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Por desaparición forzada en NL, sentencian a 22 años de prisión a cinco efectivos de la Semar – #Noticias

marzo 7, 2020
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Por desaparición forzada en NL, sentencian a 22 años de prisión a cinco efectivos de la Semar – #Noticias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cinco efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), entre ellos un capitán, fueron sentenciados a 22 años de prisión por la desaparición forzada de un joven en Colombia, Nuevo León, luego de más de seis años de ocurridos los hechos.

El 3 de agosto de 2013, Humberto del Bosque Villarreal fue detenido por los marinos después de denunciar que fue amenazado por un vecino armado. La detención fue presenciada por su padre, Humberto del Bosque Gutiérrez.

Del Bosque Villarreal fue localizado sin vida el 3 de octubre de 2013, tras la búsqueda constante de su padre.

La sentencia sería la primera en su tipo relacionada con hechos de desaparición forzada atribuidos a personal de la Semar y la primera de los 45 casos de este tipo documentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de 2011 a 2018, puntualizó el presidente de esa organización, Raymundo Ramos Vázquez, quien en conferencia de prensa acompañó al padre de la víctima.

Los marinos implicados –detenidos el 10 de marzo de 2016– son el capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada, Renato Juárez Arellanes, Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, quienes se encuentran recluidos en la prisión del Campo Militar Número Uno.

Humberto del Bosque recordó que presenció la detención de su hijo a manos de Sánchez Labrada, quien después negó tenerlo, pese a que se comprometió a liberarlo.

Destacó que durante el largo proceso judicial perdió salud y parte de sus propiedades para solventar los gastos del litigo, además de que se vio obligado a desplazarse de su comunidad ante las amenazas constantes de personal de la Marina para que se desistiera de las acusaciones.

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“Apenas es la mitad de avance porque todavía falta que se consigne el caso por homicidio calificado, y una vez que se castigue a los responsables podremos hablar de que ha sido cumplida la misión”, dijo el padre de la víctima.

La relevancia de la sentencia por desaparición forzada, abundó, “es de gran relevancia para los familiares de personas que fueron desaparecidas forzadamente”, por lo que pidió al Poder Judicial mantener firme la sentencia en primera instancia.

“Los inculpados tienen derecho a apelar la sentencia, lo cual seguramente harán, pero la sentencia está muy bien sustentada, por lo que pediríamos que no se acepte la apelación, sino que se quede firme para que quede un precedente para otros casos similares”, puntualizó Del Bosque.

Además de condenar por 22 años a los marinos, la sentencia los destituye de su cargo y los inhabilita por 10 y seis años para desempeñar cualquier cargo público, y deben pagar una indemnización económica de poco más de 300 mil pesos.

También incluye medidas de satisfacción, como la atención médica y psicológica a los padres del joven desaparecido y asesinado; ordena a la Secretaría de la Marina que “realice una declaratoria oficial en la que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima directa, así como de las personas vinculadas a ella, seguida de una disculpa pública –de la dependencia y de los sentenciados– que incluye el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades”.

Asimismo, se ordena al presidente municipal de Anáhuac, Nuevo León, donde se encuentra la comunidad de Colombia, que “realice actos que conmemoren el honor de Armando Humberto del Bosque Villarreal y preserven su memoria” a través de “un monumento en la plaza principal del poblado de Colombia, o cambiar la nomenclatura de una calle por el nombre del hoy occiso, como acto de preservación de su memoria, misma que deberá permanecer a perpetuidad como testimonio de la responsabilidad de los agentes del Estado en la comisión del delito de desaparición forzada y tutelarlo por la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León”.

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Como medidas de no repetición, la sentencia obliga a la Semar a destinar “una partida presupuestal para capacitación de todos los elementos castrenses o su mando en materia de derechos humanos”, y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) “realice todas las gestiones para dar cumplimiento” a lo instruido por el juzgado al que tendrá que notificar de los avances.

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