Preso político oaxaqueño clama justicia: 25 días de huelga y contando

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo se cumplen 25 días de que Miguel Ángel Peralta Betanzos, preso político de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, inició una huelga de hambre con el objetivo de que se haga justicia luego que fue sentenciado a 50 años de prisión y la reparación del daño por 154 mil pesos.

Según su defensor legal, Roberto López Miguel, integrante del colectivo Los Otros Abogadoz, Peralta Betanzos no cometió el delito por el que lleva preso cuatro años con cinco meses: homicidio calificado y tentativa de homicidio.

En una carta enviada a proceso.com.mx, Miguel Ángel, quien espera una nueva sentencia, denunció que el plazo para ese fallo ya fue rebasado el jueves 10 de octubre y que el juez del Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez se comprometió verbalmente a que resolvería y no cumplió.

El viernes 11 decidió romper con su otra huelga: la de silencio, que inició desde el 12 de septiembre anterior. No así la de hambre.

El huelguista fue detenido el 30 de abril de 2015 en la Ciudad de México. Desde entonces está recluido en el Penal de San Juan Bautista Cuicatlán.

El 26 de octubre de 2018 recibió una sentencia de 50 años, pero fue revocada tras la resolución de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al encontrar violaciones en su proceso jurídico y ordenar al juez encargado del Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez, realizar de nueva cuenta la audiencia final de Miguel Ángel, para que estuviera presente.

Originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Miguel Ángel es miembro de la Asamblea Comunitaria y defensor de la organización interna, el territorio y los derechos de los indígenas.

La audiencia final de su caso se habría programado para el 12 de septiembre, luego para el 19 del mismo mes, por lo que Peralta Betanzos decidió declararse en huelga de hambre a partir de ese entonces.

Día con día su salud se deteriora, pues solo ingiere líquidos como sueros, agua y miel.

En el Juzgado, el defensor comunitario reiteró ante el juez Modesto Isaías Santiago Martínez que tomarán en cuenta todas las pruebas en su defensa, los análisis jurídicos realizados por ONG’s y las nueve resoluciones jurídicas que han dado la libertad a otros procesados por la misma causa penal.

El abogado Roberto López Miguel dijo que, al haber agotado su proceso jurídico, Peralta Betanzos ejerce presión con su huelga para llevar una pronta, objetiva, expedita e imparcial sentencia, la cual, sostuvo, si es apegada a los criterios nacionales e internacionales, tendría que ser inminentemente de libertad.

Aseguró que las declaraciones y testimonios de los seis testigos de cargo, las únicas pruebas presentadas por la diputada Elisa Zepeda Lagunas, presidenta de la Comisión de Justicia del actual Congreso de Oaxaca y quién es la principal denunciante en el expediente 02/2015, han sido debidamente desvanecidas y controvertidas, ya que no cumplen con los requerimientos legales para otorgarles valor probatorio, se contradicen y no comprueban la participación de Peralta Betanzos en ninguno de los dos delitos que le imputan.

Peralta Betanzos es uno de los ocho presos políticos de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, municipio que se rige por el Sistema Normativo Interno, que ha sido criminalizado por defender su organización comunitaria, su territorio y estar en contra de grupos caciquiles y la intervención de partidos políticos en su comunidad, razón por la que se le fabricaron dos delitos y actualmente se encuentra preso.

La denunciante

La principal denunciante de Miguel Ángel Peralta Betanzos es la diputada Zepeda Lagunas, a quien le suspendieron sus derechos partidarios por seis meses por falta de honestidad.

Esta sentencia se dictó el 31 de mayo de 2019, de acuerdo con el Expediente CNHJ-OAX-829/18 que contiene la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, del cual proceso.com.mx tiene copia.

Zepeda Lagunas fue sancionada junto a Magaly Domínguez, Horacio Sosa Villavicencio, Timoteo Vázquez Ruiz, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Elena Cuevas Hernández, Fredie Delfín Avendaño, Rocío Machuca Rojas, Emilio Joaquín García Aguilar, Karina Espino Carmona, Alejandro López Bravo, Laura estrada Mauro, Gloria Sánchez López, Mauro Cruz Sánchez, Migdalia Espinosa Manuel y Juana Aguilar Espinosa, todos diputados locales de Morena.

Esta decisión fue tomada porque estos diputados violaron los estatutos de Morena al reunirse con legisladores de otros partidos para imponer al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Estado de Oaxaca.

Los quejosos narraron que el 12 de noviembre de 2018 habían sido convocados por el diputado Ericiel Gómez Nucamendi para una reunión que se realizó en el restaurante de un hotel donde también estaban presentes el senador Salomón Jara Cruz, el exrepresentante de Morena ante el Consejo local del INE, Flavio Sosa Villavicencio, y los exdiputados José de Jesús Romero López y Paola Gutiérrez Galindo, así como el encargado de la estructura de Morena, Rey Morales.

Ellos, se indicó en la resolución como relatoría de hechos, habían persuadido a estos diputados para designar como coordinadora del grupo parlamentario a la diputada Laura Estrada Mauro, “sin importar las aspiraciones de los demás”.

En cita textual, señaló que la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, les dijo: “Háganle como gusten, de todas maneras, nosotros ya presentamos nuestra acta, designando a la coordinadora desde el día jueves 8 de noviembre”, es decir, previo a la reunión con el dirigente nacional de Morena.

Al día siguiente, 13 de noviembre, acusaron a la diputada Laura Estrada Mauro, de manera unilateral “y de forma intransigente”, se reunió en privado con el diputado priista Alejandro Avilés Álvarez, “con motivo de la presunta discusión de acuerdos para integrar la Mesa Directiva del pleno del Congreso”.

Se dedicaron a investigar y descubrieron que Estrada Mauro solo fue testigo de que la diputada Paola Gutiérrez Galindo realizaba acuerdos, a nombre del grupo parlamentario, con Avilés Álvarez y permitió las presiones y manipulaciones de un grupo de Morena, encabezado por el senador Salomón Jara Cruz.

El 14 de noviembre, 25 diputados locales firmaron un acta de constitución del grupo parlamentario de Morena, donde se establecía que la elección del coordinador debería ser consensuada y que existiría un vicecoordinador.

“En ese día nos enteramos con sorpresa, nos enteramos que la Mesa Directiva convoca, de manera ilegal, a una sesión ordinaria para la declaratoria de la constitución de los grupos parlamentarios dentro del Congreso del Estado de Oaxaca y en la sesión nos enteramos que, incumpliendo con los acuerdos y haciendo uso de documentos falsos donde no constan las firmas de los nueve suscribientes, constituían los diputados afines al senador Salomón Jara Cruz, un grupo parlamentario de Morena (…) y eligieron de forma ilegal, como coordinadora, a Laura Estrada Mauro”, indicaron.

La queja la presentaron el 21 de noviembre de 2018, justo el día de la segunda sesión ordinaria del congreso local, donde se mencionó que Estrada Mauro era la coordinadora y su nombramiento contaba con la rúbrica del diputado y delegado nacional de Morena, Ericiel Gómez Nucamendi.

Los seis meses de suspensión de sus derechos partidarios se cumplen en diciembre. Mientras tanto, Zepeda Lagunas ha sido el principal obstáculo para que el preso político Miguel Ángel Peralta Betanzos salga libre de prisión, por un delito que no cometió y que ella ha sido la principal acusadora, afirmó su defensor legal, Roberto López Miguel.

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Arabia Saudita: Una guerra que se gesta, pero que nadie quiere desencadenar

Los ataques del 14 de septiembre Foto Especial - Arabia Saudita: Una guerra que se gesta, pero que nadie quiere desencadenar

Los gobiernos de Irán y de Estados Unidos se amenazan, se muestran los dientes… pero se contienen. Saben que una guerra abierta sería desastrosa, y no sólo para la región. Pero una serie de ataques de la secta hutí contra Arabia Saudita ha prendido las alarmas en este país y ha hecho que el príncipe Bin Salmán suba el tono de sus bravatas y tenga en vilo a Riad con la posibilidad de una ofensiva que, además, los saudiárabes no creen que puedan ganar. La tensión sube en la zona y hasta el muy belicoso Donald Trump llama a la mesura.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pasado 20 de junio la fuerza aérea estadunidense estaba a punto de bombardear Irán, en represalia por el derribo de uno de sus drones. Diez minutos antes de la ofensiva, según su versión, el presidente Donald Trump canceló la operación porque la pérdida de vidas humanas sería exagerada. Pero mantuvo sus advertencias: si los iraníes seguían molestando, destruiría su país.

El 14 de septiembre otro ataque produjo daños incalculablemente mayores que la pérdida de un dron: interrumpió la mitad de la exportación de petróleo del mayor productor global al impactar sobre las instalaciones de hidrocarburos más importantes de Arabia Saudita… y del mundo. En comparación con los atentados contra las Torres Gemelas, es llamado “el 11-S de la industria petrolera”. El precio por barril saltó 16%. Los mercados cayeron.

Aunque la acción fue reivindicada por los rebeldes hutíes de Yemen, Washington aseguró que el ataque fue obra de Irán y que, frente a lo que la Casa Blanca consideró un “acto de guerra”, “estamos cargados y dispuestos” a disparar, tuiteó Trump como preaviso del severo castigo que impondría. Pero no lo impuso.

Envió a Medio Oriente a uno de los “halcones” de su gobierno, el secretario de Estado, Mike Pompeo, a decir que Washing­ton “prefiere una solución pacífica”. En Abu Dabi (capital de los Emiratos Árabes Unidos), el 19 de septiembre, se quejó del mal humor de los iraníes: “Estamos esforzándonos aún por formar una coalición en un ejercicio de diplomacia, cuando el ministro de Exteriores de Irán amenaza con una guerra total y con luchar hasta acabar con el último estadunidense”.

Porque Teherán estaba hablando en voz alta: “No queremos entrar en una confrontación militar”, había declarado ese mismo día el canciller, Javad Zarif, en entrevista con CNN. Pero “no titubearemos en defender nuestro territorio”, y si los atacaban, afirmó, la consecuencia sería “guerra total”.

No una confrontación limitada en la que los contendientes se miden y el que más tiene que perder se retira antes de que sea demasiado tarde. Total. Pareció que Trump y sus generales habían caído en escenarios diplomáticos y militares imprevistos.

El ejército estadunidense se había preparado para impedir que Irán cerrara el tráfico por el Estrecho de Ormuz (la salida del Golfo Pérsico al Océano Índico, por la que transita 45% de las exportaciones petroleras globales por vía marítima), pero no parece haber imaginado un ataque directo contra las instalaciones de Abqaiq y Khurais, mucho más importantes y tan vulnerables que fueron alcanzadas por una decena de drones cargados de explosivos, cuya aproximación no fue detectada.

Y la estrategia de negociación del ocupante de la Casa Blanca sólo concibe el aplastamiento de un interlocutor intimidado, nunca lidiar con un rival dispuesto a apostarlo todo, aunque se sepa en desventaja.

“Somos la potencia más poderosa del mundo”, presumió Trump ante la Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre, y luego matizó: “Pero confío en no tener que utilizar nunca ese poder”.

Era un Trump desconocido: “Estados Unidos sabe que cualquiera puede hacer la guerra, pero sólo los más valientes pueden elegir la paz”. Después de años de estructurar su discurso de política exterior sobre la demonización de Irán, abrió incluso la puerta a una utópica confraternización: “Algunos de nuestros mejores amigos de ahora, antes eran nuestros peores enemigos”.

En Riad, el joven príncipe Mohamed bin Salmán, heredero del trono y quien lleva las riendas del reino saudita y siempre había hablado de Irán con amenazas bélicas, también cambió el tono: una guerra con ese enemigo provocaría “el colapso total de la economía global”, dijo el 29 de septiembre en entrevista con la cadena CBS, por lo que una “resolución pacífica sería mucho mejor que una militar”.

Precavido

Al revelar en un tweet la cancelación del bombardeo de junio, Trump quiso presentarse como alguien con tanto poder como buen juicio y humanidad. Pero entre sus simpatizantes algunos advirtieron que cometía un error, porque mostraba debilidad. Era el estadista que había amenazado con lanzar “fuego y furia” sobre Norcorea, que abofeteaba a sus aliados de la OTAN y le mostraba los colmillos a China, y al mismo tiempo, el que no había cumplido sus amenazas, ni siquiera la de derribar al régimen de un país mediano en crisis económica en su patio trasero: Venezuela.

Parece que en el fondo, pese a todo el descuido que demuestra al tomar decisiones con graves consecuencias para muchas personas, su retractación del ataque “reveló a un comandante en jefe más precavido de lo que los críticos habían asumido” y a la vez, “subrayó las limitadas opciones que hay en la confrontación que él había desatado”, asentó The New York Times en una reconstrucción de los hechos de ese día.

La crisis actual es producto de decisiones tomadas por Trump que además han golpeado el prestigio de su nación: los iraníes “no llegamos a un pacto con el presidente Obama, llegamos a un pacto con Estados Unidos”, reclamó Zarif en CNN, al señalar que al llegar a la Presidencia, el multimillonario decidió tirar a la basura el acuerdo sobre seguridad nuclear al que, tras largas negociaciones y múltiples intentos de sabotaje, llegaron su antecesor y los gobiernos de Irán, Rusia, China, Alemania, Francia y Gran Bretaña.

A esto le siguió la imposición de sanciones que han ido erosionando la economía iraní. Los países europeos signantes del pacto le prometieron a Teherán que montarían esquemas para facilitar que sus empresas evadieran el bloqueo comercial, y permitir así la continuidad de las exportaciones de petróleo iraní.

Después de un año sin cumplirse el compromiso, la República Islámica anunció que empezaría a abandonar, poco a poco, las obligaciones que asumió con el acuerdo nuclear, como el de no superar ciertos límites en enriquecimiento de uranio y el uso de centrifugadoras de ese elemento. A un ritmo pausado, para darles tiempo a los europeos de impulsar las operaciones prometidas, sin que haya nada claro hasta ahora.

Mientras tanto, Washington utilizaba tácticas de presión directa para acelerar el estrangulamiento de Irán. La irregular detención de un buque tanque en Gibraltar abrió una espiral de agresiones mutuas, en la que a los derribos de drones se sumaron más intervenciones marítimas e incluso atentados con minas que causaron daños en algunos navíos.

Hasta ese momento todo cuadraba en los escenarios previstos por la Casa Blanca y el Pentágono: la Marina enviaba destructores y portaaviones a proteger el estrecho de Ormuz, y Trump sostenía el discurso de que Irán tenía que escoger entre aceptar sus términos para sentarse a dialogar –tan severos que equivaldrían a una rendición– o ser destruido.

Impacto inesperado

En una versión, los ataques responden a la guerra en Yemen, vinculada pero algo más lejana. Riad y Washington aseguran que detrás de los rebeldes de la tribu hutí está Irán, pues comparten la pertenencia a la secta chiita del Islam, mientras que los árabes son mayoritariamente sunitas.

Es posible que los hutíes estén recibiendo apoyo iraní. De otra forma es difícil explicar su acceso a armas con cierto grado de sofisticación, como misiles. Y drones con los que, aseguran los hutíes, le infligieron a Arabia Saudita el potentísimo golpe contra sus instalaciones petroleras.

“¡Mentira!”, clamaron de inmediato en Washington, Antes que los mismos sauditas. Como evidencia presentaron unas fotos en las que se muestran unos grandes tanques marcados por unos agujeros comparativamente pequeños. La orientación de las perforaciones, aseguraron, indica que los drones no provinieron del sur –de Yemen–, sino del norte, de Irak o Irán.

La complejidad del golpe ha hecho pensar a algunos que, en efecto, es poco probable que los hutíes hayan adquirido tales capacidades. Vinieran de donde vinieren, los avanzados radares estadunidenses y sauditas fueron incapaces de detectar el enjambre de aparatos volantes, por lo que en realidad nadie puede estar seguro de quién los lanzó.

“No fuimos nosotros”, dice Teherán, que ha evitado caer en la trampa de confirmar que fueron los hutíes porque, si no los está apoyando, según sostiene, ¿cómo podría saber qué hacen y qué no?

En Washington se sintió que tenían un casus belli que podían explotar para poner en orden, por fin, a ese infatigable enemigo: Irán. Pero si ni siquiera podían precisar el origen del ataque, ¿cómo evitarían otro mucho más dañino, ya no con drones, sino con grandes misiles? Se podría pasar de un 11-S a un Armagedón petrolero. El sacudón en el mercado energético global puso de nervios a muchos, sobre todo en momentos en que la economía preocupa con signos recesivos y en que Trump juega con peligrosas guerras comerciales.

El habitante de la Casa Blanca reaccionó con prudencia. Anunció más sanciones comerciales en lugar de castigos bélicos e invitó a conversar y hasta a hacer amistad.

Aunque se dice dispuesto al diálogo, Teherán no quiere sentarse a charlar sólo porque lo están llamando. Pregunta por qué habría de confiar en Trump si lo primero que hizo fue arrojar a la basura un pacto firmado.

Pero empieza a esbozar ofrecimientos: si Trump cree que el pacto nuclear está mal porque no exige inspecciones más intrusivas de la industria iraní antes de 2023, y porque no impone la cancelación definitiva de su programa nuclear, se podría aceptar ya tal vigilancia, y la prohibición de las armas nucleares se consagraría en la Constitución.

A cambio, el Congreso estadunidense tendría que levantar también todas y cada una de las sanciones que pesan sobre Irán, de manera permanente, ahora y no en 2023, como estaba acordado. Y para sentarse a hablar, dijo Zarif, de entrada tendrían que retirar el boicot.

La osadía de Irán se asienta en su historia reciente, en la que ha demostrado que prefiere la derrota total antes que ser subyugado.

“¿Cómo es que Irán no teme ser destruido por la mayor potencia mundial?”, preguntó Nick Paton en CNN. “Porque hemos sido capaces de enfrentar al ejército iraquí”, respondió Zarif, en referencia a la guerra de 1980-88 que trató de acabar con la República Islámica cuando apenas había nacido, “que tenía el apoyo no sólo de Arabia Saudita, que le dio 75 mil millones de dólares a Sadam Husein para matar iraníes, y también el apoyo de todos los países del mundo.

“Los estadunidenses les dieron vigilancia de alta tecnología, los soviéticos les dieron aviones de combate MIG, los británicos les dieron tanques Chieftain, los franceses les dieron misiles Exocet y cazas Mirage, y los alemanes les dieron armas químicas. Pero nosotros seguimos aquí y Sadam Husein desapareció.”

El príncipe

Cuando Mohamed bin Salmán decidió intervenir en Yemen, en marzo de 2015, las cosas parecían fáciles: su reino es el mayor comprador de armas del mundo y su fuerza aérea, con la tecnología más avanzada, debería abrir el camino para que los rebeldes hutíes, una tribu del desierto del país más pobre de la Península Arábiga, fueran derrotados en pocas semanas.

Cuatro años y medio después los hutíes le llevaron la guerra a casa, invadieron territorio saudita, emboscaron y derrotaron totalmente a tres unidades del ejército y aprisionaron a los soldados. Esto, mientras los jefes hutíes proclamaban haber atacado con drones las grandes instalaciones petroleras de Abqaiq y Khurais.

Mohamed bin Salmán tomó la decisión bélica apenas dos meses después de que su padre, Salmán bin Abdulaziz al Saúd, ascendió al trono, en enero de 2015, y le entregó la conducción del gobierno. Atacar Yemen fue su primer gran gesto de política exterior y, tras una pesada cadena de errores y ridículos, ha causado su más grande humillación.

En los pasillos donde la realeza saudí se secretea y confabula, se extiende el descontento y la preocupación por los desatinos del joven príncipe, reveló Reuters a partir de seis fuentes involucradas. Sólo la protección de su padre y el continuo agitar del fantasma de Irán, el enemigo de siempre, lo ayuda a conservar la primacía para heredar el trono.

Hace años que fue evidente que el ejército saudita y su aliado de los Emiratos Árabes Unidos, a pesar del apoyo militar, logístico y de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, era incapaz de derrotar a los hutíes y de expulsarlos de las ciudades clave que controlan, la capital Sanaa y el puerto de Hodeida. Riad acusa a Teherán de apoyar a sus enemigos con dinero, drones y misiles. No lo ha demostrado pero, aunque fuera cierto, los hutíes siguen siendo milicianos tribales que resisten con éxito frente a fuerzas altamente entrenadas y sofisticadas, y mucho mejor armadas.

El 5 de enero de 2018 la defensa antiaérea saudita interceptó un misil disparado por los hutíes. Vendrían más. Otros dos también fueron desintegrados antes de impactar, el 24 de junio. Pero eso ocurrió en los cielos cerca de Riad, y los habitantes pudieron ver y escuchar las explosiones. Ya en 2019, el 3 de abril, cinco civiles de la ciudad de Khamis Mushait fueron heridos por los restos de dos drones destruidos en el aire, y el 14 de mayo, un par de aparatos similares dañaron instalaciones petroleras cerca de Riad. Entre el 12 de junio y el 2 de julio, una serie de ataques contra el aeropuerto de Abha dejó 35 heridos. A lo largo de agosto se produjeron más acciones contra objetivos petroleros y contra el aeropuerto de Jizan.

Mohamed bin Salmán nunca había trabajado. No tenía experiencia administrativa, diplomática ni de cualquier profesión. En enero de 2015, cuando el nuevo rey, su padre, le entregó las riendas del reino, tenía 29 años. Sus objetivos, declaró, eran modernizar el país y, mediante una política exterior agresiva, darle la estatura internacional que merece. Sobre todo, frente al rival de toda la vida, Irán.

Cuatro años y medio más tarde, la influencia iraní ha crecido y el prestigio de Arabia Saudita está por los suelos. El miércoles 2 se cumplió un año del asesinato en Turquía del periodista Jamal Kashoggi, cometido por guardaespaldas del príncipe, a quien se responsabiliza de haberlo ordenado. Además, en 2017 secuestró y forzó a renunciar al primer ministro de Líbano, que retornó al cargo apenas fue liberado. Ese mismo año trató de obligar al emirato de Catar a someterse a su política exterior y le impuso un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo, del que el pequeño país ha salido avante. También ha sostenido a milicias extremistas en Irak y Siria.

La guerra que lanzó en Yemen ha provocado decenas de miles de muertos y una enorme hambruna en lo que la ONU describe como la crisis humanitaria más grande este momento.

Pero nada había impactado tanto en Arabia Saudita como los devastadores ataques contra sus instalaciones petroleras de Abqaiq y Khurais.

Este reportaje se publicó el 6 de octubre de 2019 en la edición 2240 de la revista Proceso

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El compromiso de León-Portilla – Proceso

No podía haber mayor consenso en la despedida al historiador: Era el sabio de la tribu, el último de los grandes humanistas mexicanos… Pero también el que ahondó como nadie en el mundo azteca, al grado de rescatar su pensamiento filosófico y su grandeza avasallada. León-Portilla abrevó en fuentes múltiples y se formó impecablemente. Dos influencias, entre muchas otras, son definitivas: Su paso por el seminario de los jesuitas –prácticamente desconocido– y su cercanía con el arqueólogo Manuel Gamio, su tío. Esos momentos los contó a la reportera Columba Vértiz para el libro inédito que él mismo calificó como “biografía periodística”, y que Proceso publicará próximamente. El trabajo surgió a finales de 2015, cuando el historiador aceptó una serie de entrevistas con un telón de fondo: el reto de ser “el portavoz de la palabra indígena”. Le gustó el título tentativo: Miguel León-Portilla: Revela todo por su pasión a los indígenas vivos y muertos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El historiador, humanista y hablante de náhuatl nació el 22 de febrero de 1926 en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México. Su madre fue Luisa Portilla Nájera, familiar del escritor Manuel Gutiérrez Nájera, fundador del modernismo literario en México, y su padre, Miguel León Ortiz, pariente del arqueólogo, antropólogo y sociólogo Manuel Gamio, impulsor de la arqueología moderna. Ella estuvo dedicada al hogar y él a la administración.

Miguel León-Portilla estudió la primaria en el Colegió México y la secundaria en el Colegio Simón Bolívar. La preparatoria la cursó en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de Guadalajara, operado por los jesuitas. Dice él mismo que desde pequeño ya se interesaba en la filosofía, la literatura e incluso el derecho.

“Yo vengo de una familia tradicional mexicana, mis padres eran católicos. Estudié con los jesuitas, y con ellos terminé agnóstico, ¡casi ateo!”, enfatiza.

Cuando estaba en segundo año de secundaria –platica en su casa de Coyoacán– algunos maestros le hablaban de la vida religiosa, la entrega a Dios y el servicio del prójimo. En ese tiempo también le atrajo un artículo sobre la labor de los jesuitas entre los tarahumaras de Chihuahua. Entonces, a los 16 años de edad, decidió ser jesuita y se lo comunicó a su familia. Ingresó a estudiar al ITESO­ en 1942:

“Ahí terminé el ciclo preparatorio. Luego me enviaron al Ysleta College, en el Paso, Texas. Allí estaba por la época de la persecución religiosa. En el primer año del noviciado la enseñanza era sólo religiosa. Leíamos obras como Historia de los papas, del austriaco Ludovico Pastor; Historia de la Compañía de Jesús en los países de habla española, del padre Astrain; e Historia de la Iglesia en México, del padre Mariano Cuevas.

“Al segundo año iniciamos un primer curso de humanidades. Se estudiaba la gramática latina y la historia de México. Concluidos los dos primeros años, llegaba el momento de pronunciar los votos de obediencia, pobreza y castidad perpetuos. En el tercer año seguíamos con los cursos de latín e iniciábamos los de griego, ya que la totalidad del Nuevo Testamento está en esa lengua.

“El estudio del griego y de su literatura, sobre todo de los dramaturgos Esquilo, Sófocles y Eurípides, me atrajeron mucho.”

En el último año de las clases de humanidades, el estudiante más destacado ofrecía un discurso en griego en la fiesta de San Juan Crisóstomo. León-Portilla fue seleccionado.

Con el entonces presidente Manuel Ávila Camacho se calmaron los conflictos religiosos. Retornaron estudiantes de Ysleta al Estado de México, cerca de Santiago Tianquistengo:

“Los jesuitas habían comprado ahí un amplio terreno. Fue muy grato ese lugar para mí. El predio estaba muy arbolado y a través de él corría un pequeño río. Ahí permanecí tres años. Al primer año, falleció mi padre de un infarto. Ahí pensé en salirme para ayudar a mi madre, hermana y hermano; sin embargo, mi madre me impulsó a seguir estudiando.”

De nuevo regresó a Ysleta:

“Ahí iba a estudiar un año de ciencias y tres de filosofía. Mi primer tropiezo fue en el curso de epistemología, que es la rama de la filosofía que versa sobre el conocimiento humano, y por mi cuenta me acerqué a estudiar a David Hume y a Emanuel Kant. ¡Ellos me encaminaron al campo de la duda y los cuestionamientos!

“Llegué a la conclusión de que el conocimiento metafísico es imposible. Si no hay conocimiento metafísico, ¿puede usted demostrar la existencia de Dios?, ¡noo! ¿Puede usted demostrar que tiene un alma?, ¡noo! ¿Puede usted demostrar que hay un más allá?, ¡noo! ¿Puede usted demostrar que tenemos una voluntad libre?, ¡noo! Y yo me lo tomé muy en serio. Habrá muchos que lo tomen a la ligera o que no les interese.

“Para realizar mi tesis, me inscribieron en Loyola University de Los Ángeles, California, también de los jesuitas. Si aprobaba, recibiría de ella, y no sólo de Ysleta College, el título de Master of Arts, con especialidad en filosofía. Escribí mi tesis sobre el libro del francés Henri Bergson, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927, Las dos fuentes de la moral y de la religión. Quedé fascinado con su Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Me dirigió mi tesis el padre Julio Armijo, ¡hombre extremadamente conservador!, que a todo lo que le decía, me refutaba: ¡Santo Tomas! Si lo contradecía no aprobaría la maestría, y seguí con la tesis. Como consideré que jamás se publicaría, así sucedió.

“Incluso, ¡la destruí!”

Ya con sus dudas, aún con los jesuitas, describe que antes de empezar los estudios teológicos debía ofrecer clases:

“Tuve la suerte de que me enviaran a un seminario, por supuesto a cargo de los jesuitas, en Nuevo México, y se llamaba, ¡fíjese!, Montezuma Seminary, porque se ubicaba en el pequeño pueblo de Montezuma. Se me asignaron materias que debía enseñar a los seminaristas: biología, física, historia de México y algo de literatura.”

Sin dudar, exclama:

“¡Yo creo que me colocaron ahí para vigilarme!, porque en Ysleta varias veces confesé que me encontraba en un periodo de dudas. Y uno de mis compañeros me acusó con uno de nuestros maestros, el padre Jacobo J. Morán, quien me llamó y me manifestó: ‘Dicen que usted es ateo’. Le respondí: ‘¡Ay, padre, ya no sé que soy!’. Me aconsejó: ‘Mire, no hable tanto’. Le expresé: ‘Se lo prometo, por mi bien’. Imagínese, si hubiera estado en el siglo XVII, ¡me lleva la Inquisición!”

Su magisterio en Montezuma fue breve porque debía empezar sus estudios de teología, lo cual “me puso los pelos de punta”, subraya:

“Era el fin del año lectivo en Montezuma y me quedaban algunos meses para los estudios de teología, y fui enviado al Instituto Oriente en Puebla. Ahí volví a dar clases, pero ya no a estudiantes para el sacerdocio, sino a muchachos comunes y corrientes. ¡Aquí mi problema de conciencia se fue agudizando!

“Cuando se iban a iniciar unos ejercicios espirituales, yo no quise realizarlos. Fui con el rector del colegio para exponerle mi conflicto. Le dije que no creía nada. Me interrogó: ‘¿Y comulgas así?’ Le contesté que no me quedaba de otra. Le avisé de mi idea de abandonar la Compañía de Jesús.”

Lo mismo manifestó al superior de la provincia mexicana de los jesuitas, a quien confesó que durante casi tres años había estado meditándolo:

“¡Oh!, ¡fue un charla muy fuerte! Tramité mis ‘cartas dimisorias’, los documentos que certifican la salida de un miembro de la Compañía de Jesús. A los quince días estaba libre y me fui a vivir con mi madre. Había en mi bolsa cero pesos, cero centavos, pero tenía al doctor Manuel Gamio y luego al padre Ángel María Garibay.”

Confiesa enseguida con mucha seguridad:

“No me arrepiento de haber permanecido con los jesuitas porque ahí aprendí lo que es puntualidad, formalidad y el estudio. De verdad, no me arrepiento, ni de entrar ni de salir.”

–¿Qué le dijeron sus familiares al desertar?

–Le dije a mi madre y a mis dos hermanas, quienes ya murieron: “¡Aquí estoy!, he cambiado de ruta”, nada más. Nunca me preguntaron ¿por qué? Admiro a mi madre que, siendo tan religiosa, me podría haber dicho: “¿Qué pasó hijo?, ¿cuéntame?

Después logró la revalidación de sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Manuel Gamio

Aún con los jesuitas en Estados Unidos, León-Portilla compartía correspondencia con su tío Manuel Gamio (2 de marzo de 1883-16 de julio de 1960).

“Él siempre mostró interés por el indígena muerto y el vivo. Para los pueblos nativos promovió acciones para favorecerlos. Su obra Forjando patria (1916) es muy importante”, manifiesta.

Forjando patria lo integran 33 ensayos cortos. En realidad son propuestas para el desempeño gubernamental y el cambio social desde una perspectiva antropológica.

Gamio fundó y fue director de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana, inspector general de Monumentos Arqueológicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), creador de la Dirección de Antropología en la Secretaría de Agricultura y Fomento y subsecretario de Educación Pública en el gobierno de Elías Calles, pero por denunciar públicamente hechos de corrupción fue destituido del puesto. Realizó investigaciones de campo en varios puntos del Valle de México, de las cuales surgió el libro La población del Valle de Teotihuacan.

Desde niño, León-Portilla conoció y convivió con Gamio:

“Era esposo de una hermana de mi padre, Margarita, y frecuentábamos su casa y ellos la nuestra. Nos llevó a Teotihuacan, Cuicuilco y Copilco. Ahí me empezó a atraer el mundo mesoamericano.”

Rememora con entusiasmo en su escritorio repleto de libros cómo se reencontró con el que entonces era el titular del Instituto Indigenista Interamericano:

“Cuando dejé a los jesuitas, me fui con él a realizar los índices de América Indígena, una revista que circulaba por todo el continente, y comencé a trabajar. Me ayudó mucho. Él me manifestaba: ‘Está bien que pienses en el indio muerto, pero no dejes de pensar en el indio vivo’. En 1914 descubrió el sitio del Templo Mayor.”

Al instante, platica también que Gamio creó “un gran” proyecto:

“El de La población del Valle de Teotihuacán, donde demuestra que México es pluricultural y plurilingüístico. Él partía de que los gobernantes deberían conocer cómo es México, de lo contrario no pueden gobernar. Entonces efectuó una serie de investigaciones. Dividió al país en once zonas, desde la península de Yucatán hasta la de Baja California. La región estaba representada por Teotihuacan porque es una zona con mucha historia y cercana a la Ciudad de México, así que formó equipos con la gente especializada y de primera. Son cinco los tópicos: la geología, la etapa prehispánica, la colonia, la independencia y la época actual. Entonces hizo su obra monumental, publicada en 1922.”

Pero realza que el arqueólogo poseía un “defecto”:

“¡Era incorruptible!”

Cuenta de cuando aceptó ser subsecretario de Educación Pública con el presidente Plutarco Elías Calles:

“Recibió quejas de que inflaban las cifras de dinero, y se puso a investigar. Va con el presidente del país para informarle y un mes después lo volvió a ver. Calles le dijo que no había nada, que se estuviera quieto y trabajara. Pero Gamio lo hizo público en varios periódicos. Dejó de ser subsecretario. Y ya no consiguió que le financiaran su proyecto. Se fue a Guatemala. Luego, en Estados Unidos, le encargaron algo de etnología: que estudiara a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sobre eso la Universidad de Chicago le publicó dos obras.”

Gamio regresó a México. Le ofrecieron ser titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y aceptó, “pero el entonces rector de la Máxima Casa de Estudios, Luis Chico Goerne, se fue, y Gamio tuvo que renunciar, eran los finales de los treinta”.

El conocido alumno del antropólogo estadunidense Franz Boas entró a laborar al Departamento Demográfico de la Secretaría de Gobernación:

“Se encargaba de la migración interna de México. Notó que a los migrantes chinos les pedían dinero y pudieran quedarse en el país. Él acaba con esa corrupción. Con Lázaro Cárdenas vienen los españoles, y los apoya.”

Hasta que, en 1940, Gamio se convirtió en el encargado del Instituto Indigenista Interamericano:

“Esa instancia fue fundada con muy pocos recursos, y así empieza a investigar las legislaciones indigenistas en el continente y a estudiar a la mujer indígena porque se da cuenta que es la que lleva la peor parte, en fin. Organiza congresos cada cuatro años para discutir qué ocurre con los pueblos indígenas. Y publica la revista maravillosa América indígena.”

Ofrece una anécdota que Gamio le contó al viajar en un tren a Teotihuacán con José Vasconcelos:

“Gamio le dijo que le diera dinero para sus indios, pero el que fue primer secretario de Educación Pública le contestó: ‘Te daré para tus tepalcates esos…’”.

Gamio le aclaró: “Pero también quiero para los que viven”.

Respondió Vasconcelos: “¿A esos? Es mejor imitar a los gringos, el rifle…”.

Gamio se le quedó viendo y le expresó: “¡Dame un rifle y comienzo contigo!”.

León-Portilla enfatiza:

“Aunque tuvo muchos logros, creo que en su vejez Vasconcelos se volvió anti-indígena. En las primeras páginas de su libro Breve historia de México, se lee: ‘¿Y qué se perdió con la conquista?, nada, porque nada era digno de conservarse’.”

Y convencido, resume:

“Gamio aportó mucho a México.”

En 1983 Miguel León-Portilla recibió la presea Manuel Gamio al Mérito Indigenista.­

Este texto se publicó el 6 de octubre de 2019 en la edición 2240 de la revista Proceso

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El de Edgar Leonardo, un caso de ejecución extrajudicial que la autoridad niega

criminologo1 - El de Edgar Leonardo, un caso de ejecución extrajudicial que la autoridad niega

SILAO, Gto. (proceso.com.mx).- Las sospechas de una posible ejecución extrajudicial de la que habría sido víctima Edgar Leonardo García Aguilera, un joven de la comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagrán, por policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se mantienen flotando desde el día de su muerte.

Poco antes del mediodía del 11 de julio pasado, Leonardo y otro joven, Jesús Rodríguez Martínez, de 18 años, supuestamente enfrentaron a tiros a los agentes desde una camioneta Ranger (que había sido reportada como robada un día antes) cuando los de FSPE les marcaron el alto, en la carretera lateral de Celaya-Villagrán.

Esta versión oficial señala que, en el intento de pasar un retén de una caseta, la camioneta Ranger cayó en una zanja y frenó bruscamente, por lo que una patrulla de los FSPE chocó por detrás; los dos jóvenes bajaron del vehículo y uno de ellos –Leonardo- comenzó a dispararles a los agentes, que repelieron el ataque y así dieron muerte al muchacho.

Oficialmente, Leonardo murió en un intercambio de disparos con los policías estatales, mientras que Jesús quedó herido y, tras abandonar el hospital, quedó preso en el Centro de reinserción social de Valle de Santiago, el Cereso Mil.

Pero unas horas después de lo ocurrido –que desató incendios de vehículos por parte de habitantes de Santa Rosa de Lima-, la madre de Leonardo acusó a los elementos de FSPE de ser responsables de torturar y posteriormente asesinar a su hijo, apoyada en fotografías y testigos que apuntarían a que las cosas no ocurrieron como las autoridades han insistido en afirmar.

Ni siquiera por esta denuncia, hecha inicialmente al periodista Humberto Padgett y después formalizada en una queja ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, las autoridades aceptaron iniciar una investigación para aclarar la actuación de los agentes estatales.

El gobierno del estado deslindó de antemano a los agentes de las FSPE de cualquier posible acto indebido o ilícito, ignoró fotografías que han circulado de los instantes posteriores a la muerte del muchacho, donde se ve su cadáver esposado (a pesar de haber sido abatido en el presunto enfrentamiento) y huellas de sangre en la camioneta que tripulaba, a pesar de que se afirmó que Leonardo descendió del vehículo y disparó a los patrulleros estatales.

La única carpeta de investigación abierta por la Fiscalía general del estado alude a ese enfrentamiento y sostiene la acusación en contra de Jesús Rodríguez de intento de homicidio en contra de los elementos policiacos del estado.

Pero datos y peritajes que forman parte de esta carpeta plantean inconsistencias e, incluso, plasman errores tan garrafales como el informe de indicios de uno de los peritos en el mismo lugar de los hechos (la carretera Celaya-Villagrán) que ubica el cadáver de Leonardo García “en la cocina” y usando “calzado tipo chanclas”, fuera de toda lógica y sin ninguna relación con el sitio y condiciones en que quedó el muchacho, en la vía pública.

La carpeta sostiene las declaraciones hechas por 12 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que estuvieron involucrados en este incidente, quienes declaran la misma versión del choque y el ataque a balazos que tuvieron que responder.

Cinco de ellos dispararon sus armas en el supuesto intercambio de disparos con Leonardo. Cuatro lo habrían hecho con su rifle R15 y el quinto con un arma 9 milímetros, mientras que Leonardo presuntamente disparó también con una pistola 9 milímetros.

Enfrentamiento en duda.

En entrevista con Apro, el criminólogo José Gutiérrez, quien asesora a la familia de Leonardo García y tuvo acceso a la carpeta de investigación, explicó que, de acuerdo con los peritajes revisados en la carpeta, sólo se recabaron dos casquillos de una de las armas 9 milímetros y un casquillo de la segunda.

Es decir, si Leonardo utilizó una de las dos armas 9 milímetros consignada en el peritaje (donde no se precisa cuál era el arma que se le adjudicó) habría disparado a lo mucho dos veces.

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Informe pericial sobre los casquillos, vehículos y un cadáver. Foto: Verónica Espinosa

En tanto, de las armas R15 se efectuaron 12 disparos en total.

“El arma que supuestamente traía Leonardo la encuentran con seis cartuchos útiles sin detonar. Si los casquillos del Águila (una de las armas 9 milímetros) son del policía eso quiere decir que solamente hay un casquillo del arma de Leonardo. Eso quiere decir que Leonardo disparó una sola vez; eso no habla de un enfrentamiento…ellos mencionan que le disparan a Leonardo y a Jesús y la camioneta (Ranger) en que viajaban tiene impactos, (pero también) mencionan que Leonardo los agredió a balazos y las patrullas no presentan ningún daño por algún proyectil, sólo el choque”, fueron los detalles encontrados por el criminólogo.

Para Gutiérrez –con Maestría en Política Criminal y director de la Red internacional de criminología- “no queda esclarecido de qué arma salieron los disparos que supuestamente detonaron. No sabemos quién porque la información en los peritajes está incompleta; no sabemos quién disparó una vez y quién dos veces con las armas 9 milímetros”.

También aclara que la escena “no pudo ser modificada por otras personas, porque los policías en todo momento tuvieron control del lugar; aquí no se puede alegar manipulación de una gente externa”.

El asesor de la familia de Leonardo García afirmó que se ha tenido que solicitar el acceso a otras pruebas documentales como el registro fotográfico de los casquillos y las armas.

Pero hay otros peritajes ausentes sobre los cuales prácticamente es ya imposible retomar la mecánica de los hechos, dijo el criminólogo. Tal es el caso del que se tendría que haber aplicado en materia de vialidad y tránsito con las patrullas y la camioneta Ranger para precisar los movimientos y corroborar el dicho de los elementos estatales sobre la persecución y el desplazamiento de todas las unidades involucradas.

Dentro de la revisión de la carpeta de investigación, se encontró un error garrafal en uno de los peritajes de los indicios recabados en el lugar del presunto enfrentamiento y donde quedó el cuerpo de Leonardo, cuya descripción no corresponde ni con el cuerpo del muchacho ni con el lugar:

“Indicio 12. Cadáver del sexo masculino, hasta el momento no identificado, se aplica el procedimiento de inspección técnica a cadáver obteniendo el siguiente resultado (…) localizado sobre el suelo del área de cocina parte posterior del inmueble y junto al muro poniente de la cocina inmueble localizado en la calle Nardo. Viste una camisa sin manga en color blanco, una camisa con mangas color en colores rojos grises y blancos, pantalón de mezclilla, zapatos tipo chanclas…”.

La autopsia de Leonardo consigna algunas lesiones que, dijo el perito José Gutiérrez, corresponden con golpes con un objeto contundente, lo que tampoco se logra explicar claramente, además de quemaduras que se atribuyen al tiempo en que el cuerpo estuvo expuesto al sol.

En otra parte de la carpeta se informa sobre la detención de Jesús Rodríguez –el joven que iba con Leonardo en la camioneta con reporte de robo- registrada a las 11:46 horas de ese día 11 de julio.

Según el reporte oficial, la detención se hizo “informándole que dicha detención era por homicidio en grado de tentativa y robo equiparado en agravio de la procuración y administración de justicia, dándole lectura de sus derechos a las 11:47 horas sin que le quisiera firmar dicho formato”.

Tres minutos después de hacer toda la explicación de la imputación y los derechos al detenido, los agentes “observan que dicha persona se encontraba sangrando del cuello (sic)” por lo que “se procede a solicitar el arribo de un cuerpo de rescate al lugar, arribando la ambulancia de la Cruz Roja de Villagrán, que lo trasladó al Hospital general de Celaya”.

Según las declaraciones de los 12 policías estatales, a Jesús lo ubican siempre detrás de Leonardo y señalan únicamente a éste como quien les disparaba. A pesar de esto, Jesús permanece recluido y vinculado a proceso judicial por intento de homicidio.

 

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La “superdelegación” Jalisco, una estructura de nepotismo

Aviadores - La “superdelegación” Jalisco, una estructura de nepotismo

En Jalisco los superdelegados de la Cuarta Transformación van de pifia en pifia: Carlos Lomelí dejó el cargo el pasado 12 de junio inmerso en el escándalo; su sustituto, Armando Zazueta Hernández, en mes y medio de gestión es señalado por varias tropelías, pero sobre todo por nepotismo, una práctica muy generalizada en la nómina de los Servidores de la Nación en esa entidad. Al parecer, en Jalisco el mensaje anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador aún no llega.  

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Creadas en la actual administración para evitar el exceso ­burocrático y la intermediación en la entrega de apoyos sociales, las Coordinaciones ­Estatales de Desarrollo empiezan a registrar los primeros casos de corrupción, pero ninguna como la llamada “superdelegación” en Jalisco, hasta ahora la más emblemática de la descomposición.

Su episodio más reciente es una red de nepotismo: el superdelegado Armando Zazueta Hernández, designado apenas el pasado 15 de agosto –aunque inició sus actividades públicas hasta el 1 de septiembre– es la cabeza de una estructura plagada de parientes y amigos, tanto en los cargos de decisión como en la asignación de plazas y apoyos económicos.

La relación más destacada en la asignación de plazas en la entidad es en la nómina de Servidores de la Nación, en la cual figura Ivón Guadalupe Mercado Baena, pareja de Zazueta Hernández.

El presidente Andrés Manuel López Obrador apostó la operación gubernamental a las superdelegaciones, un cargo creado para eliminar las delegaciones que cada dependencia tenía en cada entidad federativa y con ello ahorrar por adelgazamiento burocrático; si bien hasta ahora su papel se ha concentrado en las políticas sociales.

Mediante los llamados Servidores de la Nación –en los hechos operadores de programas en campo– hay denuncias particularmente del PRD sobre ese ejército de operadores porque, dicen los perredistas, promueve la imagen del mandatario con fines electorales, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene abierto un expediente, según se dio a conocer el pasado 26 de septiembre.

El uso electoral de las superdelegaciones ha sido un señalamiento constante contra el gobierno de la Cuarta Transformación debido a que en la mayoría de las entidades se designó a excandidatos a gubernaturas y operadores electorales.

El asunto más escandaloso era el de Jalisco, donde el empresario y político Carlos Lomelí Bolaños –quien en 2018 fue candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia– fungió como subdelegado hasta el 12 de julio pasado.

Empresario destacado en el sector farmacéutico y proveedor gubernamental del ramo, Lomelí Bolaños fue exhibido en un reportaje de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Al principio la información fue desestimada por el presidente López Obrador; no obstante, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció una amplia investigación contra sus empresas y su personal.

La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer en la conferencia presidencial matutina del 15 de julio que Lomelí y varios de sus colaboradores pudieron incurrir en responsabilidades administrativas, por lo que abrió la investigación.

Tres días antes Lomelí había renunciado al cargo. No se dio a conocer su relevo sino hasta el 1 de septiembre, cuando los diarios jaliscienses informaron que Armando Zazueta despachaba como superdelegado desde el 16 de agosto.

A mes y medio de asumir el cargo, se sabe que en la estructura de Zazueta hay nepotismo y otras probables irregularidades.

Una consulta al portal Nómina Transparente de la SFP permite observar que Ivón Guadalupe Mercado Baena está en la nómina en la subdelegación Tonalá, tiene un salario bruto de 10 mil 217 pesos mensuales, que es lo que perciben los empleados de Servidores de la Nación.

En la misma subdelegación figura en nómina María Baena Torres, madre de Ivón Guadalupe, con un sueldo similar: se trata de que, como su hija, tiene un salario neto de 8 mil 173 pesos.

Ahí mismo, Carlos Alberto Baena Muñoz, primo hermano de Ivón Guadalupe, cobra también un salario similar.

Nepotismo morenista

En sólo 10 meses de la presente administración, en la Coordinación Estatal de Programas para el Desarrollo en Jalisco se consolidaron los esquemas de beneficios y prebendas aun cuando el presidente López Obrador aseguró que no perdonará ni a sus parientes, amigos ni antiguos colaboradores o simpatizantes.

En Jalisco ese mensaje no ha llegado. Pese a la sustitución de Lomelí Bolaños por Zazueta Hernández, en la mayor parte de la estructura estatal perduran las antiguas prácticas corruptas.

En la subdelegación Tonalá, que depende del superdelegado Armando Zazueta y donde se identificó en la nómina a Ivón Guadalupe Mercado Baena, la encargada es María Elizabeth Flores Vázquez, quien, según la revisión realizada por Proceso a Nómina Transparente, se ubica en el mismo caso que su superior inmediato:

Bajo el mando de Flores Vázquez, sus primos Édgar Alejandro Flores Guzmán y Antonio Flores Salmerón forman parte de los Servidores de la Nación.

Aviadores dos - La “superdelegación” Jalisco, una estructura de nepotismo

En la misma subdelegación tonalense Antonia Araujo Jasso fue designada coordinadora administrativa. En la nómina municipal su hermana Angélica también está en la nómina de los Servidores de la Nación.

En Autlán, donde el subdelegado es Marco Tulio Rosas Romero, cónyuge de Flores Vázquez, están las hermanas Elucinda y María Isabel Flores González, primas de la superdelegada tonalense.

En sus redes sociales la pareja de morenistas subió una fotografía de perfil de cuando él era diputado federal por el distrito 18 y ella por el distrito 7 de Jalisco.

Tulio Rosas –como se hace llamar en sus aventuras electorales– también incluyó en la nómina de Servidores de la Nación a sus primas María del Rosario Ríos Rosas y Silvia Karina Romero Torres, según la información consultada en Nómina Transparente.

Aviadores cuatro - La “superdelegación” Jalisco, una estructura de nepotismo

Sin embargo, la subdelegación Región Zapotlán, dependiente también de Zazueta, es la que cuenta con más familiares en la nómina. Al frente de la representación federal está Clara Cárdenas Galván, también morenista y excandidata a diputada federal.

Ahí colocó sus hermanos Antonio Ramón y Rosalía de las Nieves Cárdenas Galván; a sus sobrinos Ana Mariela de la Cruz Cárdenas, Felipe de Jesús y Sergio Elizondo Torres, Víctor Cárdenas Rodríguez y Benito Cárdenas Morán, así como Claudia Patricia Sedano Cárdenas, quien salió en junio pasado, cuando la SFP inició las investigaciones al superdelegado Carlos Lomelí.

Ese mes otros parientes de Clara Cárdenas salieron de la nómina: su cuñado Vicente Barreto Gallardo y su concuña Rosalva Muñiz López.

En el caso de la subdelegación de la Región Tlajomulco, Rosa María Cardona Alegría –la morenista que el año pasado acompañó como suplente a la hoy diputada Verónica Ramos Cruz–, tiene un solo familiar: su hijo Edwin Jonathan Cardona Alegría en la nómina de los Servidores de la Nación. Cobra 8 mil 173 pesos netos al mes por trabajar con los pobres. Esa suma contrasta con los lujos y viajes que presume con frecuencia en sus cuentas de redes sociales. Entre abril y junio viajó dos veces a Cuba, una a Cancún y otra a Las Vegas. No hay registro de que haya dejado de cobrar en ese periodo.

Aviadores tres - La “superdelegación” Jalisco, una estructura de nepotismo

El breve rastro de Zazueta

Los rastros profesionales de Armando Zazueta en la actividad pública son escasos. Una búsqueda simple permite observar que en diciembre de 2018 fue contratado como auxiliar por Alejandro Esquer Verdugo durante una quincena.

El contrato, transparentado por prestación de servicios en Morena, como auxiliar tiene una particularidad: está fechado el 16 de diciembre de 2018 e identifica a Esquer en su calidad de secretario de Finanzas del partido. No obstante, según su declaración patrimonial, en esa fecha Esquer tenía dos semanas desempañándose como secretario particular del presidente López Obrador.

El contrato con Morena fijaba fecha de terminación de la relación laboral al 31 de diciembre de 2018, así se ganó 18 mil 440 pesos en una quincena. Un día después, el 1 de enero de este año, Zazueta Hernández ya era director de área, especializado en temas de Transparencia, dentro de la Secretaría del Bienestar en la sede central de la Ciudad de México.

Aunque su designación como superdelegado es pública desde hace un mes, en el portal de Servidores Públicos de la SFP no hay cambios en su desempeño como funcionario en la Secretaría de Bienestar, donde su sueldo es de 41 mil pesos mensuales. Sin embargo, Nómina Transparente lo tiene ya como superdelegado con ingreso bruto superior a los 122 mil pesos y neto por 85 mil 145 pesos al mes.

En Declaranet, según los datos expuestos por el propio Zazueta su trayectoria es la siguiente:

De 2004 a 2005 fue “promotor cultural” en la delegación Azcapotzalco; de octubre a diciembre de 2006 fue “gestor” en el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México; de 2008 a 2018 fue responsable de “enlace administrativo” en la Secretaría de Organización de Morena.

En esa secretaría Zazueta Hernández trabajó bajo las órdenes de José Alejandro Peña Villa –quien actualmente es senador–. Asumió el cargo por ser suplente de Gabriel García Hernández y por formar parte del equipo que trabajó en Morena desde antes de que obtuviera su registro como partido político

Con respecto a Gabriel García Hernández, el coordinador general de Programas de Desarrollo, sus datos son escasos. En su declaración patrimonial sólo expone haber sido senador entre agosto y noviembre de 2018. En el Sistema de Información Legislativa quedó registrado que al menos desde 2012 se desempeñó como secretario de Organización de Morena.

Con respecto a Peña Villa, actualmente es “enlace” del comité nacional de Morena en Jalisco.

Relacionado con algunos de los hombres más cercanos al presidente López Obrador, como lo son su secretario particular Alejandro Esquer y el jefe de los superdelegados García Hernández, Zazueta ya enfrenta las primeras acusaciones.

El pasado 13 de septiembre, los subdelegados Leonel Olaf Guzmán Flores, en Tequila; Luis Armando Vargas Prado, en Mascota; Blanca Olivia Vargas Mendoza, en Zapopan, y María de Jesús Padilla Romo, en los Altos, enviaron una carta al presidente López Obrador, con copia a los secretarios de Bienestar, María Luisa Albores, y de Educación, Esteban Moctezuma, así como al INE, a los órganos internos de control de distintas dependencias y a la Fiscalía General de la República, en la que denuncian la gestión de Zazueta.

Entre los señalamientos, destacan que, por órdenes de Zazueta, fueron presionados para firmar una carta solicitando la destitución de Venecia Castañeda Rodríguez, responsable de las Becas del Bienestar en Jalisco, por actos de corrupción, sin que se les permitiera leer el contenido de la misiva ni contarles las acusaciones mencionadas.

También atribuyeron a Zazueta “actos denostativos y discriminatorios” en público, así como de haber creado la figura de “auxiliares”, cuyo papel es actuar con atribuciones de subdelegados sin que exista norma en la que se base su desempeño.

La carta añade: “Es importante hacer notar que el delegado Armando Zazueta, desde su llegada, ha estado buscando posicionar diversas personas en puntos estratégicos para obtener un beneficio electoral y de estructura con fines netamente político electorales”.

Mientras las acusaciones trascendían, por los subdelegados inconformes y el señalamiento de colocar operadores electorales en áreas estratégicas, el 27 de septiembre, Zazueta envió el oficio S8/DEPD/1972/2019, en el que advertía a los subdelegados sobre las disposiciones establecidas en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, citando cada precepto.

Y añadió, como si las disposiciones apenas fueran a entrar en vigor: “Por lo tanto, a partir del mes de octubre del presente año, se les hace girar la instrucción de no tener familiares contratados en nuestras regiones, esto con la finalidad de no incurrir en dichas faltas administrativas que pudieran generar un delito”.

Hasta el cierre de edición todos los mencionados seguían activos en el portal Nómina Transparente de la SFP.

Este reportaje se publicó el 6 de octubre de 2019 en la edición 2240 de la revista Proceso

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Gobiernos de Calderón y Peña vulneraron el Código Fiscal: Ríos-Farjat

Después del escándalo que provocó la difusión de la lista de grandes contribuyentes beneficiados por amnistías fiscales en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el martes 1, la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, dice en entrevista que en algunos casos pudo tratarse de una estrategia para evadir impuestos. Y si bien eso quedará “en la conciencia” de quienes maniobraron así, fueron los gobiernos los que mediante la ley de ingresos vulneraron el Código Fiscal de la Federación, es decir, el estado de derecho y la justicia fiscal.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los contribuyentes que no pagaron sus impuestos a sabiendas de que se beneficiarían de una amnistía fiscal, como las que aplicaron Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, tuvieron estrategias equiparables a la evasión fiscal, estima Ana Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Si tú eres un contribuyente y no estás pagando porque estás esperando una medida extraordinaria para abstraerte de tu obligación fiscal, pues estás evadiendo el fisco”, dice.

El martes 1 la dependencia a su cargo publicó la lista de los contribuyentes que dejaron de pagar 188 mil 676 millones de pesos de impuestos gracias a los programas de amnistía fiscal de Calderón y Peña Nieto.

Ríos-Farjat, abogada y doctora en política pública, recuerda que las amnistías fiscales nacieron en leyes de ingresos impulsadas por los últimos tres presidentes anteriores al actual, las cuales “más bien tenían un carácter político” pero generaron un efecto “perverso” e injusticia fiscal.

En entrevista, la funcionaria critica la “falta de ética fabulosa” de algunos abogados y contadores que trabajan para las grandes corporaciones del país, y afirma que varios “grandes contribuyentes” la consultaron “amablemente” para convencerla de aplicar una nueva amnistía fiscal. Sin embargo, se muestra prudente al abordar casos específicos.

“Si te digo algo no me lo vas a creer: yo no me fui por el lado de estar viendo la lista. La tengo, la conozco, sí, pero si crees que me puse a analizarla, no. Si me preguntas por el caso particular de un contribuyente, ni te lo voy a contestar, por mi puesto, y además muy probablemente no lo he visto. Porque es una manera sana de que yo haga mi trabajo”, se deslinda.

Las grandes empresas que controlan la economía mexicana desde hace dos décadas y crecieron al amparo del poder, cuyos dueños figuran en la exclusiva lista de Forbes –como Carlos Slim, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea y Manuel Velasco–, fueron las más beneficiadas por las condonaciones de impuestos.

Mediante 60 juicios de amparo contra resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (Inai), 201 grandes empresas –entre ellas Grupo Carso, América Móvil, Televisa, TV Azteca, Grupo Elektra, Grupo México o Industrias Peñoles, según Reforma– lograron que el SAT no diera a conocer su identidad ni los montos millonarios que les fueron condonados entre 2007 y 2015.

“¿Por qué llaman tanto la atención los grandes contribuyentes? –cuestiona–. Por lógica matemática son los grandes beneficiados. Si a ti te condonaron dos o tres pesos, porque había muchos casos así, pues no es historia. El problema es cuando te condonen, no sé, por ejemplo: las 201 empresas con amparos suman 101 mil millones de pesos; una tercera parte del monto total de la condonación.

“Este juicio de amparo está continuando con esta diferenciación de contribuyentes: son 201 contribuyentes y no se sabe quiénes son. Y nosotros no vamos a revelarlo, de ninguna forma, porque estamos en un estado de derecho. Pero estamos viendo que hay una desigualdad.”

–¿Es válido el derecho a la privacidad en el caso de condonaciones?

–Como dice el artículo 134 constitucional, los recursos se deben administrar con transparencia y eficiencia, honestidad y más. Que no hayan pagado el impuesto, eso queda como en un limbo. El IVA que no han pagado, se lo han quedado, pero no es suyo. Ese IVA ya tiene una etiqueta de la nación.

Cabildeo

Al preguntarle si hubo presión o cabildeo de las grandes empresas para aplicar una nueva amnistía, la funcionaria matiza:

–Te voy a contestar con dos letras: sí. No presión, pero sí amablemente nos preguntaban cuándo venía la siguiente amnistía. Y eran contribuyentes que habían obtenido el beneficio en 2013 y a veces en 2006.

“No eran muchos, pero uno que otro. Siento que, si vienen con nosotros, pues deben de haber ido a otras oficinas y a otras instancias del gobierno, o del Poder Ejecutivo, del Legislativo más bien.

“Algunos vinieron conmigo, pero tengo una forma de ser muy seria con todo el mundo que recibo, entonces difícilmente me pueden hacer un planteamiento que no es apropiado, que va en contra de lo que yo considero ético… Es muy difícil que alguien venga y me diga ‘¿Me va a condonar?’.”

–¿Fue una estrategia de los grandes contribuyentes esperar seis años y demorar los pagos de impuestos para beneficiarse de una condonación?

–No me gusta especular. Sin embargo, sí tendría yo la duda de que estuvieran todos ellos ajenos a esto. No te puedo asegurar que sí, porque no soy ellos, yo no sé qué intereses tenga cada uno, pero creo que genuinamente muchos lo esperaban, sí. Y posiblemente algunos hasta lo cabildeaban. Pero eso recaerá en la conciencia de cada contribuyente que haya impulsado esto.

–Si una empresa se benefició de las tres amnistías, ¿podemos presumir que tuvo una conducta delictiva?

–No es delictiva porque la ley le daba la oportunidad de llevar a cabo su condonación. Lo que podemos presumir de esa empresa es que era una empresa desordenada a propósito y que cada seis años iba a pedir su acto de contrición.

–¿Qué responsabilidad tienen los grandes despachos de contadores y fiscalistas que contratan esas empresas?

–Creo yo que hay una falta de ética fabulosa en muchos de mis colegas abogados y nuestros colegas contadores o financieros.

“Soy abogada y, en muchos chats, mis amigos abogados dicen: ‘No, el SAT tal tema, tal juicio contra un contribuyente, pero se les va a caer, porque con un amparo van a lograr A, B, C y D’. O sea, el amparo se ha vuelto el gran protector de interpretaciones fiscales fallidas.”

Dice que desde el arranque de la nueva administración el SAT ha citado a varios grandes contribuyentes que “no solían venir”. “Se sorprenden primero. Se regularizan, nos explican cosas que se daban cuenta que no estaban bien explicadas, pero no estaban acostumbrados a que les dijeran: ‘Oye, no me cuadran tus números’. Eso nos llama la atención.

“De acuerdo con lo que puedo ver y deduzco, no me explico algunas cosas: que no se haya llamado a un contribuyente que tenía cuatro años con algún tema en algunos sectores…”

–¿Qué sectores?

Esboza una sonrisa. Y suelta: “Preferiría no comentarte”.

“No sé si fue o no un favor”

Los programas de amnistías fiscales masivas implementados durante los primeros años de las administraciones de Fox, Calderón y Peña no se impulsaron desde el SAT, sino mediante las leyes de ingresos de la Federación.

De esta manera, dice Ríos-Farjat, “se le sacó la vuelta al candado que estaba vigente en el Código Fiscal de la Federación”, el cual plantea la posibilidad de condonar impuestos en circunstancias excepcionales y bien definidas. Insiste: “La condonación venía en la ley de ingresos; no la hacía el SAT, el SAT no puede condonar (…) pero salía de malo por todos lados”.

La funcionaria busca entre los clasificadores y carpetas, y vuelve a la mesa con el fragmento de la Ley de Ingresos del año 2000 –el primero del gobierno de Fox–, correspondiente a la primera condonación de impuestos.

“Mira cuánto espacio se le dedica a la condonación en la Ley de Ingresos –indica–: no es su lugar, no es su espacio. Esto no está bien. En mi opinión muy humilde y muy honesta.”

Comenta que, con Fox, “el descuento estaba en un rango de entre 10% y 12%; no era mucho”. Pero añade: “Lo más interesante de esta condonación es que, si estabas bien con el fisco en el año 2000, éste no te revisaba los cinco años anteriores. Para mí el descuento no fue lo importante: fue que impidieron al fisco auditar antes, y estamos hablando del periodo de 1995 a 2000”.

En otras palabras: el periodo más polémico derivado de la crisis bancaria, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo salvó a decenas de empresas, absorbió las deudas de los bancos en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y convirtió esa gran masa en deuda pública.

“Yo no sé si (la condonación) fue un favor o no fue un favor, pero lo veo en términos históricos y políticos –comenta Ríos-Farjat–. Dejó la puerta abierta para el siguiente sexenio (de Felipe Calderón): vuelve a entrar una condonación con la Ley de Ingresos; ya no se menciona que el fisco no puede revisar hacia atrás, pero era algo como ‘paga 20% y te descuento 80%’. Se convierte en un incentivo perverso. Yo dejo de pagar y eventualmente puedo obtener una condonación de ese tipo.

“Se repite en 2013 (con Peña Nieto) y ésa es la perversidad (…) Es muy difícil que una sociedad resista un trago tan difícil; la estás volviendo cínica.”

“Empiezas a entender que hay dos categorías de contribuyentes: los que si se retrasan logran amnistías, y los que son cumplidos y están en orden nunca se retrasan y entonces nunca tendrán derecho a una amnistía. Entonces, ¿qué incentivo da eso? Es perverso.”

Y concluye: “El gran ignorado en la historia es el Código Fiscal de la Federación. O sea, el estado de derecho (…) No puede haber justicia fiscal cuando llega de repente un elemento extraño, como es una Ley de Ingresos, para dar condonaciones que el Código Fiscal no permite”.

Además de las condonaciones de impuestos, la lista que mediante litigios consiguió hacer pública la organización no gubernamental Fundar reveló que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto cancelaron por 814 mil 623 millones de pesos de impuestos porque los consideraron incobrables.

En marzo pasado Proceso documentó que algunos de esos créditos fiscales cancelados tenían como deudores a empresas fantasmas y a emisoras de facturas apócrifas involucradas, entre otros asuntos, en el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Peña Nieto y en los presuntos desvíos de recursos estatales para financiar las campañas del PRI en 2016.

Consultada al respecto, Ríos-Farjat reconoce que dicha práctica tiene cierta lógica:

“Cuando tú vas a un domicilio y no encuentras a la persona; se ve que no hay nada, que no existe. Buscas a los socios, no lo encuentras. No tiene bienes, nada registrado a su nombre. ¿Sigues dedicándote a buscarlo? Haces lo que se llama una limpia de cartera. ¿Qué hacemos ahora con ellos? Los pasamos a la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso no se hacía antes.”

Abunda: “Que yo sepa, somos los primeros en hacer esto. Antes simplemente se cancelaban y ya, y lo entiendes: suena terrible, muy dramático, pero es que no les puedes cobrar. Lo mandamos ahora a la UIF para que levante banderitas cuando esas personas se vuelven a mover en el sistema financiero”.

Esta  entrevista se publicó el 6 de octubre de 2019 en la edición 2240 de la revista Proceso

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La nueva estrategia del Cruz Azul: mandar a la banca  a Guillermo Álvarez

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Los días de Guillermo Álvarez como el único y poderoso mandamás del Cruz Azul están contados… Al menos eso cree su cuñado y vicepresidente del equipo, Víctor Garcés, quien apenas retomó las riendas de la organización. En entrevista con Proceso, Garcés habla de la reconfiguración que pretende en La Máquina, la cual implicará reducir a siete la cifra de futbolistas extranjeros y “tomar en cuenta a la afición mediante una encuesta”, para saber qué jugadores merecen ser recontratados.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A escasos días de retomar la vicepresidencia del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, cargo que comparte con su cuñado Alfredo Álvarez, Víctor Garcés Rojo ya da indicios del sello que pretende imponer en la organización: restringir la representación del presidente del equipo, Guillermo Billy Álvarez, su otro cuñado.

De acuerdo con el plan, Billy ya no será el único que tome las decisiones en la organización. La medida obedece a que el presidente de La Máquina ejerce una posición “pasiva, y para dirigir una empresa también se requiere la energía y la exigencia de respeto”.

Si se concreta la reorganización, las decisiones recaerán en un órgano colegiado que estará integrado por los dos vicepresidentes, tres vocales y el presidente del Consejo Directivo del equipo.

Con lo anterior, dice Garcés Rojo, “se evitará que la dirección general quede en manos de quienes pretenden dirigir el futbol mexicano: los promotores”.

Garcés menciona “un proceso de reordenamiento social, económico y político” en el equipo para justificar el cambio que pretende. En entrevista con Proceso, critica la administración centralizada que por años lleva el actual presidente de Cruz Azul, “porque no ha conseguido prácticamente nada”.

Fortalecido por su reposicionamiento en el club, anticipa que uno de los principales cambios consiste en la aplicación de un contrato con base en el éxito de los futbolistas, “de acuerdo con su rendimiento”, y que los aficionados determinarán si realmente el jugador se ganó la oportunidad de continuar en el equipo.

“Me estoy metiendo en otro lío en el club: voy a abrirlo. La afición tendrá el derecho a opinar sobre la recontratación de un jugador mediante una encuesta. La opinión del aficionado será tomada en cuenta, tenga o no contrato el jugador. Estoy metiendo candados en los contratos de tres años; si la afición no acepta al futbolista, tendré argumentos legales para dar por concluido el compromiso.”

Garcés Rojo agrega que con la medida se terminará el dispendio en la contratación de jugadores, cuyo valor exceda los 10 millones de dólares. “Me niego a pensar que sólo con dinero se puede obtener el título”.

Otra medida que pretende el vicepresidente es limitar a siete la cantidad de futbolistas extranjeros, para impulsar las fuerzas básicas y minimizar la injerencia de los promotores. “El representante del jugador ya no se va a enfrentar a una sola persona (Billy Álvarez), se va a encarar a un órgano colegiado”.

Precisamente sobre ese tema, reconoce que el promotor Carlos Hurtado sigue operando en Cruz Azul con la complacencia de Guillermo Álvarez, aunque asegura que su presencia ahora es mínima.

“No lo hemos podido erradicar, tiene una influencia muy fuerte con el presidente del equipo, pero le puedo decir que está fuera en un 90%. Su presencia ya es mínima con nosotros y con el propio licenciado (Billy), quien de tanto escuchar nuestras molestias creo que ya se enteró de que (dicho promotor) es un hombre que no beneficia a la institución. Desde hace 10 años venimos insistiendo en eso.”

Otra de las modificaciones impactará a la figura del director deportivo, cargo que recién abandonó Ricardo Peláez tras el regreso de Víctor Garcés.

La vicepresidencia del equipo reducirá el salario del sustituto de Peláez. “No creo que ningún otro director deportivo en el futbol mexicano gane lo que él percibía (700 mil pesos mensuales). Ahora, al nuevo le vamos a generar el perfil del puesto”.

Garcés Rojo revela haber forzado la salida de Peláez porque, asegura, él quiso imponer a Joaquín Moreno como reemplazo del entrenador portugués Pedro Caixinha.

“Si lo dejamos, Peláez va a ser el que va a manejar el equipo. Si así nos trajo a 10 jugadores, para la próxima temporada va a hacer esto y aquello, y no va a dejar que Siboldi actúe libremente. Prueba de ello es lo que dijo: ‘Que no venga Siboldi, deja a Joaquín Moreno’. Ya nada más con tratar de imponernos a Moreno nos estaba diciendo para dónde iba. ¿Cree que nos estamos chupando el dedo o qué?”

“Quiero que me respeten”

Víctor Garcés dice que mantiene la demanda contra Guillermo Álvarez para que rinda cuentas sobre el manejo del equipo.

Tampoco cede a sus pretensiones de “legitimarse” como socio cooperativista, y adelanta que su caso será analizado en la próxima Asamblea General de la cooperativa, que podría realizarse en noviembre.

“Acredito dos cosas: soy asociado del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, sin lugar a dudas. Segundo, no ser socio de la cooperativa no implica que deje de ser asociado del club. Aquí está el estatuto y no está puesta esa condición como requisito.”

Explica que tiene un documento que le entregó el anterior Consejo de Administración, firmado por Raúl Enríquez y José Antonio Marín, y agrega que cuenta con una constancia expedida por el presidente de la Comisión de Conciliación y Arbitraje, Héctor Lara, “que también es del grupo disidente que está en mi contra, en la que manifiesta que no existe ningún proceso.

“¿Cómo me excluyen si no hubo proceso? Nadie sabe el motivo de mi expulsión porque no hubo denuncia, no hubo proceso y no hubo denunciante. Tampoco se me notificó que tenía un periodo para defenderme y no se me convocó a la Asamblea General donde se conoció el asunto. El que hable de una destitución no tiene un acta legal que así lo acredite.”

Garcés se comprometió a entregar los oficios al reportero, pero no lo hizo al cierre de esta edición.

En marzo de 2010 fue inhabilitado como director jurídico de la cooperativa, perdiendo todos los poderes y facultades que le confirieron, de acuerdo con una resolución de la Asamblea General Extraordinaria de los socios cooperativistas, fechada el 20 de marzo de ese año.

Lo anterior consta en un escrito que los presidentes del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia, Apolinar Ortiz Hernández y Armando Valverde Talango, respectivamente, turnaron al director general, Guillermo Álvarez, el 31 de marzo de 2010.

En 2011 Garcés Rojo fue excluido de la organización, señalado por estar sujeto a una investigación por malversación de fondos en quebranto de la cooperativa por alrededor de 400 millones de dólares.

Garcés dice que durante dos años cobró su jubilación, la cual fue suspendida en enero último, pero que sigue recibiendo una devolución de su capital social.

–¿Guillermo Álvarez está de acuerdo con las medidas que pretende?

–No tiene de otra. No tiene para dónde hacerse (ríe). Nos falta que el licenciado reconozca que existe un órgano oficial llamado Consejo Directivo, que tiene sus funciones y toda la intención de colaborar con él. De su parte hay una resistencia, diría normal, por tantos años de haber manejado al equipo como autoridad única.

–¿Ya se acabó esa autoridad única?

–En ninguna parte del mundo es adecuada, ni en la política ni en la iniciativa privada. Él lo sabe perfectamente bien.

–Pero ustedes permitieron que actuara de esa manera.

–Así es, pero no obtuvo títulos. Y eso obra en su contra. En el único título de liga que el equipo ganó en su gestión, en 1997, ni siquiera estuvo en León para levantar la copa, lo hicimos Alfredo Álvarez y yo.

–¿Por qué no le exigieron la rendición de cuentas anteriormente?

–Antes era muy fuerte la posición del licenciado. Usted decía algo en contra de él y todo el grupo de cooperativistas reaccionaba. Entonces, había que manejarlo con mucho tacto, esperar a que las cosas se dieran para demandar nuestro ingreso. Se aprovechó la coyuntura de la falta de títulos.

–¿Por qué hasta ahora deciden cambiar el rumbo del club?

–No quisimos interrumpir un proceso. Sin embargo, está claro que no es haciendo lo mismo como vamos a tener resultados diferentes.

Garcés dice que lleva una excelente relación con Billy Álvarez y que desea que le respeten la función de vicepresidente y que no le cuestionen que por no ser socio de la cooperativa no puede estar en el equipo.

–¿Así se lo planteó a Guillermo Álvarez?

–Exactamente, nada más quiero mi lugar. Al fungir como vicepresidente debo ser respetado como tal. En el carácter de socio que la asamblea dicte mi posición correcta.

Austeridad

Sobre la denuncia que interpuso contra su propio cuñado (Proceso 2237), Garcés explica que personalmente le avisó a Billy de su decisión. “Le dije que tenía que rendir cuentas y me respondió: ‘Lo voy a hacer, lo voy a hacer…’

“Muchas veces, para que el licenciado realice una acción, tiene que ser un poquito presionado, como lo estoy haciendo. No existe una discrepancia, ni siquiera algún asunto que por sí mismo sea capaz de afectar la relación social. Al contrario, toda mi vida he defendido la dirección general y él ha sido un hombre justo.”

–¿Por qué no rinde cuentas?

–Él trae un uso y costumbre desde la administración de su padre. Sólo que Guillermo Álvarez padre fue fuerte y rígido. Billy heredó esa posición, la quiere conservar con base en un mando complaciente, tolerante y yo no. Las normas se hicieron para respetarse, y si no se respetan, tiene que haber una autoridad que las haga valer.

–¿Cómo califica la gestión de Guillermo en el club?

–Diría que ha sido una función buena, pero severamente afectada por no conseguir el objetivo primordial: el título de liga. No ha tenido la posibilidad de levantar la copa de la liga.

“El reclamo de los disidentes es por la falta de títulos, porque hay una erogación muy fuerte sin resultados. Se gastan entre 200 y 250 millones de pesos al año. No olvide que tenemos actividad social en escuelas, hospitales… Son 250 millones de pesos que capta el club, que también tiene sus ingresos, como la televisión.

“Pero acabo de diseñar un plan severo de austeridad para incrementar los ingresos. Vendrán menos gastos, menos pagos injustificados, para que ese dinero se capitalice en favor de los socios de la cooperativa, que están pasando situaciones no muy confortables.”

El nuevo estadio

Respecto de los planes sobre el primer estadio del Cruz Azul, habla de la propuesta del alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, para construirlo en dicho municipio mexiquense.

“Esa área es una de las que cumple con todo lo que se necesita. Ahora veremos costos y que tenga todos los requisitos legales. Queremos hacer un estadio ejemplar, de bajo costo, de unos 150 millones de dólares.”

Víctor Garcés y Alfredo Álvarez reaparecieron como vicepresidentes del club el viernes 6 durante la presentación del nuevo entrenador de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi.

Sin embargo, Garcés dice que ya estaban involucrados en el equipo. “Ya habíamos tenido reuniones con Billy para la rendición de cuentas… nunca estuvimos separados del club, simplemente no ejercíamos nuestra función”.

Sobre el relevo de Guillermo Álvarez como parte de los cambios que busca aplicar en la organización, el vicepresidente responde que “él tendrá que decidirlo porque para mí ya es una posición mental y física de si está cansado o aburrido. En el grupo Cruz Azul son muchas empresas y es humano tener un agotamiento físico, pero lo veo con la fuerza mental y el ánimo de llevar a la cooperativa al reordenamiento que requerimos, y al club al título”.

“Garcés miente”

El abogado de la institución, Eugenio Olvera, desmiente a Víctor Garcés. Asegura que la coalición de socios cooperativistas “sólo existe en un chat”. “No entiendo por qué no se digna a tener una relación personalizada con los socios, como yo sí la tengo. Sobre todo, para que aclare algunas cuestiones que no les gusta, como el hecho de haber demandado al director general”.

Asesor del proyecto de coalición de los socios de la cooperativa, Olvera reitera que sólo se trata de un plan que no tiene nombre, porque no ha sido formalizado y carece de un representante.

“Si hablamos de una coalición de socios de la Cooperativa La Cruz Azul, inmediatamente tenemos que desligar a Garcés, al igual que del club. Él podrá ser asesor cuando formalice de manera correcta la coalición. Mientras tanto, únicamente está utilizando la figura de la coalición para un protagonismo absurdo y para pararse en las barandillas, alegando que desarrolla el trabajo que en realidad lo está llevando la Dirección Jurídica de la cooperativa.”

El también asesor legal de un grupo de cooperativistas aclara que la idea “ni siquiera es de Garcés”. Se trata de un proyecto “que tiene una ruta definida: la defensa de los intereses de la cooperativa, pero de ninguna manera está supeditada a los roles de las personas que no pertenezcan a la cooperativa”.

El abogado agrega que hace menos de un año propuso a un grupo de socios de la cooperativa la creación de una coalición y, por lo tanto, “lo único que existe es la exposición de motivos que les presenté. Y ahora resulta que lo que hice se lo quiere apropiar (Garcés)”.

Este reportaje se publicó el 29 de septiembre de 2019 en la edición 2239 de la revista Proceso

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Reportero con 30 años de experiencia en temas deportivos, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha cubierto Copas del Mundo de Futbol, Gran Premio de Fórmula Uno, peleas de boxeo de título mundial, mundiales de ciclismo, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos.





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Medina Mora, de oscura trayectoria, ahora en manos de la 4T

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La carrera de Eduardo Medina Mora, que ocupó cargos estratégicos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sin otro mérito que su lealtad a toda prueba, lo llevó a su peor momento: la renuncia a su cargo de ministro de la Suprema Corte que se dio a conocer el jueves 3. Todo indica que fueron sus características de hombre del sistema las que lo pusieron en las manos del gobierno de López Obrador: la operación sin escrúpulos de la represión y el espionaje, la intervención en los videoescándalos para descarrilar la candidatura de AMLO en 2004 y, recientemente, la franca defensa del círculo de Peña Nieto en sus múltiples escándalos de corrupción.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Eduardo Medina Mora prefirió renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) terminara la investigación en su contra por lavado de dinero. Evitó así el escenario de ser sometido a juicio político y al desafuero en caso de que se le encuentre responsabilidad por la triangulación internacional de 102 millones de pesos como alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sin precedente en la historia reciente de la Suprema Corte, y sin expresar causa alguna, Medina Mora le presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. El jefe del Ejecutivo la aceptó de inmediato. La propia SCJN prefirió guardar silencio.

Fuentes judiciales dijeron a Proceso que la FGR abrió desde hace meses una carpeta de investigación contra Medina Mora a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, luego de que se diera a conocer el movimiento de recursos a través de una empresa familiar, contratista de los gobiernos del PAN y del PRI, de los que fue alto funcionario.

El viernes 4 Santiago Nieto confirmó que desde hace dos meses la UIF, que él encabeza, presentó la denuncia contra Medina Mora por lavado de dinero. De paso, cuestionó que el aún ministro haya “cercenado buena parte” de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera con el propósito de proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno de Peña Nieto.

Explicó que uno de los criterios de Medina Mora fue la improcedencia de que una autoridad mexicana solicitara el congelamiento de cuentas bancarias, salvo cuando se trata de peticiones de gobiernos extranjeros.

Ese criterio utilizó para permitir que su amigo, el abogado Juan Collado, preso también por lavado de dinero, moviera 10 millones de euros de sus cuentas antes de ser arrestado por la FGR, según publicó el jueves el columnista Salvador García Soto, quien en junio pasado reveló las millonarias cuentas y transferencias del ministro desde México a Gran Bretaña y Washington a través del banco HSBC, entre 2016 y 2018.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2240, ya en circulación)

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Y la lista de condonaciones no se dio a conocer por completo

Al relatar cómo durante casi una década Fundar pugnó en tribunales para que el Sistema de Administración Tributaria liberara la relación de grandes beneficiarios de condonaciones de impuestos en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, el abogado de ese centro, Iván Benumea, revela que la lista que se dio a conocer el jueves 3 no está completa: se omitieron otros grandes beneficiarios cuyos casos siguen en litigio. Además, revela que desde el propio SAT se les avisó a decenas de empresas que por mandato judicial tenía que revelar esa información, lo que provocó que se ampararan. Sin embargo, los nombres de las compañías y sus dueños no son precisamente secretos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre febrero y marzo de 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio el pitazo a una treintena de grandes empresas: la dependencia les informó que, por decisión de un juez, debía dar a conocer la lista de contribuyentes que se beneficiaron de condonaciones de impuestos durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En seguida las empresas interpusieron juicios de amparo para impedir la publicación de la lista. En coro, atacaron la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) número RDA 5354/15, con el pretexto de que dicho organismo no los había citado a audiencia, según consta en la versión pública de uno de estos amparos, con número 375/2017.

“Las empresas comenzaron a ampararse porque el SAT les notificó, claramente fue algo sesgado. Hay oficios de esto: los envió a criterio totalmente discrecional a aproximadamente 30 empresas del sector financiero, grandes corporativos, casas de bolsa, bancos, afores, televisoras, mineras, distribuidoras, cines, empresas de telecomunicaciones”, afirma Iván Benumea Gómez, abogado de la organización Fundar.

Desde hace cerca de una década, el activista y Fundar han litigado en tribunales para exhibir a los beneficiarios de las condonaciones de impuestos y vencer las resistencias del SAT, el cual se negó 47 veces a cumplir con instrucciones del INAI sobre las condonaciones de impuestos. Dichas negativas no motivaron sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública, apunta Benumea.

La batalla legal de Fundar rindió sus frutos el pasado martes 1, cuando el SAT finalmente dio a conocer la lista de beneficiarios de condonaciones de impuestos, la cual incluye a 3 mil 624 individuos y 18 mil 263 empresas, a los que se les condonaron 188 mil 676 millones de pesos entre 2007 y 2018.

Además, reveló que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto cancelaron impuestos por 814 mil 623 millones de pesos –al considerarlos incobrables– a 58 mil 790 individuos y 50 mil 797 empresas.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2240, ya en circulación)

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La Ciudad de las Mujeres agoniza bajo el estigma de Rosario Robles

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En Tlapa, en la Montaña de Guerrero, una zona donde la violencia contra las mujeres es endémica, fue creada hace cuatro años la Ciudad de las Mujeres, dedicada a la atención médica, educativa y legal de las habitantes más pobres de esa región del país. Pero la institución ahora está en el limbo, pues no ha recibido recursos desde que empezó el gobierno de López Obrador. Su existencia misma corre riesgo y se cree –lo dicen las trabajadoras del centro– que todo se puede atribuir a que su creadora fue Rosario Robles.

TLAPA (Proceso).- En un conjunto de edificios gubernamentales, entre caminos de terracería a la entrada de Tlapa de Comonfort, se encuentra la Ciudad de las Mujeres, donde un grupo de trabajadoras da atención integral a las habitantes más pobres de la región más pobre de Guerrero.

Pero el lugar está en el limbo y las trabajadoras no han recibido sus salarios hace meses, presumiblemente porque la Ciudad de las Mujeres tiene un estigma: fue creada por Rosario Robles.

Ubicada en una zona de riesgo para las mujeres –en 2017 se decretó la alerta de género en el municipio de Tlapa–, el centro no ha recibido recursos federales desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y está en peligro de desaparecer, pese a que atiende mensualmente a entre mil 500 y 2 mil mujeres, en su mayoría indígenas.

La Ciudad de las Mujeres se compone de siete edificios, en cada uno de ellos las usuarias encuentran gratuitamente diferentes servicios: educación en salud sexual, reproductiva y preventiva para reducir la mortalidad materna y el embarazo adolescente; educación básica y media superior; acompañamiento legal y atención psicológica en caso de ser víctimas de violencia; y clases de computación y cursos de enfermería y estilismo para que desarrollen su autonomía económica.

Ahí dan atención, asesoría y acompañamiento a mujeres como María Aceves, quien ha sido extorsionada y amenazada de muerte por su hermano; a Ofelia Barrera y a su hija, que sufrieron violencia intrafamiliar; a Dominga Juárez con su divorcio y a María Albino, quien lucha por la pensión alimenticia de sus cinco hijos.

Las imágenes de Simone de Beauvoir, la sufragista Elvia Carrillo Puerto, la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, la activista Malala Yousafzai y la premio nobel Wangari Maathai y la frase “Todos los días son 8 de marzo”, adornan el salón de usos múltiples del edificio donde se imparte el módulo de atención a mujeres jóvenes.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2240, ya en circulación)

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