La “superdelegación” Jalisco, una estructura de nepotismo

Aviadores - La “superdelegación” Jalisco, una estructura de nepotismo

En Jalisco los superdelegados de la Cuarta Transformación van de pifia en pifia: Carlos Lomelí dejó el cargo el pasado 12 de junio inmerso en el escándalo; su sustituto, Armando Zazueta Hernández, en mes y medio de gestión es señalado por varias tropelías, pero sobre todo por nepotismo, una práctica muy generalizada en la nómina de los Servidores de la Nación en esa entidad. Al parecer, en Jalisco el mensaje anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador aún no llega.  

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Creadas en la actual administración para evitar el exceso ­burocrático y la intermediación en la entrega de apoyos sociales, las Coordinaciones ­Estatales de Desarrollo empiezan a registrar los primeros casos de corrupción, pero ninguna como la llamada “superdelegación” en Jalisco, hasta ahora la más emblemática de la descomposición.

Su episodio más reciente es una red de nepotismo: el superdelegado Armando Zazueta Hernández, designado apenas el pasado 15 de agosto –aunque inició sus actividades públicas hasta el 1 de septiembre– es la cabeza de una estructura plagada de parientes y amigos, tanto en los cargos de decisión como en la asignación de plazas y apoyos económicos.

La relación más destacada en la asignación de plazas en la entidad es en la nómina de Servidores de la Nación, en la cual figura Ivón Guadalupe Mercado Baena, pareja de Zazueta Hernández.

El presidente Andrés Manuel López Obrador apostó la operación gubernamental a las superdelegaciones, un cargo creado para eliminar las delegaciones que cada dependencia tenía en cada entidad federativa y con ello ahorrar por adelgazamiento burocrático; si bien hasta ahora su papel se ha concentrado en las políticas sociales.

Mediante los llamados Servidores de la Nación –en los hechos operadores de programas en campo– hay denuncias particularmente del PRD sobre ese ejército de operadores porque, dicen los perredistas, promueve la imagen del mandatario con fines electorales, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene abierto un expediente, según se dio a conocer el pasado 26 de septiembre.

El uso electoral de las superdelegaciones ha sido un señalamiento constante contra el gobierno de la Cuarta Transformación debido a que en la mayoría de las entidades se designó a excandidatos a gubernaturas y operadores electorales.

El asunto más escandaloso era el de Jalisco, donde el empresario y político Carlos Lomelí Bolaños –quien en 2018 fue candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia– fungió como subdelegado hasta el 12 de julio pasado.

Empresario destacado en el sector farmacéutico y proveedor gubernamental del ramo, Lomelí Bolaños fue exhibido en un reportaje de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Al principio la información fue desestimada por el presidente López Obrador; no obstante, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció una amplia investigación contra sus empresas y su personal.

La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer en la conferencia presidencial matutina del 15 de julio que Lomelí y varios de sus colaboradores pudieron incurrir en responsabilidades administrativas, por lo que abrió la investigación.

Tres días antes Lomelí había renunciado al cargo. No se dio a conocer su relevo sino hasta el 1 de septiembre, cuando los diarios jaliscienses informaron que Armando Zazueta despachaba como superdelegado desde el 16 de agosto.

A mes y medio de asumir el cargo, se sabe que en la estructura de Zazueta hay nepotismo y otras probables irregularidades.

Una consulta al portal Nómina Transparente de la SFP permite observar que Ivón Guadalupe Mercado Baena está en la nómina en la subdelegación Tonalá, tiene un salario bruto de 10 mil 217 pesos mensuales, que es lo que perciben los empleados de Servidores de la Nación.

En la misma subdelegación figura en nómina María Baena Torres, madre de Ivón Guadalupe, con un sueldo similar: se trata de que, como su hija, tiene un salario neto de 8 mil 173 pesos.

Ahí mismo, Carlos Alberto Baena Muñoz, primo hermano de Ivón Guadalupe, cobra también un salario similar.

Nepotismo morenista

En sólo 10 meses de la presente administración, en la Coordinación Estatal de Programas para el Desarrollo en Jalisco se consolidaron los esquemas de beneficios y prebendas aun cuando el presidente López Obrador aseguró que no perdonará ni a sus parientes, amigos ni antiguos colaboradores o simpatizantes.

En Jalisco ese mensaje no ha llegado. Pese a la sustitución de Lomelí Bolaños por Zazueta Hernández, en la mayor parte de la estructura estatal perduran las antiguas prácticas corruptas.

En la subdelegación Tonalá, que depende del superdelegado Armando Zazueta y donde se identificó en la nómina a Ivón Guadalupe Mercado Baena, la encargada es María Elizabeth Flores Vázquez, quien, según la revisión realizada por Proceso a Nómina Transparente, se ubica en el mismo caso que su superior inmediato:

Bajo el mando de Flores Vázquez, sus primos Édgar Alejandro Flores Guzmán y Antonio Flores Salmerón forman parte de los Servidores de la Nación.

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En la misma subdelegación tonalense Antonia Araujo Jasso fue designada coordinadora administrativa. En la nómina municipal su hermana Angélica también está en la nómina de los Servidores de la Nación.

En Autlán, donde el subdelegado es Marco Tulio Rosas Romero, cónyuge de Flores Vázquez, están las hermanas Elucinda y María Isabel Flores González, primas de la superdelegada tonalense.

En sus redes sociales la pareja de morenistas subió una fotografía de perfil de cuando él era diputado federal por el distrito 18 y ella por el distrito 7 de Jalisco.

Tulio Rosas –como se hace llamar en sus aventuras electorales– también incluyó en la nómina de Servidores de la Nación a sus primas María del Rosario Ríos Rosas y Silvia Karina Romero Torres, según la información consultada en Nómina Transparente.

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Sin embargo, la subdelegación Región Zapotlán, dependiente también de Zazueta, es la que cuenta con más familiares en la nómina. Al frente de la representación federal está Clara Cárdenas Galván, también morenista y excandidata a diputada federal.

Ahí colocó sus hermanos Antonio Ramón y Rosalía de las Nieves Cárdenas Galván; a sus sobrinos Ana Mariela de la Cruz Cárdenas, Felipe de Jesús y Sergio Elizondo Torres, Víctor Cárdenas Rodríguez y Benito Cárdenas Morán, así como Claudia Patricia Sedano Cárdenas, quien salió en junio pasado, cuando la SFP inició las investigaciones al superdelegado Carlos Lomelí.

Ese mes otros parientes de Clara Cárdenas salieron de la nómina: su cuñado Vicente Barreto Gallardo y su concuña Rosalva Muñiz López.

En el caso de la subdelegación de la Región Tlajomulco, Rosa María Cardona Alegría –la morenista que el año pasado acompañó como suplente a la hoy diputada Verónica Ramos Cruz–, tiene un solo familiar: su hijo Edwin Jonathan Cardona Alegría en la nómina de los Servidores de la Nación. Cobra 8 mil 173 pesos netos al mes por trabajar con los pobres. Esa suma contrasta con los lujos y viajes que presume con frecuencia en sus cuentas de redes sociales. Entre abril y junio viajó dos veces a Cuba, una a Cancún y otra a Las Vegas. No hay registro de que haya dejado de cobrar en ese periodo.

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El breve rastro de Zazueta

Los rastros profesionales de Armando Zazueta en la actividad pública son escasos. Una búsqueda simple permite observar que en diciembre de 2018 fue contratado como auxiliar por Alejandro Esquer Verdugo durante una quincena.

El contrato, transparentado por prestación de servicios en Morena, como auxiliar tiene una particularidad: está fechado el 16 de diciembre de 2018 e identifica a Esquer en su calidad de secretario de Finanzas del partido. No obstante, según su declaración patrimonial, en esa fecha Esquer tenía dos semanas desempañándose como secretario particular del presidente López Obrador.

El contrato con Morena fijaba fecha de terminación de la relación laboral al 31 de diciembre de 2018, así se ganó 18 mil 440 pesos en una quincena. Un día después, el 1 de enero de este año, Zazueta Hernández ya era director de área, especializado en temas de Transparencia, dentro de la Secretaría del Bienestar en la sede central de la Ciudad de México.

Aunque su designación como superdelegado es pública desde hace un mes, en el portal de Servidores Públicos de la SFP no hay cambios en su desempeño como funcionario en la Secretaría de Bienestar, donde su sueldo es de 41 mil pesos mensuales. Sin embargo, Nómina Transparente lo tiene ya como superdelegado con ingreso bruto superior a los 122 mil pesos y neto por 85 mil 145 pesos al mes.

En Declaranet, según los datos expuestos por el propio Zazueta su trayectoria es la siguiente:

De 2004 a 2005 fue “promotor cultural” en la delegación Azcapotzalco; de octubre a diciembre de 2006 fue “gestor” en el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México; de 2008 a 2018 fue responsable de “enlace administrativo” en la Secretaría de Organización de Morena.

En esa secretaría Zazueta Hernández trabajó bajo las órdenes de José Alejandro Peña Villa –quien actualmente es senador–. Asumió el cargo por ser suplente de Gabriel García Hernández y por formar parte del equipo que trabajó en Morena desde antes de que obtuviera su registro como partido político

Con respecto a Gabriel García Hernández, el coordinador general de Programas de Desarrollo, sus datos son escasos. En su declaración patrimonial sólo expone haber sido senador entre agosto y noviembre de 2018. En el Sistema de Información Legislativa quedó registrado que al menos desde 2012 se desempeñó como secretario de Organización de Morena.

Con respecto a Peña Villa, actualmente es “enlace” del comité nacional de Morena en Jalisco.

Relacionado con algunos de los hombres más cercanos al presidente López Obrador, como lo son su secretario particular Alejandro Esquer y el jefe de los superdelegados García Hernández, Zazueta ya enfrenta las primeras acusaciones.

El pasado 13 de septiembre, los subdelegados Leonel Olaf Guzmán Flores, en Tequila; Luis Armando Vargas Prado, en Mascota; Blanca Olivia Vargas Mendoza, en Zapopan, y María de Jesús Padilla Romo, en los Altos, enviaron una carta al presidente López Obrador, con copia a los secretarios de Bienestar, María Luisa Albores, y de Educación, Esteban Moctezuma, así como al INE, a los órganos internos de control de distintas dependencias y a la Fiscalía General de la República, en la que denuncian la gestión de Zazueta.

Entre los señalamientos, destacan que, por órdenes de Zazueta, fueron presionados para firmar una carta solicitando la destitución de Venecia Castañeda Rodríguez, responsable de las Becas del Bienestar en Jalisco, por actos de corrupción, sin que se les permitiera leer el contenido de la misiva ni contarles las acusaciones mencionadas.

También atribuyeron a Zazueta “actos denostativos y discriminatorios” en público, así como de haber creado la figura de “auxiliares”, cuyo papel es actuar con atribuciones de subdelegados sin que exista norma en la que se base su desempeño.

La carta añade: “Es importante hacer notar que el delegado Armando Zazueta, desde su llegada, ha estado buscando posicionar diversas personas en puntos estratégicos para obtener un beneficio electoral y de estructura con fines netamente político electorales”.

Mientras las acusaciones trascendían, por los subdelegados inconformes y el señalamiento de colocar operadores electorales en áreas estratégicas, el 27 de septiembre, Zazueta envió el oficio S8/DEPD/1972/2019, en el que advertía a los subdelegados sobre las disposiciones establecidas en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, citando cada precepto.

Y añadió, como si las disposiciones apenas fueran a entrar en vigor: “Por lo tanto, a partir del mes de octubre del presente año, se les hace girar la instrucción de no tener familiares contratados en nuestras regiones, esto con la finalidad de no incurrir en dichas faltas administrativas que pudieran generar un delito”.

Hasta el cierre de edición todos los mencionados seguían activos en el portal Nómina Transparente de la SFP.

Este reportaje se publicó el 6 de octubre de 2019 en la edición 2240 de la revista Proceso

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