#Publicidad #Oficial #desigual #discrecional
Por: Paulina Castaño y Ricardo Reyes
El segundo año de la administración del actual gobierno no tuvo cambios notables en materia de publicidad oficial. A pesar de que el gasto ha sido menor, ejerciendo una quinta parte de lo que Enrique Peña Nieto gastó en su segundo año de gobierno, persisten malas prácticas como la concentración del gasto en pocos medios de comunicación, la falta de reglas claras en la distribución de la pauta y el ejercicio del gasto en los últimos meses del año fiscal, sobre todo en el mes de diciembre.
El presupuesto aprobado para publicidad oficial en 2020, según el Sistema de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública, fue de 2 mil 452 millones de pesos, de los cuales se ejerció el 91%, es decir, 2 mil 248 millones pesos. Si bien, esto puede considerarse algo positivo, en realidad las irregularidades continúan.
Una de las malas prácticas es la concentración de la publicidad en unos cuantos medios. En 2020, de los 457 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial, más del 52% de los recursos los concentraron 10 medios, entre los que destacan Televisa, TV Azteca y La Jornada, que suman un total de 26.5%. El 48% restante se distribuyó entre 447 medios. Esta repartición no es equitativa y responde a una ausencia de criterios claros.
Respecto a este último punto, otra mala práctica ha sido la falta de reglas claras e idóneas en la distribución del gasto en publicidad oficial, que sólo se resolverá si existe voluntad política para regularla de manera adecuada. Pese a que existe una Ley General de Comunicación Social, la asignación de la publicidad oficial se realiza de manera desigual y en la discrecionalidad. Este es uno de los grandes pendientes en la agenda de la administración del presidente López Obrador que debe atenderse, de lo contrario seguirán las repercusiones en el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.
En cuanto a las instituciones de gobierno que más recursos en publicidad oficial ejercieron en 2020, destacan el Instituto Mexicano del Seguro Social, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Federal de Electricidad, que ocupan los 5 primeros lugares, concentrando más del 70% de la totalidad de los recursos, lo cual detalla una mala planeación y estrategia de comunicación social, sobre todo en año de pandemia.
Finalmente, se mantuvo la mala práctica en el ejercicio del gasto durante los últimos meses del año, lo que se conoce como el “gasto decembrino”. Para 2020 vemos que el 69% del gasto anual de publicidad oficial se ejerció en el mes de diciembre. Mientras que en el primer semestre del año se ejerció únicamente el 2.6% del total. Esto responde a una mala planeación, programación y ejecución de los recursos públicos asignados a la publicidad oficial, y sobre todo a la falta de una regulación adecuada.
La administración del presidente López Obrador no ha realizado cambios sustanciales en materia de publicidad oficial. Todavía sigue pendiente la resolución de tres acciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el partido Movimiento Ciudadano y un grupo de senadores y senadoras en contra de la actual Ley General de Comunicación Social. Asimismo, sigue pendiente la resolución del amparo en revisión 308/2020 presentado por Artículo 19 en contra de la mencionada ley.
* El texto fue realizado por Paulina Castaño de @FundarMexico y Ricardo Reyes de @ARTICLE 19 MX-CA, como parte del proyecto de @PubliOficial, en el que ambas organizaciones monitoreamos la asignación de recursos en materia de #PublicidadOficial y su impacto en la libertad de expresión.
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