguien esta categoría para concederle los mismos derechos que a los pueblos indígenas, que tampoco están perfectamente definidos, porque independientemente de si hablan lengua indígena, se les reconoce si mantienen instituciones culturales y sociales propias de la región.

El amparo, entre otras cosas, reclama que el megaproyecto aeroportuario violenta los derechos a un medio ambiente sano, salud y acceso a agua de “los pueblos originarios asentados en la zona de implementación”, a quienes nunca se les consultó sobre la obra.

Ante eso, se mandaron a hacer tres pruebas periciales: una antropológica para determinar si los atenquenses pertenecen a un pueblo originario; segundo, si realmente la obra afecta el lugar donde viven; y por último, sobre impactos al medio ambiente.

“Desde el principio vino el choque de posturas”, explicó Sandino Rivero. Hubo un peritaje oficial del poder judicial, uno elaborado por el FPDT, otro por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y uno más por el Grupo Aeroportuario. Aunque todos reconocieron elementos como la siembra histórica de maíz y frijol, la caza de especies en el extinto Lago de Texcoco, ceremonias religiosas antiguas y la existencia de lugares de patrimonio prehispánico, los peritos de la SCT y el Grupo Aeroportuario aseguraron que se estaba perdiendo el arraigo y la cultura tradicional, y la jueza decidió validar esos últimos argumentos para concluir que no eran originarios.

“En un sentido antropológico, es posible decir que las comunidades equiparables son comunidades históricas en la medida en que su población reconoce la necesidad de organizarse colectivamente y brindarse apoyo mutuo para preservar sus valores y garantizar un futuro para los integrantes de la comunidad, criterio que cumplen las comunidades que habitan en la región cultural del vaso del Lago de Texcoco”, concluyó un nuevo peritaje elaborado hace dos meses, de acuerdo con Rivero.

Lo único que falta para que se dicte una nueva resolución de amparo solicitada por los pobladores de Atenco, son los peritajes sobre los efectos ambientales que tendrá el nuevo aeropuerto. Y es que cuando la jueza rechazó el caso por considerar que no eran indígenas, decidió que no se hicieran los estudios.

Una consulta obligatoria

De ser finalmente aceptado el amparo, el objetivo del FPDT es que se cancele la obra. Pero Rivero es consciente de que al haber pasado tres años –y los meses que se acumulen si el gobierno y el Grupo Aeroportuario se inconformen y acudan a otra instancia– complica esa opción.

 “Lo que puede pasar legalmente hablando, porque la ley de amparo da esa posibilidad, es un cumplimiento sustituto del amparo. Un cumplimiento sustituto, en pocas palabras, es indemnización, cuando las cosas ya van muy avanzadas, materialmente es mayor la pérdida o es imposible echar para atrás algo, lo que te dice la ley es: tienes razón, pero ya no se puede echar para atrás. Eso podría pasar también, es real”, admitió el abogado.

El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante toda la campaña que había que cancelar la obra, aunque luego se dijo dispuesto a revisarla para comprobar si realmente es viable técnica y financieramente. Su equipo de transición, que tiene como propuesta para futuro secretario de Comunicaciones y Transportes a Javier Jiménez Espriú, ha comenzado a organizar equipos de trabajo para esta revisión.

A finales de julio, pobladores de Atenco y su representante legal (Sandino Rivero) se reunieron con Jiménez Espriú para pedirle ser incluidos en los grupos de trabajo y que, independientemente de los foros que se hagan, no se tome una decisión sin considerarlos.

Por el reconocimiento que ya se les otorgó como pueblos originarios, tendría que organizarse una consulta entre habitantes de la zona, de acuerdo con Rivero, quien sostiene que es un derecho que tienen las comunidades, pero que tampoco está reglamentado. Se trata de una consulta distinta a la propuesta por López Obrador.

“No tenemos muy claro sobre cómo sería esa consulta. Pero es muy diferente a la consulta que nosotros estamos impulsando mediante el amparo, porque aquí es una consulta como un derecho constitucional y establecido en tratados internacionales. Y que además tiene que tener el carácter de vinculante”, explicó Rivero.

El FPDT espera que en cualquier momento se manden a hacer, ahora sí, las pruebas periciales en materia ambiental y confían en que les darán la razón, ya que aunque las casas del pueblo de Atenco están un poco más alejadas del aeropuerto, sus tierras ejidales sí se verán afectadas por el perímetro del proyecto, como ya les afectó también la construcción de carreteras que están atravesando entre ambas zonas.

Con todas las pruebas, Rivero calculó a más tardar los primeros meses de 2019, ya con una nueva administración federal, la jueza tendrá que dar una respuesta a su amparo. En caso que éste no sea favorable, adelantó el abogado, acudirán hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir luchando por sus derechos.

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